AYUDA HUMANITARIA URGENTE PARA LOS DESPLAZADOS DE CHIAPAS

Tus donativos son deducibles de impuestos.

SCOTIABANK

Cuenta: 0010 7853 564

Clabe: 044180001078535644

Sucursal: 106 Tlalpan-San Fernando Plaza 0101 Teléfono de la oficina: (52) 555171 3705 y 555665 9190

La desaparición forzada también es tortura institucional hacia los familiares

• EI INSTINTO DE MADRE le decía a Vianey Arce Sandoval que aquel cuerpo que vio seis
  días después de la desaparición, era el de su hijo.

• Les entregaron el cuerpo de Ángel Alexis dos años después, DOS AÑOS DE TORTURA mientras estaba a disposición del Gobierno de Sinaloa.

• Otros CUATRO CASOS SIMILARES tiene documentados la Asociación Sabuesos Guerreras, de Sinaloa.

Sinaloa, 11 de octubre del 2024

Vianey Arce Sandoval, mamá de Ángel Alexis (fotografía de Begoña Lecumberri)

El 2 de septiembre del 2022, Ángel Alexis Arias Arce, un joven de 21 años, fue desaparecido en Culiacán, Sinaloa. Salió de su casa y no se supo de él hasta el pasado 8 de octubre del 2024, después de dos años, cuando la Fiscalía General de dicho estado, entregó el cuerpo a su madre Vianey Arce Sandoval.

Desde el día que desapareció Ángel Alexis, Vianey Arce emprendió su búsqueda. Lo buscó por sus lugares habituales, hasta que, con gran dolor, su instinto maternal la hizo llegar al Servicio Médico Forense (SEMEFO), ahí le dijeron que no había ningún cuerpo con las características de Ángel Alexis.

Seis días después de la desaparición, Vianey se enteró que habían localizado dos cuerpos en la colonia Progreso de esa ciudad y pese a la insistencia de Vianey que los perfiles genéticos de los cuerpos se analizaran y cotejaran con los de su familia, la respuesta de las autoridades siempre fue negativa.

En estos dos años de búsqueda permanente mantuvieron a Vianey con sesiones de trabajo con el Ministerio Público en las que en un mes le decían que había un probable cotejo, meses después le informaban lo contrario. Vianey estaba con el alma en límite por no saber de su hijo, por un lado, al pensar que uno de los cuerpos podría ser Ángel y por otro, con la llama de la esperanza de encontrarlo vivo.

Por la TORTURA INSTITUCIONAL que vivió Vianey y su familia, así como l@s compañer@s de Sabuesos Guerreras, A. C., DENUNCIAMOS LO SIGUIENTE:

• La Fiscalía General de Justicia del estado de Sinaloa es RESPONSABLE POR LA DESAPARICIÓN Y OCULTAMIENTO del cuerpo sin vida de ANGEL ALEXIS porque, teniendo las capacidades institucionales para identificar y regresar dignamente el cuerpo no lo hizo.
• La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa es responsable de TORTURA INSTITUCIONAL perpetuada contra VIANEY y todos los integrantes de su familia.

Por lo tanto, EXIGIMOS:

• Se INVESTIGUE Y SE CASTIGUE a los responsables de desaparecer el cuerpo de ANGEL ALEXIS dentro de las propias instalaciones de la Fiscalía.
• Que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables en línea de cadena de mando, por la TORTURA INSTITUCIONAL cometida contra la familia de ANGEL ALEXIS.
• Que se CONTRATE A UN EQUIPO DE EXPERTOS en identificación forense, dedicados exclusivamente a concluir los procesos de la identificación de todos los cuerpos que continúan en el SEMEFO y que sean entregados a sus familias de manera digna.
• Se PRIORICEN LOS RECURSOS para sostener un equipo multidisciplinario permanente sólo para la identificación de restos, a través de un aumento al presupuesto del SEMEFO.

¡BASTA DE TORTURA INSTITUCIONAL A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS!

Abrazamos a Vianey, a su familia y a quienes incansablemente buscan a sus seres queridos desaparecidos.

¡HASTA ENCONTRARLES!

