Emir Olivares y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 5
Este jueves se cumplen cinco años de los hechos ocurridos en la ciudad guerrerense de Iguala. Hace un lustro, a las ocho de la noche, alrededor de 100 estudiantes de Ayotzinapa se encontraban en ese municipio –se habían apoderado de cuatro autobuses que utilizarían para realizar prácticas escolares y acudir a la manifestación conmemorativa del 2 de octubre–, cuando decenas de agentes del Estado, sobre todo policías de varios municipios, los atacaron, privaron de su libertad a 43 normalistas y los entregaron a integrantes del grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos.
Desde hace cinco años los 43 jóvenes están desaparecidos. La versión oficial fue que se les asesinó e incineró. Un total de 142 presuntos involucrados en el delito de secuestro fueron detenidos y puestos a disposición de jueces federales; sin embargo, 77 de ellos ya han sido liberados por fallas en la investigación, detención y formulación de imputaciones que realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El 26 de septiembre, ante las agresiones de los policías de los municipios de Iguala y Cocula, algunos normalistas resultaron heridos de bala, otros decidieron, espantados, correr al monte
, se escondieron en una casa abandonada o pidieron auxilio en las viviendas de la zona cercana a la avenida Periférico, donde la agresión dejó como saldo un estudiante fallecido y decenas de lesionados.
Durante los ataques, uno de los agentes les gritó: ¡Hijos de su pinche madre, se van a morir como perros!
, relató uno de los sobrevivientes de la agresión ante el Ministerio Público del fuero común el 27 de septiembre de 2014.
Las indagatorias realizadas por el Ministerio Público Federal establecieron que en las agresiones participaron también policías municipales de Cocula y Huitzuco, en tanto que las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan la presunta participación de dos agentes de la Policía Federal y dos elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, y presumiblemente uniformados de al menos tres municipios más.
La llamada verdad histórica –dada a conocer el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam– señala que los agentes municipales entregaron a los 43 estudiantes a miembros de Guerreros Unidos, y un número no definido de ellos fueron asesinados e incinerados la misma noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta la fecha, formalmente, de los estudios realizados a 64 de un total de 28 mil restos óseos localizados en el río Cocula, apenas uno dio resultados positivos para la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas que fueron privados de su libertad.
Tras la desaparición de los estudiantes, padres de las víctimas e integrantes de la normal de Ayotzinapa realizaron grandes movilizaciones tanto en Guerrero como en la Ciudad de México en demanda de esclarecer el paradero de las víctimas, y castigo a los responsables.
Ante la falta de resultados, exigieron y consiguieron el apoyo de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con ello que las investigaciones fueran revisadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La participación de los especialistas internacionales derivó en múltiples recomendaciones para que el gobierno mexicano continuara con las indagatorias. Asimismo, la CNDH presentó en noviembre pasado su recomendación por el caso, donde acreditó graves violaciones a derechos humanos –aunque los padres rechazaron parte de ese documento.
Muchos de los señalamientos de esas instancias no han sido atendidos y ahora, con la llegada del nuevo gobierno federal, se integró la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, como lo ordenó un tribunal federal luego de múltiples recursos de amparo presentados por los representantes de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
De los acusados por la desaparición de los estudiantes, ya han sido liberados algunos jefes de Guerreros Unidos, entre ellos Gildardo López Astudillo, así como presuntos autores materiales, entre ellos Agustín Reyes, Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio.
