Última esperanza para 12 campesinos aún recluidos, dicen abogados y la esposa del líder del FPDT
Emir Olivares Alonso
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y abogados de los detenidos luego de la represión ocurrida en mayo de 2006 en ese municipio, consideraron que la posible atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los amparos de las 12 personas que permanecen recluidas representa “una esperanza” para que obtengan su libertad tras casi cuatro años de encierro.
Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle –sentenciado a más de 100 años de prisión–, y Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas que llevan la defensa de varios de los recluidos, coincidieron en que la SCJN tendría los mismos fundamentos que usó para liberar a los responsables de la masacre de Acteal, Chiapas, cuando concluyó que los procesos judiciales fueron irregulares.
Después de casi cuatro años de los hechos –donde la misma Corte acreditó que las autoridades vulneraron garantías fundamentales– siguen presas 12 personas sentenciadas por delitos como secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación. Nueve se encuentran en un penal estatal, condenados a más de 30 años, en tanto que Del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez fueron sentenciados a más de 100 años de prisión y purgan su condena en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Emir Olivares Alonso
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y abogados de los detenidos luego de la represión ocurrida en mayo de 2006 en ese municipio, consideraron que la posible atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los amparos de las 12 personas que permanecen recluidas representa “una esperanza” para que obtengan su libertad tras casi cuatro años de encierro.
Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle –sentenciado a más de 100 años de prisión–, y Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas que llevan la defensa de varios de los recluidos, coincidieron en que la SCJN tendría los mismos fundamentos que usó para liberar a los responsables de la masacre de Acteal, Chiapas, cuando concluyó que los procesos judiciales fueron irregulares.
Después de casi cuatro años de los hechos –donde la misma Corte acreditó que las autoridades vulneraron garantías fundamentales– siguen presas 12 personas sentenciadas por delitos como secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación. Nueve se encuentran en un penal estatal, condenados a más de 30 años, en tanto que Del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez fueron sentenciados a más de 100 años de prisión y purgan su condena en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
“Es tiempo de que se haga justicia y de que los ministros de la SCJN tomen en sus manos el caso y resuelvan los amparos para bien. Luego de casi cuatro años, no se ha probado que nuestros 12 compañeros aún presos son responsables de los delitos de que se les acusa. Se trata de condenas inhumanas”, aseguró Ramírez.
Suárez Treviño confió en que los ministros presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y ponente del caso Atenco, José de Jesús Gudiño Pelayo, cumplan el compromiso manifestado ante familiares de los detenidos de que la Corte atraería los amparos, ya que existen sentencias definitivas por parte de la justicia del estado de México. Agregó que ésta es la última posibilidad que tienen los activistas para ser liberados.
“Se trata de la respuesta a un compromiso. Estimamos que el día 19, cuando se instale la plenaria de la primera sala de la SCJN, se vote la atracción. Apostamos a la sentencia absolutoria, porque no hay pruebas contundentes y los procesos judiciales fueron irregulares”, dijo.
