Por Iván Pedroza
Al transcurrir los días después del 1 de diciembre, la indignación popular crece conforme se difunde una sórdida imagen más o un nuevo relato de prepotencia. Un joven acorralado y golpeado hasta caer inconsciente, una muchacha tratada como “perra” por quienes preservan la seguridad pública, una cineasta de 38 kilos acusada de ser cabecilla de un grupo extremista, granaderos que impiden a familiares comunicarse con los detenidos a las puertas del Ministerio Público, el peregrinar de una madre hacia un reclusorio para enterarse que su detenido se encuentra en otro, un fotógrafo que padece una reclusión más severa en una estación migratoria que en el penal.
La operación del 1º de diciembre cumplió con un objetivo, ignoro si deliberado o fortuito: la mayoría dejamos de hablar de la ilegitimidad de Enrique Peña Nieto, motivo de las protestas ciudadanas. Nos concentramos en denunciar la deplorable actuación de Marcelo Ebrard y en exigir a Miguel Ángel Mancera la libertad de las personas detenidas.
Una transmisión de poderes en un virtual estado de sitio, resguardada por detenciones arbitrarias, tortura, abuso de autoridad y el uso desproporcionado de la fuerza pública aparenta ser todo menos el ritual de tránsito de una democracia. Ante esa mascarada institucional, a la sociedad le corresponde ser el personaje central. Cuando no es posible apelar a la vergüenza de quienes gobiernan, la ciudadanía debe recurrir con mayor urgencia a los instrumentos democráticos: participación, transparencia y de rendición de cuentas.
Por ello, es necesario evaluar el desempeño de una Secretaría de Seguridad Pública que arrestó a varias decenas de personas para quienes los jueces no encontraron elementos de mérito para dictar formal prisión. Los policías requieren un aprendizaje profundo sobre los protocolos para el uso proporcional de la fuerza, sobre el significado de la flagrancia y sobre el trato específico que requiere su actuación hacia jóvenes y movimientos sociales. Antecedentes como el New’s Divine, el caso reggaetoneros, o las torturas en Tepito hacen impostergable una vigilancia más estricta de los mandos policiacos sobre sus subordinados.
El comportamiento de la Procuraduría General de Justicia también debe ponerse a examen. En la mayoría de los casos de personas detenidas, los servidores públicos fueron incapaces de cumplir con las garantías del debido proceso, como los derechos a una defensa adecuada o a no permanecer incomunicado. Lamentablemente, no sabemos si la Procuraduría realiza las indagaciones administrativas y penales para sancionar a los funcionarios que fallaron en el cumplimiento de sus atribuciones, tanto en seguridad pública como en procuración de justicia.
Los policías que ejecutaron arrestos en flagrancia y los encargados de la procuración de justicia conformaron una inadmisible cadena de equivocaciones. Juntos fallaron en la presentación de pruebas para acreditar la comisión de los delitos de que se acusaba a la mayoría de las personas.
De las 86 personas presentadas en la agencia número 50, el lunes 3 de diciembre fueron puestas en libertad 16. El 9 de diciembre, de 69 personas hacia quienes se ejercitó acción penal, 55 fueron liberadas y 14 permanecen en prisión. A reserva de las correcciones que se haga a estas cifras, la simple eficacia de las autoridades para obtener autos de formal prisión del juez es de aproximadamente 16%.
Este porcentaje seguramente resultará exagerado al momento de las sentencias, tomando en cuenta la debilidad de las acusaciones que enfrentan las 14 personas actualmente sujetas a proceso. Además, hasta el día de hoy la efectividad para aprehender a quienes cometieron destrozos en los comercios y agresiones contra agentes del orden parece marginal.
Por ello, es sumamente desesperanzador el panorama de la seguridad y la justicia en la capital y en el país. Dos protagonistas de este ridículo episodio fueron arropados por los nuevos gobernantes: Manuel Mondragón y Kalb como encargado del despacho de una Secretaria de Seguridad Pública Federal desahuciada administrativamente (una entre otras enfermedades terminales) y Jesús Rodríguez Almeida como flamante Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Si para Peña y Mancera estos dos servidores públicos merecen apoyo y confianza, para una ciudadanía exigente sus conductas públicas deben tener consecuencias legales y políticas. No podemos encomendar la seguridad y la justicia de nuestra ciudad y de nuestro país a dos hombres que, en momentos críticos, privan de su libertad a 84% de inocentes – tan sólo de acuerdo al criterio de los jueces.
