Temen nuevo plan para imponer la "verdad histórica"

Protestan por desaparición de los 43

Cientos de personas marcharon del Ángel a la Alameda para exigir la localización de los 43Foto María Luisa Severiano

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Martes 27 de marzo de 2018, p. 9

Han pasado 42 meses y la demanda principal no se ha movido un ápice: Vivos los llevaron, vivos los queremos. Un largo viacrucis para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada. Tres años y medio de lucha por la verdad y la justicia sin que hasta ahora hayan obtenido respuestas por parte del gobierno federal.

Queremos verlos, abrazarlos. Sabemos que nuestra vida no será igual (a como era antes de la desaparición), pero queremos empezar de nuevo, volver a formar nuestra vida. Los queremos de vuelta, con nosotros, con nuestros hijos. Pidiendo por que no haya más injusticias, aseveró Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

La gran mentira

Unas 500 personas acompañaron ayer a los familiares de los normalistas en una jornada más por la presentación con vida de los jóvenes y por la verdad y la justicia. Como cada día 26 de todos los meses después de septiembre de 2014, cuando se cometieron los crímenes contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, los padres de familia salieron una vez más a marchar. Lo hicieron del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, y a tres años y medio de distancia lamentaron que no haya más respuesta por parte de la Procuraduría General de la República que insistir en la llamada verdad histórica.

Se ha demostrado que en realidad es una mentira históricala hipótesis que apunta a que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales de Iguala, Guerrero, y otros ayuntamientos a integrantes del crimen organizado, quienes los habrían asesinado y calcinado sus cuerpos en el basurero de Cocula.

Recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el equipo de argentinos de antropología forense, y ahora un reciente informe de la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han demostrado, con diversos elementos, que la llamada verdad histórica habría sido un montaje de funcionarios de la PGR, en particular del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

Hay varios informes que nos dan la razón. Los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula como lo afirma el gobierno, señaló Melitón Ortega, representante de las familias durante el mitin que se dio al finalizar la marcha.

Alertó ante los riesgos de que las autoridades federales intenten reactivar esos argumentos.

COMUNICADO DE PRENSA del Subcomité de Derechos Humanos del European Parliament sobre el uso de tortura en el caso Ayotzinapa

Puedes leer el comunicado en: http://bit.ly/2FQxA9C

Contra el silencio y el olvido: tres años de lucha por verdad y justicia

Vidulfo Rosales Sierra*

C

uando las madres y padres de familia irrumpieron en la escena nacional con motivo de la exigencia de presentación con vida de sus hijos, muchos vaticinaron que el movimiento y su lucha no duraría mucho tiempo, que se cansarían o terminarían divididos como otras tantas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país sin embargo, a más de tres años siguen firmes y dignos luchando por encontrar con vida a sus hijos. Un día están en una reunión, otro en una marcha, otro más haciendo caravanas y recorriendo el país para mantener viva la exigencia pero también para seguir llamando a diversas organizaciones y personas a unificar las luchas.

Durante más de tres años han tenido que soportar el dolor indescriptible que implica la desaparición forzada de sus hijos, el engaño y la indiferencia de las autoridades que investigan. Las distintas estrategias adoptadas por el gobierno en diferentes momentos frente al caso Ayotzinapa tienen el objetivo de mantener el caso en la impunidad. Toda la actuación de la PGR ha sido negarse a esclarecer los hechos. En un primer momento realizó una investigación irregular y turbia que presentó como conclusión final, posteriormente descalificó a expertos internacionales que vinieron a coadyuvar en las investigaciones, el año pasado se dedicó a administrar el caso y a la fecha se empeña en cerrar el caso.

Nadie puede entender por qué la negativa reiterada del gobierno a investigar la participación de elementos del Ejército Mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería, la Policía Federal o las autoridades estatales de Guerrero. ¿A quién encubren? ¿Por qué los encubren? ¿Qué funcionarios de alto nivel están implicados? Lo cierto es que el aparato de la PGR ha ensuciado las investigaciones e impedido deliberadamente llegar a la verdad y la justicia.

Pero los padres no sólo han soportado las sucias investigaciones de la PGR sino también han sido descalificados y en ocasiones reprimidos por el gobierno; éste les ha dado un trato de disidentes políticos, no de víctimas.

Recorriendo este camino sinuoso han construido dos rieles sobre los que conducen su lucha: la legal y la social. En la primera se han apoyado de las organizaciones de derechos humanos que libran una batalla sin cuartel contra la supuesta verdad histórica y por la profundización de nuevas líneas de investigación. En este aspecto los trabajos del GIEI, el EAAF y el mecanismo especial de seguimiento han resultado torales. En la lucha social mantienen movilizaciones los 26 de cada mes y algunas jornadas de protestas más largas, en Guerrero y Ciudad de México.

Desde los primeros días de la desaparición los padres mantienen un activismo sin descanso. Poco a poco, en un trabajo discreto y a ras de suelo han ido consolidando su organización como padres y madres. Al calor de la lucha se han ido forjando como defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Al salir a las calles a exigir la presentación con vida de sus hijos, exigen la de los miles de desaparecidos en el país. Al llamar a la unidad de las luchas plantean la solución de muchos problemas en nuestro país y una patria con justicia y dignidad, donde el gobierno no nos desaparezca por querer estudiar.

