Lamentan padres de los 43 obstinación oficial con Cocula

Hoy, tercera reunión del año con PGR

Un nuevo peritaje, el tercero, sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula es parte de los avances que la Procuraduría General de la República discutirá con los padres de los 43 estudiantes desaparecidosFoto Rubicela Morelos

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Jueves 17 de marzo de 2016, p. 13

Hoy se reúnen por tercera vez en el año funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el fin de conocer y analizar los avances de las investigaciones del caso Iguala.

Los funcionarios informarán a los familiares de los jóvenes ausentes los adelantos en el tercer peritaje del basurero de Cocula, Guerrero, iniciado en febrero pasado por un grupo de seis especialistas consensados por la PGR y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El compromiso es que dicho peritaje esté listo antes de que concluya marzo. El estudio estará enfocado, esencialmente, a la mecánica de fuego, según ha trascendido.

Epifanio Álvarez Carbajal, padre de uno de los jóvenes desa-parecidos, informó que durante el encuentro, previsto para el mediodía de este jueves en las instalaciones de la PGR, en Paseo de la Reforma, también solicitarán informes sobre las más de 140 diligencias que pidieron a las autoridades que realizaran dentro de la investigación del caso.

Además, dijo que insistirán en que el GIEI pueda entrevistar directamente a los militares del 27 batallón de Iguala que estuvieron en la escena de los hechos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Lamentó que la PGR siga empecinada en el tema del basurero de Cocula, donde la verdad histórica del gobierno federal señala que en ese sitio fueron ejecutados y cremados los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Dijo que para los padres de familia esa versión es falsa, como acreditan los peritajes solicitados por el GIEI y el realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los cuales echan abajo la versión.

Ante el avance incierto de las investigaciones, Epifanio Alvarez señaló la conveniencia de que el GIEI permanezca más tiempo en la coadyuvancia de las investigaciones. El segundo mandato del grupo concluye el próximo 30 de abril.

Nuestro sistema en vez de garantizar la justicia, la evita: Ayotzinapa

Eliana Gilet

Viajaron a Guadalajara. La excusa fue la presentación de Ayotzinapa #26, una serie de mini cortos de minuto o minuto y medio que “recogen la sensibilidad que hemos buscado todos estos meses y que hace tanta falta en parte de la población” explicó Omar García a Desinformémonos, desde el foro de la ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara.

“Hay una fuerte presencia de estudiantes y mucho interés. Recuerdo que en los primeros meses de nuestra lucha, cuando convocábamos a paros, ellos lo que hacían era cambiar la temática de sus clases y hablar de Ayotzinapa o del problema que es la desaparición forzada”

En esta ocasión, el grupo de padres de Ayotzinapa que viajó a Guadalajara también se reunió con la nóvel organización “Por amor a ellos”, que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas en el estado y que a comienzos de febrero de este año se escindió de la FUNDEJ (Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco).

La actualidad de la investigación sobre la noche de Iguala en la que Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, – “cuna de la conciencia social” como reclaman sus muros – fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos, dista de seguir los carriles deseados.

Desde las cúpulas de la Procuraduría General de la República se anuncia la realización de un tercer peritaje en el basurero de Cocula, movida que tanto el Grupo Internacional de Expertos Independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense, han indicado que es estéril. No hubo un fuego de las magnitudes requeridas para quemar 43 cadáveres en el basurero de esa ciudad en la noche fatídica del 26 de Setiembre de 2014.

“La postura de los padres es que la PGR ya tuvo su oportunidad de hacer el peritaje. Luego los Expertos Internacionales hicieron el suyo. Creemos que esto no es un juego, no puede serlo. Se el tercer peritaje se realiza, impuesto por las autoridades, y la evidencia que buscan no aparece, si nuevamente se descarta ese lugar como el del destino final de nuestros compañeros, la pregunta es la siguiente: ¿se va a llevar a juicio a los funcionarios públicos que defendieron la verdad histórica y la investigación falaz?”

El tiempo apremia para los padres, ya que el plazo establecido hasta el momento para que el GIEI continúe en la investigación vence el próximo 30 de Abril. Lo que pase luego es incierto. “La campaña de desprestigio que han sufrido, sumado a los tropiezos y obstáculos puestos por el estado mexicano pone a los expertos y al movimiento que los respaldamos en una situación grave. Si los expertos se van, la investigación va a quedar únicamente en manos de la PGR, que ya ha dado muestras suficientes de no conducirla de una manera responsable.”

¿De qué depende la permanencia de los Expertos en México? “Del movimiento, de la presión de la gente, ellos tienen el respaldo de organismos internacionales, del parlamento europeo, el problema es el Estado mexicano, que se niega a dar apertura y libertad a los expertos para la investigación.”

