miércoles, abril 27, 2016

Luchas por lo Común


Diálogo directo, exigen padres a Peña tras salida de expertos

  • Encabezan marcha al cumplirse 19 meses del ataque en Iguala
  • Piden aceptar pronto el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2016, p. 13
Con la salida obligada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto diálogo directo y que acepte lo más pronto posible el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del informe de la instancia internacional.
Esta exigencia se presentó de diferentes formas y tonos durante la movilización que encabezaron la tarde-noche de este martes, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, al cumplirse 19 meses de los hechos de Iguala.
En diferentes paradas a lo largo de la marcha, primero frente a la Procuraduría General de la República (PGR), luego en el Antimonumento a los 43 –sobre Paseo de la Reforma– y finalmente en el mitin en el Hemiciclo, los padres señalaron que el informe del GIEI confirmó lo que ellos sabían desde el principio: “que la llamada ‘verdad histórica’ nunca existió”.
Señalaron que es responsabilidad del gobierno federal, por su intención deliberada de obstruir la investigación y de encubrir a los responsables, que no se ha podido llegar a la verdad de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Frente a la PGR, acusaron al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, de haber obstaculizado las averiguaciones, alterado escenarios, sembrado pruebas y encubierto a los responsables. Pidieron castigo para el funcionario.
En el trayecto, decenas, cientos de manifestantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y espontáneos que acompañaron a los padres de los normalistas no dejaron de gritar consignas y exigir justicia. ¡Fue el Estado! Ya lo sabíamos, pero el GIEI lo vino a demostrar, se escuchó varias veces desde el sonido que acompañó la marcha durante toda la ruta.
En el Antimonumento a los 43, que cumplió un año de instalado, exigieron al Presidente dar la cara y reunirse de manera directa con los padres para que acepte ya el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Ahi, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, agradeció el acompañamiento que durante todo este tiempo les ha dado la sociedad civil. Pasaron lista a los 43 estudiantes desaparecidos.
Foto
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en reunión con los expertos de la CIDHFoto Fabiola Martínez
En este último tramo de la movilización, hacia el Hemiciclo a Juárez, los manifestantes lo hicieron con decenas de antorchas encendidas en alto, siempre custodiados por decenas de policías preventivos y de vialidad sobre las aceras.
Durante el mitin, varios padres de familia y el abogado Vidulfo Rosales señalaron que tras el informe de los expertos de la CIDH quedó muy claro que el gobierno mexicano siempre se condujo dentro de la mentira y el engaño.
Rosales destacó que esta lucha ya no es sólo por los 43, sino por los más de 27 mil desaparecidos que tiene el país, por sus familiares, que sufren el dolor del ser ausente debido a la omisión y corrupción de las autoridades.
La movilización de los padres concluyó sin incidentes cerca de las 21 horas, con la entonación del himno Venceremos y la exigencia de la aparición con vida de los jóvenes normalistas.
Solidaridad en los estados
Unas 3 mil personas marcharon este martes en Chilpancingo, Guerrero, en apoyo a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y de los padres de los 43 alumnos de ese plantel desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. En Morelos y Chiapas hubo movilizaciones similares.
Los manifestantes en Chilpancingo exigieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que los reciba en audiencia, y al presidente Enrique Peña Nieto que prorrogue la estancia de los expertos de la CIDH hasta que se presente con vida a los normalistas. La marcha partió del punto conocido como El Caballito, y en el paraje Parador del Marqués bloquearon ambos carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco. La movilización concluyó al filo de las 16 horas.
En Cuernavaca, Morelos, organismos civiles, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y maestros se manifestaron de las 10 de la mañana al mediodía. Durante el mitin pasaron lista a los 43 estudiantes de Ayotzinapa; aseguraron que en Morelos se ha aprehendido a presuntos responsables de los hechos de Iguala porque la entidad es residencia de delincuentes.
A su vez, profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en Chiapas.
(Sergio Ocampo, Rubicela Morelos y Elio Henríquez, corresponsales)

