Mujeres de Atenco: a 15 años de una sentencia internacional, sigue la impunidad

San José, Costa Rica, y Ciudad de México, 2 de mayo de 2021. A quince años de las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, que implicaron represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura - incluida la tortura sexual contra mujeres - a manos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales; y aún y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció la responsabilidad internacional de México sobre estos hechos, no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional. Si bien el Estado mexicano inicialmente expresó su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, notificada en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano. Respecto a la investigación de los hechos, la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúa sin remitir la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad. Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la misma instancia de procuración de justicia cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando. Por otra parte, preocupa de forma particular el retroceso e incluso la decisión de desacatar medidas de no repetición. En cuanto al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a pesar de los primeros pasos para su fortalecimiento, las acciones prácticamente se detuvieron desde octubre de 2019.  A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el Diagnóstico Nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que las organizaciones continuamos documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión. En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, lamentablemente el Estado mexicano ha comunicado a la Corte IDH su decisión de no cumplir con lo establecido en su ordenamiento, debido a que, a su parecer, los órganos de control interno con los que se cuenta cumplen ya con este propósito. Lo anterior, sin embargo, es inexacto, pues el observatorio ordenado por la Corte IDH precisamente busca que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana.  El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales impuestas por el fallo interamericano se agrava a luz de la preponderancia de la Guardia Nacional, institución policial federal de carácter militarizado y de los incidentes de abuso de la fuerza documentados en contextos recientes de protestas de mujeres en Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y otros operativos. Todo ello remarca la importancia de atender las múltiples recomendaciones respecto a la necesidad de contar con mecanismos externos de supervisión en el uso de la fuerza. Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas, poco acordes con una política de atención a víctimas diligente. Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que a la fecha este plazo ha finalizado con únicamente dos medidas concluidas de las 9 ordenadas, dejando al resto en alarmante incumplimiento. A 15 años de los hechos, las mujeres sobrevivientes de los hechos en Atenco siguen siendo ejemplo de resiliencia y lucha por la verdad y la justicia, y continúan inspirando a otras mujeres a Romper el Silencio.  Lamentablemente, las instituciones no han hecho eco de este espíritu honrando su obligación de dar cumplimiento integral a la sentencia interamericana y tomando la oportunidad de instaurar una política integral para avanzar en la ruta establecida por la Corte IDH para atender la persistente tortura sexual a las mujeres y acabar con la impunidad frente a graves violaciones a derechos humanos.   Datos Atenco: ●      15 años de la detención arbitraria, tortura sexual y criminalización a las #MujeresdeAtenco ●      4 gobiernos distintos frente a los que las mujeres han exigido justicia  ●      29 meses//más de dos años de notificada la sentencia de la Corte IDH ●      20 meses desde el acuerdo de atracción de FEVIMTRA y 5 meses de la resolución de amparo sin que FGJEM remita la investigación a la FGR ●      7 años de la creación de la campaña Rompiendo el silencio, evidenciado la tortura sexual a mujeres ●      6 años de la creación del Mecanismo contra tortura sexual y solo 3 dictámenes emitidos ●      9 medidas de reparación ordenadas, únicamente 2 cumplidas        MATERIALES:   Comunicado (desplegado y en adjunto)  Línea de tiempo (en adjunto)  Los pendientes principales del caso (en adjunto)

Contacto:   Narce Santibañez Alejandre Centro Prodh 55 8531 2218

Murió la niña Mari Carmen Jiménez Ramírez

Terrible e indignante situación, ¡esto no puede volver a suceder! Nos duele la bebita Maricarmen, nos duele su familia, nos duelen los desplazados forzados internos.

#FISANIM #emergenciaalimentaria #donaciones
#indigenasmexico #niñezindigena #mejeresindígenas #pueblosoriginarios #alimentamoslaesperanza 

Jornada Cultural: Solidaridad con los desplazados

No lo olvides: Jornada Cultural
#SolidaridadConDesplazadas

Día de la niñez: Imaginando un mundo sin violencia.

Violín y piano, música para niños de todas las edades.

Conduce: Ofelia Medina
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C. Fisanim

Viernes 30 de abril de 2021, 12:00 horas.