La otra novedad de esta semana referida a la investigación sobre la noche de Iguala fue que el titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero confesó públicamente que su dependencia entregó hace meses a la PGR una copia de una filmación que el Circuito Cerrado de Televisión hizo de los hechos del 26 y 27 de Setiembre. Robles Hurtado confirmó esta información en una entrevista con familiares de los 43 que, según publicó Proceso, fue pautada en febrero de este año. Y agregó que su dependencia ya no cuenta con material videográfico alguno.

“Recién hasta hace una semana se atrevieron a hablar de eso, pero es evidente que hay archivos y documentos en poder de la PGR que no están tomando en cuenta como parte de sus líneas de investigación. Es indignante y da rabia. Parece como si desde las instituciones estuvieran administrando este problema en el tiempo, prolongándolo. Como si estuviesen esperando que el movimiento disminuyera o se apagara la rabia de la población.”

Durante el primer fin de semana de Marzo, los familiares de los normalistas estuvieron haciendo jornadas de recolección de información en Iguala, Guerrero. La persecución fue tan aparatosa, tan espectacular y el ataque tan en la cara de todo mundo, que tiene que haber testigos, alguien que haya visto que pasó. Algo.

“La gente tiene mucho miedo. Nosotros sabemos que esa noche hubo gente que filmó la persecusión, transeúntes, automovilistas. El problema es que a falta de protección, si entregan esos videos, la gente teme que vayan contra ellos. No hay ayuda del sistema de justicia, tampoco. Es que es un sistema que en vez de garantizarla, la evita.”

Foto: Paola Rojas, Contacto TV / Búsqueda de información en Iguala, a comienzos de marzo

Exigen a PGR ir tras Murillo Karam por haber falseado información para construir su “verdad histórica”

Por: Redacción Revolución / 15 marzo, 2016

(15 de Marzo, 2016).- Familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que finque responsabilidades en contra del ex titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, por haber falseado información para construir su “verdad histórica”.

La señora Nava Martínez y el normalista Omar García, de visita en Guadalajara, donde será presentado este martes el documental Ayotzinapa 26 sobre lo sucedido en Iguala hace casi 18 meses, demandaron a la procuradora Arely Gómez que demuestre que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y si no lo logra.

Denostaron la politización del caso a casi 18 meses de la desaparición de los normalistas, y demuestra cómo el gobierno federal ha ido dispersando a través del tiempo y por todo el país las piezas de un rompecabezas que desde el principio han tenido en su poder.

“El hecho no está en que ahora lo mostrarán, sino que no lo admitían como prueba desde el principio, sabiendo que tienen esos videos. ¿Por qué no ponerlos desde el principio de la administración? Pero se apostó al desgaste del movimiento” dijo el normalista Omar García.

Reiteraron que no admitirán un tercer peritaje en busca de vestigios de personas incineradas, pues también la PGR tomó muestras de sangre a los familiares sin el rigor científico necesario.

El documental Ayotzinapa 26 fue elaborado por cineastas, artistas conceptuales e ilustradores de México, Argentina, Francia, Brasil y Bélgica, programado ayer en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.

Brigadas culturales, artísticas y pedagógicas por Ayotzinapa

La guerra de lodo contra el GIEI

Luis Hernández Navarro

L

a campaña de lodo contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es como una novela policiaca al revés. En las obras clásicas del género un detective se encuentra con un crimen y debe investigar la identidad de quien lo cometió. Primero hay un homicidio y luego se busca al criminal que lo perpetró. Sin embargo, en la guerra sucia contra el GIEI la historia camina en sentido inverso. En la novela negra al revés sobre los expertos independientes primero encontraron a los criminales y luego les buscaron un crimen que achacarles.

El guión está claro. Desde hace semanas, los organizadores de la campaña contra los expertos independientes que proporcionan asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se han dedicado a inventarles todo tipo de delitos. Han echado mano de la máquina de fango para sembrar en la opinión pública todo tipo de falsedades y medias verdades sobre ellos y su trabajo.
Las acusaciones en su contra caen cada día en cascada. Lo mismo se cuestiona su profesionalismo que sus salarios. Se les señala como cómplices de guerrilleros o como viajeros frecuentes que casi no pasan tiempo en México. Se les presenta como activistas políticos que buscan desacreditar al gobierno federal. No hace falta presentar pruebas. O, si se requiere, se inventan.
¿Por qué esa cruzada contra el GIEI? La ofensiva arrancó el 6 septiembre de 2015. En esa fecha, los expertos presentaron un informe de trabajo de seis meses, que mostró la mentira de la verdad histórica del gobierno y evidenció la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 alumnos de Ayotzinapa hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula. Señalaron también nuevas rutas de investigación que las autoridades deberían seguir para esclarecer los hechos.
Antes del informe del GIEI, apenas y se difundían opiniones negativas sobre el organismo o acerca de sus integrantes en los medios de comunicación. Casi nadie cuestionaba su pasado laboral o su experiencia profesional. Las primeras críticas comenzaron a escucharse en los últimos días de agosto. Pero a partir de septiembre se convirtieron en un verdadero alud de fango. ¿Así o más claro?
El epicentro de ese ataque provino del núcleo más duro del Estado. La campaña recurrió al más vulgar patrioterismo para tratar de descalificar a los expertos extranjeros por no ser mexicanos. También acudió a José Antonio Ortega Sánchez, personaje de los sótanos de la política mexicana, integrante de la cofradía de ultraderecha El Yunque, y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC.
Una de las demandas del GIEI que más inflamaron a los sectores más duros del Estado fue la de entrevistar a militares del 27 batallón de infantería, en su calidad de testigos directos de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala. No pretendían interrogarlos judicialmente, pero sí hablar con ellos. Cuando el Estado propuso que la PGR los inquiriera, los expertos aceptaron con dos condiciones: estar presentes y poder repreguntar o ampliar preguntas. A raíz de esa petición las agresiones y calumnias contra los expertos se intensificaron.