Sabuesos Guerreras, A. C.; Fray José Raúl Vera López, O.P.; Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila; Ofelia Medina, activista, dramaturga y fundadora de Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C (FIDEO), CDMX; Begoña Lecumberri, directora de proyectos de Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C (FIDEO), CDMX.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; (FUUNDEC-M) Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN), Coahuila; Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VI.D.A. Laguna, A.C.) Coahuila; Buscando Desaparecidos en México (BÚSCAME) Coahuila; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Colectivo 21 de Mayo, Tamaulipas; Colectivo Solecito de Veracruz; Colectivo 10 de Octubre de Parral, Chih.; Colectivo Casa de la Esperanza de Ciudad Cuauhtémoc, Chih.; Colectivo Juan Panadero, Sinaloa; Colectivo Recias Sinaloa; Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, de Mazatlán, Sinaloa; Asociación Agustina Ramírez; Buscadoras por la Paz, Sonora; Buscando a Nuestros desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectiva Pitaya Árida; Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), Puebla; Tacuichamona Mx.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Chihuahua; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Centro de Derechos de las Víctimas de violencia Minerva Bello; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC), Coahuila; Colectivo Sí a la Vida, Coahuila; Comunidad San Aelredo Coahuila; Consultores por la Paz; Delta Teatro A.C.; Iniciativa Sinaloa; Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense; Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; K’inal Antsetik; Las Abejas de Acteal, Chiapas; Mezquite, Colectiva de Aprendizaje, Jalisco; Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C.; Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Servicios para la Paz (SERAPAZ) CMDX; Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.; Red de los Derechos de las Infancias, México; Todos y Todes» (Red TDT), México; Transtornadxs, Disfóricxs y a Contrapelo; Organización 12 Pueblos Originarios de Tecámac; Otros Mundos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Vecinos del Cerro de Tecalco-Chiconauhtla.

Adelina González Marín; Alejandra Sierra Moncayo; Alma Rosa García Guevara, defensora, Coahuila; América Armenta; Ana Vázquez Carpizo; Andrea Medina Riancho, Investigadora/Profesora de la Universidad de California; Antonio Esparza, solidario; Atala Chávez y Arredondo; Carlos Perezmurphy, UACM; Carlos Rodríguez Contreras, investigador, Colombia; Claudia Ordóñez; Concepción Suárez Aguilar; Constantino Rubén Moreno Méndez; Daniela Pastrana, periodista, CDMX; Dolores Soto, solidaria, CDMX; Emma Villalba, abogada agrarista CDMX; Erika Verástegui; Esther Vázquez Ramírez, UACM; Esperanza Martínez Hernández; Eufrosina Rodríguez Trejo, escritora y pedagoga; Francisco Romero; Gloria Zaldivar, UACM; Guadalupe Pérez Rodríguez, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria; Gustavo Castro Soto, Otros Mundos A.C.; Helena Yrízar, psicoanalista; Humberto Robles, dramaturgo; Irma Valdez Ramos; Jorge Verástegui González; Juan López Villanueva, solidario, CDMX; Julio Hernández – Astillero – periodista; Karim Garay Vega, UACM; Luisa Riley Rodríguez, cineasta; Machelly Flores Reyna; Marcos Vizcarra, periodista, Sinaloa; María del Carmen Mendoza Bobadilla; María Jiménez Mier y Terán profesora, UACM; María Monserrat Nájera González; María Pérez Jiménez, solidaria; Mariela Oliva Ríos, UACM; Martha Elena Welsch, Lekil Kuxlejal A.C.; Mary Melo; Michael Chamberlin, defensor, CDMX; Miguel Urbina, abogado, Colombia; Mónica Oliva Ríos, UACM; Monserrat Nájera, antropóloga; Norma Medina – Directora de Cáritas San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Pablo Romo Cedano; Patricia Díaz Romo; Pedro Faro; Ricardo Greeley Cornejo; Ricardo Hipólito; Rodrigo Montelongo; Rosario Villanueva; Salustia Natera Moreno; Samuel Cielo Canales, UACM; Sandra Alicia Velasco Herrera, solidaria, Coahuila; Sandra Martinelli, UACM; Sergio Aguayo; Tania Ramírez, Red de los Derechos de las Infancias, México; Teresa Pérez Jiménez, solidaria; Volga de Pina; Yolanda García y de Montanaro, solidaria; Zardel Jacobo, profesora.

Javier Modesto: Hasta encontrarle

Familiares exigen la localización con vida del niño Na Savi Javier Modesto

Bazar en Casa Lamm

AMLO restituye tierras a labriegos de Atenco

El Presidente y María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT, ayer, durante un acto celebrado en las canchas deportivas de Atenco.Foto La Jornada

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 1º de julio de 2023, p. 27

San Salvador Atenco, Méx., El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ayer el documento de restitución de 186.5 hectáreas de tierras a los campesinos de San Salvador Atenco que los despojaron para la construcción de la infraestructura del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la zona de Texcoco.

En un acto en las canchas deportivas de Atenco, el mandatario se comprometió a que antes de terminar su gobierno quedará concluida y operará una Universidad Benito Juárez y una clínica del IMSS Bienestar.

También firmó un pacto de palabra con los ejidatarios para que todos se comprometan a mantener la unión en el pueblo de San Salvador Atenco. Queremos que se acaben las divisiones y juntos luchemos por el bienestar del pueblo, porque no nos vamos a estar dividiendo, si aquí no está el problema sino arriba, con los grandes caciques. Aquí no viven grandes caciques, grandes terratenientes ni potentados corruptos; en Atenco, es puro pueblo, expresó.

Ante vecinos y labriegos, López Obrador reconoció la lucha de muchos años del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), para defender el agua, la tierra y su entorno. Afirmó que con el frente se avanzó mucho y en coordinación con el dirigente del movimiento campesino, Ignacio del Valle, se logró la declaratoria como reserva natural protegida de todas las tierras de la zona que integran el lago de Texcoco.

“Vamos a seguir caminando juntos, ya se dio un primer paso, después de años de sacrificio, de fatiga, de que no se rindieron. Todos tenemos que cuidar el lago de Texcoco, la tierra, porque estas tierras pertenecen a ésta y a las futuras generaciones y tenemos que actuar con responsabilidad, dijo.

La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, explicó que se entrega al ejido de Atenco 430 parcelas que corresponden 186.5 hectáreas en una primera etapa y se devolverán más de 100, en una segunda fase. Del Valle, dirigente del FPDT, sostuvo que este día deberá ser recordado como el que una vez más los de abajo volvemos a recuperar lo que siempre ha sido nuestro, porque la tierra es de quien la trabaja como ya lo dijo nuestro general Zapata.

Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio: Manifiesto a la nación

A 14 años de lucha por 49 razones

Encabezan sobrevivientes movilización en Hermosillo

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Martes 6 de junio de 2023, p. 7

Deudos del incendio en la Guardería ABC, sobrevivientes, familiares y ciudadanos en general marcharon ayer por las principales calles de Hermosillo, Sonora, para exigir justicia y evidenciar 14 años de impunidad. Los inconformes advirtieron a las autoridades judiciales que no detendrán su lucha hasta que se ejecuten las sentencias contra los responsables de la conflagración y que la reparación de daños llegue a las niñas y niños víctimas de los que llamaron el crimen más grave en la historia de este país.

La protesta fue encabezada por 36 jóvenes sobrevivientes del siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009, vestidos de morado, quienes anunciaron que continuarán sus movilizaciones para exhortar a las autoridades garantías de no repetición del incidente. Los acompañaron 49 banderas rosas y azules, una por cada víctima del incendio, así como el redoblar de decenas de tambores que resonaban entre la consigna ¡Justicia, ABC, nunca más!.

El contingente, integrado por unas 3 mil personas, se congregó en las ruinas de la estancia infantil en la esquina de las calles Mecánicos y Ferrocarrileros de la colonia Y Griega; a continuación avanzaron por el bulevar Vildosola y Rosales hasta llegar a las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

Ahí, la activista Rosa María O’Leary y Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, muerto en el incendio, dieron lectura a un manifiesto dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los gobiernos federal y estatal.

Padres de los fallecidos en el incendio demandaron al Poder Judicial que se ejecuten las sentencias contra los responsables y exhortaron a que se aplique la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como ley 5 de junio.

Exigimos al Poder Ejecutivo estatal y federal tengan en su agenda de trabajo y políticas públicas la aplicación efectiva de la ley 5 de junio, con el fin de garantizar el desarrollo integral de las infancias en toda la República Mexicana, y así cumplir con el mandato constitucional en su artículo cuarto, expuso Patricia Duarte.