Frayba Derechos Humanos

Medidas Cautelares a favor de familias indígenas tsotsiles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH otorga #MedidasCautelares a favor de familias indígenas tsotsiles de doce comunidades identificadas de Aldama, Chiapas en #México.

#DDHH

Comunicado de Prensa: https://bit.ly/3vCpabp

Las Abejas apremian a la CIDH sobre el informe final de la matanza de Acteal

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2021, p. 8

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la matanza de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, ayudará a confirmar la verdad y obligará al gobierno mexicano a señalar la responsabilidad de los criminales que ordenaron, planearon, financiaron y ejecutaron la masacre, para que dejen de ser premiados y sus actos tengan verdaderas consecuencias, manifestó la Organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían los fallecidos.

Seguimos creyendo que el informe provocará que (los responsables) no sigan convencidos de que pueden continuar comprando y usando armas de grueso calibre para causar terror en su propio beneficio, apoyados por el gobierno; en resumen, para evitar que ocurra de nuevo un crimen de lesa humanidad como el de Acteal.

En un comunicado, se advirtió que si no llega rápido la publicación del informe de fondo de la CIDH, corremos el riesgo de que la violencia siga ganando terreno en nuestras comunidades.

Manifestó que cada vez son más los que tienen echado a perder el corazón por el dinero que les sigue ofreciendo la autoridad pública. Y cada vez son más crueles los que, con el cobijo del mal gobierno, persiguen y acosan a quienes continuamos en resistencia, a los que seguimos intentando construir un mundo más justo sin depender de migajas, con las que el gobierno ha logrado dividirnos para poder defender nuestra tierra contra los megaproyectos y así proteger nuestra vida y la de nuestros hijos.

La agrupación también expresó su preocupación debido a que se criminaliza, amenaza y violenta a quienes defienden los derechos de los pueblos a la vida y a su territorio, como nuestros hermanos y hermanas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mientras la autoridad local tolera la violencia, e inclusive la fomenta, al pagar rescates con dinero y con apoyos a los que ejercen la violencia.

Agregó: Y sabemos que no somos los únicos que enfrentamos los proyectos de muerte que quiere traer el gobierno traidor, para beneficiar a los poderosos, empresarios nacionales y extranjeros. Hoy más que nunca arriesga su vida aquel que defiende a la madre Tierra, pues los intereses de los ricos están protegidos por autoridades públicas, en tanto que los derechos humanos de los defensores ambientales en México son violados sistemáticamente.

Secuestran en Chiapas a dos integrantes del Frayba

Iban a reunión de la PADUC

Alerta sobre ambiente de hostigamiento a activistas

Victórico Gálvez Pérez y Lázaro Sánchez Gutiérrez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), fueron secuestrados la noche del lunes, según denunció esa agrupación presidida por el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera.Foto cortesía del Frayba

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de abril de 2021, p. 25

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que dos de sus integrantes, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la ciudad de Palenque y hasta el cierre de la edición se desconocía su paradero.

En una acción urgente difundida la mañana del martes, la agrupación relató que alrededor de las siete de la mañana del lunes Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba, en San Cristóbal de las Casas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, con destino a Palenque.

Apuntó que la finalidad de su viaje era participar en una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Alrededor de las 21 horas la organización fue notificada de que Lázaro Sánchez Gutiérrez había llamado a sus familiares desde un número desconocido y dijo que él y Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo, y que era necesario que alguno de sus parientes, en un vehículo particular, llevara dinero a las ocho de la mañana del (martes) 13 de abril.

El Frayba destacó: Desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos, pero no han dado información clara sobre la situación.

La agrupación, presidida por el obispo emérito de Saltillo Coahuila, Raúl Vera López, manifestó su preocupación y condenó de manera enérgica estos actos de intimidación y agresión que ocurren en un ambiente de criminalización de los defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Frayba, por lo que hizo un llamado urgente al Estado mexicano a que realice una investigación exhaustiva e imparcial a fin de garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

También pidió la solidaridad nacional e internacional para que firmen la acción urgente disponible en la página del Frayba y escriban a las autoridades mexicanas, a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para la defensa de los derechos humanos.

Las diócesis de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la integridad de estas dos personas y a superar el ambiente de criminalización en Chiapas y en México contra los defensores de derechos humanos.

