Llega la solidaridad a Chalchihuitán

Solidaridad con Chalchihuitán

Amigas queridas, compas y compitas.
Esperamos estén muy bien y preparándose a recibir el 2019.

Esta mañana hace mucho frío aquí en San Cristóbal y sus alrededores.

Todas las compañeras del Fideo, hemos decidido que mañana, día 28, iremos a uno de los campamentos de desplazados de Chalchihuitán guiadas por su representante, Marcos, a llevar frijolitos y alimento enriquecido que nos dona Alma Fondo de Ayuda Social.

Ojalá puedan poner un granito de frijol, o nos acompañen con algo para comprar tazas y tinas para preparar y repartir el alimento.

Les agradecemos de corazón.

Si necesitas recibo deducible de impuestos por el donativo, envíalo a:
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Campaña de solidaridad: #NievesNoEstáSola

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CIDH responsabiliza al Estado mexicano por violación de mujeres en Atenco

El entonces gobernador de Edomex las estigmatizó al llamarlas guerrilleras, señala

Ana Langner

Periódico La Jornada
Sábado 22 de diciembre de 2018, p. 12

El ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del estado de México, estigmatizó a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco en mayo de 2006 al llamarlas guerrilleras, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal interamericano notificó la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado, en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, sicológica y sexual y falta de acceso a la justicia.

Los hechos ocurrieron hace 12 años durante un operativo de las policías municipal, estatal y federal desplegado en Texcoco, San Salvador Atenco y en la carretera Texcoco-Lechería, estado de México para reprimir manifestaciones.

La resolución indica que la credibilidad de las víctimas fue puesta en duda y fueron estigmatizadas públicamente como guerrille-ras por el entonces gobernador Peña Nieto; el secretario General de Gobierno del estado de México de esa época, Humberto Benítez Treviño, y Wilfrido Robledo Madrid, en el momento comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal.

Asimismo, la Corte estableció que la violencia sexual fue utilizada por parte de agentes estatales como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder.

Ello, toda vez que instrumentalizaron los cuerpos de las detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes.

Inaceptable arma represora

La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado; conducta que el tribunal calificó de inaceptable.

La Corte concluyó que las detenciones de las 11 mujeres que le presentaron su caso –aunque vale destacar que hubo más agraviadas– fueron ilegales y arbitrarias.

Determinó que existió dilación en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades y que la pesquisa de tortura y violencia sexual no fue conducida con perspectiva de género.

Conforme a la información que consta en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CIDH expuso que la noche del 3 de mayo de 2006 hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, en la que se decidió utilizar la fuerza pública a fin de restablecer el estado de derecho en San Salva-dor Atenco.

“El gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron una vez que se acordó el uso de la fuerza pública, consta en el documento.

Como medidas de reparación, la CIDH ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. También investigaciones para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.

Asimismo encargó a México implementar medidas de atención a las mujeres y para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.

México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Culpa CorteIDH al Estado por tortura de mujeres de Atenco

Ana Langner

Ciudad de México. El Estado mexicano es responsable por la tortura sexual, violación y tortura sufridas por 11 mujeres en Atenco, Estado de México durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Este día el tribunal interamericano hizo pública la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2018, cuya resolución indica que México responsable internacionalmente por agresiones cometidas en contra de las 11 mujeres que llevaron el caso ante esta instancia internacional. Sin embargo, vale destacar que el número de agraviadas fue mayor.

La Corte ordenó al Estado como medidas de reparación, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.

Asimismo deberá brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas así como crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México.

También deberá establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Hace 12 años, cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto, gobernaba el Estado de México, la policía municipal, estatal y Federal, realizaron un operativo en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaron a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006.

En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas.

Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual

Ante ello, se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada.

Asimismo, reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.

En este contexto, el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones.

Asimismo concluyó que las detenciones iniciales de las once mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.

Bazar navideño del FIDEO

🎄Ya es la época del tan anhelado Bazar del Fideo🎄 ¡ayúdennos a pasar la voz!

Fideicomiso para La Salud de los Niños Indígenas de México A.C. 

Los esperamos en Casa Xitla en Calle del Convento 37, Colonia Santa Ursula Xitla en la Delegación Tlalpan.

12 y 16 de diciembre - Evento en Facebook

AMLO firma decreto para dar con normalistas desaparecidos

La verdad por encima de todo

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la firma en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.Foto Carlos Ramos Mamahua

Enrique Méndez y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2018, p. 3

En su primer acto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin encubrir a nadie.

En una ceremonia a la que acudieron los padres de los estudiantes, ofreció que se conocerá toda la verdad, que es revolucionaria, cristiana; la mentira es reaccionaria, del demonio. La verdad por encima de todo. El gobierno ayudará en ese propósito y les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. No nos vamos a lavar las manos.

También, en su conferencia de prensa matutina, reiteró que como Presidente no será cómplice de violaciones a derechos humanos y se indagará incluso una posible intervención del Ejército, pero acotó que cualquier resultado dependerá de la investigación autónoma que realizará la fiscalía general.

En el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con la firma del decreto su administración inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y se ordena a las distintas áreas del gobierno prestar todo el apoyo a ustedes y a la comisión que se integrará, para llegar a la verdad.

En respuesta a María Martínez Seferino –madre de Miguel Hernández Martínez–, quien lo definió como ejemplo de que hay que seguir luchando, pero le exigió demostrar que sí los apoyará, el mandatario sostuvo que ganó con el apoyo del pueblo y por eso no habrá ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió.

El resultado, dijo, dependerá del trabajo de los responsables de la comisión, que tendrán amplias facultades. Por eso tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Sólo tengo un amo, que es el pueblo de México. Ganamos a pulso, con el apoyo del pueblo, que es el soberano y al que le tengo respeto y lealtad.

