Lamentan asesinato de Pedro Lunez, joven chiapaneco, en Coco’

Con profundo dolor e indignación denunciamos el asesinato del joven PEDRO PÉREZ LUNEZ, de 24 años y originario de la comunidad de Coco’, municipio de Magdalena-Aldama, Chiapas, el día de hoy a las 14:00 hrs., víctima mortal de una bala disparada desde Nech’en Saklum, municipio de Chenalhó. Es importante resaltar que al momento del ataque, Pedro se encontraba al interior de su domicilio.

Los ataques armados no han cesado desde 2018 pero en los últimos días se han recrudecido de manera alarmante. El día de hoy iniciaron aproximadamente a las 11:00 hrs. A pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de abril de 2021 en su Resolución 35/2021, las acciones implementadas por el gobierno mexicano no son efectivas para detener la violencia.

¿Cuántas víctimas más se necesitan?

Gonzalo Ituarte Verduzco

Ofelia Medina

Miguel Concha Malo

Bertha Navarro

Begoña Lecumberri

María Reyes Arias Sarao

Pedro Faro

Pablo Romo Cedano

Federico Anaya Gallardo

Víctor Gutiérrez Torres

Ana Cristina Vázquez Carpizo

Gustavo Castro Soto

Horacio Franco

Felipe Jaled Alí Modad S.J.

Marisela García Reyes

Heriberto Cruz Vera

Alma Rosa Rojas Zamora

Julieta Egurrola

Luisa Huertas

Gilberto López y Rivas

Michael W. Chamberlin

Humberto Robles

Héctor Javier Sánchez

Itzel Rodríguez Mortellaro

Jorge Pérez Falconi

Luisa Riley

María Jiménez Mier Y Terán

Alejandra González Marín

Leticia Rodríguez Gutiérrez

Paolo Pagliai

Claudia De La Cera Alonso

Armando Barrera

Roger Maldonado

José Del Val

Carmen Huete

Alicia Castellanos Guerrero

Aurora Suárez

Carolina Kerlow

Sonia Almada (Argentina)

Lucía Cabañas (Misioneras Eucarísticas Franciscanas, Mef),

Abelardo Márquez Morales

Humberto Hernández Vargas

Pablo Romero García (Uruguay)

Pedro Linares Fernández

Malú García Andrade

Fernando Yralda

Mauricio Garmona

Abel Barrera (Centro De Derechos Humanos De La Montaña De Guerrero Tlachinollan)

Faba Mancilla

Teresa Zacarías

Javier Velázquez

Esther Martina Vázquez Ramírez

Esther Del Callejo Llerenas

Alejandro Márquez Aguayo

Agibail Sandoval Cuevas

Mónica Oliva Ríos

Mariela Oliva Ríos

Karim Garay Vega

Gabriela Medina Carrasco

Samuel Cielo Canales

Hernán Correa Ortiz

Francisco De La Guerra Castellanos

Carlos Perezmurphy Mejia

Maribel Portela

Francesca Guillén

Luis Reyna

Guadalupe Reyes

Zaide Silvia Gutiérrez

Oralia Castillo Nájera

Pilar Ixquic Mata

Joanna Alejandra Ley Cerda

Gabriel Ramírez Cuevas

León Fauré

Márgara Millán Moncayo

Paco Vela

Red Solidaria Contra La Impunidad A. C.

María Magdalena López Paulino

Ernesto Rodríguez Cabrera

Servando Gaja Rodríguez

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Angelina Peláez

Alma Rosa Añorve Martínez

Ylia Octavia Popesku

Martha Claudia Moreno Melo

José Gustavo López Sánchez

Juan Carlos Esparza Ramírez

Malú Valenzuela

Melissa Fernández Chagoya

Víctor Hugo Carlos Banda

Erika De La Llave

Mariana Mora

Adriana Chávez Tejeda

Griselda Gutiérrez Monsalvo

Cecilia Ramírez Romo

Carolina Lara Rodríguez

Maribel Pérez Hernández

Andrés Brenner (Argentina)