En un comunicado firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro (San Cristóbal) y Fabio Martínez Castilla y José Luis Mendoza Corzo (Tuxtla Gutiérrez), reconocieron el importante papel de este Centro de Derechos Humanos en la defensa de las personas marginadas de Chiapas, sobre todo en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

En tanto, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal emitió un llamado urgente a las autoridades para que Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez sean liberados cuanto antes.

Denuncian disparos de paramilitares hacia Aldama, Chiapas

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 13 de abril de 2021, p. 15

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que el fin de semana se intensificaron las detonaciones de armas de fuego de un grupo armado de corte paramilitar de Santa Martha, municipio de Chenalhó, contra comunidades de Aldama, por lo que pidió la intervención urgente del Estado mexicano. Ello ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y sicológica de los habitantes de la región, agregó en una acción urgente. Señaló que la comisión permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama le notificó que durante el sábado se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran casi cada minuto y que abarcan los 11 kilómetros que limitan a Aldama con Santa Martha.

Se intensifican detonaciones de arma de fuego en Aldama, informa Frayba

Elio Henríquez, corresponsal 

Pobladores de diferentes municipios han sido desplazados de sus hogares por la violencia ejercida por grupos de hombres armados desde la comunidad de Santa Marta. Foto Cuartoscuro / Archivo

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que el fin de semana “se intensificaron las detonaciones de armas de fuego” de integrantes de un “grupo armado de corte paramilitar” de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en contra de comunidades de Aldama.

“Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región”, agregó en una acción urgente.

Señaló que la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, le notificó que “durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha”.

Manifestó que de acuerdo con los reportes, “los disparos provenientes de Santa Martha estaban dirigidos en contra de todas las personas que ven”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, pidió la intervención urgente del Estado mexicano para “evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramilitar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones”.

Paramilitarismo en Chiapas en la Cuarta Transformación

Gilberto López y Rivas

E

l 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos.

En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.

¿Se prepara otro crimen de Estado?

Incesantes, ataques armados contra comuneros y desplazados en Aldama

 

Hermann Bellinghausen

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 7

Resulta doloroso y desesperante recibir cada día los mensajes desde Aldama, en los Altos de Chiapas, donde los ataques armados de paramilitares desde Santa Marta, Chenalhó, son constantes, sin que se vea disposición alguna, no efectiva al menos, de los gobiernos federal y estatal para detener esta violencia amenazante.

Ello, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional. La situación mantiene en el miedo y la incertidumbre no sólo a familias tzotziles desplazadas, sino en general a los habitantes de Magdalena y Aldama.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), reporta la información de la comisión permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, que durante los días 20 y 21 han sido agredidos con disparos de armas de fuego de alto calibre provenientes de distintos puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla. Reitera que dichos actos son provocados por el grupo paramilitar, en complicidad con el gobierno municipal.

Como se sabe, esta situación se da en el contexto de una disputa territorial ya añeja por 60 hectáreas, por ahora congeladas, en una medida impotente de las autoridades, la cual no resuelve el conflicto.

Las agresiones armadas contra la población tzotzil no han cesado desde noviembre de 2020, cuando el Frayba registró el mayor índice de ataques. De hecho, los tiroteos datan de muchos meses atrás. A la fecha, los ataques armados continúan contra una población que vive sometida en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas.

El 20 de marzo de 2021, a partir de las 14 horas, habitantes de las comunidades Stzelejpotobtic, Coco, Juxton, Yeton, San Pedro Cotzilnam y Tabac sufrieron 21 ataques de armas de fuego hasta las 23:30 horas: más de nueve horas de agresión, y Stzelejpotobtic recibió 11. Los disparos provenían de K’ante’, Pajaltoj, Tok’oy-saclum, Puente Caridad, Vale’tik, Chuch te’, El Puente y T’elemax, municipio de Chenalhó.

El 21 de marzo de 2021, de las 10 a 21 horas, los poblados de Ch’ivit, Yeton, Tabak, Coco y Xuxch’en vivieron nueve agresiones con armas de fuego, las que afectaron también a trabajadores de una compañía que laboran en el tramo carretero Tabac-San Pedro Cotzilnam. “Mientras ocurrían los ataques armados, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó.

