David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Nueva York, 11 de marzo. El Departamento de Estado reportó en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo que en México aumentaron los casos de detención arbitraria y trato cruel e inhumano, así como las desapariciones y otros abusos graves, mientras prevalece la impunidad, incluso en casos de alto perfil como el de San Salvador Atenco y otros en comunidades en Guerrero y Oaxaca.
La amplia sección sobre México en Informes por país sobre prácticas de derechos humanos 2009, emitido hoy por el Departamento de Estado, afirma que “generalmente el gobierno respetó y promovió los derechos humanos”, pero en seguida ofrece una larga lista de “problemas”:
Matanzas perpetradas por fuerzas de seguridad, secuestros, abusos físicos, malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias, corrupción, ineficiencia y falta de transparencia en el sistema judicial, confesiones arrancadas por tortura, violencia y amenazas contra periodistas, más problemas de tráfico de personas, discriminación contra indígenas y mujeres y trabajo infantil.
Aunque el informe indica que no hubo casos confirmados de asesinatos o desapariciones “políticamente motivados” a escala federal, detalla casos en que fuerzas de seguridad pública, tanto militares como civiles, cometieron abusos contra los derechos humanos, incluyendo algunos con rasgos políticos.
Subraya que durante 2009 se cometieron más de 8 mil homicidios relacionados con el tráfico ilícito de drogas como resultado de la ofensiva oficial contra los narcotraficantes. “Generalmente, autoridades civiles mantuvieron el control efectivo de las fuerzas de seguridad. Hubo instancias donde elementos de estas fuerzas actuaron fuera de las políticas del gobierno”, agrega.
Expresa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 14 mil 633 quejas a lo largo de 2009, incluidas 2 mil 178 contra la Secretaría de Seguridad Pública. Se constataron, afirma, 667 violaciones, entre ellas 244 detenciones arbitrarias y 245 casos de trato cruel e inhumano.
Aunque indica que no hubo asesinatos políticamente motivados por fuerzas federales de seguridad pública, destaca que estas fuerzas sí participaron en homicidios. Detalla casos en los que se alega que los decesos resultaron de incidentes con fuerzas de seguridad pública.
Menciona por ejemplo las muertes con señales de tortura de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, en Guerrero.
También se destacan casos en Guerrero y en Tamaulipas en los que elementos del Ejército estuvieron involucrados en las muertes de civiles.
Expone que la CNDH emitió 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en torno a acusaciones de abuso de derechos humanos durante operativos antinarcóticos, comparadas con 14 en 2008.
El Departamento de Estado informa que varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han criticado a la Sedena por la falta de transparencia en sus investigaciones de esos abusos.
Por otro lado, se indica que a escala estatal es posible que algunos homicidios hayan sido políticamente motivados. Cita los casos de la perredista Beatriz López Leyva, en Oaxaca, y de Armando Chavarría Barrera, candidato a gobernador de Guerrero, también perredista.
Además aumentaron las preocupaciones por la actividad de fuerzas de seguridad privada en el país, señala el informe. Calcula que hay unas 10 mil agencias de seguridad privada, 80 por ciento de las cuales no cumplen con los requisitos legales de registro.
En otro rubro ofrece una declaración confusa: “No hubo reportes confirmados de desapariciones políticamente motivadas a escala federal; sin embargo, hubo múltiples reportes de desapariciones forzadas por el Ejército y la policía”.
Sobre los homicidios y las desapariciones presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad pública, el informe documenta que no han procedido las investigaciones o los procesos judiciales en la gran mayoría de los casos, aunque “siguen en curso”.
Destaca que integrantes de la comisión gubernamental creada para evaluar la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario renunciaron por frustración ante las fallas del gobierno en investigar los casos plenamente.
Durante el año la CNDH recibió mil 105 quejas de trato cruel o degradante y 33 de tortura, comparadas con 588 y 21 en los mismos rubros durante 2008, abunda.
Entre esos casos, el Departamento de Estado destaca el de las comunidades de Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, en Guerrero –publicitado por Amnistía Internacional (AI) y documentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan–, donde durante cinco días unos 500 soldados cometieron una serie de abusos, incluyendo dos reportes de tortura.
A la vez, citando a AI y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, señala que ninguno de los 2 mil 500 policías que participaron en el enfrentamiento en San Salvador Atenco en 2006 –donde murieron dos personas y más de 47 mujeres fueron detenidas y maltratadas, algunas violadas– ha sido condenado hasta la fecha.
Informa que la CNDH recibió mil 289 quejas de arresto y detención arbitraria en 2009.
A escala estatal se han recibido 53 quejas de detención arbitraria contra el Ejército o la Policía Federal, y se presentaron 400 reclamos contra militares en Michoacán sólo hasta julio; es decir, más en medio año que en todo 2008.
El documento apunta que los plagios continúan como problema serio, y que según México Unido contra la Delincuencia, aumentaron de 325 en 2005 a 820 en 2008.
Además la CNDH informó que de septiembre de 2008 a febrero de 2009 unos 10 mil migrantes fueron secuestrados al intentar cruzar a Estados Unidos.
En torno a la policía, en particular a escalas estatal y local, se documenta su participación en plagios, extorsiones y acciones a nombre del crimen organizado.
El informe también aborda, en términos muy generales, los problemas de impunidad, corrupción oficial y libertad de expresión y de asociación.
Documenta el hostigamiento a defensores de derechos humanos, incluidos más de cien ataques que dejaron 10 muertos de 2006 a agosto de 2009.
Califica a México de “punto de origen, tránsito y destino de personas traficadas para explotación sexual y laboral”.
En el rubro de derechos laborales, enfatiza el uso de contratos de protección y los ceses de trabajadores que intentan sindicalizarse. Resalta las decisiones de la Secretaría de Trabajo de anular las elecciones de los sindicatos electricista y minero.
Mayores detalles y la sección sobre Mexico:
