Infancia y sociedad
Andrea Bárcena
L
a codicia de la más enana mentalidad empresarial, solapada por funcionarios infames y corruptos, permitió que el cielo se convirtiera en infierno y cayera sobre los cuerpecitos y las almas inocentes de más de 150 nenes, de entre cinco meses y cuatro años de edad, confiados al Estado en su responsabilidad de dar cuidados y atención a los hijos de trabajadoras mientras cumplen su jornada laboral.
Fue el 5 de junio de 2009 que el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, acabó con la vida de 49 infantes y dejó más de 100 dañados gravemente y de forma irreversible. “Nosotros tuvimos la suerte –me confiaron unos jóvenes padres– de que nuestro niño muriera asfixiado, ya que pudimos recuperar su cuerpecito. Muchos padres no pudieron ni reconocer el cadáver de sus hijos, destruidos casi totalmente por el fuego”.
Se quiso ver como único culpable de la tragedia al empleado –asesinado unos días después–, quien cumplía órdenes de incendiar la parte de la bodega contigua a la guardería, a fin de desaparecer documentos que eran pruebas de corrupción y negocios ilegales del gobernador Eduardo Bours.
Pero en realidad, si la guardería hubiera funcionado no en una media bodega sino en instalaciones adecuadas y seguras, ningún fuego hubiera matado trágicamente a los niños. La guardería ABC no contaba con detectores de humo ni extintores para el fuego ni con salidas de emergencia ni puertas adecuadas; tampoco con suficiente personal. El establecimiento no cumplía con las normas mínimas de seguridad y protección civil: el techo estaba recubierto con un plafón de material inflamable (poliestireno) que se empezó a derretir y a caer en forma de plástico líquido ardiente sobre los niños, hasta desplomarse por completo como una enorme plancha ardiente.
Pero ¡¿cómo pudo ocurrir esto?!
Porque los socios dueños de la guardería –principalmente Marcia Matilde Gómez del Campo, Sandra Luca Téllez Nieves y Gildardo Urquides, emparentados con Margarita Zavala (esposa de Felipe Calderón) y Eduardo Bours– estaban amparados además por un contrato de subrogación firmado por Juan Molinar Horcasitas.
La subrogación de guarderías del IMSS se hizo desde 1983 para no abrir más guarderías y se pagaba por cada niño 2 mil 500 pesos mensuales a concesionarios que, como se evidenció, pueden invertir lo menos para ganar lo más: más de medio millón de pesos mensuales, sin que se les supervise ni se exija cumplir las normas para dar digna atención y toda la seguridad humanamente posible. El 5 de junio no se olvidará jamás. Hasta que haya justicia real, recordaremos la infamia y pensaremos en la tragedia ABC como si ocurriera hoy.