Los días 17 y 18 de este mes realizaron la Sexta Convención Nacional Popular después de un recorrido por 12 estados del país. La reunión contó con 600 delegados de distintas organizaciones y colectivos de varias partes de la República. Los delegados denunciaron la situación que prevalece en el país. Confluyeron familiares de desaparecidos, asesinados, presos por luchar por sus derechos, campesinos e indígenas que han sido despojados de sus tierras por la construcción de megaproyectos, trabajadores que sus derechos sociales están siendo cercenados por los patrones y muchos inconformes con la carestía de los precios de los alimentos.

Los delegados de la convención manifestaron las dificultades en el proceso de articulación que venimos impulsando desde hace algunos años. La existencia de varios referentes sociales que pretenden aglutinar las luchas ha dificultado el proceso de unidad de las y los trabajadores del campo y la ciudad. Todos coincidimos en la necesidad de unificarnos, pero en el proceso para llegar a tal objetivo los esfuerzos y caminos se bifurcan.

Por ello el punto central de la convención fue generar una reflexión y análisis para seguir impulsando la articulación de las luchas. Que el proceso electoral no disgregue los esfuerzos que se vienen realizando desde hace años. En la convención la mayoría de los delegados coincidieron en que hoy ninguno de los candidatos plantea cambios profundos en el país. Aun cuando llegase a ganar la posición más identificada con la izquierda, no podrá gestar los cambios desde arriba. El andamiaje legal y de otra índole que han construido los gobiernos neoliberales difícilmente será desmontado por decreto. Ese gobierno necesitará la alianza amplia de los trabajadores del campo y la ciudad para que de manera conjunta se impulsen y empujen esos cambios. En suma habrá que dar una lucha de clases si se quieren mover las estructuras económicas dominantes. Lo anterior impone la tarea imprescindible a las y los trabajadores de aprovechar la coyuntura electoral para ir tejiendo la unidad de los distintos referentes que hoy existen en el país y que luchamos por lo mismo. Hoy debemos poner en el centro la necesidad de ir buscando los puntos de encuentro con los distintos referentes. El centro debe ser la unificación y dejar de lado la creencia de que en torno a mí se construye la unidad.

Por otro lado, no debemos caer en la falsa creencia de que el proceso electoral es el fin en sí mismo. Llegue quien sea, debemos trabajar para crear una oposición política real y objetiva que sea capaz de obligar al gobierno –del partido que sea– a realizar los cambios profundos para que tengamos un país donde la justicia habite entre todos.

*Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Demanda el Parlamento Europeo indagar supuesta tortura en el caso Ayotzinapa

Las autoridades, incapaces de una investigación imparcial

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de marzo de 2018, p. 16

La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó que se indaguen los presuntos actos de tortura cometidos contra más de 30 acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular de dicha subcomisión, Pier Antonio Panzeri, demandó una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos.

Dijo que desde 2014 (cuando desaparecieron los estudiantes), “las autoridades mexicanas no han sido capaces de llevar a cabo una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa que respete plenamente las garantías a la defensa, la presunción de inocencia y la Ley General contra la Tortura, en particular durante la fase de instrucción.

Es inaceptable que se sometiera a los procesados en el caso Ayotzinapa a tortura y trato inhumano y degradante. Las autoridades, en particular las que están a cargo de las investigaciones, deben respetar la Ley General contra la Tortura, así como las normas y estándares internacionales, enfatizó.

De igual forma, el legislador italiano subrayó que en estos momentos, en los que la Unión Europea y México están construyendo una comunidad de intereses políticos y económicos sin precedentes, es importante recordar que en el centro de esta comunidad estarán siempre los valores compartidos del respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, por lo que subrayó que el organismo a su cargo vigilará de cerca la evolución de este tema.

Rechazan padres de los 43 una "verdad" obtenida con tortura

• Se niega a los familiares su derecho a la justicia: abogado
• Insta Prodh a investigar la participación de militares y cuerpos policiacos

En el Centro Prodh, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia de prensa sobre el informe de ONU-DH que documentó tortura a los inculpados en el casoFoto María Luisa Severiano

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Sábado 17 de marzo de 2018, p. 11

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos enfatizaron que no van a aceptar una supuesta verdad basada en la tortura, en alusión al informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que documenta que varios detenidos por ese delito fueron víctimas de malos tratos de las autoridades para obligarlos a autoincriminarse.

En conferencia de prensa, efectuada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los familiares de los estudiantes desaparecidos subrayaron que el estudio Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa,, demuestra la inutilidad de las indagatorias oficiales.

Felipe de la Cruz, uno de los voceros del movimiento de padres, lamentó que el gobierno federal siga insistiendo en reivindicar la hipótesis de la verdad histórica, a pesar de que diversos organismos y especialistas han descartado por completo la posibilidad de que las 43 víctimas hayan sido asesinadas e incineradas en el basurero de Cocula.

Por su parte, Emiliano Navarrete, progenitor de otro de los desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, subrayó que no se puede construir una verdad bajo tortura, por lo que seguirán exigiendo al gobierno federal que lleve a cabo una investigación profesional hasta dar con el paradero de sus hijos.

Otros padres y madres destacaron también el papel que jugó el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, tanto en la siembra de pruebas en el río San Juan para fortalecer la versión del asesinato e incineración de los normalistas en el basurero, como en la tortura a Agustín García Reyes y otros supuestos responsables.

Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, destacó que los padres y madres no defienden a los detenidos que habrían sido víctimas de tortura, pero tampoco pueden aceptar estas irregularidades, pues enturbian el proceso legal y les niegan su derecho a la verdad y la justicia.

