Javier Salinas Cesáreo, corresponsal
San Salvador Atenco, Méx. Al conmemorar 15 años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por parte de las fuerzas federales y estatales, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigieron al gobierno federal castigo a los autores intelectuales, entre ellos el expresidente, Enrique Peña Nieto, de los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, así como de las agresiones sexuales contra las mujeres ocurridas en mayo de 2006.
También, demandaron a las autoridades federales la restitución de más de dos mil hectáreas de tierras ejidales que fueron ocupadas en el polígono para el proyecto cancelado del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, y su infraestructura como la autopista Pirámides-Texcoco, de la cual pidieron su clausura.
Este lunes, los miembros del FPDT realizaron una caravana que partió desde la explanada municipal a los cerros de Huetepec y Tepetzingo, ubicados en sus campos de cosecha. Ahí, adornaron la cruz de unos seis metros de alto que mantienen colocada.
El contingente continuó su recorrido hacia la zona de la ciénega de San Juan y culminó con un mitin frente a la casa de la señora Nieves Rodríguez, cuya vivienda quedó en medio de la autopista y que con un amparo ha impedido en avance de la obra.
Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT señaló que a 15 años de la represión, el movimiento atenquense sigue el pie de lucha, pidiendo justicia por las mujeres que fueron abusadas sexualmente y los agravios que sufrieron las comunidades.
“Falta castigo porque desde luego no podemos olvidar a las compañeras que fueron abusadas sexualmente y que la corte dictaminó y que el Estado de Mexicano debe de responder y castigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a todos los involucrados en la represión. Los compañeros siguen en la resistencia como sobrevivientes de la tortura y el FPDT exige justicia, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, dijo.
Afirmó que el FPDT no cederá en sus movilizaciones y protestas hasta que se castigue a los autores intelectuales de la represión; además de la restitución de tierras, así como de que se resarzan los daños ocasionados por la obra y se cancelen los permisos de las minas que fueron explotadas.
“Tantos daños que ocurrieron por el proyecto del NAICM que deben ser resarcidos. Aún prevalece ese daño y parte de esa destrucción que hicieron no solo es ambiental y en las tierras, sino moral y que estamos intentando reconstruir. Queremos la restitución de las tierras, de ese territorio que fue comprado de forma corrupta y hoy el recamo es que nos las regresen y que pasen a ser tierras de uso común de las comunidades. Es la palabra que nos dio el gobierno federal el 22 de diciembre del año pasado y estamos en esa línea”, expuso.
La represión
En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió una de las represiones más violentas contra una comunidad. El 3 de mayo, la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en coordinación con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que en 2002 había echado abajo por primera vez uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del NAICM.
Ese día, los miembros del FPDT fueron golpeados y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenidos el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías.
La madrugada del 4 de mayo, la acción policíaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual a las mujeres. En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién murió 34 días después.
El dirigente, Ignacio del Valle fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quién a la postre lograra su liberación años después. Más de 200 campesinos fueron recluidos en el penal de Santiaguito, que también lograron su libertad.
Del caso, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales documentaron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Pese a las múltiples denuncias y testimonios de abusos policíacos, golpes, vejaciones y abuso sexual hacia las mujeres, principalmente durante el traslado de los presos, y los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés; sólo 21 policías fueron sometidos a proceso, sin que alguno quedara preso.
En septiembre de 2014, el ex presidente Enrique Peña reactivó la construcción del NAICM. El FPDT volvió a su resistencia, primero con movilizaciones y después con la presentación de varios amparos y denuncias penales.
Durante cuatro años, las incursiones a las tierras de Atenco fueron constantes por parte de trabajadores y topógrafos, que comenzaron a laborar en la cimentación de los terrenos del NAICM y la barda perimetral. Los trabajadores eran custodiados por elementos policiacos y personal del Ejército
En los municipios de Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Acolman, Teotihuacán, Nopaltepec, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Chalco, San Martín de las Pirámides y San Salvador Atenco, los pobladores se opusieron al NAIM y a la explotación indiscriminada de las minas, lo cual provocó un ecocidio y alteración con el entorno.
En diciembre de 2018, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se hizo el anuncio de la cancelación de la terminal aérea en Texcoco.
Actualmente, el gobierno federal lleva a cabo seis mesas de diálogo para atender los temas que demanda el FPDT: agua, derechos humanos, área natural protegida, tenencia de la tierra, autopista y el proyecto Manos a la Cuenca.
