Preocupa a la CIDH falta de celeridad de autoridades para concluir el caso de los 43

• Mecanismo de seguimiento lamenta que después de tres años se desconozca su paradero
• Presenta informe de su cuarta visita al país para verificar avance de pesquisas sobre el ataque en Iguala

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 12

El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa manifestó preocupación ante la falta de celeridad de las autoridades mexicanas para alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ayer, la CIDH dio a conocer las conclusiones de dicho mecanismo tras su cuarta visita de verificación al país (27 y 28 de noviembre), en las que lamenta que tres años y dos meses después de los hechos, el paradero de los 43 estudiantes continúe siendo desconocido.

La comisión observa que hasta hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada y que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación, destaca el organismo internacional.

La meta de la visita fue continuar la supervisión del cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI en el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición, así como definir el trabajo del mecanismo, al culminar su plan de trabajo presentado en noviembre de 2016. La delegación estuvo integrada por la relatora para México y coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, y personal técnico de la CIDH.

Al pronunciarse sobre los avances presentados por el Estado mexicano, el organismo interamericano dijo valorar positivamente la aplicación de la tecnología Lidar (dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz pulsado) en la búsqueda de los estudiantes, así como el inicio de rastreos en campo de las áreas marcadas a través del uso de dicha tecnología. También reconoció los esfuerzos para hacer una base de datos de fosas en el estado de Guerrero, "cuya consolidación aún queda pendiente".

En torno a la investigación, reconoció que se hayan recabado en el expediente indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes, tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación.

Valoró también el trabajo realizado en telefonía y balística, que posibilitó concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos. “La CIDH insta al Estado a ubicar a varios actores, cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, y señala la importancia de consignar policías de diferentes instituciones involucrados.

Según la información recibida, está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en último término. Como señaló la CIDH anteriormente, estos hechos, aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula. Adicionalmente, aún no se define plenamente la identidad de actores claves al momento de los acontecimientos.

Justicia para Arturo

Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez

H

ace cuatro años Arturo Campos Herrera fue a protestar a Chilpancingo por el encarcelamiento de 12 de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitario (CRAC-PC) y lo encarcelaron a él, acusado de robo, delincuencia organizada y secuestro, pero, como cientos de luchadores sociales, su único delito ha sido organizarse con su pueblo.

A partir del momento de la detención de Arturo, su esposa Agustina dedica su vida a la liberación. Su activismo le ha traído represalias, como el incendio de su casa, por el que en su momento demandó a los gobiernos federal y estatal que investigaran el caso y detuvieran a los responsables. Pero nada pasó.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica que Arturo Campos ha ganado dos amparos en los tribunales federales, por lo que ya sólo existe la acusación del secuestro de 43 personas que, por supuesto, no cometió. Por eso una serie de personalidades, entre ellas Ofelia Medina, Daniel Giménez Cacho y Mardonio Carballo, entregaron a la representación del estado de Guerrero en la Ciudad de México 33 mil firmas que exigen su liberación.

Cuando aún no se hablaba de la práctica criminal de la esterilización forzada en las comunidades indígenas, Arturo, en su calidad de defensor de derechos humanos, denunció que 14 mujeres mepháá de la comunidad de El Camalote, municipio Ayutla de los Libres, fueron esterilizadas con engaños por la Secretaría de Salud estatal. También alzó la voz contra la militarización del territorio y denunció la violación y tortura sexual de la que fueron víctimas las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Estas acciones, y no las que le imputan, son las que tienen a Campos en la cárcel.

Arturo encarna los agravios y la lucha de los indígenas de Guerrero. Na savi de origen, salió de su comunidad a estudiar la secundaria a la cabecera de Ayutla, pero la precariedad lo expulsó de su estado y se fue en busca de trabajo a Sinaloa, donde trabajó como jornalero. Después regresó a su pueblo y decidió participar activamente en la defensa de sus derechos, fundando en 1995 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos.

Años después, y de manera natural ante el incremento desbordado de la violencia, Campos se unió junto a su pueblo a la Policía Comunitaria de Guerrero, de la que llegó a ser consejero regional, hasta su detención en 2013.

Su defensa asegura que el activista se ha careado con los 43 supuestos agraviados de secuestro, pero ninguno se ha sostenido y declararon que ni siquiera lo conocen. Su libertad, como la del resto de los presos políticos del país, es la libertad de la sociedad entera.

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