Mario Patrón, director del Centro Prodh, recalcó que en el informe de la ONU-DH se revela un procedimiento sistemático de tortura a los detenidos y de encubrimiento a los responsables, como parte de una investigación plagada de irregularidades que se basó desde el principio en la fabricación de una teoría de caso.

La única forma de enmendar estos errores, dijo, sería que se investigara la presunta responsabilidad de diversos cuerpos de seguridad en el ataque contra los normalistas, entre ellos la Policía Federal, las fuerzas armadas, las autoridades de Guerrero y las policías, no sólo de Iguala y Huitzuco, sino también de los municipios de Apaxtla, Tepecoacuilco y Taxco.

Torturas en el caso Iguala: otro golpe a la "verdad histórica"

E

l Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó ayer su informe sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las investigaciones por las agresiones criminales que sufrieron alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 a manos de policías y que derivaron en seis muertes y en la desaparición de 43 estudiantes cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. En el documento se establece que 34 de los imputados en el caso fueron sometidos a tortura para lograr que se autoinculparan y que señalaran a otros posibles culpables. Entre los responsables de semejantes prácticas estarían, a decir de la ONU-DH, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y agentes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

El texto señala que los detenidos presentaron numerosas lesiones físicas –certificadas por exámenes médicos– que concuerdan con sus relatos sobre tormentos, que fueron además víctimas de otros abusos, como detención arbitraria y demoras significativas en la presentación formal ante el Ministerio Público. Un caso particularmente relevante es el de Agustín García Reyes, quien fue arbitrariamente detenido y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC encabezados por Zerón realizaron en el río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado las bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos. Cabe recordar que tal diligencia, que fue un elemento clave en la formulación de lo que el entonces procurador general Jesús Murillo Karam llamó la verdad histórica de la tragedia de Iguala, fue descalificada en su momento por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en las primeras fases de la investigación a solicitud de los padres de los muchachos desaparecidos. Por lo demás, el informe afirma que las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa etapa de la investigación no han sido atendidas de forma diligente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, dijo que esa instancia no tiene conocimiento de que alguno de los agentes o funcionarios implicados en las torturas haya sido procesado, por lo que permanecen impunes, y concluyó que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la averiguación oficial representan una doble injusticia porque, por un lado, han sido violadas las garantías de los detenidos a la integridad personal y al debido proceso, y por la otra, son nugatorias del derecho de las víctimas sus familiares y la sociedad a conocer la verdad de la atrocidad perpetrada en Iguala en septiembre de 2014.

La reacción del gobierno mexicano a tales señalamientos fue dada a conocer en un comunicado conjunto de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores en el que se afirma, en referencia a las torturas y demás abusos, que no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales de los que ya se ha informado públicamente, que las presuntas violaciones e irregularidades están siendo debidamente investigadas o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes y que las investigaciones en marcha no sustentan las conclusiones de la ONU-DH.

Lo cierto es que el informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU debe agregarse a los ya numerosos elementos que obligan a poner en duda la verdad histórica, según la cual la agresión contra los normalistas fue exclusivamente realizada por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en connivencia con grupos de la delincuencia organizada y que los 43 muchachos desaparecidos fueron incinerados esa misma noche en el basurero de Cocula. Asimismo, este documento se añade a los diversos cuestionamientos a la versión y a la investigación oficial que han sido formulados por organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, organismos internacionales, académicos y activistas. De manera inevitable, crece y se consolida en la sociedad la sospecha de que las actuaciones y los relatos de la PGR en torno a lo sucedido en Iguala ha sido un conjunto de simulaciones de procuración de justicia o, peor, de maniobras de encubrimiento. Por eso es indispensable que las instituciones oficiales respondan en forma transparente y precisa a los múltiples señalamientos de irregularidades y exhiban una voluntad política real para esclarecer el caso, y que ello ocurra antes de que concluya la actual administración.

ONU-DH exige anular pruebas ilícitas en el proceso por los 43

De 129 indiciados, 34 fueron torturados con la finalidad de que se autoinculparan, afirma

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la presentación del informe acerca del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014Foto Guillermo Sologuren

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Viernes 16 de marzo de 2018, p. 3

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tiene sólidos elementos de convicción para sostener que durante las indagatorias del caso Ayotzinapa se hicieron detenciones arbitrarias y que 34 de los 129 procesados fueron torturados por agentes del gobierno federal con la finalidad de que se autoinculparan o dieran información errónea, lo que generó investigaciones inadecuadas e incluso encubrimiento.

Estas graves violaciones a las garantías fundamentales fueron cometidas por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina (Semar), subraya la investigación titulada Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, elaborada por la Oficina en México de ONU-DH.

Al presentar el informe, el representante en México de esa oficina, Jan Jarab, enfatizó que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra 34 de los procesados por este caso representan una doble injusticia. Por un lado, se violan las garantías a la integridad personal y al debido proceso de los detenidos, y por el otro, se afecta el derecho a la verdad para las familias de los 43 normalistas desaparecidos y la sociedad.

Quienes sufren tortura no necesariamente dicen la verdad, sino lo que quiere el torturador, destacó. Por ello, exhortó al Poder Judicial a excluir o declarar nulas en el proceso todas las pruebas obtenidas bajo tortura.

El documento analiza información acerca de 63 personas, de un total de 129 detenidas, presuntamente ligadas con la desaparición forzada de los normalistas, que se perpetró entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Se basó en la revisión de los expedientes de la propia PGR, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y entrevistas con autoridades, procesados y testigos.

