miércoles, julio 19, 2017

XXXIV ACCIÓN GLOBAL POR AYOTZINAPA Y MÉXICO



Al egresar, normalistas de Ayotzinapa exigen presentación de los 43

Piden frenar embestida contra el plantel
Egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, generación 2013-2017Foto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de julio de 2017, p. 11
Tixtla, Gro.
Unos 118 alumnos egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, generación 2013-2017, denominada La voz de mis hermanos retumba mi corazón, demandaron la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
De esa generación, al menos siete jóvenes no asistieron a la clausura. A Bernardo Flores Alcaraz lo desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre; Eugenio Tamarit y Freddy Vázquez fueron atropellados y murieron en Atoyac, en enero de 2014; a Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba los ejecutaron a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo, en octubre pasado; Miguel Ángel Juárez y Julio César Ramírez fallecieron por causas naturales.
Los egresados de esta generación expresaron que en la normal de Ayotzinapa no sólo dejan su historial académico, sino la lucha por la presentación de los 43 desaparecidos en Iguala, quienes también eran sus hermanos de sangre.
El egresado Fructuoso Castro, quien habló en tlapaneco, dijo que en su estancia en la normal aprendió que la cultura le permitió enriquecer su capacidad de pensar, de analizar las reglas sociales y ser crítico.
Al mirar lo que nos ha hecho iguales, pero también distintos, con certeza podemos decir que donde hay educación no hay clases sociales. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, gritó al final de su discurso.
Los que menos tienen
Gerardo Bonifacio Gutiérrez, secretario general del comité estudiantil, recordó que a esta escuela, ubicada en el municipio de Tixtla, llegan los jóvenes de las familias pobres, los que tienen que dormir en el suelo, los que sufren hambre, que viven la carestía y las consecuencias del sistema capitalista.
“Aquí en Ayotzinapa aprendemos a estudiar, a trabajar y a organizarnos, como lo han hecho las 92 generaciones pasadas. Hoy hacen falta Jonathan, Filemón, Eugenio y Freddy, cuatro maestros rurales que no podrán impartir las clases en sus comunidades.
La sangre de los compañeros caídos en esta generación significa una responsabilidad para las generaciones que vienen. Los que cayeron defendiendo la matrícula, su academia y a la normal, merecen el mismo reconocimiento que los que egresan, manifestó.
El director del plantel, Víctor Gerardo Díaz, señaló que no puede dejar de manifestar que faltan 43 estudiantes, por lo que pidió al gobierno que los regresen con vida, ya que la normal de Ayotzinapa ha sido embestida por intereses mezquinos que tratan de aniquilar su historia y su esencia.

martes, julio 11, 2017

Integrantes del GIEI habrían sido espiados por dependencias oficiales de seguridad

  • A la luz, llamadas a celulares de los expertos con una liga al programa Pegasus
  • El caso fue revelado mediante una investigación dada a conocer ayer por el Citizen Lab
Emir Olivares Alonso y Dpa
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de julio de 2017, p. 4
El primero de marzo de 2016, el principal enlace en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa recibió en su teléfono celular el siguiente mensaje de texto: ‘‘En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir’’. Lo seguía un enlace con el que se abría la página de una agencia funeraria, pero que en realidad era un hipervínculo malicioso que al darle click ejecuta el programa de espionaje Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos.
Ese SMS provenía del número 55 5906 3534. Tres días después, desde otro número móvil (5552899427) llegó un nuevo enlace con un mensaje similar. Así lo reveló una investigación dada a conocer ayer por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, que acredita que los integrantes del GIEI habrían sido víctimas de espionaje por parte de dependencias de seguridad del gobierno federal, como se denunció durante las sesiones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas la semana pasada en Lima, Perú.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, consideró que esta revelación es extremadamente preocupante, por lo que demandó al gobierno mexicano una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje.
De su lado, en un pronunciamiento de las siete organizaciones que respaldaron el informe titulado #GobiernoEspía, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Artículo 19, éstas advirtieron que este caso es especialmente grave porque fue el propio Estado el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia CIDH. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria (que realiza la PGR), como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH, advirtieron las agrupaciones.
EL Grupo de Expertos, conformado por cinco destacados expertos, se creó en acuerdo entre el organismo internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto y familiares de las víctimas a fin de investigar de forma imparcial sobre el ataque contra los normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejó seis asesinados, varios heridos y 43 estudiantes que hasta hoy están desaparecidos.
Durante las audiencias de la CIDH la semana pasada, los comisionados informaron que habían recibido una carta de los miembros del GIEI en la que expresan sus sospechas de haber sido espiados.
Esta aparente vigilancia ilegal se dio en uno de los momentos en que la relación entre los expertos y la administración de Peña Nieto atravesaba por uno de los momentos de mayor tensión. Poco antes los investigadores denunciaron públicamente al gobierno por obstaculizar su trabajo y estaban a menos de dos meses de presentar su informe final, donde contradijeron la versión oficial de que los normalistas habrían sido calcinados en un basurero.
Además, el entonces secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, había sido denunciado por presuntamente hacer mal uso de los recursos que el Estado mexicano había otorgado para la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

sábado, julio 08, 2017

Padres de los 43 piden indagar detención de pistoleros apodados matanormalistas

  • Fueron capturados entre diciembre de 2016 y mayo de 2017: Movimiento por la Paz
  • Toda información que nos lleve a la verdad, tenemos que agotarla, destacan
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de julio de 2017, p. 12
Chilpancingo, Gro.
Los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayot-zinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 anunciaron que solicitarán al gobierno federal que se investigue lo denunciado en La Jornada por el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, que afirma que fueron detenidos –entre diciembre de 2016 y mayo de 2017– varios integrantes de la banda de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, entre ellos a un grupo de pistoleros a los que apodaban matanormalistas.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, explicó: “para nosotros es nueva la información. Desconocíamos lo que se informó en el diario La Jornada, pero lo importante es que todo lo que se relacione con el caso Ayotzinapa tiene que ser agotado como investigación para disipar dudas”.
En ese sentido, añadió, vamos a exigir (al gobierno federal) que se agote la investigación porque hay muchos elementos, aparentemente, que nos pueden ayudar. Uno de ellos precisamente pudiera ser éste (el denunciado por el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan), porque hoy no podemos detenernos, y toda información que nos lleve a la verdad, tenemos que agotarla, insistió.
Felipe de la Cruz señaló que “el gobierno de México y la Procuraduría General de la República habían mentido desde el inicio, y que su ‘verdad histórica’ nunca existió, pese a que (su entonces titular), Jesús Murillo Karam, mencionaba que los jóvenes (estudiantes) habían sido quemados con todas sus pertenencias.”
Pero hoy, con los resultados de las investigaciones, quedó claro que retardaron la respuesta con la intención de que esto quedara en el olvido, pero demostramos al gobierno que no nos van a derrotar, y que vamos a seguir insistiendo para que se sepa la verdad.

viernes, julio 07, 2017

Celulares de alumnos siguieron activos tras el 27 de septiembre

  • Admiten enviados de México en audiencia ante la CIDH
  • Contradice la verdad histórica de PGR, sostienen abogados de los 43
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de julio de 2017, p. 7
Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso.
Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú, Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
Cabe señalar que familares de las víctimas e integrantes de organizaciones de derechos humanos que los acompañan (los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan) han exigido a las autoridades durante varios meses, que sigan esa línea de investigación.
Higuera Bernal detalló: Tres de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos; tenemos los nombres específicos de los (normalistas) a los que corresponden. En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Esto, para descartar todas las posibilidades, ya que en el país es muy fácil adquirir una línea usada.
Esta información, agregó el fiscal, concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI (hace más de un año): los aparatos y chips correspondientes en números que se ha indicado (eran) de los estudiantes, no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron en uso. Eso está confirmado técnicamente.
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, puntualizó que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Cuestionó a la representación gubernamental –encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa– las razones por las que no se investigaron esas líneas telefónicas desde octubre, noviembre o diciembre de 2014.
¿Por qué en esos meses, en lugar de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes los portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?
En cuanto al quinto autobús y el tráfico de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos, como móvil del ataque contra los normalistas –otro de los señalamientos del GIEI–, el funcionario de la PGR indicó que pruebas periciales, testimonios y revisiones al vehículo confirmaron que no hay datos de estupefacientes directamente ligados a ese camión. Aunque explicó que la unidad no fue asegurada por las autoridades el día de los hechos, sino días después, por lo que el trasiego de sustancias prohibidas seguirá siendo una línea de investigación en la que se profundizará.
Al reclamar la impunidad en que se encuentra el caso, uno de los padres de los 43 normalistas aseveró que se presentaban ante la CIDH desesperados, porque casi tres años después de la desaparición no tienen noticia del paradero de sus hijos. No vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos.
Los comisionados de la CIDH y las víctimas hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que amplíe las indagatorias y agilice los procesos con la finalidad de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y alcanzar la verdad y la justicia.

miércoles, julio 05, 2017

La Gavia, posible clave del caso Ayotzinapa

Revelan en Totolapan que un grupo llamado matanormalistas secuestró a unos 20 alumnos 
El municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente, tiene 115 comunidades, se calcula que tenían 24 mil habitantes, de los cuales quedan unos 12 mil, el resto huyó por la violenciaFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de julio de 2017, p. 36
San Miguel Totolapan, Gro.