Asimismo, solicitaron a la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se violente el derecho a la salud digna y oportuna a las víctimas directas e indirectas del siniestro; reclamaron atención de calidad sin distinción y la construcción de un memorial que dignifique el legado de las 25 niñas y 24 niños que perecieron en la tragedia.

A 14 años de la tragedia en la ABC, no hay responsables en la cárcel, reclaman deudos

Buscan justicia, no dinero, dicen

Ahora con edades de entre 15 y 18 años, 36 jóvenes que sobrevivieron al incendio del 5 de junio de 2009 marcharon en Sonora.Foto La Jornada

Eduardo Murillo

 

Periódico La Jornada
Martes 6 de junio de 2023, p. 7

Padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC señalaron que no buscan dinero, sino justicia. Ante la SCJN denunciaron que a 14 años de la tragedia ninguno de los responsables está en la cárcel. Los familiares acudieron a reponer las cruces del memorial, que fueron arrancadas por los manifestantes que, el 28 de mayo pasado, se enfrentaron con quienes sostenían el plantón en demanda de la renuncia de la ministra Norma Lucía Piña.

“Son 14 años luchando, pidiendo, suplicando, mendigando y simple y sencillamente no hay nada. Hoy por la mañana se dio un informe de risa porque, si se fijaron, hablaron de sumas de dinero y yo creo que ahí es donde empieza el error, creen que con unos pesos se hace justicia y no señores, la justicia se da verdaderamente cuando se aplica.

No hay responsables en la cárcel a 14 años, muchos niños ya van a cumplir 18 años, los papelitos que firmaron van a vencer y no se ha hecho algo verdadero, afirmó Fabián Goyzueta Sandoval.

Con una planta eléctrica para soldar, el padre de Daniel Alberto Goyzueta, uno de los niños que falleció ese 5 de junio de 2009, volvió a colocar la cruz con el nombre de su hijo en el memorial al que ahora se sumó una cruz de dos metros de altura con la leyenda 49 ABC.

“No tenemos justicia y vuelven a destruir nuestros memoriales, por eso queremos desde aquí expresar nuestra rabia, impotencia y frustración. Sepan que nuestro dolor no termina y se ahonda cada vez más que nos hacen algo así.

Quiénes y por qué destruyen las crucecitas de nuestros hijos, con saña y sin ningún remordimiento frente a las cámaras, por qué la Suprema Corte de Justicia no garantiza, al menos, la permanencia de este memorial, demandó Carolina Campos, madre de Mía Regina, otra de las víctimas del incendio.

Fabián Goyzueta señaló que su demanda de justicia incluye medidas para prevenir que una tragedia similar vuelva a ocurrir; mencionó, por ejemplo, la ley 5 de junio, diseñada para que todas las guarderías y estancias infantiles cuenten con medidas de prevención, pero que no ha sido aprobada en todo el país, pues falta aún que sea votada en Nuevo León.

Afirmó que han ganado todos los juicios, todos los amparos que han promovido y aún no obtienen la justicia que buscan. No sé ustedes dónde creen que sea el lugar correcto para pedir justicia, si el lugar donde nos arrebataron las cruces o no sabemos dónde más, señaló ante la SCJN.

ABC: la difícil justicia

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentaron un informe con los avances en torno al caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde 49 niños murieron y un centenar sufrió heridas de distinta gravedad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009.

El primero informó que por el momento hay dos personas vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en la mayor tragedia infantil en la historia de México.

Encinas, por su parte, detalló medidas directas e indirectas de reparación integral del daño para las víctimas, entre las que se incluye a los fallecidos y a los lesionados sobrevivientes, así como a padres, hermanos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos.

La amplitud y el carácter multidimensional de las políticas destinadas a atender a las víctimas reflejan la existencia de una voluntad auténtica de reparar el daño por parte del gobierno federal, el de Sonora y el IMSS. Está claro que es una obligación del Estado proveer todas las facilidades sanitarias, educativas y de acompañamiento para que quienes perdieron a un ser querido o sobrevivieron a la conflagración puedan rehacer sus vidas, y es de saludarse que, como señaló el subsecretario Encinas, en este caso no haya limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender la situación.