Curiosamente, José Antonio Ortega Sánchez, heredero de la lucha cristera y uno de los articuladores públicos de la cruzada anti-GIEI, se ha dedicado a participar en actos de desagravio y homenaje al Ejército. El 11 de marzo de 2015 estuvo presente en el cuartel militar Francisco Villa, de la décima Zona Militar, para la realización de un homenaje a las fuerzas armadas de México. El 28 de julio de 2015 participó en el homenaje que Index, sección Nuevo León, organizó al Ejército en instalaciones de la séptima Zona Militar. El 21 de septiembre de ese mismo año, en la 25 Zona Militar en Puebla, el mismo Ortega Sánchez hizo un reconocimiento a los actos heroicos de los militares por construir la paz en México. Días después, el 30 de octubre, presenció una reunión entre el entonces alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y el general de brigada diplomado de Estado Mayor Fausto Bautista Ramos, encargado de la 24 Zona Militar. La lista sigue.
El GIEI vive un momento crucial. El 30 de abril se cierra su segunda etapa de trabajo, y todo hace suponer que, a pesar de la exigencia de los padres de familia de los desaparecidos que desean que los especialistas permanezcan en el trabajo, el gobierno ha decidido no renovar su contrato.
Con el reloj caminando a gran velocidad, durante las próximas seis semanas se desarrollará una sorda batalla. Aunque la verdad histórica naufragó, el gobierno trata de ponerla a flote de cualquier manera. Hasta ahora, los expertos han logrado impedir la maniobra, al tiempo que buscan que se esclarezca realmente lo sucedido.
Pero, más allá del desenlace formal que tenga este episodio por el relato, sigue en disputa el camino que seguirá la investigación. Tal y como fue armado el expediente del caso, la pesquisa gubernamental busca presentar la noche de Iguala como una acción local perpetrada por el crimen organizado. Sin embargo, hay elementos muy sólidos que permiten establecer jurídicamente que se trató de un crimen de Estado.
El aferramiento gubernamental a su narrativa y la guerra de lodo contra el GIEI le traerá un costo político mayor que el pagado hasta ahora. En el terreno internacional, su prisa por cerrar el caso a como dé lugar, impidiendo que la verdad aflore, no hará sino aumentar las dudas sobre su responsabilidad en el crimen. Si se niega a esclarecer lo sucedido, Ayotzinapa perseguirá a los funcionarios de esta administración muchos años después de que hayan salido de sus cargos.
Twitter: @lhan55

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Padres de normalistas no aceptarán tercer peritaje en basurero de Cocula

Demandan que se finquen responsabilidades a Murillo Karam

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2016, p. 7

Guadalajara, Jal.

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no aceptarán un tercer peritaje en el basurero de Cocula; al contrario, exigieron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGE), Arely Gómez, que finque responsabilidades al ex procurador Jesús Murillo Karam por haber falseado la información para construir su verdad histórica, afirmó Bertha Nava, madre de uno de los jóvenes asesinados en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La señora Nava Martínez y el normalista Omar García, de visita en Guadalajara, donde será presentado este martes el documental Ayotzinapa 26 sobre lo sucedido en Iguala hace casi 18 meses, pidieron a la procuradora demostrar que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, y si no lo logra, entonces tendrá que ir tras Murillo Karam.

Dijeron que el nuevo video anunciado por la PGR sobre el secuestro de los normalistas va a ser mostrado hasta ahora, casi año y medio después, lo que denota la politización del caso Ayotzinapa, y cómo el gobierno federal ha ido dispersando a través del tiempo y por todo el país las piezas de un rompecabezas que desde el principio han tenido en su poder.

