- Consideran que el propósito es dar carpetazo al asunto por los comicios de julio
- Lamentan que el gobierno sea indiferente ante el estado permanente de angustia de los afectados
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 15 de marzo de 2018, p. 10
Jueves 15 de marzo de 2018, p. 10
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 y los representantes de las organizaciones civiles que los han acompañado expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno federal intente
reciclarla llamada
verdad históricapara cerrar el caso en el contexto del actual proceso electoral.
Durante la presentación del informe Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, lamentaron que en la pasada sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de marzo, el Estado mexicano se haya negado a firmar un compromiso para acompañar y cumplir este diagnóstico y a partir de ahí generar verdad y justicia.
Consideraron que esto
es la única vía para que los familiares cierren el duelo, el cual viven en una especie de
congelamiento, porque se desconoce si los muchachos están vivos.
Ximena Antillón Najlis, coordinadora del informe y quien encabezó al equipo de expertas que entrevistaron a las familias, señaló que madres, padres, hermanos, parejas e hijos viven en un estado de angustia y dolor permanente, y su mayor necesidad es saber lo que realmente sucedió con los 43 normalistas.
Casi tres años y medio después de los crímenes contra los estudiantes, dijo, el informe muestra que el acto que mayor trauma generó entre los familiares fue la difusión de la
verdad histórica, la cual, para la especialista,
redita la violenciacontra las víctimas.
Hilda Hernández, madre de César González Hernández, lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto
a 41 meses nos siga mintiendo, generando dolores en lo más profundo de nuestro corazón (...) Nosotros ya no tenemos una vida, nos vamos muriendo poco a poco por no saber de nuestros hijos.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que actualmente el caso está en una etapa de administración,
donde se dice que se está investigando al Ejército, a la Policía Federal, al gobierno del estado y a instituciones de seguridad municipal. Una fase en la que de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina dando el paso comprometido frente a la verdad.
Haydeé Pérez, directora de Fundar, organización que realizó el informe, señaló que el Estado mexicano desdeñó la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, a través de comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo, de la mano de las víctimas y sus representantes, planes de atención y, en su caso, de reparación.