La ONU-DH documentó que en los 34 casos se dio “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que incluyó, entre otras, detenciones arbitrarias de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de los detenidos ante agentes del Ministerio Público y actos de tortura, que se dieron fundamentalmente en las primeras 48 horas después de la aprehensión, con la intención de extraer información o una confesión. Esto ocurrió entre septiembre de 2014 y enero de 2016.

El organismo internacional criticó que en muchos casos la autoridad presentó justificaciones no plausibles y contradictorias para explicar las causas de las lesiones que presentaban los detenidos –que fueron advertidas en informes médicos de la propia PGR– como autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas.

Uno de los casos documentados es el de Agustín García Reyes, detenido en forma arbitraria y torturado antes de la diligencia que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR realizaron en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos, la cual estuvo encabezada por el entonces director de esa instancia, Tomás Zerón. El sospechoso fue interrogado sin la presencia de su abogado.

“La diligencia en el río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto, al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero de 2015 (conocida como ‘verdad histórica’), en particular en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”, subraya el informe.

Otro caso es el de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, presuntamente detenido, junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, Morelos, cuyo fallecimiento fue atribuido oficialmente a una caída de azotea desde una altura de 10 metros. La ONU-DH sostiene que hay testigos que aseguran que murió por las torturas que le infligió personal de la Marina.

Jan Jarab señaló que hasta la fecha la ONU-DH no tiene información de que alguno de los agentes o funcionarios implicados en estos delitos haya sido procesado por tortura y violaciones a los derechos humanos, por lo que permanecen impunes. Reconoció que en 2016, durante la gestión de Arely Gómez al frente de la PGR, se realizó un esfuerzo genuinopara investigar estos delitos, pero la indagatoria interna se vio frustrada por el remplazo en el cargo.

El informe, explicó, no tiene como propósito defender a posibles delincuentes, sino favorecer el estado de derecho en el país y abonar para que la práctica de tortura en los procesos judiciales sea erradicada. Lamentó que en México haya una inadecuada aplicación del Protocolo de Estambul.

La ONU-DH hace una serie de recomendaciones. Sugiere a la PGR realizar, en un plazo razonable, las indagatorias correspondientes e identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos; insta al jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a implementar la recomendación del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad, y pide al Legislativo adoptar tanto una reforma institucional como una ley orgánica que garantice de manera efectiva la independencia, la autonomía y el profesionalismo de la Fiscalía General de la República.

“Ayotzinapa, el paso de la tortuga da voz a los estudiantes que sobrevivieron”

• Pretende que se vuelva a poner el tema en la mesa de debate, afirma Bertha Navarro
• Recuerda el vínculo íntimo que existe entre todos y la importancia de la solidaridad, así como la falta de justicia, dice la productora
• Busca llevar a la reflexión, expresa Enrique García, el director

Bertha Navarro, familiares de los estudiantes desaparecidos y Enrique García Meza, durante la presentación de la película en el Festival Internacional de Cine en GuadalajaraFoto Arturo Campos Cedillo

Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 16 de marzo de 2018, p. 8

Guadalajara. Jal.

En entrevista con La Jornada, la productora del documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, Bertha Navarro, afirmó: Estamos dando un discurso, voz; lo más importante es dar la voz (a padres de los 43 desaparecidos y a los estudiantes que sobrevivieron) y escucharlos. Volver a poner el tema en la mesa de debate.

El documental está dirigido por Enrique García Meza. Participan en la producción Guillermo del Toro, y en la coproducción Carmen Lira Saade, directora de esta casa editorial, a sí como Mónica Lozano, Guadalupe Meza, Alejandro Springall y Armando Casas.

El documental aborda la desaparición de 43 estudiantes. Hace visible el dolor de los alumnos de la escuela normal, de los padres de los desaparecidos y demás involucrados. Recuerda el vínculo íntimo que existe entre todos y la importancia de la solidaridad, así como la falta de justicia. Ahora ellos nos hacen saber que somos nosotros los que no estamos solos, expresó Navarro.

La productora precisó que el documental es pertinente, porque “se está apostando al olvido, a que seamos pasivos y, como sociedad, necesitamos estar muy presentes si queremos cambiar como sociedad. Esta es únicamente la punta del icebergde todo lo que sucede a nivel de violencia”.

Agregó: Falta sensibilidad y compromiso en la comunidad artística y en la sociedad en general. Hay que fijarse en el de a lado, ese es el principio de todo. Mientras tengamos la posibilidad de hacer las cosas las haremos. No quiero decir que no se pueda hablar de temas más luminosos, pero debe haber un compromiso con lo que sucede.

La influyente productora también señaló: “Ayotzinapa, el paso de la tortuga tiene un apoyo colectivo, no sólo somos Del Toro y yo, hay mucha gente que nos ha apoyado. Precisamente, a a él le gustó mucho el documental; ahora que lo vio se emocionó mucho, porque es muy potente”.

Por su parte, García Meza destacó que lo más importante de este trabajo es que presenta diferentes voces: la de los papás y la de los estudiantes que sobrevivieron, quienes exponen su corazón. Otro asunto relevante es no querer tener la razón, sino provocar la reflexión.

Agregó: Obviamente no sabíamos que Del Toro iba a ganar todos estos premios en los meses recientes; fuimos al pasado Festival Internacional de Cine de Morelia para sondear y nos dimos cuenta de que la teníamos que terminar ya. Así que estrenar aquí en Guadalajara es algo asombroso; la respuesta de la gente ha sido sensacional y muy receptiva.