El hecho no está en que ahora lo mostrarán, sino que no lo admitían como prueba desde el principio, sabiendo que tienen esos videos. ¿Por qué no ponerlos desde el principio de la administración? Pero se apostó al desgaste del movimiento, expresó Omar García.

Insistieron en que no admitirán un tercer peritaje en busca de vestigios de personas incineradas, pues también al principio la PGR tomó muestras de sangre a los familiares sin el rigor científico necesario, según se confirmó en un examen de ADN posterior hecho por forenses argentinos.

Además de estar presentes en las dos funciones de Ayotzinapa 26, el documental elaborado por cineastas, artistas conceptuales e ilustradores de México, Argentina, Francia, Brasil y Bélgica, programado ayer en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y hoy en el teatro Torres Bodet, Berta Nava y Omar García se reunieron con diferentes colectivos en la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios.

Campaña: Tómate una selfie por los DDHH

Tómate tu selfie y mándala a comitecerezo.cultura@gmail.com

El gobierno federal, a la ofensiva ante el cierre de otra etapa de la labor del GIEI

• El escenario, nada halagüeño para padres de normalistas: centro Tlachinollan
• Busca avasallar a quienes ponen en entredicho su estrategia bélica y la defensa de los militares

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2016, p. 4

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió que las autoridades federales están a la ofensiva por el cierre de la segunda etapa de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el 30 de abril.

El escenario que se avecina no es nada halagüeñopara los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que han luchado para dar con el paradero de sus hijos, sostuvo.

La organización resaltó, en un análisis por escrito, que la “escalada del conflicto se elevó a grados extremos porque estamos arribando a una disputa a escala internacional, donde el gobierno de México apuesta a confrontarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una coyuntura que le puede ser propicia ante el cambio de varios comisionados.

Las autoridades creen que pueden recomponer la correlación de fuerzas y balancear mejor la información que se ha vertido sobre su inacción ante un país colapsado por el crimen y la impunidad, agregó.

Recordó que el más reciente informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en el país fue recibido por el gobierno mexicano con gran disgusto, mientras para los padres de los 43 normalistas es un instrumento más en favor de su lucha.

Estamos arribando a un momento crítico, donde el gobierno está atrincherado y defendiendo sus posiciones tácticas y estratégicas, no sólo contra las víctimas de los desaparecidos, quienes lo emplazan a que se sepa la verdad, sino contra la misma sociedad que los increpa por el clima de violencia que impera e impide que se garantice el derecho a la vida y a la integridad física, indicó Tlachinollan.

Subrayó que pese a las recomendaciones de instancias internacionales, la línea dura del poder político ha tomado la batuta y se empeña en no ceder ante las presiones de la sociedad, de los familiares de los desaparecidos y de los mismos organismos exteriores.

Consideró que en este escenario se busca avasallar y silenciar a quienes cuestionan y ponen en entredicho la estrategia bélica del gobierno y su pertrechamiento en torno al Ejército.

Para el centro, los golpes más arteros que han recibido los padres de los 43 normalistas han sido de las autoridades más encumbradas del país: el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El último agravio, añadió, se dio el 24 de febrero en Iguala –donde desaparecieron los jóvenes–, cuando el Estado Mayor Presidencial sitió la ciudad y acorazó los lugares donde estuvo el mandatario.

Esta presencia hizo evidente la alianza estratégica que mantiene el Presidente con los militares que están siendo señalados en los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de los actores gubernamentales que tuvieron injerencia en la desaparición de los 43 estudiantes, sostuvo.

Tlachinollan advirtió que la demostración excesiva de fuerza es “una prueba fehaciente de un poder que aterra y que ha perdido el pulso de la realidad.

Es tanta su aversión y enojo con los familiares de los desaparecidos que ignora y no tiene palabras para enviar algún mensaje a los padres y madres de los 43. De tajo busca borrarlos de la historia reciente. Pide no recordarlos más. Olvidar sus nombres, sus rostros y sus historias. A cambio de esta tragedia abandera al Ejército y da trato de héroes ante el lábaro patrio.

Resaltó que los padres de los estudiantes, además de continuar en la búsqueda de sus hijos, también tienen que hacer frente a la embestida del gobierno que ha arreciado sus ataques contra los miembros del GIEI.

Libro electrónico sobre los 43 llama a “no olvidar”

Por Ángel Vargas

sáb, 12 mar 2016 08:52

“No olvidar es un imperativo que nos toca a todos” como sociedad, afirmó la investigadora Danielle Zaslavsky, durante la presentación del volumen. Foto Guillermo Sologuren 

Ciudad de México. El libro electrónico Faltan más: 43 voces por Ayotzinapa es un llamado a la memoria, a “no olvidar”, según se afirmó durante la presentación del volumen, realizada la noche de este viernes en el Museo de la Ciudad de México.