Requieren saber el paradero de sus hijos, más allá de reparación del daño

El GIEI va a Gobernación a hablar de todas las tareas pendientes
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2016, p. 13
Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), coadyuvante del Estado mexicano para investigar el caso Ayotzinapa, se reunieron esta tarde con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Los especialistas señalaron que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 requieren, por sobre todas las cosas, saber la verdad del paradero de sus seres queridos, más allá de reparación del daño de tipo economicista.
Hemos venido aquí a hablar de la atención a las víctimas, de todas las tareas que quedan pendientes y de cómo construir una política que realmente responda a sus necesidades y genere confianza, dijo Carlos Beristain, uno de los cinco integrantes del GIEI.
En lo que fue la última reunión con funcionarios de Gobernación, a cuatro días de la conclusión de su trabajo en México, el GIEI conoció características del estudio sicosocial que será aplicado a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, paso preliminar para definir la atención que habrá de darse a las víctimas. El modelo del estudio fue elaborado por la asociación civil Fundar, dedicada al análisis de políticas públicas.
Ángela Buitrago, también integrante del GIEI, explicó que el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa lo está definiendo en estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una forma de verificar las actividades de las autoridades mexicanas para la búsqueda de los desaparecidos.
Lo que decimos es que, efectivamente, tiene qué seguirse bajo la medida cautelar de la CIDH (emitida desde octubre de 2014), dijo.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, explicó que trabajan en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y Salud, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentes en el encuentro de este martes en Bucareli.
Analizaron las recomendaciones del GIEI, así como las medidas cautelares dictadas desde 2014 por la CIDH. En materia de atención a víctimas, dijo, son atendibles.

El gobierno de EU y la ONU piden a México aplicar las recomendaciones del GIEI

  • Manifestaron su preocupación de que no se dé con el paradero de los normalistas
  • Lamentan que los obstáculos que enfrentaron los expertos les impidieran ahondar en líneas de investigación, como la que señala a militares y otras autoridades como cómplices del crimen
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2016, p. 11
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacdh) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la partida de México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto.
Dijo que los muchos retos y obstáculos que enfrentaron los expertos independientes pudieron haber impedido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso.
También alentamos al gobierno mexicano a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso Ayotzinapa muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los estados a combatir la impunidad en situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, dijo Rupert Colville, vocero de Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos, por conducto del el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri, reiteró el exhorto al gobierno mexicano para que considere las recomendaciones finales del GIEI
Durante una audiencia de la comisión de relaciones exteriores del Senado en Washington, señaló: confiamos en que las autoridades mexicanas consideren las recomendaciones del informe, evalúen las medidas sugeridas para resolver las desapariciones forzadas, apoyen a las familias de las víctimas y continúen sus esfuerzos para traer ante la justicia a los responsables.
Por separado, un grupo de expertos en derechos humanos del más alto nivel, también de la ONU, exhortó al gobierno mexicano a una pronta puesta en marcha de las recomendaciones del GIEI, y reprocharon que en la segunda etapa de su mandato, el grupo no haya contado con la plena colaboración gubernamental.
Estas declaraciones distribuidas en México por la oficina de Naciones Unidas son atribuidas a Michael Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Mónica Pinto, relatora especial para la independencia de los magistrados y abogados; Christof Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias; Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas.
Señalaron que ninguno de estos obstáculos impuestos al GIEI resta valor a la solidez de su trabajo, a la seriedad de sus hallazgos y a la calidad de sus recomendaciones.
Además, señalaron que el informe del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos, y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes.
En otro punto, subrayaron que el informe tiene compatibilidad con el peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizado en el basurero de Cocula, Guerrero, que indica por lo menos 27 irregularidades y contradicciones respecto de las investigaciones oficiales.
Los expertos de Naciones Unidas declararon su pleno apoyo a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de crear un mecanismo especial de seguimiento e insistieron al Estado mexicano que debe participar y colaborar activamente en el mismo.
De igual forma resaltaron la importante labor que le corresponde desempeñar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la nueva etapa que se abre en México sin el GIEI.