Será obligatorio para los poderes de la Ciudad de México restituir la práctica del debido proceso y emprender reformas inmediatas para instituir un sistema penal acusatorio-adversarial pleno. Asimismo, atender sin reticencias las resoluciones que en su momento adopte del órgano de protección de derechos humanos, que desde el informe preliminar sobre el caso se esbozan como observaciones trascendentes hacia el gobierno capitalino.
Y si bien aquí hemos señalado errores imperdonables en un gobierno emanado de partidos de izquierda –herederos a su vez de miles de personas torturadas, desaparecidas, asesinadas– no debe perderse de vista que el modelo persecutorio, coercitivo y criminalizador de la seguridad se extendió trágicamente en la administración de Felipe Calderón y que, desde sus primeros días, Enrique Peña Nieto no ha demostrado voluntad para contrarrestar esa inercia.
Por lo anterior, debe esclarecerse sin demora la responsabilidad de los elementos de la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial que obstruyeron el libre tránsito en San Lázaro, infligieron heridas severas a varios ciudadanos con balas y granadas supuestamente inocuas, y evitaron reaccionar ante bandas organizadas de agitadores dentro de su cerco de seguridad, entre otras conductas visiblemente ilegales. Sin omitir que el Instituto Nacional de Migración ha mantenido en la incomunicación –un trato cruel e inhumano– al periodista Mircea Topoleanu por una situación migratoria irregular, condición que no enfrentó ni siquiera como inculpado en el ámbito penal.
La sociedad debe darse a la tarea de sanar el maltrecho principio de presunción de inocencia, lastimado por la abyección de tantos medios de comunicación que etiquetaron a los detenidos (junto con Morena y al Movimiento #Yosoy132) como vándalos, o por la desafortunada declaración del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, quien exhortó a periodistas: “No caigan en el tema de que por el simple hecho de que no se consignó ya es inocente, y por el simple hecho de que ya se consignó ya fue culpable”.
Por su parte, la ciudadanía debe mantenerse alerta ante una fuerza pública desorientada, que procede de forma tan aleatoria como selectiva. Aleatoria, porque sufrieron el arresto las personas que tuvieron el infortunio de transitar por los lugares en donde se apostaron policías extremadamente audaces e ignorantes de sus obligaciones. Selectiva, porque las detenciones se concentraron en jóvenes –por sus rasgos físicos o su vestimenta–, en manifestantes o en personas que intervinieron espontáneamente para exigir justicia.
La lección más alentadora es que la violencia de Estado del 1D concitó a periodistas, estudiantes, abogados, integrantes de organizaciones civiles, activistas, políticos, madres, padres y personas de la más amplia diversidad en torno al objetivo de la liberación. Se logró un importante revés en la opinión pública que los juzgaba, sin más, como vándalos, y una parcial victoria judicial para la mayoría de inocentes detenidos y consignados. Aún faltan 14 más uno.
Quienes enfrentaron la detención ya no sólo serán manifestantes de demandas políticas –lo cual es de suyo loable–, puesto que ahora se han convertido en luchadoras y luchadores por la justicia. Por nuestra parte, quienes hemos tenido el honor de apoyar a las detenidas y los detenidos, sabemos que, si nos hubiera tocado ese infortunio, ellas mismas, ellos mismos hubieran luchado por nuestra liberación.
Hemos aprendido, pues, que hombres y mujeres también nos podemos brindar seguridad y justicia. Los dirigentes de las tres fuerzas políticas pueden ahorrarnos el triste desfile de acuerdos y promesas mientras clandestinamente firman un pacto por la impunidad y la arbitrariedad. Es hora de practicar la democracia y reclamar al Estado que cumpla con su parte.
