miércoles, febrero 26, 2020

Buscarán reparación integral del daño para víctimas de Atenco

 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de febrero de 2020, p. 6
El Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco informó que en mayo próximo, al cumplirse 14 años de los hechos, presentará el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue y dicte una sentencia histórica que ponga fin a la impunidad absoluta.
En conferencia de prensa, los integrantes de esta agrupación manifestaron que en estos años han esperado justicia, pero ahora sabemos que no llegará nunca porque los autores intelectuales, entre ellos –señalaron– el ex presidente Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, ni siquiera han sido investigados.
Recordaron que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron brutalmente reprimidos, como venganza del Estado por haberse rebelado contra el designio imperial de construir un aeropuerto en el lecho del antiguo lago de Texcoco, en 2001.
Indicaron que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución sobre este caso Peña Nieto se reunió con Víctor Benítez Treviño, secretario de Gobierno; Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal; con representantes de Vicente Fox, ex presidente; Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública Federal; Miguel Ángel Yunes, coordinador del Consejo Nacional de Seguridad Pública, entre otros, para planear la estrategia represiva.
El colectivo destacó que buscará motivar a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, para que inicie una investigación de oficio por los hechos que denunciamos. Habremos de allegarle toda la documentación que podamos.
Jorge Orta explicó que su finalidad es alcanzar una reparación integral del daño, lo cual abarca en primer punto llegar a la verdad histórica, no la que dan a conocer los gobiernos, como sucedió en el caso de Ayotzinapa. Además, que el resultado de la investigación se haga público, saber qué es lo que realmente sucedió, las violaciones, las torturas, los asesinatos. También, que se deslinde la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales.
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miércoles, febrero 12, 2020

Ayotzinapa: tiempo de resultados


L
a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó ayer que tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
La encargada de la política interior también informó que la Comisión ampliada se reunirá cada mes con los padres de los estudiantes desaparecidos, además de sostener reuniones internas quincenales en Bucareli, con el fin de revisar los avances en el caso.
Según Sánchez Cordero, existen ya adelantos importantes en las indagatorias y se ha mantenido la coordinación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participó en las pesquisas a demanda de los familiares y la sociedad, por lo que hay un optimismo oficial acerca de que en breve tiempo se aclarará el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos luego de los hechos de violencia ocurridos en el municipio Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Sin duda es un hecho saludable que un poder soberano –el Judicial–, y un órgano autónomo del Poder Ejecutivo –la Fiscalía–, se sumen de manera plena a los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, integrada en su origen por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como por delegaciones de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, y de las organizaciones civiles que los acompañan.
Con esta ampliación se da una confluencia de factores que estuvieron ausentes durante más de cuatro años, el más importante de los cuales acaso sea la voluntad política de la Presidencia para esclarecer el horror iniciado hace más de un lustro con la desaparición de los jóvenes.
Dada esta conjunción inmejorable, cabe demandar a las autoridades que los familiares de las víctimas y el conjunto de la sociedad mexicana puedan conocer con exactitud, y sin dilaciones innecesarias, qué pasó entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 y dónde están los 43 estudiantes desaparecidos.
Es evidente que el esclarecimiento debe ir acompañado de la reparación del daño y de la garantía de no repetición, pues sin ellas no podrá hablarse de una aplicación cabal de la justicia en el episodio de violación a los derechos humanos más emblemático de este siglo en México.
Por último, es imprescindible que la investigación se extienda a todos los involucrados en el crimen, y se confirmen o descarten las sospechas de encubrimiento desde las más altas esferas del poder público que enturbiaron el caso en el sexenio anterior.
Para lo anterior deberá emprenderse una revisión exhaustiva de las deficiencias y los aspectos llanamente deplorables de la pesquisa realizada por la extinta Procuraduría General de la República, cuya culminación fue la impresentable verdad histórica, sostenida hasta el final por la administración federal pasada.
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martes, febrero 11, 2020

