En Toluca preparan órdenes de aprehensión por si la SCJN revoca las sentencias
Integrantes y abogados del Comité Libertad y Justicia para Atenco ofrecieron una conferencia para difundir nuevas acciones en defensa de los activistas que permanecen presos desde hace cuatro añosFoto María Meléndrez Parada
Matilde Pérez U.
El Comité Libertad y Justicia para Atenco interpuso un amparo en contra de varias órdenes de aprehensión que autoridades del estado de México preparan en contra de Ignacio del Valle, Felipe Hernández, Héctor Galindo y Adán Espinosa por delitos de robo, daño a bienes y lesiones, pues de aplicarse corren el riesgo de que se les condene a 45 años más de prisión.
Leonel Rivero Rodríguez, coordinador de servicios legales e investigación y estudios jurídicos, explicó que el amparo se interpuso en el juzgado 12 de distrito con sede en Nezahualcóyotl, como una medida preventiva ante la probabilidad de que las autoridades judiciales del estado de México liberen dichas órdenes en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revoque las sentencias condenatorias impuestas a Del Valle, Hernández y Galindo.
Precisó que las citadas órdenes de aprehensión son por los delitos de robo, robo agraviado, despojo, daño en bienes, lesiones y robo de un expediente, cada uno de ellos con una pena en promedio de ocho años de prisión.
El 3 y 4 de mayo se cumplen cuatro años del enfrentamiento en Texcoco entre policías del estado de México e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en el que murieron Alexis Benhumea y Javier Cortés, y las autoridades detuvieron a decenas de hombres y mujeres, y después se informó que varias de ellas fueron violadas por los uniformados.
Del Valle, Hernández y Galindo fueron sentenciados a 112, 67 y 31 años de prisión, respectivamente, y recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano. Nueve personas más, que están en el penal Molino de Flores, Texcoco, fueron sentenciadas a 31 años.
En conferencia de prensa, integrantes del Comité Libertad y Justicia para Atenco hicieron un llamado a la sociedad civil, organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos, sindicatos y diversas organizaciones sociales a la movilización que llevarán a cabo en mayo para demandar que los tres presos en el Altiplano sean trasladados a un penal estatal cercano a su domicilio, mientras se espera la determinación de la SCJN.
En un mensaje grabado, América del Valle –en contra de quien se giró una orden de aprehensión– recordó que en mayo de 2006 los ejidatarios de San Salvador Atenco apelaron al diálogo y las autoridades les respondieron con un cerco policiaco y sembraron el terror. “Los agravios no han hecho que perdamos la razón ni la memoria para exigir justicia. No pedimos perdón sino castigo a los asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, a los violadores y secuestradores”.
Rosa Nelly Urrutia Castañeda, madre de Héctor Galindo, a título personal, se pronunció en favor de que los partidos políticos sean mediadores para lograr la liberación de los 12 presos. Asentó que los familiares de los detenidos ya gastaron todos sus ahorros y ahora están endeudados. “Mantener en cárceles de exterminio a los detenidos en San Salvador Atenco es muy costoso para los familiares”.
Al presentar su propuesta, sostuvo que la iniciativa no debe ser motivo de rupturas, distanciamientos ni represalias, sino que se trata de dar un paso para tener un FPDT “democrático y no autoritario”.
“Confío en los partidos políticos, demos oportunidad para que nos devuelvan la fe, en un acto de buena voluntad. Hasta el momento, ninguno de ellos se ha acercado, pues nos han relegado por la postura del FPDT”, dijo.
Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, y Martha Pérez, del FPDT, asentaron que respetan la postura de Urrutia Castañeda y de otros familiares de los presos, pero “no estamos de acuerdo con la intervención de los partidos políticos”.