Sin embargo, las familias de la guardería ABC han sido enfáticas en que todos estos elementos de apoyo significan muy poco para ellas en ausencia de justicia y castigo a los responsables. Este reclamo, con todo lo justo que resulta, enfrenta obstáculos formidables que ponen su cumplimiento más allá de las facultades del Poder Ejecutivo.

Por principio de cuentas debe recordarse que desde el sexenio de Felipe Calderón se han dictado sentencias que absuelven a quienes son ampliamente considerados los mayores culpables de la cadena de negligencias que desembocó en catástrofe: los ex directores del Seguro Social Juan Molinar Horcasitas (ya fallecido) y Daniel Karam, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y los dueños de la estancia infantil, entre quienes se encontraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima tanto de la entonces primera dama y actual diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, como de Lourdes Laborín, esposa del mencionado Bours.

Las complicidades tejidas por los dos gobiernos federales panistas que diseñaron e implementaron la fatídica privatización de las guarderías garantizaron la impunidad a estos personajes, que no pueden ser juzgados dos veces por las mismas causas.

Incluso si se encontraran las vías legales para reactivar los procesos, el control del Poder Judicial por personajes identificados con (y en varios casos, nombrados por) el calderonismo vuelve muy difícil cualquier adelanto por el camino jurídico aunque, como ha señalado Encinas en otro contexto, deba hacerse todo lo humanamente posible para lograr justicia para las víctimas y sancionar a los individuos que, por acción u omisión, provocaron la tragedia de la guardería ABC.

Lo que ciertamente puede lograrse es profundizar y perfeccionar la reparación del daño y establecer garantías de que una desgracia semejante jamás se repetirá, y para ello es indispensable persistir en el combate a la corrupción, la insensibilidad y la impunidad en la administración pública.

Marcha en Hermosillo, Sonora

A 14 años sin ellos/as:

M A R C H E M O S:

El próximo lunes 5 de Junio se cumplen 14 años del más grande crimen en contra de la niñez mexicana en la historia reciente de México, también se cumplen 14 años de impunidad, de compromisos mediáticos de los gobiernos que llegan y se van dejando todo igual, 14 años donde la indiferencia y la voluntad política no otorgan JUSTICIA a 49 infantes que les arrebataron la vida en el lugar donde tenía que ser salvaguardada por el Estado mexicano así como a decenas que resultaron gravemente lesionados.

14 años que las madres y padres que sus hijos/hijas son usuarios de estancias infantiles no tienen la certeza que estén bien cuidados mientras ellos laboran.

14 años donde empezamos a exigir #ABCNuncaMas, en un primer momento dejándolo a la voluntad política de los que dicen gobernar y después exigiendo la aplicación efectiva de la #Ley5DeJunio; y seguimos casi en las mismas condiciones que provocó la tragedia del 5 de junio.

A todas las personas los invitamos a no olvidar este crimen en memoria de quienes ya no están pero principalmente por las niñas y niños usuarios de estancias infantiles y las generaciones que vienen.

Marchemos este lunes 5 de junio en punto de las 6:00 pm de lo que fue la #GuarderiaABC a las escalinatas del museo de SoyUnison donde daremos a conocer cómo se encuentra el caso así como los retrocesos que se han presentado.

Salgamos juntos a exigir mejores condiciones en las estancias infantiles y que todo niño y niña tenga derecho a la Educación Inicial como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Por el futuro de México, cuidemos y respetemos a nuestros niños y niñas en memoria de quienes ya no están”

Hoy 49 madres no pudimos abrazar a uno de nuestros hijos e hijas.

#diadelamadre2023
#Ley5DeJunio
#lacorrupcionmataniñxs
#ABCNuncaMas
#MemorialABC

Movimiento Cinco de Junio

No buscamos dinero, sino justicia: padres de caso ABC

Eduardo Murillo

Padres de los 49 niños fallecidos en la Guardería ABC colocan las cruces que fueron tiradas el último fin de semana del mes de mayo, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, el 5 de junio de 2023. Foto Alfredo Domínguez

Los padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, afirmaron que no buscan dinero, sino justicia, y reclamaron que a 14 años de esa tragedia ni uno solo de los culpables esté en la cárcel.

