domingo, mayo 09, 2021

Lamentan asesinato de Pedro Lunez, joven chiapaneco, en Coco’

Con profundo dolor e indignación denunciamos el asesinato del joven PEDRO PÉREZ LUNEZ, de 24 años y originario de la comunidad de Coco’, municipio de Magdalena-Aldama, Chiapas, el día de hoy a las 14:00 hrs., víctima mortal de una bala disparada desde Nech’en Saklum, municipio de Chenalhó. Es importante resaltar que al momento del ataque, Pedro se encontraba al interior de su domicilio.

Los ataques armados no han cesado desde 2018 pero en los últimos días se han recrudecido de manera alarmante. El día de hoy iniciaron aproximadamente a las 11:00 hrs. A pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de abril de 2021 en su Resolución 35/2021, las acciones implementadas por el gobierno mexicano no son efectivas para detener la violencia.

¿Cuántas víctimas más se necesitan?

Gonzalo Ituarte Verduzco
Ofelia Medina
Miguel Concha Malo
Bertha Navarro
Begoña Lecumberri
María Reyes Arias Sarao
Pedro Faro
Pablo Romo Cedano
Federico Anaya Gallardo
Víctor Gutiérrez Torres
Ana Cristina Vázquez Carpizo
Gustavo Castro Soto
Horacio Franco
Felipe Jaled Alí Modad S.J.
Marisela García Reyes
Heriberto Cruz Vera
Alma Rosa Rojas Zamora
Julieta Egurrola
Luisa Huertas
Gilberto López y Rivas
Michael W. Chamberlin
Humberto Robles
Héctor Javier Sánchez
Itzel Rodríguez Mortellaro
Jorge Pérez Falconi
Luisa Riley
María Jiménez Mier Y Terán
Alejandra González Marín
Leticia Rodríguez Gutiérrez
Paolo Pagliai
Claudia De La Cera Alonso
Armando Barrera
Roger Maldonado
José Del Val
Carmen Huete
Alicia Castellanos Guerrero
Aurora Suárez
Carolina Kerlow
Sonia Almada (Argentina)
Lucía Cabañas (Misioneras Eucarísticas Franciscanas, Mef),
Abelardo Márquez Morales
Humberto Hernández Vargas
Pablo Romero García (Uruguay)
Pedro Linares Fernández
Malú García Andrade
Fernando Yralda
Mauricio Garmona
Abel Barrera (Centro De Derechos Humanos De La Montaña De Guerrero Tlachinollan)
Faba Mancilla
Teresa Zacarías
Javier Velázquez
Esther Martina Vázquez Ramírez
Esther Del Callejo Llerenas
Alejandro Márquez Aguayo
Agibail Sandoval Cuevas
Mónica Oliva Ríos
Mariela Oliva Ríos
Karim Garay Vega
Gabriela Medina Carrasco
Samuel Cielo Canales
Hernán Correa Ortiz
Francisco De La Guerra Castellanos
Carlos Perezmurphy Mejia
Maribel Portela
Francesca Guillén
Luis Reyna
Guadalupe Reyes
Zaide Silvia Gutiérrez
Oralia Castillo Nájera
Pilar Ixquic Mata
Joanna Alejandra Ley Cerda
Gabriel Ramírez Cuevas
León Fauré
Márgara Millán Moncayo
Paco Vela
Red Solidaria Contra La Impunidad A. C.
María Magdalena López Paulino
Ernesto Rodríguez Cabrera
Servando Gaja Rodríguez
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Angelina Peláez
Alma Rosa Añorve Martínez
Ylia Octavia Popesku
Martha Claudia Moreno Melo
José Gustavo López Sánchez
Juan Carlos Esparza Ramírez
Malú Valenzuela
Melissa Fernández Chagoya
Víctor Hugo Carlos Banda
Erika De La Llave
Mariana Mora
Adriana Chávez Tejeda
Griselda Gutiérrez Monsalvo
Cecilia Ramírez Romo
Carolina Lara Rodríguez
Maribel Pérez Hernández
Andrés Brenner (Argentina)
María Del Carmen Díaz Garduño
María Elena Carrizales Arredondo
Samanta Zaragoza Luna
Martha Elena Welsh
María Ignacia Navarro Mendoza
José Bartolomé Gómez Martínez
Guadalupe Hidalgo Pérez
Javier Reyes
Gisela Espinosa
Patricia Cárdenas
María Eugenia Ponce
Miguel Pickering
José Antonio Olvera Llamas
Jeffrey Udasco
Héctor Tomás Zetina Vega
Oralba Castillo Nájera
Misha Arias De La Cantolla
Julia Chávez Acosta
María Coronado Navarro
Patricia Espinoza
Valeria Moscoso Urzua
Edgar Urbina Sebastián
Paola Aimeé
Luz Sandoval

