Los días 3 y 4 de mayo de 2006, casi 3.000 policías tomaron parte en una operación contra las manifestaciones encabezadas por una organización local de agricultores en Texcoco y en San Salvador Atenco, Estado de México. En el operativo policial se cometieron graves violaciones de derechos humanos: se saldó con 207 personas detenidas, dos civiles muertos, decenas de manifestantes y policías heridos y 26 mujeres violadas a manos de agentes estatales.
Cinco años después, sólo nueve agentes de la policía han sido sometidos a sanción disciplinaria. Además, los cargos de abuso de autoridad y actos libidinosos atribuidos a estos policías no reflejan la gravedad de los actos de tortura, violación y otras agresiones cometidas.
La gravedad y la impunidad en este caso lo han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha pedido al gobierno mexicano realizar las investigaciones pertinentes sobre las violaciones y torturas, así como sobre las violaciones al debido proceso.
La Fiscalía Especial para la Prevención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA), dependiente del poder Ejecutivo Federal, declinó su competencia y remitió el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Aún en este escenario legal, es el gobierno federal encabezado por el Presidente el responsable de responder a la CIDH y de garantizar que se haga justicia por un caso que cinco años después sigue impune.
Señor Presidente Calderón
A cinco años de los violentos enfrentamientos ocurridos en la población de San Salvador Atenco, las mujeres que fueron detenidas y abusadas sexualmente no han recibido justicia a pesar de haber acudido a todas las instancias competentes.
Los estándares internacionales consideran la violencia sexual cometida contra estas mujeres a manos de agentes del Estado como un acto de tortura, delito que está penado internacionalmente en diversos tratados ratificados por el gobierno mexicano.
Le exhorto a que coopere de manera inmediata y sin reservas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a que tome las medidas adecuadas para terminar de manera urgente la una investigación completa y exhaustiva sobre la situación denunciada por estas mujeres.
Asimismo, le insto a que se identifique y lleve ante la justicia a todos los responsables de la violencia sexual cometida los días 3 y 4 de mayo de 2006 y a que se entreguen reparaciones justas a las víctimas por los daños cometidos.
Reiterándole el hecho de que sucesos como este están lejos de olvidarse y a la espera de su respuesta.
Atentamente,
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