Un grupo de los familiares de las víctimas de esta tragedia acudió este lunes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para restaurar las cruces que habían colocado en ese lugar, en homenaje a los fallecidos, las cuales fueron arrancadas el 28 de mayo pasado, por los manifestantes que desalojaron el plantón que exige la renuncia de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

“Son 14 años luchando, pidiendo, suplicando, mendigando y simple y sencillamente no hay nada. Hoy por la mañana se dio un informe de risa, porque si se fijaron hablaron de sumas de dinero, y yo creo que ahí es donde empieza el error, creen que con unos pesos es justicia y no señores, la justicia se da verdaderamente cuando se aplica, no hay responsables en la cárcel a 14 años, muchos niños ya van a cumplir 18 años, los papelitos que firmaron van a vencer y no se ha hecho algo verdadero”, afirmó Fabian Goyzueta Sandoval, padre de Daniel Alberto, uno de los niños que murió en el incendio.

Con una planta eléctrica para soldar, el padre volvió a colocar la cruz con el nombre de hijo, en el memorial al que ahora se sumó una cruz de dos metros de altura con la leyenda “49 ABC”.

“No tenemos justicia, y vuelven a destruir nuestros memoriales, por eso queremos desde aquí expresar nuestra rabia, impotencia y frustración. Sepan que nuestro dolor no termina y se ahonda cada vez más que nos hacen algo así.

“Quiénes y por qué destruyen las crucecitas de nuestros hijos, con saña y sin ningún remordimiento frente a las cámaras, por qué la Suprema Corte de Justicia no garantiza, al menos, la permanencia de este memorial” demandó Carolina Campos, madre de Mía Regina, otra de las víctimas del incendio.

Fabián Goyzueta señaló que su demanda de justicia incluye medidas para que una tragedia similar no vuelva a ocurrir, mencionó por ejemplo que la Ley 5 de Junio, diseñada para que todas las guarderías y estancias infantiles cuenten con medidas de prevención, no ha sido aprobada en todo el país, pues falta aún que sea aprobada en Nuevo León.

Afirmó que han ganado todos los juicios, todos los amparos que han promovido, y aún no obtienen la justicia que buscan.

“No sé ustedes dónde creen que sea el lugar correcto para pedir justicia, si el lugar donde nos arrebataron las cruces o no sabemos dónde más, allá enseguida donde no nos reciben, aquí donde no nos reciben, en derechos humanos donde ni pena ni Gloria”, señaló.

Guardería ABC: la dolorosa impunidad

Mañana se conmemoran 14 años del incendio que quitó la vida a 25 niñas y 24 niños en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Los padres de las víctimas mortales y de los más de 100 infantes que sufrieron heridas y secuelas anunciaron que volverán a movilizarse para protestar y exigir justicia por la tragedia infantil más grande en la historia de México.

El siniestro del 5 de junio de 2009 en una bodega improvisada como estancia para pequeños en la capital sonorense y el comportamiento posterior de las autoridades, condensan la descomposición institucional imperante en las administraciones panistas. Durante el sexenio de Vicente Fox, se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para flexibilizar los requisitos exigibles a los privados que deseaban administrar una guardería subrogada, es decir, un servicio privado pagado con recursos públicos. En los hechos, esto significó la entrega indiscriminada de concesiones para el manejo de las estancias a personas sin experiencia ni capacitación alguna en el cuidado de bebés y niños. Se había creado un boyante negocio para los dueños de las casas cuna, quienes explotaron la necesidad de las familias trabajadoras y cobraron al IMSS por sus servicios, muchas veces negligiendo las más elementales normas de seguridad que deben observarse al estar a cargo de la educación y las vidas de infantes.

El incendio, cuyo origen permanece inexplicado, sacó a la luz otro aspecto oscuro de este esquema: la corrupción con que se otorgaron los contratos, los cuales recayeron en individuos con nexos políticos y familiares dentro de la clase gobernante. Una de las dueñas de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es prima tanto de la entonces primera dama y hoy diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo como de Lourdes Laborín, esposa de quien era gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Estas conexiones se mostrarían determinantes en la impunidad de que gozaron todos los implicados, desde los socios hasta los funcionarios que debieron supervisar la seguridad de las instalaciones, como el director del IMSS que firmó el contrato con la ABC, Juan Molinar Horcasitas, y quien encabezaba el instituto al momento del siniestro, Daniel Karam.