Aldama: agresiones paramilitares


P

edro Lunez Pérez, residente de 24 años de edad del municipio de Aldama, Chiapas, fue asesinado ayer por grupos paramilitares de Santa Martha, municipio de Chenalhó. La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama reportó que los disparos salieron del punto denominado Nech’en Saclum, en Santa Martha, mientras el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) informó que “el lamentable deceso ocurrió mientras la Guardia Nacional y policías estatales se encontraban cerca de la comunidad de Coco’”. Horas después, continuaban las detonaciones contra los pobladores de Aldama.

El ataque homicida sucedió apenas cinco días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgase medidas cautelares a favor de 12 comunidades indígenas tzotziles del municipio de Aldama, en las cuales exhortó al Estado mexicano a adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad física de las personas, garantizar su seguridad en el interior de sus localidades y durante sus desplazamientos.

Como revela el pronunciamiento de la CNDH y este diario ha reportado de manera puntual, las agresiones paramilitares se han vuelto la atroz cotidianeidad que padecen los pobladores de Aldama a manos de sus vecinos de Chenalhó, y el recrudecimiento de esta violencia en el último año impide circunscribirla al conflicto agrario que estas comunidades mantienen desde hace casi medio siglo en torno a 60 hectáreas de tierra. Como ha denunciado la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados, lo que caracteriza a estos ataques es la total impunidad con la cual se suceden, así como una complicidad de las autoridades que ha llegado al extremo de que policías estatales se sumen a los paramilitares en el asedio que mantienen contra Aldama.

Está claro que la atención esporádica o las buenas intenciones de las autoridades federales no han bastado para poner fin a una tragedia humanitaria que, hasta octubre de 2020, había dejado 2 mil 36 desplazados forzados internos en un municipio de apenas 5 mil habitantes. Al respecto, cabe recordar que el último día de julio de ese año el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se comprometió a reparar los daños por la muerte de 24 personas en este conflicto, pero con el asesinato de Pedro Lunez ya son al menos 27 quienes han perdido la vida, sin que existan visos de solución. Tampoco pareció marcar un punto de inflexión el llamado Convenio Definitivo que Resuelve el Conflicto Agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, firmado el 28 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez en presencia del subsecretario Encinas; el acuerdo duró menos de lo que tardó en firmarse, pues al día siguiente se registraron dos ataques con armas de fuego de grueso calibre y, desde entonces, las agresiones se han sucedido de forma ininterrumpida.

Ante la más reciente tragedia ocasionada por la total libertad con que operan los grupos paramilitares en esta región indígena, es ineludible retomar el llamado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que en noviembre pasado urgió a que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, intelectuales y materiales, de este ataque y de los que han tenido que padecer los pueblos de esta zona. Mantener el actual estado de cosas no sólo es inadmisible desde la perspectiva de la legalidad y los derechos humanos, sino que además supone invocar la repetición de catástrofes humanitarias de gran escala, como las que ya han azotado a la entidad.

Paramilitares de Chenalhó atacan pueblo de Aldama; matan a joven

El estado mexicano no aplica medidas cautelares: Frayba 



Habitantes de Aldama entrega-ron al Ejército sus armas a cambio de pantallas de televisión y ta-bletas, como parte de una campa-ña de desarme, el 21 de febrero pasado.Foto Cuartoscuro
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 9 de mayo de 2021, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., “Grupos paramilitares de Santa Martha, municipio de Chenalhó, asesinaron a balazos ayer al ciudadano Pedro Lunes Pérez, de 24 años, del vecino municipio de Aldama, informó el alcalde de esta localidad, Adolfo López Gómez. El fallecido era originario de la localidad Cokó, que fue baleada mientras las autoridades de Aldama sostenían una reunión en la alcadía.