El Frayba, con sede en San Cristóbal de Las Casas, urge al Estado mexicano a que investigue, identifique y sanciones al grupo paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, y ponga de una vez fin a la violencia contra las comunidades de Aldama.

En Chiapas, Santa Martha ataca de nuevo a Aldama por conflicto agrario

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 14

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El alcalde de Aldama, Adolfo López Gómez, denunció que ayer habitantes del vecino ejido de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó, realizaron hasta en cinco ocasiones disparos de armas de alto calibre en contra de cuatro localidades de su municipio.

“Al menos cinco reportes de agresiones desde diferentes puntos de Santa Martha (Tijera Caridad, Chuchte, K’ante y Ladrillos) se han recibido hasta esta mañana”, sin que haya información de lesionados, agregó.

En un mensaje telefónico precisó que los ataques se dirigieron contra las localidades de Chivit, Yetón, Stzelejpotobtic y la cabecera municipal de Aldama.

López Gómez añadió que pobladores de Santa Martha también atacaron el lunes con disparos de armas de fuego la comunidad de Juxtón, desde el punto conocido como Centro Santa Martha.

El alcalde recordó que a tres meses de la firma del acuerdo para poner fin al conflicto agrario entre Aldama y el ejido Santa Martha, apenas se avanza en la parte administrativa para concluir con el deslinde territorial.

Comentó que se espera que una vez concluida la delimitación de superficies se pondrá fin al conflicto entre ambos pueblos tzotziles de los Altos de Chiapas.

Donativos para el FIDEO-FISANIM

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La Caja de Pandora/ Ofelia Medina, aires de esperanza

Elvira Gomezturja

Ciudad de México, 10 de enero (entresemana.mx).En el fondo de su caja, Pandora descubrió a Elpis, un pajarito que simboliza la esperanza, y con ella es precisamente que pintamos este inicio de año. Especialmente con la esperanza que nos da la existencia de seres humanos cálidos y compasivos como Ofelia Medina, ante el infortunio de los más desfavorecidos y que ha hecho de su activismo social una vocación.

Ayudar al prójimo no es fácil, obtener y reunir recursos, lograr que gente pudiente se desprenda de dinero o ayuda en especie, no es una trivialidad. Distribuir esos recursos correctamente, para que lleguen a manos con verdadera necesidad, es una ardua e interminable labor.

Tener la presencia y el comportamiento que abran puertas, conseguir que esas almas desesperadas de ayuda confíen en ti, requiere de un don extraordinario. Todas estas virtudes se conjugan en una mujer: Ofelia Medina.

COMPROMISO CON LOS INDÍGENAS

Ofelia Medina es una gran actriz de larga e importante trayectoria. La recordamos desde «Lucía sombra» (1971), «Rina» (1977), «Toda una vida» (1981) basada en la existencia de la tiple María Conesa, apodada «La Gatita Blanca» y otras tantas.

Su debut cinematográfico fue en «Patsy, mi amor» (1969). Ha sido  multipremiada por la película «Frida, naturaleza viva» (1983) del cineasta Paul Leduc, sobre la vida de la pintora Frida Kahlo.

En 2016, rodó su primera película como directora. La historia de un niño de la comunidad maya inspirada en la realidad; ella escribió el guión.

Cada una de sus actuaciones han hecho de Ofelia una de las actrices con más prestigio y reconocimiento.

Recuerdo que la vi en el teatro Blanquita hace décadas, en un espectáculo de créditos compartidos, donde bailaba, cantaba y actuaba, titulado «Frivolidad… es». Años después la disfruté en La casona de Emilio «El Indio» Fernández con «Cada quien su Frida». He visto tantas facetas de Ofelia y es tal su versatilidad que no deja de asombrarme. Sin embargo, su mejor rasgo, independientemente de su talento, es su afán por ayudar y contribuir a crear un mundo mejor. Activista social desde hace años ha estado comprometida con la defensa de los derechos humanos de los grupos étnicos marginados.

