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Ciudad de México. La audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa concluyó con una defensa por parte del gobierno de la llamada "verdad histórica", frente a las acusaciones de los padres de las víctimas de que el Estado mexicano ha mentido constantemente para no llegar a la verdad de lo ocurrido.
Durante el inicio de la sesión dirigida por la comisionada Esmeralda de Troitiño, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, Mario Patrón, subrayó que el gobierno de México sigue ocultando datos valiosos en la indagatoria para dar con el paradero de los 43 normalistas y se ha negado "de manera vergonzosa" a averiguar las irregularidades cometidas en la investigación.
A continuación, padres y madres de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 lamentaron que el Estado no ha hecho nada por encontrar a sus hijos, y en cambio sí ha tratado de encubrir a diversos funcionarios acusados de manipular la indagatoria oficial sobre Ayotzinapa.
"Han sido 30 meses (desde la desaparición de sus hijos) de puras mentiras del gobierno. No hay nada nuevo para nosotros", resaltaron los padres y madres, quienes presentaron un video en donde el ex visitador de la PGR, Alejandro Chávez Flores, admite haber sido presionado para cambiar un estudio donde señala irregularidades graves de dicha institución en el caso Iguala.
En respuesta a dichos señalamientos, funcionarios de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores aseguraron que el Estado mexicano ha mostrado voluntad para resolver el tema y enumeraron una serie de acciones de búsqueda para comprobarlo, además del hecho de que han sido detenidas 128 personas acusadas de participar en la agresión contra los normalistas.
Luego de que algunos comisionados de la CIDH plantearan diversas preguntas a los representantes del gobierno -las cuales no encontraron respuesta por parte de los funcionarios-, el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, desmintió la supuesta voluntad del Estado para resolver el caso y urgió a que se ponga fecha definitiva para resolver diversas peticiones, como la investigación sobre los celulares de las víctimas y la consignación de policías federales y municipales presuntamente involucrados en la desaparición.
En el cierre del acto el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseveró que el gobierno ha sido "sensible" a la exigencia de los padres de tomar en cuenta otras líneas de investigación diferentes a la "verdad histórica", según la cual los 43 normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan.
"Entendemos el terrible dolor que les provoca, pero les pedimos que se tome en cuenta la hipótesis" de la "verdad histórica", afirmó Campa, ante lo cual Mario Patrón -director del Centro Prodh- intervino para hacer ver que esa declaración contraviene las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el sentido de que el asesinato e incineración de los normalistas no habría sido posible en los términos descritos por el gobierno de México.