María Del Carmen Díaz Garduño

María Elena Carrizales Arredondo

Samanta Zaragoza Luna

Martha Elena Welsh

María Ignacia Navarro Mendoza

José Bartolomé Gómez Martínez

Guadalupe Hidalgo Pérez

Javier Reyes

Gisela Espinosa

Patricia Cárdenas

María Eugenia Ponce

Miguel Pickering

José Antonio Olvera Llamas

Jeffrey Udasco

Héctor Tomás Zetina Vega

Oralba Castillo Nájera

Misha Arias De La Cantolla

Julia Chávez Acosta

María Coronado Navarro

Patricia Espinoza

Valeria Moscoso Urzua

Edgar Urbina Sebastián

Paola Aimeé

Luz Sandoval

Aldama: agresiones paramilitares

P

edro Lunez Pérez, residente de 24 años de edad del municipio de Aldama, Chiapas, fue asesinado ayer por grupos paramilitares de Santa Martha, municipio de Chenalhó. La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama reportó que los disparos salieron del punto denominado Nech’en Saclum, en Santa Martha, mientras el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) informó que “el lamentable deceso ocurrió mientras la Guardia Nacional y policías estatales se encontraban cerca de la comunidad de Coco’”. Horas después, continuaban las detonaciones contra los pobladores de Aldama.

El ataque homicida sucedió apenas cinco días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgase medidas cautelares a favor de 12 comunidades indígenas tzotziles del municipio de Aldama, en las cuales exhortó al Estado mexicano a adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad física de las personas, garantizar su seguridad en el interior de sus localidades y durante sus desplazamientos.

Como revela el pronunciamiento de la CNDH y este diario ha reportado de manera puntual, las agresiones paramilitares se han vuelto la atroz cotidianeidad que padecen los pobladores de Aldama a manos de sus vecinos de Chenalhó, y el recrudecimiento de esta violencia en el último año impide circunscribirla al conflicto agrario que estas comunidades mantienen desde hace casi medio siglo en torno a 60 hectáreas de tierra. Como ha denunciado la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados, lo que caracteriza a estos ataques es la total impunidad con la cual se suceden, así como una complicidad de las autoridades que ha llegado al extremo de que policías estatales se sumen a los paramilitares en el asedio que mantienen contra Aldama.

Está claro que la atención esporádica o las buenas intenciones de las autoridades federales no han bastado para poner fin a una tragedia humanitaria que, hasta octubre de 2020, había dejado 2 mil 36 desplazados forzados internos en un municipio de apenas 5 mil habitantes. Al respecto, cabe recordar que el último día de julio de ese año el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se comprometió a reparar los daños por la muerte de 24 personas en este conflicto, pero con el asesinato de Pedro Lunez ya son al menos 27 quienes han perdido la vida, sin que existan visos de solución. Tampoco pareció marcar un punto de inflexión el llamado Convenio Definitivo que Resuelve el Conflicto Agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, firmado el 28 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez en presencia del subsecretario Encinas; el acuerdo duró menos de lo que tardó en firmarse, pues al día siguiente se registraron dos ataques con armas de fuego de grueso calibre y, desde entonces, las agresiones se han sucedido de forma ininterrumpida.

Ante la más reciente tragedia ocasionada por la total libertad con que operan los grupos paramilitares en esta región indígena, es ineludible retomar el llamado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que en noviembre pasado urgió a que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, intelectuales y materiales, de este ataque y de los que han tenido que padecer los pueblos de esta zona. Mantener el actual estado de cosas no sólo es inadmisible desde la perspectiva de la legalidad y los derechos humanos, sino que además supone invocar la repetición de catástrofes humanitarias de gran escala, como las que ya han azotado a la entidad.

Paramilitares de Chenalhó atacan pueblo de Aldama; matan a joven

El estado mexicano no aplica medidas cautelares: Frayba 

Habitantes de Aldama entrega-ron al Ejército sus armas a cambio de pantallas de televisión y ta-bletas, como parte de una campa-ña de desarme, el 21 de febrero pasado.Foto Cuartoscuro

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 9 de mayo de 2021, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., “Grupos paramilitares de Santa Martha, municipio de Chenalhó, asesinaron a balazos ayer al ciudadano Pedro Lunes Pérez, de 24 años, del vecino municipio de Aldama, informó el alcalde de esta localidad, Adolfo López Gómez. El fallecido era originario de la localidad Cokó, que fue baleada mientras las autoridades de Aldama sostenían una reunión en la alcadía.

La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama reportó, en tanto, que “Lunes Pérez estaba en su casa cuando lo atacaron con armas de alto calibre; los disparos provinieron del punto denominado Nech’en Saclum, perteneciente a Santa Martha.

Este hecho ocurrió, según documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), mientras elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal se encontraban en la comunidad de Cokó. Los pobladores fueron a avisarles que había un joven herido en ese poblado, quien más tarde falleció.