AMENAZADA POR SU LABOR

En 1985, Ofelia fue cofundadora del «Comité de Solidaridad con grupos étnicos marginados», primera organización mexicana para la defensa de los Derechos Humanos de los indígenas mexicanos. Inició con un seminario sobre el hambre en México, la defensa de presos indígenas en cárceles mexicanas y actividades culturales con estas comunidades. A partir de ese momento la labor de Ofelia se hizo tan trascendente y visible que empezó a recibir amenazas por su actividad como defensora de los Derechos Humanos en México.

En 1990, fue cofundadora del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C. (FISANIM).

Ese mismo año, el FISANIM comenzó a trabajar en Chiapas en un programa de nutrición en comunidades zapatistas.

Fue organizadora de las elecciones en el territorio zapatista, denunció el fraude de dichas elecciones y fue procuradora electoral.

Perteneció al grupo de la Sociedad Civil en el Diálogo de Paz en Chiapas y la formulación de Los Acuerdos de San Andrés.

En 1998, formó parte del grupo que hizo las enmiendas al artículo 4to  de la Constitución, para concebir a México como un país pluriétnico y  pluricultural.

Su labor no ha sido sencilla: «El gobierno del estado de Chiapas me declaró ‘persona non grata’ en el estado e intentó expulsarme. Fui defendida por muchas personas y permanecí allí trabajando hasta el día de hoy».

En 2006, participó en el documental «Juárez: la ciudad donde las mujeres son desechables».

Actualmente es miembro de la Academia de los Derechos Humanos, de la Fundación del Comité de Solidaridad con Grupos Étnicos Marginados, del Consejo de Paz de las Naciones Unidas y del Grupo de los 100.

Ofelia es ejemplo de cómo es posible utilizar fama y poder en pro del bienestar de los más desprotegidos.

Desde hace años Medina reúne y reparte ayuda en Chiapas.

En una ocasión me tocó acompañarlas, a ella y a su brazo derecho Begoña Lecumberri, y testificar la entrega de alimentos. La actitud abrumadoramente humilde de Ofelia, su actitud y guía para que los que la acompañamos nos condujeramos en forma adecuada, nos dió una lección de vida. Aquel viaje representó una experiencia invaluable.

Cada uno de nosotros debería emprender por lo menos una vez en nuestra existencia una odisea de esta envergadura. Observar como la gente vive con lo realmente indispensable, careciendo de agua al instante con solo abrir un grifo. Su alimento habitual son frijolitos aguados con tortillas, cebollita y chile serrano picados, servido en un plato de barro. La tierra es su parquet y sus casas son cabañas hechas con madera y hojas, y aún así, están dispuestos a compartir lo poco que poseen. Este panorama cambia radicalmente nuestro punto de vista sobre los valores en la vida. Convivir con la pobreza extrema nos hace más humanos, menos pretensiosos y nos obliga a dar gracias por lo que tenemos, a quejarnos menos.

Mi reconocimiento y admiración por Ofelia creció y sigue en aumento cada año que veo que prosigue infatigable con su tarea humanitaria.

Esta mujer que ha recorrido el mundo y conoce el glamour del espectáculo, se despoja del mismo y hasta lo desprecia un poco para a través del fideicomiso que encabeza, entregar año con año despensas y cobijas.

Medina convoca al apoyo ciudadano permanente.

El pasado diciembre el Fideicomiso para la Salud de Niños y Niñas (Fisanim) y la agrupación Cáritas de la diócesis de San Cristóbal entregaron despensas para 315 familias y cobijas a los desplazados de Aldama.

Ofelia informó que «para no poner en riesgo a las personas que llevaron la ayuda, pues los ataques continúan en dicho municipio, el acto se realizó en esa ciudad, a donde acudieron representantes de las comunidades».

El Fisanim, entregó alimento de amaranto enriquecido, jabón, cuadernos, lápices, bolígrafos y cubrebocas, y Cáritas, despensas completas y cobijas. Los beneficiados expresaron su agradecimiento a todas las personas que con sus donativos hacen posible que sigan llevando esperanza a estas comunidades.

Integrantes de ambas agrupaciones fueron atacados el 18 de noviembre pasado en Aldama por grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, cuando entregaban ayuda humanitaria a indígenas. Incluso la religiosa María Isabel Hernández Rea, agente  pastoral de la diócesis de San Cristóbal, fue herida por una bala en una pierna.