En La Gavia, un pueblo que durante nueve años fue presuntamente el centro de operaciones de Los Tequileros, podría despejarse la incógnita del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.

Integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan afirman haber detenido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 a varios integrantes de la banda de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero; entre ellos había un pequeño grupo de pistoleros a los que apodan Los Matanormalistas.

Los informantes aseguran que Raybel Jacobo y el resto de su banda no han sido detenidos por las fuerzas policíacas, porque se descubriría el destino de los normalistas.

Aseguran que en los interrogatorios los tequileros contaron cómo llevaron por brechas, desde el municipio de Cocula, colindante con el de Iguala, entre varios poblados hasta llegar a La Gavia, a unos 20 jóvenes presumiblemente normalistas, entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014.

De 500 habitantes –de los cuales sólo quedan dos, pues todos huyeron por la violencia que ejercen Los Tequileros–, La Gavia es una de las 115 comunidades del municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente, que colinda al norte con Arcelia, al sur con Atoyac, al oriente con Heliodoro Castillo y Apaxtla (con proximidad a Cocula) y al oeste con Ajuchitlán del Progreso, que se caracterizan por la siembra de goma de opio y por cuyas veredas circulan los grupos delincuenciales que se dedican al trasiego de los cultivos ilícitos.

Durante 2014, en varios poblados de la Sierra Madre del Sur, ocurrieron incursiones de un grupo armado que se presume eran Los Guerreros Unidos para llevarse consigo a decenas de personas secuestradas.

Se dice que estas personas plagiadas masivamente eran obligadas a caminar por veredas para burlar los retenes en las carreteras hasta llegar a La Gavia. Se menciona que al menos El Tequilero realizó unos 200 secuestros, varios de ellos masivos, de mineros, comerciantes y maestros, así como de pobladores durante sus incursiones en comunidades.

En los interrogatorios, los matanormalistas revelaron a los integrantes del Movimiento por la Paz que habrían asesinado a varios jóvenes y los enterraron en las faldas aledañas al poblado de La Gavia. Incluso presumieron que podían señalar el lugar exacto donde los inhumaron.

Estas afirmaciones y las declaraciones de tequileros detenidos fueron entregadas al Ministerio Público por parte del Movimiento por la Paz, sin que supieran si fueron investigadas hasta la fecha.

En cambio, el pasado 12 de mayo, corporaciones policíacas irrumpieron en la cabecera municipal para desarmar a los integrantes de grupos de autodefensas, pese a sus exitosos resultados en seguridad.

Para los miembros del Movimiento por la Paz, lo que revelaron matanormalistas tenía mucho sentido porque en varias mantas posteriores a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, aparecía el nombre de Vicente Popoca como uno de las personas a las que presuntamente entregaron a los jóvenes.

En la región se sabía que Popoca, integrante de Los Guerreros Unidos, era quien había reclutado a los integrantes de la banda de Raybel Jacobo, incluidos dos de sus hermanos, uno de ellos conocido como El Verde o El Perico.

El 17 de octubre de 2014, en una barda de la colonia San José, en Iguala, fue colocada una manta en la que se señalaba a pistoleros que se llevaron a los estudiantes normalistas, entre ellos el nombre de Popoca, a quien llaman Chente Popoca.

El Movimiento por la Paz asegura que el diputado priísta con licencia Saúl Beltrán Orozco es la cabeza de esa estructura delictiva, y que por las mismas razones no detienen a Raybel Jacobo. El gobierno del estado y el federal tampoco actúan contra el político.

Incluso a través de su despacho Olea y Asociados, ubicado en Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, el fiscal estatal Xavier Olea defiende a Saúl Beltrán, a quien le promovió un amparo.

El municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente, se calcula que tiene 24 mil habitantes, de los cuales quedan más de 12 mil; el resto huyó por la violencia.

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que espera que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la PGR, la Policía Estatal y la fiscalía estatal detengan a quienes han causado dolor, terror, miedo, pánico, y (que) los pueblos puedan regresar con regularidad.
En conferencia de prensa manifestó que de los pueblos abandonados por la violencia, La Gavia es el más significativo, pero en Chilapa también ocurre.

Con relación a la denuncia que hizo el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Los Tequileros pudieran estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, declaró: no tengo ninguna información al respecto, es la primera ocasión que escucho eso.

Agregó que no me atrevería yo a contestar alguna cosa en sentido negativo o afirmativo, porque no tengo ninguna información al respecto.

Astudillo Flores reiteró su postura respecto al diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, al que se señala de encabezar al grupo de Los Tequilerosla posición es la misma, que la ley debe observar, y quienes están al mando de las investigaciones. Nadie está exento en mi gobierno de ser investigado, y ser procesado si es que así ameritan las circunstancias.