En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 12 comunidades indígenas tzotziles de Aldama y sugirió al Estado mexicano adoptar las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes para proteger la vida e integridad de las personas, garantizar su seguridad en sus localidades y durante sus desplazamientos.

La noche de este sábado, al dar a conocer esa información, el Frayba emitió una acción urgente y exigió al Estado mexicano que de manera urgente adopte las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de la población de Aldama, y realice una investigación exhaustiva para dar con los responsables de los ataques de grupos paramilitares que actúan bajo el cobijo de la impunidad, aterran, torturan y desplazan a la población.

El Frayba consideró de alta gravedad que el Estado mexicano aún no implemente las medidas cautelares a fin de evitar los ataques armados. Con su no intervención efectiva, el gobierno mexicano apuesta al exterminio de los pueblos, consideró.

Aseguró que esta tarde continuaban los ataques del grupo paramilitar de Santa Martha. A las 16:29 horas los disparos salían de El Puente, perteneciente a Santa Martha, en dirección a la comunidad de Juxton, Aldama. A las 17:44 horas los disparos de armas de alto calibre provenían de Tijera Caridad, Puente, Kante, Panteón y Chuchte.

Aseguró que los habitantes de las comunidades identificadas no pueden realizar con tranquilidad sus actividades, como sembrar maíz y frijol o cosechar café, debido a constantes disparos de armas de fuego provenientes de la vecina Santa Martha, Chenalhó.

Adolfo López Gómez recordó que las autoridades municipales de Aldama han denunciado las agresiones de los paramilitares de Santa Martha, durante el día. Agregó: Un muerto más en Aldama, y preguntó: ¿Cuántos más se necesitan para que intervengan las dependencias?.

Desde hace 45 años Aldama y Santa Martha se disputan 60 hectáreas y tienen diferencias políticas; aunque en noviembre firmaron un acuerdo para poner fin al diferendo agrario mediante el reparto de los terrenos, las agresiones han continuado porque no se han delimitado ni entregado formalmente a ninguna de las partes.

Apremia la ONU a acatar sentencia y reparar daño a víctimas del caso Atenco

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Martes 4 de mayo de 2021, p. 5

La Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió al Estado mexicano a acelerar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Atenco para la reparación integral y medidas de no repetición.

Recordó que el tribunal internacional encontró graves violaciones a las garantías de 11 mujeres que fueron víctimas de tortura sexual por parte de policías durante los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006.

A 15 años de la violenta toma de esos municipios por parte de las policías estatal y federal, la representación en México de la ONU-DH recordó que esas acciones resultaron en graves violaciones a derechos humanos, incluyendo las detenciones arbitrarias y tortura física, psicológica y sexual de 11 mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) emitió en diciembre de 2018 una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por este caso.

La representación de la ONU manifestó su solidaridad con las víctimas sobrevivientes de aquellos hechos y reconoció la lucha de las 11 mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante el sistema interamericano, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), debido a que los crímenes y abusos siguen impunes.

La ONU-DH las apoya en su exigencia de verdad, justicia y reparación, planteó en redes sociales.

El domingo, víctimas y abogadas del Centro Prodh denunciaron que casi dos años y medio después de emitida la sentencia, el Estado mexicano sigue en desacato.

A 15 años, exigen castigo a los responsables de la represión en Atenco

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra exigió castigo para los autores intelectuales de la represión en Atenco, el 3 de mayo de 2021. Foto Javier Salinas Cesáreo

San Salvador Atenco, Méx. Al conmemorar 15 años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por parte de las fuerzas federales y estatales, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigieron al gobierno federal castigo a los autores intelectuales, entre ellos el expresidente, Enrique Peña Nieto, de los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, así como de las agresiones sexuales contra las mujeres ocurridas en mayo de 2006.

También, demandaron a las autoridades federales la restitución de más de dos mil hectáreas de tierras ejidales que fueron ocupadas en el polígono para el proyecto cancelado del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, y su infraestructura como la autopista Pirámides-Texcoco, de la cual pidieron su clausura.

Este lunes, los miembros del FPDT realizaron una caravana que partió desde la explanada municipal a los cerros de Huetepec y Tepetzingo, ubicados en sus campos de cosecha. Ahí, adornaron la cruz de unos seis metros de alto que mantienen colocada.

El contingente continuó su recorrido hacia la zona de la ciénega de San Juan y culminó con un mitin frente a la casa de la señora Nieves Rodríguez, cuya vivienda quedó en medio de la autopista y que con un amparo ha impedido en avance de la obra.

Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT señaló que a 15 años de la represión, el movimiento atenquense sigue el pie de lucha, pidiendo justicia por las mujeres que fueron abusadas sexualmente y los agravios que sufrieron las comunidades.

“Falta castigo porque desde luego no podemos olvidar a las compañeras que fueron abusadas sexualmente y que la corte dictaminó y que el Estado de Mexicano debe de responder y castigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a todos los involucrados en la represión. Los compañeros siguen en la resistencia como sobrevivientes de la tortura y el FPDT exige justicia, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, dijo.

Afirmó que el FPDT no cederá en sus movilizaciones y protestas hasta que se castigue a los autores intelectuales de la represión; además de la restitución de tierras, así como de que se resarzan los daños ocasionados por la obra y se cancelen los permisos de las minas que fueron explotadas.

“Tantos daños que ocurrieron por el proyecto del NAICM que deben ser resarcidos. Aún prevalece ese daño y parte de esa destrucción que hicieron no solo es ambiental y en las tierras, sino moral y que estamos intentando reconstruir. Queremos la restitución de las tierras, de ese territorio que fue comprado de forma corrupta y hoy el recamo es que nos las regresen y que pasen a ser tierras de uso común de las comunidades. Es la palabra que nos dio el gobierno federal el 22 de diciembre del año pasado y estamos en esa línea”, expuso.

La represión

En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió una de las represiones más violentas contra una comunidad. El 3 de mayo, la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en coordinación con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que en 2002 había echado abajo por primera vez uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del NAICM.

Ese día, los miembros del FPDT fueron golpeados y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenidos el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías.

La madrugada del 4 de mayo, la acción policíaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual a las mujeres. En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién murió 34 días después.

El dirigente, Ignacio del Valle fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quién a la postre lograra su liberación años después. Más de 200 campesinos fueron recluidos en el penal de Santiaguito, que también lograron su libertad.

Del caso, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales documentaron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Pese a las múltiples denuncias y testimonios de abusos policíacos, golpes, vejaciones y abuso sexual hacia las mujeres, principalmente durante el traslado de los presos, y los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés; sólo 21 policías fueron sometidos a proceso, sin que alguno quedara preso.

En septiembre de 2014, el ex presidente Enrique Peña reactivó la construcción del NAICM. El FPDT volvió a su resistencia, primero con movilizaciones y después con la presentación de varios amparos y denuncias penales.

Durante cuatro años, las incursiones a las tierras de Atenco fueron constantes por parte de trabajadores y topógrafos, que comenzaron a laborar en la cimentación de los terrenos del NAICM y la barda perimetral. Los trabajadores eran custodiados por elementos policiacos y personal del Ejército

En los municipios de Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Acolman, Teotihuacán, Nopaltepec, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Chalco, San Martín de las Pirámides y San Salvador Atenco, los pobladores se opusieron al NAIM y a la explotación indiscriminada de las minas, lo cual provocó un ecocidio y alteración con el entorno.

En diciembre de 2018, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se hizo el anuncio de la cancelación de la terminal aérea en Texcoco.

Actualmente, el gobierno federal lleva a cabo seis mesas de diálogo para atender los temas que demanda el FPDT: agua, derechos humanos, área natural protegida, tenencia de la tierra, autopista y el proyecto Manos a la Cuenca.

El Estado, en desacato del caso Atenco

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2021, p. 4

Casi dos años y medio después de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por las graves violaciones a garantías fundamentales por el caso Atenco, el Estado mexicano continúa en desacato y sólo ha cumplido dos de las nueve medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional.

Así lo informaron ayer mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, y abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes han acompañado el caso.

En la sentencia condenatoria, la Coridh ordenó al Estado mexicano nueve medidas para dar verdad, justicia y reparación a las víctimas de tortura sexual:

Investigación a fondo que alcance a todos los responsables, a nivel estatal y federal, y que profundice en la cadena de mando; un acto público de reconocimiento de responsabilidad; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual contra Mujeres; crear un Observatorio Independiente de Monitoreo en el Uso de la Fuerza; tratamiento médico y sicológico para las víctimas; cubrir los costos y gastos que ha significado el proceso de la organización civil acompañante; indemnizaciones y publicación de la sentencia en medios impresos y digitales.

Sólo se han instrumentado las dos últimas, pese a que la Coridh otorgó un plazo de dos años para la mayoría. Se ha dejado el resto en alarmante incumplimiento, lamentaron las denunciantes.

