No lo olvides: Jornada Cultural
#SolidaridadConDesplazadas
Día de la niñez: Imaginando un mundo sin violencia.
Violín y piano, música para niños de todas las edades.
Conduce: Ofelia Medina
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C. Fisanim
Viernes 30 de abril de 2021, 12:00 horas.
San Cristóbal de Las Casas, Chis., El informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la matanza de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, ayudará a confirmar la verdad y obligará al gobierno mexicano a señalar la responsabilidad de los criminales que ordenaron, planearon, financiaron y ejecutaron la masacre, para que dejen de ser premiados y sus actos tengan verdaderas consecuencias
, manifestó la Organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían los fallecidos.
Seguimos creyendo que el informe provocará que (los responsables) no sigan convencidos de que pueden continuar comprando y usando armas de grueso calibre para causar terror en su propio beneficio, apoyados por el gobierno; en resumen, para evitar que ocurra de nuevo un crimen de lesa humanidad como el de Acteal.
En un comunicado, se advirtió que si no llega rápido la publicación del informe de fondo de la CIDH, corremos el riesgo de que la violencia siga ganando terreno en nuestras comunidades
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Manifestó que cada vez son más los que tienen echado a perder el corazón por el dinero que les sigue ofreciendo la autoridad pública. Y cada vez son más crueles los que, con el cobijo del mal gobierno, persiguen y acosan a quienes continuamos en resistencia, a los que seguimos intentando construir un mundo más justo sin depender de migajas
, con las que el gobierno ha logrado dividirnos para poder defender nuestra tierra contra los megaproyectos y así proteger nuestra vida y la de nuestros hijos.
La agrupación también expresó su preocupación debido a que se criminaliza, amenaza y violenta a quienes defienden los derechos de los pueblos a la vida y a su territorio, como nuestros hermanos y hermanas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mientras la autoridad local tolera la violencia, e inclusive la fomenta, al pagar rescates con dinero y con apoyos a los que ejercen la violencia
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Agregó: Y sabemos que no somos los únicos que enfrentamos los proyectos de muerte que quiere traer el gobierno traidor, para beneficiar a los poderosos, empresarios nacionales y extranjeros. Hoy más que nunca arriesga su vida aquel que defiende a la madre Tierra, pues los intereses de los ricos están protegidos por autoridades públicas, en tanto que los derechos humanos de los defensores ambientales en México son violados sistemáticamente
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Iban a reunión de la PADUC
Alerta sobre ambiente de hostigamiento a activistas
San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que dos de sus integrantes, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la ciudad de Palenque y hasta el cierre de la edición se desconocía su paradero.
En una acción urgente difundida la mañana del martes, la agrupación relató que alrededor de las siete de la mañana del lunes Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba, en San Cristóbal de las Casas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, con destino a Palenque.
Apuntó que la finalidad de su viaje era participar en una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.
Alrededor de las 21 horas la organización fue notificada de que Lázaro Sánchez Gutiérrez había llamado a sus familiares desde un número desconocido y dijo que él y Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo, y que era necesario que alguno de sus parientes, en un vehículo particular, llevara dinero a las ocho de la mañana del (martes) 13 de abril.
El Frayba destacó: Desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos, pero no han dado información clara sobre la situación
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La agrupación, presidida por el obispo emérito de Saltillo Coahuila, Raúl Vera López, manifestó su preocupación y condenó de manera enérgica estos actos de intimidación y agresión
que ocurren en un ambiente de criminalización de los defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Frayba
, por lo que hizo un llamado urgente al Estado mexicano a que realice una investigación exhaustiva e imparcial a fin de garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros
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También pidió la solidaridad nacional e internacional para que firmen la acción urgente disponible en la página del Frayba y escriban a las autoridades mexicanas, a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para la defensa de los derechos humanos
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Las diócesis de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la integridad de estas dos personas y a superar el ambiente de criminalización en Chiapas y en México contra los defensores de derechos humanos
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En un comunicado firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro (San Cristóbal) y Fabio Martínez Castilla y José Luis Mendoza Corzo (Tuxtla Gutiérrez), reconocieron el importante papel de este Centro de Derechos Humanos en la defensa de las personas marginadas de Chiapas, sobre todo en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
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En tanto, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal emitió un llamado urgente
a las autoridades para que Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez sean liberados cuanto antes.
San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que el fin de semana se intensificaron las detonaciones de armas de fuego
de un grupo armado de corte paramilitar
de Santa Martha, municipio de Chenalhó, contra comunidades de Aldama, por lo que pidió la intervención urgente del Estado mexicano
. Ello ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y sicológica de los habitantes de la región
, agregó en una acción urgente. Señaló que la comisión permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama le notificó que durante el sábado se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran casi cada minuto y que abarcan los 11 kilómetros que limitan a Aldama con Santa Martha
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San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que el fin de semana “se intensificaron las detonaciones de armas de fuego” de integrantes de un “grupo armado de corte paramilitar” de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en contra de comunidades de Aldama.
“Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región”, agregó en una acción urgente.
Señaló que la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, le notificó que “durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha”.
Manifestó que de acuerdo con los reportes, “los disparos provenientes de Santa Martha estaban dirigidos en contra de todas las personas que ven”.
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, pidió la intervención urgente del Estado mexicano para “evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramilitar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones”.
l 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo
, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal
, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos
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En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó
, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores
(GLR, Viejas y nuevas guerras sucias
, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).
Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.
Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.
Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.
¿Se prepara otro crimen de Estado?