Señaló que espera que este documental impulse el tema, que dé fuerza a los padres y al movimiento. Lo que sigue es moverlo por todos lados, queremos que llegue a la mayor cantidad de personas aquí en México y en el extranjero. Este movimiento debe terminar cuando haya justicia, entonces se cerrará este círculo; con este material estamos ayudando a cerrarlo.

En la entrega de los premios paralelos, Ayotzinapa, el paso de la tortuga obtuvo el galardón Guerrero de la Prensa, que entrega la Red de Prensa Mexicana de Cine.

Familiares de los 43 y ONG temen que autoridades reciclen la verdad histórica

• Consideran que el propósito es dar carpetazo al asunto por los comicios de julio
• Lamentan que el gobierno sea indiferente ante el estado permanente de angustia de los afectados

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Jueves 15 de marzo de 2018, p. 10

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 y los representantes de las organizaciones civiles que los han acompañado expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno federal intente reciclar la llamada verdad histórica para cerrar el caso en el contexto del actual proceso electoral.

Durante la presentación del informe Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, lamentaron que en la pasada sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de marzo, el Estado mexicano se haya negado a firmar un compromiso para acompañar y cumplir este diagnóstico y a partir de ahí generar verdad y justicia.

Consideraron que esto es la única vía para que los familiares cierren el duelo, el cual viven en una especie de congelamiento, porque se desconoce si los muchachos están vivos.

Ximena Antillón Najlis, coordinadora del informe y quien encabezó al equipo de expertas que entrevistaron a las familias, señaló que madres, padres, hermanos, parejas e hijos viven en un estado de angustia y dolor permanente, y su mayor necesidad es saber lo que realmente sucedió con los 43 normalistas.

Casi tres años y medio después de los crímenes contra los estudiantes, dijo, el informe muestra que el acto que mayor trauma generó entre los familiares fue la difusión de la verdad histórica, la cual, para la especialista, redita la violenciacontra las víctimas.

Hilda Hernández, madre de César González Hernández, lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto a 41 meses nos siga mintiendo, generando dolores en lo más profundo de nuestro corazón (...) Nosotros ya no tenemos una vida, nos vamos muriendo poco a poco por no saber de nuestros hijos.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que actualmente el caso está en una etapa de administración, donde se dice que se está investigando al Ejército, a la Policía Federal, al gobierno del estado y a instituciones de seguridad municipal. Una fase en la que de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina dando el paso comprometido frente a la verdad.

Haydeé Pérez, directora de Fundar, organización que realizó el informe, señaló que el Estado mexicano desdeñó la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, a través de comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo, de la mano de las víctimas y sus representantes, planes de atención y, en su caso, de reparación.

"Mientras no haya cuerpos tenemos esperanza"

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2018, p. 14

Tenemos que llegar a la verdad de dónde están los chavos, no es porque nosotros quiéramos tenerlos vivos, es porque nosotros no los tenemos muertos.

Con esas palabras, uno de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa –desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014– sintetiza el sentir de las familias y cómo los hechos de aquella noche y madrugada trastocaron la vida de las familias en lo emocional, social, familiar, cultural, laboral y en la salud.

El testimonio forma parte del informe Yo sólo quería que amaneciera. Impactos sicosociales a las familias de Ayotzinapa,que se presentará este miércoles. Da cuenta de la tristeza, desesperación, ganas de no vivir, sentimiento de culpa, cambio de prioridades, transformación de la vida cotidiana de padres, esposas, hijos y hermanos de los normalistas. Señala que el duelo no tiene lugar porque no saben si los muchachos están vivos o muertos. La desaparición como vivencia traumática sigue sucediendo, cada día es vivido como la repetición del anterior. La búsqueda es lo que les permite dar algún sentido a la existencia cotidiana, pero perciben de manera dolorosa la constatación de que el tiempo pasa en el mundo externo. Su tiempo detenido contrasta con el crecimiento de las plantas y los árboles, que evidencian la continuidad de la vida. Viven una experiencia paradójica y angustiante del tiempo, que no pasa en términos síquicos, pero transcurre vertiginoso sin encontrar a sus hijos.

Testimonio del dolor

No duermen, no comen, han descuidado a otros miembros de sus familias; hay cargas económicas, se sienten decepcionados y traicionados por las autoridades, desesperados, desorientados, con ganas de volverse locos, el tiempo no pasa y constantemente piensan en que sus hijos pueden estar sufriendo penurias, pero mientras no haya cuerpos, no pierden la esperanza de que estén vivos. La comida para nosotros es amarga, no es como antes que uno la disfrutaba. Ahora uno come sí para vivir, pero que diga uno que lo come con gusto como antes, ya no, revela otro testimonio.

Recién sucedidos los hechos, los familiares no daban crédito. Confiaban en que los normalistas estuvieran escondidos en el monte o que hubieran sido detenidos. Consideraban que la ausencia era transitoria. Poco a poco la realidad los llevó a confrontar lo que representa la desaparición de un ser querido.

Con Ayotzinapa, el paso de la tortuga la intención es luchar contra la injusticia

El documental fue estrenado en Guadalajara; asistió Del Toro, uno de los productores

La productora Bertha Navarro, el director Enrique García Meza (atrás), Armando Casas (centro) y Guillermo del Toro, en el estreno del documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, ayer en GuadalajaraFoto Arturo Campos Cedillo

Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2018, p. 8

Guadalajara, Jal.