La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama reportó, en tanto, que “Lunes Pérez estaba en su casa cuando lo atacaron con armas de alto calibre; los disparos provinieron del punto denominado Nech’en Saclum, perteneciente a Santa Martha.

Este hecho ocurrió, según documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), mientras elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal se encontraban en la comunidad de Cokó. Los pobladores fueron a avisarles que había un joven herido en ese poblado, quien más tarde falleció.

En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 12 comunidades indígenas tzotziles de Aldama y sugirió al Estado mexicano adoptar las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes para proteger la vida e integridad de las personas, garantizar su seguridad en sus localidades y durante sus desplazamientos.

La noche de este sábado, al dar a conocer esa información, el Frayba emitió una acción urgente y exigió al Estado mexicano que de manera urgente adopte las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de la población de Aldama, y realice una investigación exhaustiva para dar con los responsables de los ataques de grupos paramilitares que actúan bajo el cobijo de la impunidad, aterran, torturan y desplazan a la población.

El Frayba consideró de alta gravedad que el Estado mexicano aún no implemente las medidas cautelares a fin de evitar los ataques armados. Con su no intervención efectiva, el gobierno mexicano apuesta al exterminio de los pueblos, consideró.

Aseguró que esta tarde continuaban los ataques del grupo paramilitar de Santa Martha. A las 16:29 horas los disparos salían de El Puente, perteneciente a Santa Martha, en dirección a la comunidad de Juxton, Aldama. A las 17:44 horas los disparos de armas de alto calibre provenían de Tijera Caridad, Puente, Kante, Panteón y Chuchte.

Aseguró que los habitantes de las comunidades identificadas no pueden realizar con tranquilidad sus actividades, como sembrar maíz y frijol o cosechar café, debido a constantes disparos de armas de fuego provenientes de la vecina Santa Martha, Chenalhó.

Adolfo López Gómez recordó que las autoridades municipales de Aldama han denunciado las agresiones de los paramilitares de Santa Martha, durante el día. Agregó: Un muerto más en Aldama, y preguntó: ¿Cuántos más se necesitan para que intervengan las dependencias?.

Desde hace 45 años Aldama y Santa Martha se disputan 60 hectáreas y tienen diferencias políticas; aunque en noviembre firmaron un acuerdo para poner fin al diferendo agrario mediante el reparto de los terrenos, las agresiones han continuado porque no se han delimitado ni entregado formalmente a ninguna de las partes.

martes, mayo 04, 2021

Apremia la ONU a acatar sentencia y reparar daño a víctimas del caso Atenco

 
Periódico La Jornada
Martes 4 de mayo de 2021, p. 5

La Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió al Estado mexicano a acelerar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Atenco para la reparación integral y medidas de no repetición.

Recordó que el tribunal internacional encontró graves violaciones a las garantías de 11 mujeres que fueron víctimas de tortura sexual por parte de policías durante los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006.

A 15 años de la violenta toma de esos municipios por parte de las policías estatal y federal, la representación en México de la ONU-DH recordó que esas acciones resultaron en graves violaciones a derechos humanos, incluyendo las detenciones arbitrarias y tortura física, psicológica y sexual de 11 mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) emitió en diciembre de 2018 una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por este caso.

La representación de la ONU manifestó su solidaridad con las víctimas sobrevivientes de aquellos hechos y reconoció la lucha de las 11 mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante el sistema interamericano, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), debido a que los crímenes y abusos siguen impunes.

La ONU-DH las apoya en su exigencia de verdad, justicia y reparación, planteó en redes sociales.

El domingo, víctimas y abogadas del Centro Prodh denunciaron que casi dos años y medio después de emitida la sentencia, el Estado mexicano sigue en desacato.

lunes, mayo 03, 2021

A 15 años, exigen castigo a los responsables de la represión en Atenco

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra exigió castigo para los autores intelectuales de la represión en Atenco, el 3 de mayo de 2021. Foto Javier Salinas Cesáreo

San Salvador Atenco, Méx. Al conmemorar 15 años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por parte de las fuerzas federales y estatales, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigieron al gobierno federal castigo a los autores intelectuales, entre ellos el expresidente, Enrique Peña Nieto, de los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, así como de las agresiones sexuales contra las mujeres ocurridas en mayo de 2006.