Informe del GIEI, acusación a la justicia de México: NYT


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2016, p. 12
En un editorial encabezado México huye de la verdad, el New York Times considera que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se tiene que interpretar como una acusación al sistema judicial notoriamente corrupto y frecuentemente brutal de México.
Resumiendo las tareas del GIEI y sus experiencias en sus investigaciones, el editorial recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Guerrero en diciembre de 2014, donde pocos meses atrás habían desaparecido los 43 normalistas, para pedir que México superara esta fase y siguiera adelante. Peña Nieto, comenta, tendría que haberse engañado al pensar que podría dar la vuelta a una atrocidad contra los derechos humanos que enfureció a la nación, cuando el gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen ni por qué.
Añade que semanas antes de esto, y respondiendo a protestas masivas y condenas internacionales, Peña Nieto había acordado permitir el ingreso del GIEI, pero, después de que éste presentó su primer informe, en lugar de reconocer el significado de esas conclusiones, el gobierno mexicano obstruyó las solicitudes de información y de acceso a testigos claves. Más aún, cuando aparecieron notas periodísticas descalificando a dos de las integrantes del GIEI, se interpretó que eran parte de una campaña realizada con la bendición del gobierno.
El editorial resume las conclusiones del informe final y cuenta que éste fue presentado el domingo en México, donde “familiares de las víctimas corearon ‘no se vayan, no se vayan’. Ningún funcionario mexicano se molestó en presentarse. Eso dejó más que volúmenes enteros sobre la falta de voluntad política del gobierno para reformar las instituciones judiciales y sobre la insensibilidad hacia sus ciudadanos”.

martes, abril 26, 2016

Marcha de las Antorchas



GIEI: Los padres de los 43 están en riesgo; “nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”

A unos cuantos días de que los cinco expertos del GIEI abandonen el país, ya con las maletas hechas, su mayor preocupación es la seguridad de los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Alejandro Valencia y Ángela Buitrago. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Alejandro Valencia y Ángela Buitrago señalaron que el tema de las víctimas aún no se resuelve en México. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Por Shaila Rosagel y Sandra Rodríguez Nieto
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que espera a los padres de los jóvenes.
Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.
Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.
“Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.
“Lo hemos visto en las reuniones incluso, unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo […] Y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización, por una parte, como de criminalización, por la otra… nos preocupa mucho y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos; es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”, agrega.
En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.
“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.
“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.

***

Alejandro Valencia. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Alejandro Valencia expuso que “El Caminante” es un personaje que puede ser un enlace operativo importante en el tema de la desaparición de los normalistas. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
–Con los detalles de la información, si nos pudieran auxiliar un poco para ubicarnos, sobre el papel de “El Caminante”. No sé cuál sea la interpretación que hagan al margen de lo que se plasma en el expediente, de este personaje.
–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo.
–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.
–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?
–[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.
–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?
–[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.
–Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?
–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.
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–¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.
–[AB] Lo que nosotros podemos decir es que el jefe de la división criminalística es él. Nosotros podemos decir es que él aparece en el video del 28 de octubre de 2014, y que por esa razón y frente la presencia del jefe máximo de la división de criminalística, pues tendría que explicarse las razones por las cuáles no hay constancia de esos actos. Creo que eso es lo que tiene que verificar el Gobierno mexicano o la Fiscalía de la PGR.
–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?
–[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.
–¿Y quiénes se cerraron?
–[AB] Quienes se abrieron, te contesté.
–Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?
–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.
–¿Qué cosas no caminaron bien?
–[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.
–¿Hubo cerrazón del Ejército?
–[AB] Bueno eso es evidente. Hubo manifestaciones públicas del jefe de esa institución y desde el principio. Cuando nosotros intentamos entrevistar a los miembros del 27 Batallón, también solicitamos una información muy relevante para la investigación, las bitácoras, los informes de inteligencia. Supimos que ellos tomaron algunas fotografías y videos y esa información no fue ni suministrada ni a nosotros ni a la PGR, que era la autoridad de este país encargada de la investigación del caso.
–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?
–[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.
–Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?
–[AB] Nosotros no pudimos observar eso porque no nos metimos a la parte muy interna, de lo que tu llamas el intestino mexicano. Lo que pudimos observar desde nuestra competencia y para lo que veníamos es que sí hay una ambivalencia en determinados miembros. Qué podamos hacer un diagnóstico de Gobierno, mal lo haríamos. Lo segundo que podemos decir es que, y voy a utilizar una palabra que utilizó uno de los miembros del Gobierno, es que el Estado no es monolítico y cada uno tiene su posición, cada quien tiene una participación determinada, pero hacerlo nosotros, creo que les corresponde a ustedes que conocen realmente el manejo interno de acá.
–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.
–Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?
–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.
Ángela Buitrago. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Ángela Buitrago señaló que hasta ahora no puede dar una radiografía del Estado mexicano. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
LAS REVELACIONES DEL CASO
–¿Qué revela el caso Ayotzinapa?
–[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.
–[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.
–[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones.
–Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?
–[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.
–[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.
–¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?
–[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.
–¿Más grave que en Colombia?
–[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad?
–[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer…
–Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más…
–[AB] Sofisticados…
–Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?
–[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.
–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.
–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?
–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.
–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…
–¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?
–[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…
–¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?
–[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.
–[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas…
–¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?
–[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.
–[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…
–¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia?
–[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración…
–¿Cómo definirían la justicia mexicana?
 –[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona..
–¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?
–[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.
–Exigir pruebas…
 –[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?
–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…
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Aunque es duro el camino no nos damos por vencidos, vivos se los llevaron y así los queremos, vivos!!