Al término de la proyección del documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, dirigido por Enrique García Meza y producido por Bertha Navarro y Guillermo del Toro, en el 33 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el público de la sala dos del Centro de Artes Escénicas pasó lista a los 43 normalistas desaparecidos.

Luego, la primera actriz Ofelia Medina lanzó el combativo grito ¡Vivos se los llevaron. Vivos los queremos!, que fue celebrado por el atestado foro.

A la función asistió Del Toro, pero no dio declaraciones en el estreno del documental, que tiene a Carmen Lira Saade, directora de La Jornada, como productora asociada, junto con Alejandro Springall, Guadalupe Meza, Mónica Lozano y Armando Casas.

El filme narra a detalle cómo fue la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se hizo visible el dolor de los alumnos, los padres y demás involucrados, recordándonos el vínculo íntimo que existe entre todos y la importancia de la solidaridad. El dolor, la falta de justicia y la esperanza los hizo visibles en todo el mundo. Ahora ellos nos hacen saber que somos nosotros los que no estamos solos, señalan las notas de prensa.

En la presentación, Bertha Navarro dijo: Para nosotros es muy importante estrenar esta película en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Todos hicimos esta película que nos duele a todos; así que no les voy a decir que la disfruten; véanla, porque la intención es luchar contra la injusticia.

Después Navarro cedió la palabra al director, quien informó: “Acabo de recibir una llamada hace unas dos o tres horas de algunos de los familiares de los estudiantes desaparecidos; básicamente les quiero decir que fue muy emotivo. Ellos quieren agradecer a todo el equipo y me pidieron que ‘por favor no nos olviden’. En la función del miércoles nos acompañarán dos de ellos”.

No significa avance alguno en la indagatoria sobre el paradero de los normalistas, destacan Captura de El Rana, intento de revivir la verdad histórica: padres de los 43 La PGR busca eximir de responsabilidad a funcionarios de todos los niveles involucrados, consideran Foto En los expedientes públicos del caso Ayotzinapa, Érick Uriel Sandoval Rodríguez, El Rana, es señalado como uno de los sicarios que participaron en el ataque a normalistas, y las autoridades lo consideran pieza clave para saber lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014Foto PGR Fernando Camacho Servín Periódico La Jornada Miércoles 14 de marzo de 2018, p. 14 La aprehensión de Érick Uriel Sandoval, El Rana, y su presentación como supuesto personaje decisivo en el caso Ayotzinapa, no ayuda a la resolución del tema, y sí en cambio significa un intento de revivir la llamada verdad histórica y proteger a quienes verdaderamente tuvieron un papel relevante en los hechos, señalaron familiares y representantes de los 43 normalistas desaparecidos. Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el lunes pasado que Sandoval fue detenido y destacó que su papel fue determinante en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, padres y compañeros de las víctimas realizaron ayer una conferencia de prensa en el llamado antimonumento a los 43. Enfatizaron que la captura de Sandoval no representa avance alguno en las investigaciones para dar con su paradero. Por el contrario, tiene como fin seguir intentando sostener su mentira histórica, dado que el detenido está relacionado con los hechos del basurero de Cocula, donde según la versión del gobierno los normalistas fueron asesinados e incinerados. “En lugar de abonar a la verdad y la justicia, esta detención tiene por objetivo fortalecer la hipótesis de la ‘verdad histórica’ y eximir de su responsabilidad a otras corporaciones”, como las policías Federal y del municipio de Huitzuco, y al propio Ejército, destacaron. En entrevista, Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, subrayó que la aprehensión de El Rana no es significativa y sólo pretende servir como pretexto para dar por concluida la indagatoria sobre Ayotzinapa. La intención de la PGR es dar carpetazo, pero los padres de familia no lo vamos a permitir. No quieren esclarecer el caso Ayotzinapa, porque no sabemos qué funcionarios públicos de alto nivel, desde Los Pinos, sabían que nuestros hijos estaban siendo atacados y nada hicieron, señaló. En el mismo sentido, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró sorprendente que las autoridades presenten a Sandoval como actor relevante en la desaparición de los 43, cuando en realidad se trata de un personaje de poca monta. El anuncio de la PGR nos parece risible, pero también un acto de desesperación. Es muy sospechoso que lo presenten como una gran detención, cuando habría otras personas que sí lo serían, entre ellos el presunto criminal José Ángel Casarrubias, El Mochomo, o los policías federales y de Huitzuco involucrados en la desaparición, subrayó.

• No significa avance alguno en la indagatoria sobre el paradero de los normalistas, destacan
• La PGR busca eximir de responsabilidad a funcionarios de todos los niveles involucrados, consideran

En los expedientes públicos del caso Ayotzinapa, Érick Uriel Sandoval Rodríguez, El Rana, es señalado como uno de los sicarios que participaron en el ataque a normalistas, y las autoridades lo consideran pieza clave para saber lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014Foto PGR

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2018, p. 14

La aprehensión de Érick Uriel Sandoval, El Rana, y su presentación como supuesto personaje decisivo en el caso Ayotzinapa, no ayuda a la resolución del tema, y sí en cambio significa un intento de revivir la llamada verdad histórica y proteger a quienes verdaderamente tuvieron un papel relevante en los hechos, señalaron familiares y representantes de los 43 normalistas desaparecidos.

Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el lunes pasado que Sandoval fue detenido y destacó que su papel fue determinante en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, padres y compañeros de las víctimas realizaron ayer una conferencia de prensa en el llamado antimonumento a los 43.

