Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
H
ace cuatro años Arturo Campos Herrera fue a protestar a Chilpancingo por el encarcelamiento de 12 de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitario (CRAC-PC) y lo encarcelaron a él, acusado de robo, delincuencia organizada y secuestro, pero, como cientos de luchadores sociales, su único delito ha sido organizarse con su pueblo.
A partir del momento de la detención de Arturo, su esposa Agustina dedica su vida a la liberación. Su activismo le ha traído represalias, como el incendio de su casa, por el que en su momento demandó a los gobiernos federal y estatal que investigaran el caso y detuvieran a los responsables. Pero nada pasó.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica que Arturo Campos ha ganado dos amparos en los tribunales federales, por lo que ya sólo existe la acusación del secuestro de 43 personas que, por supuesto, no cometió. Por eso una serie de personalidades, entre ellas Ofelia Medina, Daniel Giménez Cacho y Mardonio Carballo, entregaron a la representación del estado de Guerrero en la Ciudad de México 33 mil firmas que exigen su liberación.
Cuando aún no se hablaba de la práctica criminal de la esterilización forzada en las comunidades indígenas, Arturo, en su calidad de defensor de derechos humanos, denunció que 14 mujeres mepháá de la comunidad de El Camalote, municipio Ayutla de los Libres, fueron esterilizadas con engaños por la Secretaría de Salud estatal. También alzó la voz contra la militarización del territorio y denunció la violación y tortura sexual de la que fueron víctimas las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Estas acciones, y no las que le imputan, son las que tienen a Campos en la cárcel.
Arturo encarna los agravios y la lucha de los indígenas de Guerrero. Na savi de origen, salió de su comunidad a estudiar la secundaria a la cabecera de Ayutla, pero la precariedad lo expulsó de su estado y se fue en busca de trabajo a Sinaloa, donde trabajó como jornalero. Después regresó a su pueblo y decidió participar activamente en la defensa de sus derechos, fundando en 1995 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos.
Años después, y de manera natural ante el incremento desbordado de la violencia, Campos se unió junto a su pueblo a la Policía Comunitaria de Guerrero, de la que llegó a ser consejero regional, hasta su detención en 2013.
Su defensa asegura que el activista se ha careado con los 43 supuestos agraviados de secuestro, pero ninguno se ha sostenido y declararon que ni siquiera lo conocen. Su libertad, como la del resto de los presos políticos del país, es la libertad de la sociedad entera.