No descansaremos hasta que esten de vuelta con nosotros, no nos detendremos hasta tenerlos cerca; pues este sentimiento no lo podrán apagar. Nuestra esperanza nos hace fuertes para ayudarnos a caminar...

PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!!

Padres y Madres de Ayotzinapa

BOLETÍN | Madres y padres de Ayotzinapa exigen cumplimiento de recomendaciones del GIEI e investigación de responsabilidades de funcionarios.



*El gobierno debe aceptar ya el mecanismo de seguimiento por parte de la CIDH
*El presidente faltó a su palabra al no dar condiciones de trabajo al GIEI
Ciudad de México, 25 de abril de 2016. Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como de los asesinados y heridos valoraron hoy positivamente el trabajo del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), exigieron el cumplimiento de todas sus recomendaciones y líneas de investigación, reiteraron el pedido de hacer una investigación contra las autoridades que han obstaculizado la verdad y la justicia y apremiaron a que las autoridades acepten el mecanismo de seguimiento del caso tal y como lo formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las madres y padres agradecieron la indudable contribución del GIEI en el esclarecimiento de tramos importantes de los hechos que no habían sido aclarados por las instituciones, así como en la consecución de un trato digno hacia ellos y no garantizado por las instituciones. En ese sentido, pidieron que la salida de las y los expertos de México no signifique un cese de la atención a la que tienen derecho, especialmente en cuanto a los jóvenes que resultaron heridos –Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano-, y remarcaron que ésta debe ser oportuna y a perpetuidad.
Las familias elevaron un fuerte reclamo hacia el presidente de la República por haber faltado a su palabra, pues en su encuentro de octubre de 2014 se comprometió a dar todas las condiciones para el trabajo del GIEI y no ocurrió así, como se confirmó en el informe presentado ayer por el grupo. En él se destaca la persistente negativa a permitir la entrevista a miembros del 27 Batallón del Ejército que fueron testigos excepcionales de los hechos, así como la fragmentación de la investigación y el impedimento para entrevistarse también con presuntos responsables ya detenidos, especialmente a partir de enero de este año, entre otras inconsistencias y omisiones.
El inmediato inicio de una investigación al interior de las instituciones encargadas de la impartición de justicia por las gravísimas e inaceptables irregularidades en la investigación fue otra de las exigencias de las familias de los normalistas. Siendo ya una demanda que tiene más de un año de formulada, fue reforzada por la difusión por parte del GIEI del video donde se ve al director de la Agencia de Investigación Criminal participando de actuaciones judiciales no consignadas en el expediente relativas a las bolsas con restos humanos en teoría halladas en el Río San Juan, entre los cuales se encontró el identificado como perteneciente a Alexander Mora Venancio.
Las familias insistieron en que se deben cumplir las recomendaciones hechas ayer por el GIEI en su informe, así como agotar las líneas de investigación sugeridas por el grupo. Para ello se deben contar con las declaraciones de todos los policías de Huitzuco involucrados, especialmente de su director –no localizable desde el día de los hechos-, el esclarecimiento de las responsabilidades de la policía estatal, la policía ministerial, la Policía Federal y el Ejército, ya sea por las omisiones o por la propia participación en la desaparición forzada y ataques a los estudiantes y civiles.
Ante las irregularidades en el expediente y la inminente salida del Grupo de Expertos, madres y padres urgieron a que autoridades del más alto nivel acepten un mecanismo de seguimiento del caso por parte de la CIDH en los términos en que lo expresó ayer el propio presidente de la Comisión, James Cavallaro. La representación legal de las familias informó que ya trasladó a la CIDH las características que esperan del mecanismo de seguimiento, entre ellas visitas periódicas a México, acceso a fuentes directas en la investigación, la participación de un integrante del GIEI y la conducción del propio Cavallaro, quien es relator de país para México.