Enfatizaron que la captura de Sandoval no representa avance alguno en las investigaciones para dar con su paradero. Por el contrario, tiene como fin seguir intentando sostener su mentira histórica, dado que el detenido está relacionado con los hechos del basurero de Cocula, donde según la versión del gobierno los normalistas fueron asesinados e incinerados.

“En lugar de abonar a la verdad y la justicia, esta detención tiene por objetivo fortalecer la hipótesis de la ‘verdad histórica’ y eximir de su responsabilidad a otras corporaciones”, como las policías Federal y del municipio de Huitzuco, y al propio Ejército, destacaron.

En entrevista, Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, subrayó que la aprehensión de El Rana no es significativa y sólo pretende servir como pretexto para dar por concluida la indagatoria sobre Ayotzinapa.

La intención de la PGR es dar carpetazo, pero los padres de familia no lo vamos a permitir. No quieren esclarecer el caso Ayotzinapa, porque no sabemos qué funcionarios públicos de alto nivel, desde Los Pinos, sabían que nuestros hijos estaban siendo atacados y nada hicieron, señaló.

En el mismo sentido, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró sorprendente que las autoridades presenten a Sandoval como actor relevante en la desaparición de los 43, cuando en realidad se trata de un personaje de poca monta.

El anuncio de la PGR nos parece risible, pero también un acto de desesperación. Es muy sospechoso que lo presenten como una gran detención, cuando habría otras personas que sí lo serían, entre ellos el presunto criminal José Ángel Casarrubias, El Mochomo, o los policías federales y de Huitzuco involucrados en la desaparición, subrayó.

El gobierno ofrece ante la CIDH concluir este año el caso Ayotzinapa

• Buscan dar carpetazo al asunto para que no interfiera en los comicios: padres de los 43
• Se cuenta con datos relevantes que permitirán detener a otros 30 involucrados, asegura fiscal especial

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se dio seguimiento –mediante videoconferencia– a la audiencia de la CIDH realizada en Bogotá, Colombia, sobre el caso IgualaFoto Cuartoscuro

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2018, p. 3

El Estado mexicano se comprometió a arribar a conclusiones este mismo año sobre el caso Ayotzinapa, y aseguró que en su investigación sobre el tema ha tenido avances relevantes y alentadores –entre ellos el descubrimiento del móvil del ataque contra los normalistas–, pero sin explicar cuáles son, lo cual fue interpretado por los familiares de las víctimas como un anuncio de que se podría dar carpetazo al asunto, para que no interfiera en el proceso electoral.

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Bogotá, Colombia, los familiares y representantes de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que el gobierno de México únicamente se ha dedicado a administrar el caso, sin hacer ningún avance significativo en el cronograma de trabajo que las mismas autoridades establecieron.

Una muestra de ello, destacaron, es que 80 por ciento de dicho calendario de actividades se ha incumplido, pues ya no se han registrado más detenciones ni consignaciones de presuntos responsables.

Asimismo, reiteraron la solicitud de que se les permita ingresar a los penales donde se encuentran detenidos los supuestos autores materiales de la desaparición, para poderlos interrogar sobre el caso, y lamentaron que el gobierno se niegue a confirmar su participación en la siguiente audiencia sobre el tema ante la CIDH, en mayo próximo, alegando que el proceso electoral podría interferir en el asunto.

Al responder a las críticas, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, aseguró que el gobierno ha cumplido con el programa de trabajo acordado con los familiares de los normalistas, e incluso señaló que podrían arribar a conclusiones este mismo año sobre la agresión cometida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Lo anterior, afirmó, se debe a que se han hecho avances muy relevantes y alentadores sobre el caso, aunque no detalló cuáles son, alegando que no se pueden comentar por la reserva de las investigaciones.

En el mismo sentido, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Afredo Higuera Bernal, aseguró que en semanas recientes han obtenido información por demás importante que les permitiría detener a 30 personas más, supuestamente involucradas en los hechos, e incluso identificar el móvil de la agresión contra los estudiantes.

Aunque también argumentó que las indagatorias deben mantenerse en reserva y eso impide entrar en detalles en una audiencia pública, señaló que hay datos específicos que pueden explicar la razón del ataque, como el involucramiento de los grupos criminales de la zona de Iguala con agentes policiacos, esencialmente municipales.

Horas más tarde, el propio Higuera concedió una entrevista radiofónica en donde reiteró que había existido participación de policías en los hechos, y descartó por completo que el ataque tuviera que ver con la presencia de drogas en alguno de los autobuses donde viajaban los estudiantes, que es una de las líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Al término de la audiencia, Hilda Legideño Vargas, madre de uno de los normalistas desaparecidos, manifestó su preocupación por los dichos de Ruiz Cabañas sobre la próxima conclusión de las indagatorias.

Nosotros no aceptamos ninguna conclusión hasta no dar con el paradero de nuestros hijos. Si no hay avances, más personas detenidas ni se ha investigado a los militares, no sabemos por qué quieren cerrar el caso; a lo mejor por las elecciones o porque el Presidente ya se retira (del cargo, en diciembre de este año) y no quiere que se investigue, concluyó.

Relevo presidencial y olvido, la apuesta del gobierno en el caso de los 43: Uia

• Presenta el rector Ayotzinapa. La otra historia en la FIL del Palacio de Minería

• Demanda a la sociedad no quitar el dedo del renglón; ya mostraron que no quieren investigar, señala

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Viernes 2 de marzo de 2018, p. 10
El gobierno federal ha dado muestras claras de no tener voluntad política para investigar y esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hoy, están apostando al relevo presidencial y a que el tema quede en el olvido, señaló David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana (Uia).