También, demandaron a las autoridades federales la restitución de más de dos mil hectáreas de tierras ejidales que fueron ocupadas en el polígono para el proyecto cancelado del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, y su infraestructura como la autopista Pirámides-Texcoco, de la cual pidieron su clausura.

Este lunes, los miembros del FPDT realizaron una caravana que partió desde la explanada municipal a los cerros de Huetepec y Tepetzingo, ubicados en sus campos de cosecha. Ahí, adornaron la cruz de unos seis metros de alto que mantienen colocada.

El contingente continuó su recorrido hacia la zona de la ciénega de San Juan y culminó con un mitin frente a la casa de la señora Nieves Rodríguez, cuya vivienda quedó en medio de la autopista y que con un amparo ha impedido en avance de la obra.

Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT señaló que a 15 años de la represión, el movimiento atenquense sigue el pie de lucha, pidiendo justicia por las mujeres que fueron abusadas sexualmente y los agravios que sufrieron las comunidades.

“Falta castigo porque desde luego no podemos olvidar a las compañeras que fueron abusadas sexualmente y que la corte dictaminó y que el Estado de Mexicano debe de responder y castigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a todos los involucrados en la represión. Los compañeros siguen en la resistencia como sobrevivientes de la tortura y el FPDT exige justicia, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, dijo.

Afirmó que el FPDT no cederá en sus movilizaciones y protestas hasta que se castigue a los autores intelectuales de la represión; además de la restitución de tierras, así como de que se resarzan los daños ocasionados por la obra y se cancelen los permisos de las minas que fueron explotadas.

“Tantos daños que ocurrieron por el proyecto del NAICM que deben ser resarcidos. Aún prevalece ese daño y parte de esa destrucción que hicieron no solo es ambiental y en las tierras, sino moral y que estamos intentando reconstruir. Queremos la restitución de las tierras, de ese territorio que fue comprado de forma corrupta y hoy el recamo es que nos las regresen y que pasen a ser tierras de uso común de las comunidades. Es la palabra que nos dio el gobierno federal el 22 de diciembre del año pasado y estamos en esa línea”, expuso.

La represión

En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió una de las represiones más violentas contra una comunidad. El 3 de mayo, la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en coordinación con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que en 2002 había echado abajo por primera vez uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del NAICM.

Ese día, los miembros del FPDT fueron golpeados y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenidos el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías.

La madrugada del 4 de mayo, la acción policíaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual a las mujeres. En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién murió 34 días después.

El dirigente, Ignacio del Valle fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quién a la postre lograra su liberación años después. Más de 200 campesinos fueron recluidos en el penal de Santiaguito, que también lograron su libertad.

Del caso, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales documentaron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Pese a las múltiples denuncias y testimonios de abusos policíacos, golpes, vejaciones y abuso sexual hacia las mujeres, principalmente durante el traslado de los presos, y los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés; sólo 21 policías fueron sometidos a proceso, sin que alguno quedara preso.

En septiembre de 2014, el ex presidente Enrique Peña reactivó la construcción del NAICM. El FPDT volvió a su resistencia, primero con movilizaciones y después con la presentación de varios amparos y denuncias penales.

Durante cuatro años, las incursiones a las tierras de Atenco fueron constantes por parte de trabajadores y topógrafos, que comenzaron a laborar en la cimentación de los terrenos del NAICM y la barda perimetral. Los trabajadores eran custodiados por elementos policiacos y personal del Ejército

En los municipios de Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Acolman, Teotihuacán, Nopaltepec, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Chalco, San Martín de las Pirámides y San Salvador Atenco, los pobladores se opusieron al NAIM y a la explotación indiscriminada de las minas, lo cual provocó un ecocidio y alteración con el entorno.

En diciembre de 2018, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se hizo el anuncio de la cancelación de la terminal aérea en Texcoco.