“No olvidar es un imperativo que nos toca a todos” como sociedad, afirmó la investigadora y docente Danielle Zaslavsky en relación a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014, así como a todos los actos de violencia y barbarie cometidos en México en años recientes.

En tanto, el sociólogo Manuel Gil Antón, quien es investigador y docente de El Colegio de México (Colmex) al igual que la mencionada especialista, sostuvo que “educar es aprender que lo peor es el olvido”.

Por su parte, Nayeli García, una de las coordinadoras de la mencionada publicación, explicó que se trata de una obra colectiva resultado del análisis, la discusión y el compromiso social que suscitó la desaparición de esos estudiantes normalistas entre la comunidad estudiantil de El Colmex, donde ella realiza estudios de literatura.

“Creemos que el trabajo colectivo y la reunión para pensar y platicar de este dolor que ha llegado a nuestro país desde hace varios años son necesarios para tener la esperanza de un cambio”, destacó.

A su decir, el propósito de este volumen es conformar “una academia políticamente viva, una academia social que se relacione con lo que está pasando aquí y ahora; queremos conservar y reforzar nuestra comunidad intramuros, aprovechar un espacio privilegiado de expresión, como es El Colmex, y enlazar nuestra vida académica con problemas sociales concretos”.

Recalcó, además, el interés de llevar esa discusión hacia fuera, de allí que esta obra editorial electrónica pueda consultarse de manera gratuita en Internet, en la dirección bit.ly/faltanmas.

“Queremos que el libro sea una provocación a seguir un diálogo y a fortalecer los lazos que necesitamos para enfrentar la difícil situación que está viviendo el país en estos momentos. La organización, el acompañamiento, la resistencia, la esperanza son guía de este trabajo”.

La publicación de Faltan más: 43 voces por Ayotzinapa es iniciativa de la Sociedad de Estudiantes de El Colegio de México. Está integrado por reflexiones e ilustraciones de académicos de esa institución y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en torno a los hechos ocurridos en Iguala Guerrero el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Consta de cuatro partes: la primera, Voz, recoge los testimonios de la familia de los tres estudiantes normalistas que fueron asesinados; la segunda es Crimen y Estado; la tercera, Verdad e historia; y la última, Movilización y experiencia colectiva.

En su presentación participó, asimismo, Marisa Mendoza, quien es viuda de Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes normalistas que fue torturado y asesinado en septiembre de 2014.

Atenco en solidaridad con #Ayotzinapa - 9/marzo, 11-18hrs

Omar García #TheyDontMakeUsSafer

Omar García is a Mexican student who survived the Iguala state kidnapping when police officers forcibly disappeared 43 ‪#‎Ayotzinapa‬ students and killed other 3. The UK supplies millions of pounds worth of weapons to Mexico, becoming then complicit in this repression.

Join the resistance to Police and Security 2016 - the trade show where the Home Office brings together the world's police forces, military delegations and private security companies to ensure that oppression remains profitable. Meet outside the Home Office on Wednesday at 5pm because ‪#‎TheyDontMakeUsSafer‬

Omar García es un estudiante mexicano y es uno de los sobrevivientes a los ataques en Iguala, México, en que la policía desapareció de manera forzada a 43 estudiantes de #Ayotzinapa y asesinó a 3 más. El Reino Unido tiene ganancias millonarias por vender armas a México, lo cual convierte a este país en cómplice de la represión.

Acompáñennos a resistir contra la exhibición comercial "Policía y seguridad 2016", en donde el Ministerio del Interior británico junta a fuerzas policiales, delegaciones militares y compañías privadas de seguridad para asegurarse de que la represión siga siendo un negocio redituable. Nos vemos afuera del Ministerio del Interior mañana miércoles a las 5pm para decirles que sus armas no nos hacen más segurxs #TheyDontMakeUsSafer

https://www.facebook.com/events/712863342183693/

Marcha por los 43 recorre las calles de Iguala donde fueron atacados

Vecinos confirman que esa noche hubo presencia del Ejército

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 6 de marzo de 2016, p. 7

Chilpancingo, Gro.

La jornada de búsqueda y solicitud de información por los sucesos del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, concluyó este sábado con una manifestación por las calles de Iguala.

La marcha estuvo encabezada por los padres de los estudiantes desaparecidos, integrantes de las brigadas, miembros la Policía Comunitaria de Olinalá y del Frente de Organizaciones Democráticas de la Zona Norte.

El contingente, de unas 300 personas, recorrió la calle donde fueron atacados los estudiantes; ahí, vecinos les dijeron que durante esa noche escucharon el movimiento de policías, pero no dieron más detalles, expresó Melitón Ortega, en calidad de vocero de los familiares de los jóvenes desaparecidos.

En la calle Juan Álvarez y el Periférico Norte fueron agredidos los normalistas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, donde además fueron asesinados tres estudiantes, entre ellos Julio César Mondragón.