Entrevistado luego de la presentación del libro Ayotzinapa. La otra historia, editado por esa casa de estudios, el rector dijo que ante la pretensión de olvido, la sociedad mexicana en su conjunto no debe quitar el dedo del renglón y seguir exigiendo verdad y justicia para para este y muchos otros casos que no han sido esclarecidos por el gobierno y el Estado mexicanos.

Por ello, dijo, libros como el presentado –que va acompañado por un documental de 51 minutos y un reportaje radiofónico– tiene la misión de mantener vigente el tema y la exigencia de la sociedad para su esclarecimiento y castigo a los responsables.

Fernández Dávalos consideró que el gobierno federal nunca tuvo voluntad real de esclarecer los hechos. Prueba de ello, añadió, fue la decisión cruel y políticamente equivocada que tomó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, al negarse insistentemente a que los elementos del 27 Batallón de Iguala, que estuvieron en el lugar de los hechos y al tanto de lo ocurrido, fueran entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar con las autoridades en las investigaciones.

Eso vino a mostrar que el Estado no tenía voluntad de llegar al esclarecimiento de los sucesos, y entonces lo que han hecho es administrar las demandas de los familiares, dar largas al asunto y que el tema quede en el olvido. Están apostando a llegar al relevo presidencial y que esto quede en el pasado, dijo el rector de la Uia.

El libro, coordinado por el maestro Víctor Ronquillo y el estudiante normalista Aquilino Florencio, fue presentado en el contexto de la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería. La obra da voz a 43 estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes narran su experiencia, aprendizaje y vida en la escuela que los formó.

Para el rector, el material presentado muestra una realidad que se ha invisibilizado, de manera particular con los sectores pobres, cuando ellos son protagonistas de su propio desarrollo, de sus proyectos productivos y de su relación y formas de producción. Esa es una realidad que se da, de manera particular, en las escuelas normales rurales, agregó.

Ofelia Medina llama a jóvenes indígenas a no abandonar sus raíces

Sergio Ocampo Arista, corresponsal

Malinaltepec, Gro. En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Tlapa, la actriz y activista Ofelia Medina, invitó a los jóvenes indígenas a no abandonar sus comunidades, a preservar sus idiomas, sus costumbres y tradiciones “es mentira que el progreso solo está en las ciudades, sus comunidades son más grandes en muchos aspectos, que las ciudades”.

Antes de partir al poblado de La Taberna, municipio de Malinaltepec, en donde entregó seis toneladas de maíz, habló con los estudiantes de la carrera de Desarrollo Comunitario, de la UPN, y alumnos del Centro de Bachillerato, en donde preguntó a los jóvenes quiénes hablaban algún idioma la mayoría la levantó “estoy orgulloso de ustedes, me siento muy conmovida de estar aquí en la zona de la Montaña. Lo que quiere el gobierno es que ustedes se vayan, para que entren las empresas mineras, y se lleven sus riquezas, por eso nos mienten”.

Nos dicen que la Montaña es pobre, quieren que los pueblos salgan de la Montaña, que no hay futuro. El éxito no existe, yo he ganado mucho dinero, pero si no hay conciencia no sirve de nada. En plena época de elecciones, es indignante oír que ninguno de los candidatos ha hecho una pobreza para que el pueblo salga de la pobreza”.

Recordó que su abuela fue maya “yo soy de Yucatán. Y preguntó ¿ustedes creen que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un segundo de felicidad?, claro que no, por eso traemos 55 toneladas de maíz, porque gracias a grupos de rock como Café Tacuba, Molotov, y otros más, impulsamos este proyecto, Rubén Albarrán, el cantante quería venir, y les iba a decir lo mismo que yo: siembren maíz, no hagamos caso a este sistema político criminal y perverso”.

Al terminar el diálogo con los estudiantes, Ofelia Medina fue entrevistada por la XEZV la Voz de la Montaña, y junto con la comitiva en la que participaron miembros del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, partió rumbo a La Taberna, poblado del municipio de Malinaltepec, enclavado a un costado de la carretera federal que va de Tlapa a Marquelia.

Ya en el pueblo Ofelia Medina recordó que hace ya varios años empezó su lucha en defensa de los pueblos originarios “ fue entonces cuando luchamos por la liberación del dirigente indígena Zózimo Hernández, preso en una cárcel de Veracruz, acusado de matar a un cacique, lo sacamos de la cárcel y hoy trabaja por los derechos de todos”.

“Por esa lucha me amenazaron de muerte, qué no ves que te pueden matar-me dijo un policía- acabo de estar en una reunión y dijeron que te van a chingar”, agregó.

Recordó que en 1990 fundó el fideicomiso que encabeza “pensé que así no me iban a amenazar de muerte. En 1994 trabajamos con el EZLN, durante 15 años, con los desplazados, con los más pobres, que dejaron su tierra por la masacre de Acteal, o sea con los compañeros de la organización Las Abejas”.

“Aquí les traemos 6 toneladas de maíz, porque ustedes también resultaron damnificados por los pasados sismos, gracias, por todo”, dijo al final.

Parte del maíz se entregó a la familia de una mujer que fue asesinada a machetazos por su esposo, dejando en el desamparo a sus ocho hijos que ahora viven con la abuela.