Actualmente, el gobierno federal lleva a cabo seis mesas de diálogo para atender los temas que demanda el FPDT: agua, derechos humanos, área natural protegida, tenencia de la tierra, autopista y el proyecto Manos a la Cuenca.

El Estado, en desacato del caso Atenco

 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2021, p. 4

Casi dos años y medio después de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por las graves violaciones a garantías fundamentales por el caso Atenco, el Estado mexicano continúa en desacato y sólo ha cumplido dos de las nueve medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional.

Así lo informaron ayer mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, y abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes han acompañado el caso.

En la sentencia condenatoria, la Coridh ordenó al Estado mexicano nueve medidas para dar verdad, justicia y reparación a las víctimas de tortura sexual:

Investigación a fondo que alcance a todos los responsables, a nivel estatal y federal, y que profundice en la cadena de mando; un acto público de reconocimiento de responsabilidad; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual contra Mujeres; crear un Observatorio Independiente de Monitoreo en el Uso de la Fuerza; tratamiento médico y sicológico para las víctimas; cubrir los costos y gastos que ha significado el proceso de la organización civil acompañante; indemnizaciones y publicación de la sentencia en medios impresos y digitales.

Sólo se han instrumentado las dos últimas, pese a que la Coridh otorgó un plazo de dos años para la mayoría. Se ha dejado el resto en alarmante incumplimiento, lamentaron las denunciantes.

Les preocupa que la actual administración federal no haya validado dos medidas: la creación el Observatorio de Monitoreo de Uso de la Fuerza, con el argumento que sus instituciones de seguridad ya cuentan con órganos internos de control, y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.

Las abogadas del Centro Prodh Sofía de Robina, Melissa Zamora y María Luisa Aguilar reclamaron que aunque la FGR ha atraído las indagatorias por las violaciones a derechos humanos en Atenco, hasta ahora la Fiscalía del estado de México sigue sin remitirle el expediente, pese a lo ordenado por la Coridh y a que las víctimas ganaron un amparo en ese sentido.

Tenemos las peores noticias, hemos recurrido a la exigencia de justicia, verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos, que son un solo Estado mexicano, y los cuatro nos han llevado al límite de la injusticia, lamentó Italia Méndez, una de las víctimas.

domingo, mayo 02, 2021

Mujeres de Atenco: a 15 años de una sentencia internacional, sigue la impunidad

San José, Costa Rica, y Ciudad de México, 2 de mayo de 2021. A quince años de las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, que implicaron represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura - incluida la tortura sexual contra mujeres - a manos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales; y aún y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció la responsabilidad internacional de México sobre estos hechos, no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.

Si bien el Estado mexicano inicialmente expresó su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, notificada en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano.

Respecto a la investigación de los hechos, la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúa sin remitir la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad. Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la misma instancia de procuración de justicia cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando.

Por otra parte, preocupa de forma particular el retroceso e incluso la decisión de desacatar medidas de no repetición. En cuanto al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a pesar de los primeros pasos para su fortalecimiento, las acciones prácticamente se detuvieron desde octubre de 2019.  A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el Diagnóstico Nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que las organizaciones continuamos documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión.

En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, lamentablemente el Estado mexicano ha comunicado a la Corte IDH su decisión de no cumplir con lo establecido en su ordenamiento, debido a que, a su parecer, los órganos de control interno con los que se cuenta cumplen ya con este propósito. Lo anterior, sin embargo, es inexacto, pues el observatorio ordenado por la Corte IDH precisamente busca que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana. 

El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales impuestas por el fallo interamericano se agrava a luz de la preponderancia de la Guardia Nacional, institución policial federal de carácter militarizado y de los incidentes de abuso de la fuerza documentados en contextos recientes de protestas de mujeres en Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y otros operativos. Todo ello remarca la importancia de atender las múltiples recomendaciones respecto a la necesidad de contar con mecanismos externos de supervisión en el uso de la fuerza.

Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas, poco acordes con una política de atención a víctimas diligente.

Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que a la fecha este plazo ha finalizado con únicamente dos medidas concluidas de las 9 ordenadas, dejando al resto en alarmante incumplimiento.