Les preocupa que la actual administración federal no haya validado dos medidas: la creación el Observatorio de Monitoreo de Uso de la Fuerza, con el argumento que sus instituciones de seguridad ya cuentan con órganos internos de control, y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.

Las abogadas del Centro Prodh Sofía de Robina, Melissa Zamora y María Luisa Aguilar reclamaron que aunque la FGR ha atraído las indagatorias por las violaciones a derechos humanos en Atenco, hasta ahora la Fiscalía del estado de México sigue sin remitirle el expediente, pese a lo ordenado por la Coridh y a que las víctimas ganaron un amparo en ese sentido.

Tenemos las peores noticias, hemos recurrido a la exigencia de justicia, verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos, que son un solo Estado mexicano, y los cuatro nos han llevado al límite de la injusticia, lamentó Italia Méndez, una de las víctimas.

Mujeres de Atenco: a 15 años de una sentencia internacional, sigue la impunidad

San José, Costa Rica, y Ciudad de México, 2 de mayo de 2021. A quince años de las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, que implicaron represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura - incluida la tortura sexual contra mujeres - a manos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales; y aún y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció la responsabilidad internacional de México sobre estos hechos, no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional. Si bien el Estado mexicano inicialmente expresó su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, notificada en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano. Respecto a la investigación de los hechos, la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúa sin remitir la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad. Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la misma instancia de procuración de justicia cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando. Por otra parte, preocupa de forma particular el retroceso e incluso la decisión de desacatar medidas de no repetición. En cuanto al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a pesar de los primeros pasos para su fortalecimiento, las acciones prácticamente se detuvieron desde octubre de 2019.  A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el Diagnóstico Nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que las organizaciones continuamos documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión. En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, lamentablemente el Estado mexicano ha comunicado a la Corte IDH su decisión de no cumplir con lo establecido en su ordenamiento, debido a que, a su parecer, los órganos de control interno con los que se cuenta cumplen ya con este propósito. Lo anterior, sin embargo, es inexacto, pues el observatorio ordenado por la Corte IDH precisamente busca que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana.  El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales impuestas por el fallo interamericano se agrava a luz de la preponderancia de la Guardia Nacional, institución policial federal de carácter militarizado y de los incidentes de abuso de la fuerza documentados en contextos recientes de protestas de mujeres en Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y otros operativos. Todo ello remarca la importancia de atender las múltiples recomendaciones respecto a la necesidad de contar con mecanismos externos de supervisión en el uso de la fuerza. Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas, poco acordes con una política de atención a víctimas diligente. Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que a la fecha este plazo ha finalizado con únicamente dos medidas concluidas de las 9 ordenadas, dejando al resto en alarmante incumplimiento. A 15 años de los hechos, las mujeres sobrevivientes de los hechos en Atenco siguen siendo ejemplo de resiliencia y lucha por la verdad y la justicia, y continúan inspirando a otras mujeres a Romper el Silencio.  Lamentablemente, las instituciones no han hecho eco de este espíritu honrando su obligación de dar cumplimiento integral a la sentencia interamericana y tomando la oportunidad de instaurar una política integral para avanzar en la ruta establecida por la Corte IDH para atender la persistente tortura sexual a las mujeres y acabar con la impunidad frente a graves violaciones a derechos humanos.   Datos Atenco: ●      15 años de la detención arbitraria, tortura sexual y criminalización a las #MujeresdeAtenco ●      4 gobiernos distintos frente a los que las mujeres han exigido justicia  ●      29 meses//más de dos años de notificada la sentencia de la Corte IDH ●      20 meses desde el acuerdo de atracción de FEVIMTRA y 5 meses de la resolución de amparo sin que FGJEM remita la investigación a la FGR ●      7 años de la creación de la campaña Rompiendo el silencio, evidenciado la tortura sexual a mujeres ●      6 años de la creación del Mecanismo contra tortura sexual y solo 3 dictámenes emitidos ●      9 medidas de reparación ordenadas, únicamente 2 cumplidas        MATERIALES:   Comunicado (desplegado y en adjunto)  Línea de tiempo (en adjunto)  Los pendientes principales del caso (en adjunto)

Contacto:   Narce Santibañez Alejandre Centro Prodh 55 8531 2218

Murió la niña Mari Carmen Jiménez Ramírez

Terrible e indignante situación, ¡esto no puede volver a suceder! Nos duele la bebita Maricarmen, nos duele su familia, nos duelen los desplazados forzados internos.

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