Melitón Ortega destacó que las familias de esa zona no dieron información del lugar al pudieron haberse llevado a los estudiantes, pero sí confirmaron que esa noche hubo participación del Ejército Méxicano, en este caso el 27 batallón (de infantería) y que fue una noche lluviosa.

En la zona industrial también se ubican las oficinas del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C5) de la Policía Estatal. Por eso los vecinos de esa área de Iguala, nos sugirieron que pidiéramos los videos de las cámaras de vigilancia.

Sostuvo que lamentablemente la gente de la cabecera municipal tiene miedo a denunciar, aunque ratificó que también su actitud ha cambiado. Ahora ven con buenos ojos la lucha por los 43 que estamos llevando.

Este sábado fueron instalados cinco módulos de información, dos en el mercado municipal Adrián Castejón y tres en la plaza central de las Tres Garantías, para recibir datos sobre lo acontecido en Iguala; permanecerán 15 días

Las 20 brigadas que se conformaron recorrieron igual número de colonias, donde vecinos sugirieron a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos que busquen a sus hijos en el puntos conocido como Cerro Gordo, ubicado en las inmediaciones de la colonia Pueblo Viejo de esta cabecera municipal.

También les sugirieron que las brigadas pudieran trasladarse al municipio de Cocula, donde el gobierno federal armó su propuesta de verdad histórica, con el argumento de que los 43 estudiantes fueron ejecutados,incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

La teoría quedó sin efecto a partir de los resultados de las investigaciones que presentaron el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y los antropólogos forenses argentinos.

Este sábado ocurrió un incidente cuando una persona, a quien identificaron como empleado del ayuntamiento de Iguala y en aparente estado de ebriedad, agredió verbalmente a los estudiantes normalistas que también participaron en los recorridos. Ya dejen en paz a los igualtecos, gritó, pero no hubo consecuencias.

Informe de la CIDH sobre México

Miguel Concha

C

omo resultado de la visita in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 28 de septiembre y 2 de octubre del año pasado, ahora contamos con el Informe sobre la Situación de derechos humanos en México, que confirma, sin lugar a dudas, la crisis de derechos humanos en que se encuentra el país. Salta a la vista que en dicho documento la CIDH da cuenta amplia de las informaciones que recibió, los testimonios de víctimas y organizaciones sociales que recabó, las entrevistas que sostuvo con diversos representantes del Estado en sus tres órdenes y niveles de gobierno, así como de los datos oficiales que las propias instituciones del gobierno le proporcionaron. Y no sólo de lo que observó durante su estancia, sino también del seguimiento y atención que ha dado en otros momentos a las audiencias temáticas sobre México, y al procesamiento de medidas cautelares, visitas de las relatorías, o peticiones y casos que hasta su oficina han llegado desde nuestro país.

El informe que la CIDH dio a conocer el pasado miércoles es ciertamente resultado de esta última visita, pero igualmente del conocimiento que tiene de la grave situación que padecemos en México; por ejemplo, desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráficodurante el sexenio encabezado por Felipe Calderón. Lo anterior cobra relevancia, pues con base en ello podemos afirmar que es inobjetable la crisis en que estamos y que no existe posibilidad de que en las conclusiones presentadas hallemos sesgos o equivocaciones, y por tanto bajo ningún concepto se puede demeritar el arduo trabajo que realizaron las y los comisionados y su secretario ejecutivo. En este sentido, el informe recoge una caracterización de esta crisis, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como en la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad y las situaciones de vulnerabilidad a las que se ven sujetos los periodistas, los defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia.

El informe da cuenta a detalle de la desaparición y desaparición forzada que se registra en grandes extensiones del territorio mexicano, cuyo número asciende a 26 mil 798 personas no localizadas, y subraya que es innegable la participación de agentes del Estado en muchos de esos casos. En cuanto a tortura, concluye que sólo 0.6 por ciento del total de las investigaciones han obtenido sentencias condenatorias contra funcionarios gubernamentales a nivel federal, y refrenda la aseveración del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan E. Méndez, sobre que esta práctica es generalizada en el país. También se documentó la situación sobre ejecuciones extrajudiciales, en las que sobresalen los casos de Tlatlaya, en el estado de México; Apatzingán, y lo sucedido en los límites entre Ecuandureo y Tanhuato, en Michoacán, donde, de acuerdo con el informe, todo apunta a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, así como a la alteración de la escena del crimen, con el fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e incluso a irregularidades en las investigaciones, con el propósito de eximir a agentes del Estado de toda responsabilidad.