GIEI: el régimen desnudo


Pedro Miguel
L
os integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.
Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja (el quinto autobús), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, donde los peritos de la procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí descubiertas un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos, sino por los propios empleados de la PGR.
Durante 11 días el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito local a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación–, el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato, pero no recibió respuesta de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.
Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la pérdida de prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.
Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
No hay incapacidad, sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala.
Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.
Twitter: @Navegaciones

La noche de Iguala y el Estado mexicano


Luis Hernández Navarro
C
uidadoso en las formas, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es demoledor en su contenido. No sólo cuestiona el pésimo trabajo judicial de los funcionarios encargados de investigar lo que sucedió la noche de Iguala. Pone en entredicho la credibilidad misma del Estado mexicano.
El informe de los expertos desmonta y evidencia fehacientemente las mentiras con que el gobierno mexicano elaboró su verdad histórica. Prescindiendo de adjetivos, desnuda y cuestiona el relato oficial de principio a fin. Documenta cómo los responsables de investigar la verdad y hacer justicia sembraron pruebas, obtuvieron confesiones mediante torturas y malos tratos, realizaron filtraciones interesadas, criminalizaron a las víctimas y ocultaron evidencia.
Más que para esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República ha trabajado para ocultarla. Lo ha hecho no sólo por la complejidad del caso y por sus propias insuficiencias profesionales, sino por la deliberada decisión de hacerlo. La investigación se realizó mal no sólo por fallas técnicas, sino por la decisión deliberada de llevarla a cabo mal.
En lugar de encontrar y castigar a los verdaderos culpables, las autoridades mexicanas han optado por fabricarlos. Al torturar a algunos responsables para que declaren lo que ellas quieren que digan, les han abierto la puerta para que sean liberados. Decididas a presentar los hechos como resultado de la acción exclusiva del crimen organizado y un grupo de policías corruptos, han terminado protegiendo a políticos y mandos de mayor jerarquía. En vez de encontrar a los responsables intelectuales, los han encubierto.
El informe demuestra cómo la noche de Iguala no fue sólo una orgía de sangre parida por la irracionalidad de un grupo de narcotraficantes lunáticos y desalmados, sino resultado de la trama institucional de un Estado mafioso que vio en la acción de los normalistas un peligro para sus negocios. No fue solamente ineficiencia e ineptitud de las instituciones, sino colusión de éstas con el crimen organizado. No fue producto únicamente de la abdicación estatal de sus más elementales responsabilidades para garantizar la seguridad ciudadana, sino obra de la degradación estatal generada por la ruta de la heroína.
Las policías ministerial y estatal de Guerrero, municipal de Iguala, Federal y el Ejército tuvieron control, así como monitoreo permanente y directo –por medio del C4– de los estudiantes de Ayotzinapa, desde el momento mismo de su salida de la escuela. Ya en Iguala –según el GIEI– hubo coordinación perfecta entre autoridades para generar un círculo de control que evitara la salida de los camionestomados por los estudiantes.
En su informe final, los expertos insisten en que las víctimas son víctimas por más que, desde el Estado, se haya pretendido estigmatizarlas. En contra de lo que la PGR afirmó, los estudiantes de Ayotzinapa no fueron a Iguala a boicotear ningún acto de la alcaldía. No eran parte de la delincuencia organizada ni estaban infiltrados por ella.
Entre muchas preguntas que aún quedan sin resolver sobre la noche de Iguala, la lectura del informe de los expertos deja una certeza: los estudiantes desaparecieron a manos de fuerzas del Estado.
Precavidos, los expertos evitaron señalar en su informe a funcionarios concretos involucrados en anomalías en el proceso. La excepción fue Tomás Zerón Lucio, responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Zerón, según el GIEI, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no se integró al expediente; un hecho de suma gravedad. También declaró, días después del primer informe de los expertos en septiembre del año pasado, que 17 jóvenes (y no los 43 que se decían originalmente) habían sido incinerados en el basurero de Cocula. El señalamiento del investigador criminal, a todas luces una medida para reposicionar la verdad histórica, no tenía sustento alguno en el expediente.
Desde que en septiembre del año pasado el GIEI presentó las primeras conclusiones de su investigación, la decisión gubernamental de que el trabajo de los expertos sufriera dilaciones, obstrucciones y bloqueos no ha cesado. Este domingo, tres sillas vacías en el Claustro de Sor Juana, durante la presentación del informe de los expertos, fueron el testimonio de ese encono. En ellas debieron sentarse los subsecretarios Roberto Campa, Miguel Ruiz y el subprocurador Eber Betanzos, representantes de la administración de Enrique Peña Nieto. No llegaron a la cita.
Apenas la tarde del día anterior, los funcionarios gubernamentales habían desairado una reunión clave con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido su presidente, James Cavallaro, para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Dentro y fuera de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pagado carísimo negarse a esclarecer lo sucedido la noche de Iguala. Su reputación internacional está por los suelos. Donde quiera que el mandatario mexicano se para fuera del territorio nacional, se le cuestiona por la grave violación a los derechos humanos que existe en el país y por lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué el Ejecutivo ha estado dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Acaso es preferible hacerlo así porque de lo contrario el costo que tendría para el Estado mexicano conocer la verdad sería mucho mayor?
Twitter: @lhan55