A 15 años de los hechos, las mujeres sobrevivientes de los hechos en Atenco siguen siendo ejemplo de resiliencia y lucha por la verdad y la justicia, y continúan inspirando a otras mujeres a Romper el Silencio.  Lamentablemente, las instituciones no han hecho eco de este espíritu honrando su obligación de dar cumplimiento integral a la sentencia interamericana y tomando la oportunidad de instaurar una política integral para avanzar en la ruta establecida por la Corte IDH para atender la persistente tortura sexual a las mujeres y acabar con la impunidad frente a graves violaciones a derechos humanos.
 
Datos Atenco:
●      15 años de la detención arbitraria, tortura sexual y criminalización a las #MujeresdeAtenco
●      4 gobiernos distintos frente a los que las mujeres han exigido justicia 
●      29 meses//más de dos años de notificada la sentencia de la Corte IDH
●      20 meses desde el acuerdo de atracción de FEVIMTRA y 5 meses de la resolución de amparo sin que FGJEM remita la investigación a la FGR
●      7 años de la creación de la campaña Rompiendo el silencio, evidenciado la tortura sexual a mujeres
●      6 años de la creación del Mecanismo contra tortura sexual y solo 3 dictámenes emitidos
●      9 medidas de reparación ordenadas, únicamente 2 cumplidas 
 
 
 
MATERIALES:
 
  • Comunicado (desplegado y en adjunto) 
  • Línea de tiempo (en adjunto) 
  • Los pendientes principales del caso (en adjunto)
 
Contacto:  
Narce Santibañez Alejandre
Centro Prodh
55 8531 2218

sábado, mayo 01, 2021

viernes, abril 30, 2021

Jornada Cultural: Solidaridad con los desplazados

No lo olvides: Jornada Cultural
#SolidaridadConDesplazadas

Día de la niñez: Imaginando un mundo sin violencia.

Violín y piano, música para niños de todas las edades.

Conduce: Ofelia Medina
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C. Fisanim

Viernes 30 de abril de 2021, 12:00 horas.

miércoles, abril 28, 2021

Medidas Cautelares a favor de familias indígenas tsotsiles


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH otorga #MedidasCautelares a favor de familias indígenas tsotsiles de doce comunidades identificadas de Aldama, Chiapas en #México.
📌Comunicado de Prensa:👉🏾 https://bit.ly/3vCpabp

sábado, abril 24, 2021

Las Abejas apremian a la CIDH sobre el informe final de la matanza de Acteal

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2021, p. 8

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la matanza de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, ayudará a confirmar la verdad y obligará al gobierno mexicano a señalar la responsabilidad de los criminales que ordenaron, planearon, financiaron y ejecutaron la masacre, para que dejen de ser premiados y sus actos tengan verdaderas consecuencias, manifestó la Organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían los fallecidos.

Seguimos creyendo que el informe provocará que (los responsables) no sigan convencidos de que pueden continuar comprando y usando armas de grueso calibre para causar terror en su propio beneficio, apoyados por el gobierno; en resumen, para evitar que ocurra de nuevo un crimen de lesa humanidad como el de Acteal.

En un comunicado, se advirtió que si no llega rápido la publicación del informe de fondo de la CIDH, corremos el riesgo de que la violencia siga ganando terreno en nuestras comunidades.

Manifestó que cada vez son más los que tienen echado a perder el corazón por el dinero que les sigue ofreciendo la autoridad pública. Y cada vez son más crueles los que, con el cobijo del mal gobierno, persiguen y acosan a quienes continuamos en resistencia, a los que seguimos intentando construir un mundo más justo sin depender de migajas, con las que el gobierno ha logrado dividirnos para poder defender nuestra tierra contra los megaproyectos y así proteger nuestra vida y la de nuestros hijos.

La agrupación también expresó su preocupación debido a que se criminaliza, amenaza y violenta a quienes defienden los derechos de los pueblos a la vida y a su territorio, como nuestros hermanos y hermanas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mientras la autoridad local tolera la violencia, e inclusive la fomenta, al pagar rescates con dinero y con apoyos a los que ejercen la violencia.