La CIDH tampoco vacila en asegurar que en gran medida el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos, y en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales. En este mismo sentido documentó los altos niveles de impunidad, así como atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y sus familiares, lo que conlleva falta de acceso a la justicia, y con ello la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, constató también amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia, lo cual ha provocado entre la sociedad mexicana amedrentamiento para acudir a denunciar las situaciones que padecen. La CIDH pone especial énfasis en el caso de Ayotzinapa; señala que es una llamada de atención nacional e internacional sobre las desapariciones y su lamentable correlato de graves deficiencias en las investigaciones, sanciones y resarcimiento de daños, así como sobre el nulo cumplimiento de garantías de que no se repetirá. De forma enfática expresa que es un caso emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado. Respalda también el trabajo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realiza en el país, e insta al Estado para que brinde acceso a las y los expertos para entrevistar a miembros de fuerzas armadas. En específico, a sus integrantes presentes en los hechos ocurridos en Iguala.

Llama poderosamente la atención que el gobierno federal responda que todo este trabajo es erróneo, y que no refleja la situación de México. Sin embargo, obvia reconocer que es insuficiente argüir un marco legal, que en muchos casos, como lo han señalado repetidamente las organizaciones civiles de derechos humanos, ni siquiera se apega a los estándares internacionales, y que el principal parámetro son las víctimas, vale decir cientos de miles de personas o comunidades que ven menoscabados sus derechos. Por ello la CIDH vuelve a invitar al Estado mexicano a que efectivamente cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a que cierre la discrepancia que se observa entre su marco normativo y la realidad que vive el país. Si no fuera así, entonces el cuestionamiento sobre metodologías o premisas sí sería en realidad lo erróneo.

En la búsqueda de normalistas en Iguala habitantes reportan más desaparecidos

Hubo solidaridad con las familias de los estudiantes

Diecinueve brigadas se dedicaron a recorrer colonias en Iguala para recabar información sobre los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014Foto Arturo de Dios Palma

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 5 de marzo de 2016, p. 11

Iguala, Gro.

El segundo día de la jornada de búsqueda y solicitud de información impulsada por padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa derivó en denuncias de personas con familiares ausentes en cuatro de 13 colonias del municipio, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En conferencia de prensa, Rosales dijo que las 19 brigadas –integradas por mineros de la sección 17 de Taxco, policías comunitarios de Olinalá y el Frente Democrático de Organizaciones de Iguala– encontraron un ambiente de menos hostilidad y de mayor apertura de la población, a diferencia de otras ocasiones.

Agregó que vecinos de las colonias Acatempa, Génesis, Getzemaní y Morelos denunciaron la desaparición de sus familiares ocurridas en diversos momentos.

Señaló que en la colonia 24 de Febrero dos personas les pidieron que ya no molestáramos más con eso (de los desaparecidos). Y en el fraccionamiento San Ángel un guardia les impidió el acceso, aduciendo que ahí vive el alcalde priísta Esteban Albarrán.

De todas formas, expresó, se siente un cambio en la actitud de la gente; a pesar de los problemas de seguridad, la población se abrió al diálogo y hubo solidaridad con las familias de los estudiantes desaparecidos.

Rosales mencionó que algunos vecinos les dijeron que vieron a los jóvenes y los autobuses la noche del 26 de septiembre de 2014. Por eso fuimos a colonias donde se presume pudieran haber pasado los estudiantes cuando huían de la represión, recalcó.

Precisó que ayer visitaron las colonias Morelos, Acatempa, Nacim Kuri, Floresta, Los Ángeles, Los Pajaritos, Las Flores, 24 de Febrero, CNOP, Burócratas, El Capire, Génesis, Getzemaní, El Naranjo, la zona centro y el mercado.

Rosales anunció que este sábado recorrerán el segundo sector, que comprende la zona de la ciudad Industrial y el periférico norte, sitios donde asesinaron a tres normalistas.

Melitón Ortega, en representación de los padres, agregó que irán a radiodifusoras e instalarán cuatro mesas de información en el centro de Iguala y dos en el mercado, para que la gente aporte datos, los cuales serán entregados al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

8 razones para que el GIEG entreviste a los militares

Hay 8 razones para desencuartelar la verdad, para que Presidente Enrique Peña Nieto garantice que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ‪#‎GIEI‬ entreviste a los militares involucrados con la desaparición de los 43 normalistas de ‪#‎Ayotzinapa‬.

Puedes consultar y descargar nuestras imágenes en nuestra página web haciendo clic en el siguiente enlace: http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1805:8-razones-por-las-que-epn-debe-garantizar-la-entrevista-entre-el-giei-y-militares-relacionados-con-el-caso-iguala&catid=209:front-rokstories&lang=es

Padres de los 43 emprenden jornada de búsqueda en Iguala

Por Sergio Ocampo, corresponsal

vie, 04 mar 2016 11:31

En Iguala, padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa iniciaron la búsqueda de sus hijos en diversas colonias de Iguala. Foto. Sergio Ocampo

Iguala, Gro. Esta mañana inició la jornada de búsqueda y solicitud de información que encabezan los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

Los padres de familia y las organizaciones de Iguala conformaron 17 brigadas, entre ellos se encuentran: mineros de la sección 17, que permanecen en huelga desde hace 8 años; la policía comunitaria de Olinalá en representación de la comandanta Nestora Salgado y otros.