La actriz recordó: «Hemos hecho un llamado a las autoridades locales, estatales y federales para que paren los ataques, detengan a los agresores y cumplan con la atención integral a las comunidades, pero no hemos tenido respuesta».

Solicitó a la sociedad civil que siga vigilante de la situación y participe en la campaña del Fisanim denominada «Te quiero abrazar»:

«El Fisanim agradece de corazón los donativos que de ustedes hemos recibido para llevar esperanza y alegría a las familias desplazadas de Acteal, Aldama y Chalchihuitán, Chiapas. Ahora empezamos a juntar donativos para mandar abrazos en forma de cobijas».

Ofelia Medina continuará llevando a la comunidad de Acteal maíz, despensas completas, alimento enriquecido, cubrebocas y jabón.

Lo deseable es que más poderosos y famosos como Ofelia se unan a estas causas y volteen la mirada hacia los desvalidos para ayudar a erradicar la enorme miseria y hambruna que azotan no únicamente a comunidades indígenas, sino a toda la humanidad, y que se agudizó el 2020 con la pandemia del covid.

Ofelia nos regala aires de esperanza… Quizá la humanidad tenga otra oportunidad…

Comentarios: egomezturja@gmail.com

Ofelia Medina: "En México se vive una pobreza aterradora"

 JUSTICIA SOCIAL

La actriz y activista mexicana Ofelia Medina denuncia los ataques armados que sufren comunidades indígenas que viven en la miseria en el sureño estado de Chiapas, con el objetivo de desplazarlos de sus territorios.

LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ

LAS MUERTES OCULTAS DE LOS INDÍGENAS CHIAPANECOS QUE TEMEN AL ESTADO

Integrantes de Las Abejas oran por el fin de los conflictos armados en Los Altos de Chiapas. Fotografías: Luis Enrique Aguilar Pereda

INVESTIGACIONES

Los datos oficiales de la Secretaría de Salud de Chiapas sobre el municipio de Chalchihuitán, donde más de 5,000 personas han sufrido desplazamiento forzado en los últimos tres años, contabilizan dos contagios y ninguna muerte por coronavirus. Los recuentos de algunas autoridades tzotziles, sin embargo, cifran los fallecidos en al menos 22. Al inicio de la pandemia varias comunidades, airadas por décadas de violencia y discriminación, cerraron el paso a los representantes de cualquier gobierno, a los que culpaban de propagar el virus.

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Sigue plantón de familiares de niños de guardería ABC

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Domingo 3 de enero de 2021, p. 9

Los familiares de las niñas y niños fallecidos en la Guardería ABC recibieron 2021 en plantón frente a la Secretaría de Gobernación (SG), donde se han mantenido desde hace más de dos meses, en demanda de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ordene una adecuada reparación del daño.

Luis Durazo, padre de un menor que perdió la vida en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, detalló en entrevista con La Jornada que el desgaste emocional y físico de permanecer en campamento desde hace 62 días es alto, por lo que los familiares de los pequeños han optado por hacer relevos en las guardias del plantón, para seguir manteniendo presencia en el sitio.

Ahorita estamos dos padres y otra pareja de papás que traen a su hija lesionada. Hoy llegan tres más y falta que se integren otros tres. Nos estamos relevando, nos estamos echando la mano para sacar adelante esto, porque es algo muy desgastante, contó el hombre frente a la entrada de la SG.

Esperan reparación del daño

Con expresión cansada, Durazo narró que la espera frente al Palacio de Cobián se ha extendido ya por más de dos meses porque la CEAV no ha emitido de forma correcta las resoluciones que garantizarían a las familias una indemnización por la muerte de sus hijos o hijas, a pesar de que la Comisión asegura que sí lo ha hecho.

Han salido resoluciones que no están apegadas a derecho. Cambian el nombre de niños fallecidos por el de algunos que están vivos, ponen montos (económicos) que no son los correctos. Los comunicados que saca la CEAV son falsos, porque si fuera como ellos dicen, ya estuviéramos tranquilos en nuestras casas, subrayó.

Uno de los precios que han tenido que pagar por su permanencia en el campamento, expresó, es la lejanía con sus familias y el malestar emocional que ello les provoca.