Agregó: Y sabemos que no somos los únicos que enfrentamos los proyectos de muerte que quiere traer el gobierno traidor, para beneficiar a los poderosos, empresarios nacionales y extranjeros. Hoy más que nunca arriesga su vida aquel que defiende a la madre Tierra, pues los intereses de los ricos están protegidos por autoridades públicas, en tanto que los derechos humanos de los defensores ambientales en México son violados sistemáticamente.

miércoles, abril 14, 2021

Secuestran en Chiapas a dos integrantes del Frayba

Iban a reunión de la PADUC

Alerta sobre ambiente de hostigamiento a activistas


Victórico Gálvez Pérez y Lázaro Sánchez Gutiérrez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), fueron secuestrados la noche del lunes, según denunció esa agrupación presidida por el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera.Foto cortesía del Frayba
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de abril de 2021, p. 25

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que dos de sus integrantes, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la ciudad de Palenque y hasta el cierre de la edición se desconocía su paradero.

En una acción urgente difundida la mañana del martes, la agrupación relató que alrededor de las siete de la mañana del lunes Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba, en San Cristóbal de las Casas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, con destino a Palenque.

Apuntó que la finalidad de su viaje era participar en una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Alrededor de las 21 horas la organización fue notificada de que Lázaro Sánchez Gutiérrez había llamado a sus familiares desde un número desconocido y dijo que él y Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo, y que era necesario que alguno de sus parientes, en un vehículo particular, llevara dinero a las ocho de la mañana del (martes) 13 de abril.

El Frayba destacó: Desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos, pero no han dado información clara sobre la situación.

La agrupación, presidida por el obispo emérito de Saltillo Coahuila, Raúl Vera López, manifestó su preocupación y condenó de manera enérgica estos actos de intimidación y agresión que ocurren en un ambiente de criminalización de los defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Frayba, por lo que hizo un llamado urgente al Estado mexicano a que realice una investigación exhaustiva e imparcial a fin de garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

También pidió la solidaridad nacional e internacional para que firmen la acción urgente disponible en la página del Frayba y escriban a las autoridades mexicanas, a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para la defensa de los derechos humanos.

Las diócesis de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la integridad de estas dos personas y a superar el ambiente de criminalización en Chiapas y en México contra los defensores de derechos humanos.

En un comunicado firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro (San Cristóbal) y Fabio Martínez Castilla y José Luis Mendoza Corzo (Tuxtla Gutiérrez), reconocieron el importante papel de este Centro de Derechos Humanos en la defensa de las personas marginadas de Chiapas, sobre todo en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

En tanto, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal emitió un llamado urgente a las autoridades para que Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez sean liberados cuanto antes.

martes, abril 13, 2021

Denuncian disparos de paramilitares hacia Aldama, Chiapas

Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 13 de abril de 2021, p. 15

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que el fin de semana se intensificaron las detonaciones de armas de fuego de un grupo armado de corte paramilitar de Santa Martha, municipio de Chenalhó, contra comunidades de Aldama, por lo que pidió la intervención urgente del Estado mexicano. Ello ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y sicológica de los habitantes de la región, agregó en una acción urgente. Señaló que la comisión permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama le notificó que durante el sábado se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran casi cada minuto y que abarcan los 11 kilómetros que limitan a Aldama con Santa Martha.

lunes, abril 12, 2021

Se intensifican detonaciones de arma de fuego en Aldama, informa Frayba

Elio Henríquez, corresponsal 

Pobladores de diferentes municipios han sido desplazados de sus hogares por la violencia ejercida por grupos de hombres armados desde la comunidad de Santa Marta. Foto Cuartoscuro / Archivo

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que el fin de semana “se intensificaron las detonaciones de armas de fuego” de integrantes de un “grupo armado de corte paramilitar” de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en contra de comunidades de Aldama.

“Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región”, agregó en una acción urgente.

Señaló que la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, le notificó que “durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha”.

Manifestó que de acuerdo con los reportes, “los disparos provenientes de Santa Martha estaban dirigidos en contra de todas las personas que ven”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, pidió la intervención urgente del Estado mexicano para “evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramilitar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones”.

viernes, abril 02, 2021

Paramilitarismo en Chiapas en la Cuarta Transformación

E

l 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos.

En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.

¿Se prepara otro crimen de Estado?