Víctimas de la represión en Atenco acudirán a la Corte Penal Internacional

 
Periódico La Jornada
Martes 11 de febrero de 2020, p. 4
El Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura en Atenco informó que presentará una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a cargo de Fatou Bom Bensouda, debido a la inacción y simulación judicial en México y las abrumadoras evidencias de que nunca ha existido la intención de investigar a los autores intelectuales de los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de nuestras garantías individuales.
En conferencia de prensa a la que asistieron María Luisa López y Rodolfo Cuéllar, sobrevivientes de la represión en Texcoco y Atenco en mayo de 2006, el colectivo detalló que denunciarán ante esta instancia internacional a los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como al ex ministro Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública Federal.
También a Miguel Ángel Yunes, quien fungió como coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Preventiva, entre otros.
Señaló que con el fin de motivar al fiscal de la CPI para que inicie una investigación de oficio, se entregarán diversos documentos, como una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la investigación de violaciones graves a las garantías individuales; también una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De igual manera, se enviarán los expedientes de los sobrevivientes de la tortura en Atenco, elaborados por la CNDH, así como la información documental, bibliográfica, hemerográfica y fílmica.”
El abogado Juan de Dios Hernández explicó que no obstante que el artículo 21 de la Constitución establece la jurisdicción de la CPI, también puntualiza que para reconocerla necesita ser a petición del presidente de las República y con la aprobación del Senado.
Sin embargo, vamos a motivar al fiscal para que ejerza las funciones que el Estatuto de Roma le otorga, entre ellas realizar investigaciones de oficio cuando a su juicio exista la posibilidad de que se haya cometido un delito de lesa humanidad.
Indicó que otro requisito para llevar el caso ante la CPI es que previamente se agoten las instancias internas, lo que, dijo, ya sucedió. Ha habido una expresa manifestación por parte del Estado de que no va a investigar, y mucho menos castigar a los perpetradores intelectuales, insistió.
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viernes, febrero 07, 2020

Padres de los 43 exigen nueva etapa en las pesquisas sobre Ayotzinapa

Los afectados mantienen la esperanza
El 5 de marzo López Obrador volverá a recibir a los familiares de los normalistas desaparecidos //
No hay muchos progresos: subraya abogado
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de febrero de 2020, p. 7
En la reunión realizada este jueves entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se habló de la necesidad de abrir una nueva etapa en la investigación del caso, con el impulso de la voluntad política de este gobierno, señalaron asistentes al encuentro.
Se están acelerando las dinámicas y tareas en todas las áreas, tanto la de hallar la verdad como la de brindar justicia, y hoy (ayer) se ratificó un informe de que se sigue avanzando por ahí. Estamos en la lógica de fortalecer los procesos que luego puedan dar resultados, más que de dar resultados en sí, indicaron defensores de derechos humanos que pidieron no ser citados con sus nombres.
Cuestionado sobre el ánimo de los padres de los normalistas sobre la falta de resultados definitivos de la indagatoria, las fuentes señalaron que aunque están inquietos de que no se les brinda la información que están esperando, hay claridad de que este gobierno ha tomado acciones que habían estado pidiendo. En general, mantienen la esperanza de que haya verdad y justicia.
Tras el encuentro en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 indicó que restos localizados durante las búsquedas del caso Ayotzinapa sufrieron una infección por las condiciones de las cuevas en las que fueron localizados, por lo que aún están en procesos de limpieza para enviarse a la Universidad de Innsbruck, Austria, para ser analizado.
El abogado indicó que se revisaron avances de la investigación, aunque también reconoció que progresos no hay muchos, y programaron para el 5 de marzo un nuevo encuentro con el mandatario
El pasado 9 de enero los padres de los normalistas se reunieron con el Presidente. Rosales dio a conocer en dicha ocasión que fueron localizados nuevos restos durante 18 jornadas de búsqueda, que serían enviados a análisis a Innsbruck y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar estudios que estarían listos en febrero o marzo.
En el encuentro de ayer, al que también acudió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el mandatario les ratificó su compromiso de continuar con la investigación.
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