El gobierno perdió la credibilidad para investigar, señalan padres de normalistas

  • Aseguran que Peña Nieto no cumplió su palabra de permitir los trabajos del GIEI
  • Demandan el cese de Tomás Zerón, por obstruir las pesquisas sobre sus familiares
Foto
Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia para denunciar al gobierno federal por las promesas que les hizo y que al final resultaron ser mentirasFoto Jesús Villaseca
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2016, p. 7
Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por no haber cumplido su palabra de garantizar todas las condiciones para su trabajo en el país. El Presidente mintió, dijeron.
Además, pidieron el cese e iniciar un proceso contra el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, por obstrucción de la justicia y siembra de pruebas en el río San Juan, donde presumiblemente fueron encontrados los restos del estudiante Alexander Mora Venancio, como se desprende del video presentado la víspera por el GIEI, durante su último informe.
En conferencia de prensa, los padres de los jóvenes desaparecidos, asesinados o heridos de Ayotzinapa recordaron que fue el mismo presidente Peña Nieto quien desde su reunión con ellos, en octubre de 2014, también se comprometió a que en la investigación se llegaría hasta las últimas consecuencias, e incluso dijo que sería caiga quien caiga, tope con quien tope.
Hoy confirmamos, con el trabajo del GIEI, que esa palabra no fue cumplida, dijeron en tono enérgico Nicolás Andrés Juan y Emiliano Navarrete, dos de los padres de familia cuyos hijos están desaparecidos.
En una decena de intervenciones, los padres de familia recriminaron al presidente Peña Nieto su actuación con el GIEI, pues enfrentó una serie de obstáculos para realizar su labor, como la persistente negativa a permitir la entrevista directa a los militares del 27 batallón de Iguala, quienes fueron testigos excepcionales de los hechos, así como la fragmentación de la investigación y el impedimento para entrevistar también presuntos responsables detenidos, particularmente desde enero pasado.
Las familias insistieron en que se deben cumplir las recomendaciones hechas por el GIEI en sus informes, así como agotar todas las líneas de investigación sugeridas por el grupo.
Para ello se deben contar con las declaraciones de todos los policías municipales involucrados; el esclarecimiento de las responsabilidades de las policías estatal y ministerial; la Policía Federal y el mismo Ejército, ya sea por las omisiones o por la propia participación directa en la desaparición forzada y ataques a los estudiantes y civiles, sostuvieron.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos, dijo que se tiene que investigar al Ejército no sólo por su presencia esos días en los hechos de Iguala, sino también por su presunto involucramiento en el entorno de macrocriminalidad. El informe del GIEI da cuenta de datos, de referencias, que señalan al 27 batallón como fuente posible de tráfico ilegal de armas que beneficiaba a organizaciones delictivas presentes en Iguala.
En Chilpancingo, estudiantes y padres de familia de Ayotzinapa protestaron en la mañana frente a las instalaciones del Congreso estatal, exigieron al presidente Peña Nieto la permanencia en el país de los miembros del GIEI.
Melitón Ortega, vocero del grupo, dijo que su propuesta es que al menos se queden dos o tres miembros del GIEI. Nosotros no vamos a permitir que el caso quede en manos del gobierno, porque no tiene credibilidad, después de tantas mentiras que han dicho, insistió.
(Con información de Sergio Ocampo, corresponsal)