A sólo unos días de este infausto aniversario, el pasado 28 de mayo un grupo de personas violentas que se manifestaba a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arremetió contra el memorial colocado por los padres de los niños fallecidos o heridos frente a la sede del máximo tribunal. Desprendida de una marcha en la que participó Margarita Zavala, la turba de ultraderechistas arrancó las 49 cruces blancas, cada una con el nombre de un niño muerto en el incendio, y las usó para arremeter contra los miembros del campamento que exige una reforma del Poder Judicial.

Las cruces no se encuentran a las puertas de la Suprema Corte por casualidad: ésta fue un actor central en el gran operativo de Estado urdido por el gobierno de Calderón para garantizar impunidad a los personajes poderosos cuyas acciones desembocaron, por acción u omisión, en la tragedia de la guardería. Pese a que su comisión investigadora determinó que en las estancias subrogadas del IMSS había un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia, así como que ese organismo carecía de fundamento legal para contratar a terceros, en junio de 2010 el pleno de la Corte desechó el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, quien ubicó a 14 funcionarios federales, estatales y municipales como responsables de violaciones graves de garantías individuales en el incendio. Contra sus propias evidencias, la SCJN decidió no fincar responsabilidades, avalar la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías y deslindar a Karam, Molinar y Bours de lo ocurrido.

A 14 años de la tragedia y 13 de que la Suprema Corte diera un portazo a la justicia, el reclamo de los padres sigue siendo el mismo: castigo a los responsables y garantías de no repetición. Este clamor resonará mañana, y atenderlo es la única vía para cerrar la dolorosa herida en las vidas de quienes perdieron a sus pequeños o los han visto sufrir las secuelas perdurables de aquel episodio.

A 17 años de la represión y tortura sexual en Atenco

Los de abajo

A 17 años de la represión y tortura sexual en Atenco

Gloria Muñoz Ramírez

A

17 años de la represión social, detenciones arbitrarias y actos de tortura sexual ejercidos por policías estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, en el contexto de la lucha contra la construcción de un aeropuerto y de las actividades de La Otra Campaña, la historia no ha terminado.

No se olvidan los valientes testimonios de las mujeres que sobrevivieron a los ataques sexuales, dando cuenta de un operativo de Estado que violó todo protocolo de las fuerzas de seguridad, que hasta hoy continúan en la impunidad, empezando por Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad y luego presidente de México.

Hace cuatro años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) emitió la sentencia Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Y en estos días, luego de otro largo litigio, el grupo de mujeres logró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregue la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), concretamente a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación del caso bajo los parámetros ordenados por la Coridh.

El camino recorrido durante casi dos décadas ha sido arduo, como todo lo que tiene que ver con la justicia en México. Apenas hace tres años, las mujeres iniciaron una larga batalla legal, pues, como se sabe, las autoridades locales habían estado a cargo de las investigaciones de los actos de tortura y represión, teniendo como consecuencia que ningún elemento o funcionario de esas corporaciones haya sido sancionado por la tortura sexual.

Fui torturada sexualmente por muchos policías. No es posible saber cuántos: me habían tapado la cara con mi propio suéter, contó en su momento Norma Jiménez, una de las 11 mujeres que rindieron su doloroso testimonio ante la Coridh, recordando los hechos de mayo de 2006, cuando ocurrió uno de los casos más emblemáticos de la represión contra la protesta social en México, del cual no se ha dicho la última palabra, pues los responsables siguen libres.

Desinformemonos.org

Fiscalía de Edomex debe entregar a FGR investigación de represión en Atenco

Para las mujeres sobrevivientes, esta resolución constituye “un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia”.

La agrupación de mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco logró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deba remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación sobre los hechos de represión social, detenciones arbitrarias y actos de tortura por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco en 2006.

Así lo confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 245/2022, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). 

Para la agrupación de mujeres sobrevivientes, esta resolución judicial constituye “un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia”.

En julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompañadas por el Centro Prodh iniciaron esta larga batalla legal contra las autoridades del Estado de México para que cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano. 

El Centro Prodh recordó que, durante estos 17 años, “las autoridades locales han sido  las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres”. 

“Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia, más recientemente negándose a remitir la investigación a FGR”, manifestó el Centro Prodh en un comunicado.

Precisó que, tras la confirmación de la remisión del total de la investigación a la FGR, ahora esta entidad está obligada a conducirla de manera integral, amplia, sistemática, minuciosa y sin dilación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso, así como los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión tanto federales, estatales o municipales.