Antes, en la conferencia, resaltó que su gobierno no va a ocultar la verdad, y puntualizó que la investigación incluirá a toda la administración, a los involucrados, y en el supuesto de que elementos del Ejército estuviesen inmiscuidos, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde. Pero no nos adelantemos, porque para eso es la investigación.

Se trata, delimitó, de llevar todo el proceso y no de que se detenga o se encarcele a fulano o a mengano, si no hay una investigación de por medio. No podríamos hacerlo de esa forma. El propósito es dar todas las facilidades.

Aclaró que si bien la investigación se realizará de manera independiente por el Ministerio Público, estará pendiente del avance. “No es decir ‘ya, se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver’. Seremos respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a los mexicanos”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la comisión tiene un solo compromiso y un único propósito: investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad, y esclarecer lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hasta que todos los mexicanos sepamos qué pasó, quiénes fueron los responsables y respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban entonces.

Alejandro Encinas, quien coordinará la comisión desde su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se buscará la verdad de una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. Esclarecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro de la atención a las víctimas.

"No nos falle, camine con nosotros", piden padres de los estudiantes

Emir Olivares Alonso y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2018, p. 3

Una rúbrica presidencial renovó la esperanza de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Tuvo que darse el relevo en la Presidencia de la República para que por fin, más de 50 meses después de la desaparición forzada de sus hijos, en sus rostros se asomara una pequeña luz de ilusión. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande.

Con esas palabras, María Martínez Seferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que no les falle, como lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto.

Nosotros, como padres, pedimos a usted, como padre, que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, porque no vimos ningún avance con él.

Durante la firma del decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa, realizada ayer en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, doña María aprovechó su turno al micrófono para hablar de frente, sin tapujos y desde el corazón, al mandatario federal.

Aquí estamos, a 50 meses que hemos andado exigiendo la presentación de nuestros 43 jóvenes. Estamos aquí, señor, para pedirle que esta firma que acaba de hacer no nada más quede así. Queremos que usted siga caminando con nosotros. Busquemos hasta encontrar a nuestros hijos.

La mujer ocupó el lugar central en el presídium, lo que resultó simbólico para las familias. Sus palabras conmovieron a los presentes. Recordó a López Obrador que él es el mejor ejemplo de que para alcanzar los objetivos se debe ser perseverante, por lo que remarcó que las madres y los padres no descansarán en su empeño de hallar a sus hijos. Añadió que no sólo son los 43 estudiantes, sino miles de desaparecidos en todo el país.

“Gánese la confianza de todos los mexicanos. Como ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza en usted (...) Lo que hemos hecho es defendernos y usted nos puso el ejemplo de que el que persevera alcanza. Usted no se rindió. Así le pedimos también que camine con nosotros (…) Ayúdenos, señor. No queremos que esto quede impune. Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, va a ser grande”.

Al finalizar el acto, las familias, junto a los miembros de las organizaciones civiles que los han acompañado, ofrecieron en el mismo salón una conferencia en la que indicaron que con la firma del decreto inicia una nueva etapa en la lucha por la presentación de los estudiantes y que la confianza en el nuevo gobierno federal se irá ganando conforme avance el proceso.

Criticaron la irresponsable y poco ética recomendación sobre el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues consideraron que los revictimiza y apunta a avalar parte de la llamada verdad histórica al indicar que existe la posibilidad que un grupo de normalistas haya sido incinerado en el basurero de Cocula.

Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, indicó que esta nueva etapa de lucha incluirá avanzar en varias líneas de investigación estancadas y en las que la Procuraduría General de la República no quiso profundizar, entre ellas la posible participación de elementos del 27 batallón de infantería y de elementos de corporaciones policiacas tanto de otros municipios de Guerrero como estatal y federal, y la telefonía vinculada a la operación del crimen organizado en la zona.

Obrador firma Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa

CDMX, 3 de diciembre 2018.- Con la firma del Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se compromete  con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” que no habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia.

Al encabezar la firma del decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló:

“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

Por ello, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el desarrollo de las diligencias que estarán a cargo de la Comisión de la Verdad, misma que contará con amplias facultades: “Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece”, expuso.

El mandatario agregó que una da de las acciones que contribuirá a establecer la realidad de los hechos será el respaldo institucional a quienes cuenten con información sobre el caso: “Lo de los testigos es algo muy importante, garantizarles protección para que den a conocer con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia”.

Recordó que el Poder Judicial determinó que será la Procuraduría General de la República (PGR) o, en su caso, la nueva Fiscalía General, la encargada de constituir la Comisión de la Verdad, “pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos. Habrá respeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con todo nuestro apoyo”.

El decreto será publicado mañana martes 4 de diciembre y establece la creación de la Comisión de la Verdad, conformada por integrantes del gabinete del gobierno federal, así como madres y padres de los jóvenes desaparecidos y expertos. Trabajará de manera autónoma bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, quien señaló que este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país”.

Por su parte Alejandro Encinas informó que serán retomadas investigaciones de organismos de derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR) de la administración anterior.

Subrayó que se dará la instrucción a todas las dependencias del Ejecutivo federal para que faciliten la información que les sea requerida y que no se podrá clasificar como reservada la que tenga relación con violaciones a los derechos humanos o que obstruya la persecución de delitos.

El decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Comisión de la Verdad será instalada en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

“Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de atención a las víctimas”, expresó Encinas Rodríguez.

Acompañando al presidente en la firma del decreto estuvieron presentes Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Asimismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración (Segob); Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez y Emilio Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González.