La búsqueda se prolongará durante todo el día y recorrerá diversas colonias de la ciudad.

En el fraccionamiento San Ángel vive el alcalde priísta Esteban Albarrán Mendoza; el guardia impidió el acceso a las cuadrillas en lo que constituye el primer incidente que se presenta en esta jornada.

CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO | #InformeCIDH

"En #Apatzingan, #Tanhuato y #Tlatlaya: Los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones."

Puedes descargar el informe completo en http://cidh.org/Mexico

Sociedad civil mexicana respalda el informe de la CIDH

3 marzo, 2016 by Comunicación Red TDT Comentarios Desactivados en Sociedad civil mexicana respalda el informe de la CIDH.

Sociedad civil mexicana respalda el informe de la CIDH. En México persiste grave crisis de derechos humanos.

• Organizaciones acompañamos en su integridad informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México
• Romper el ciclo de impunidad, principal desafío del Estado mexicano: CIDH
• Es lamentable la respuesta del gobierno mexicano al informe; las autoridades deben enfocarse en el reconocimiento y atención del problema; y no en la descalificación del mensajero

Ciudad de México, 3 de marzo de 2016.- Las organizaciones firmantes lamentamos que, ante la publicación del informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción del gobierno –a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República–, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. Dicho informe hace referencia no sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.

Partiendo del establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”. En este sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.” En ese sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.

El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional. Sobre esto último, la CIDH constató un importante retroceso en materia de transparencia proactiva: “los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos”. Según el informe, el Ejército y Marina reconocieron “que ya no registran ni informan sobre los heridos y muertos en las acciones militares conducentes a combatir el crimen organizado”. Todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia. En consideración de la Comisión, la falta de acceso a la justicia ha generado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

Así es como la CIDH coloca como principal desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”, dado que la violencia se alimenta “del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad –proveniente desde la llamada “Guerra Sucia”– que rodea estos hechos.

Así, las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH. Éstas son el fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)

Alianza Cívica

Alianza Mexicana contra el Fracking

Amnistía Internacional

ARTICLE 19

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A. C.

Asylum Access México, A.C.

Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.

Casa del Migrante de Saltillo

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC)

Centro por la Justicia y por el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Heriberto Jara (CESEM)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Clóset de Sor Juana

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Coalición Pro Defensa Del Migrante

Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)

Colectivo Resonar

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)

Comité Cerezo México

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CÒDIGO DH)

Comunicación Comunitaria

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Consejo Tiyat Tlali

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas

Corresponsalía en México de Reporteros sin Fronteras (RSF)

DECA Equipo Pueblo, A.C.

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

Disability Rights International (DRI)

Documenta: Análisis y acción para la justicia social

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

Foro para el Desarrollo Sustentable

Freedom House

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar: Centro de análisis e investigación

Gente Diversa de Baja California

Greenpeace México

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Iniciativa Sinaloa

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)

JASS (Asociadas por lo Justo)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Locallis: Especialistas en desarrollo local

Mujer y Medio Ambiente A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Organización Tutunaku Nahua en Defensa de la Tierra y el Territorio de los pueblos

PEN México

Periodistas de a Pie

Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP)

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red de Género y Medio Ambiente RGEMA

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.

Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Servicio Jesuita a Migrantes – México

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Sin Fronteras

Sonora Ciudadana A.C.

Lic. Aleida Calleja

Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho

Lic. Guillermo Noriega Esparza

Mtro. Jaime Netzáhuatl Jiménez

Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico de la Univesidad Iberoamericana

Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Lic. Silvano Cantú

Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados: 

Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Valle de México), Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (Puebla),  Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México), Casa CAFEMIN (Ciudad de México), Iniciativa KINO (Sonora), Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca) Casa del Migrante Taticj Samuel (Chiapas), Casa del Migrante El Samaritano Hermanas de los Sagrados Corazones (Hidalgo), Seminario Scalabriniano (Ciudad de México), Hmnas de San José de Lyón (en el albergue Decanal Guadalupano en Veracruz), Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León), Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León), Comité Monseñor Romero (Casa del Migrante Tochán, Ciudad de México), Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), Centro de Atención al Migrante Necesitado (Sonora), Global Workers (Ciudad de México), Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas), Las Patronas (Veracruz), Red Jesuita con Migrantes de Latino América, SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (Ciudad de México), Misioneras Scalabrinianas (Ciudad de México), Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Mtra. Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora – (Secretaria Técnica).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).