Comunicado: #MujeresDeAtenco

#Comunicado
#MujeresdeAtenco exigen a Fiscalía General de Justicia del #Edomex que acate la sentencia de Amparo, la cual ordena que sea la #FGR quien realice la investigación total de los hechos de #TorturaSexual en su caso

Consulta más  ymlp.com/zfv8H0

Mujeres de Atenco exigen a Fiscalía de Edomex que acate sentencia y remita investigación del caso a instancias federales

Jueza Federal ordena que la sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien realice la investigación total de los hechos de tortura sexual en el caso de las Mujeres de Atenco. La sentencia de un juicio de amparo debe acatarse a la brevedad o se incurriría en desacato y obstaculización dolosa en el acceso a la verdad y la justicia de las sobrevivientes.

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2022.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debe remitir a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación sobre autoridades estatales involucradas en los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006, para que esta entidad investigue la totalidad de los hechos y determine las responsabilidades derivadas de la tortura sexual y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de once mujeres. Así lo resuelve la sentencia de un amparo promovido por las sobrevivientes, como parte de su lucha de más de 16 años en búsqueda de verdad y justicia. La sentencia emitida por la Jueza Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México establece que en el caso se cumplen todos los requisitos legales para que FEVIMTRA ejerza su facultad de atracción; por lo que, al no existir sustento que motive la negativa que ha mantenido la FGJEM, le ordena remitir la totalidad de la averiguación previa a la FEVIMTRA.  A 16 años de los hechos y casi 4 años de emitida la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano, las mujeres hacen un llamado para que la Fiscalía estatal acate a la brevedad la sentencia y evite seguir obstaculizando el acceso a la verdad y a la justicia que han buscado las sobrevivientes durante tantos años. En la resolución de amparo, la jueza federal establece de forma contundente que el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH sólo es posible si se investiga en conjunto la totalidad de los hechos, incluyendo la responsabilidad de todos los perpetradores tanto a nivel estatal como federal, así como la cadena de mando; lo cual únicamente puede realizarse por la FGR, quien además debe garantizar que la investigación se realice con perspectiva de género. Reiteramos que la FGJEM, no solo ha realizado una investigación deficiente y sin resultados; sino que, en franco incumplimiento del fallo interamericano, se ha negado a remitir la investigación a FEVIMTRA. Por ello, desde diciembre de 2020 las mujeres, acompañadas por el Centro Prodh, interpusieron un primer amparo, en el que se ordenó a la Fiscalía estatal a emitir un nuevo acuerdo; sin embargo, al emitirlo, la autoridad local se volvió a negar a remitir la investigación. Debido a esto, las mujeres y sus representantes, decidieron interponer un nuevo amparo, resuelto recientemente a su favor y en esta ocasión establece claramente la obligación de la FGJEM de remitir finalmente la investigación a la FEVIMTRA. Las sobrevivientes, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), exhortan a FEVIMTRA para que realice todas las acciones dentro de sus facultades para acatar la sentencia interamericana. Esta instancia, además, debe dar a conocer a las mujeres el plan de investigación que seguirá para garantizar que la investigación de todos los responsables se conduzca con debida diligencia y que se trabaje con prontitud en el esclarecimiento de los hechos, tal y como lo ordena la Corte IDH. A su vez, las mujeres instan al Poder Judicial para que dé seguimiento a su resolución y garantice el efectivo cumplimiento de la sentencia de amparo.  *** El acceso a la justicia por las graves violaciones a derechos que sobrevivieron las mujeres ha sido una prioridad en la exigencia que han mantenido desde que ocurrieron los hechos; sin embargo, este no es el único pendiente en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, pues medidas como la atención en materia de salud han sido lentas y poco efectivas, lo que ha generado desgaste para las mujeres.   A la par de las acciones jurídicas que han emprendido las Mujeres de Atenco, ellas han continuado con la difusión y promoción de la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, levantando la voz en solidaridad de otras mujeres que han sobrevivido a actos de tortura sexual y otras graves violaciones a sus derechos humanos, incluso en hechos recientes. Frente a la persistencia de la tortura sexual, el avance en las investigaciones del caso resulta indispensable para romper con la impunidad que prevalece ante los hechos.  Consulta la campaña en: http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/