lunes, enero 30, 2017

Acciones del FPDT Atenco del 30 de enero en lucha por la defensa de la tierra


Atenco, orilla del agua, Estado de México 30 de enero 2017

#AlertaAtenco
#LaTierraNoSeVende

Por cuarta semana los pueblos de la orilla del agua mantenemos el llamado a la solidaridad, a los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación honestos.

El día de mañana, lunes 30 de enero, tendremos dos acciones:
-  Acudir a la Procuraduría Agraria con domicilio en la Ciudad de México, calle  Motolinia, no. 11 (cerca del metro Allende) a las 10 a.m., para reiterar la exigencia de dar agilidad al nombramiento del Comisariado Ejidal en Atenco, dado que el anterior ya ha cumplido su plazo y sólo se ha dedicado a vender la tierra, proteger a las empresas invasoras y encabezar a grupos de choque.

-  En este mismo marco de lucha legal y legítima en defensa de la tierra, y como una decisión del pueblo de Tocuila y el concejo de vigilancia quienes desconocieron al comisariado ejidal de dicha comunidad, nos concentraremos en la plaza de Tocuila a las 10 a.m. para dirigirnos de manera organizada en contingente y detener las  obras de la carretera Peñon-Pirámides que de manera ilegal las empresas CIPSA y PINFRA   invaden y destruyen nuestro territorio desde abril del año pasado. 

-  Solicitamos la cobertura y acompañamiento de organismos de derechos humanos y medios de comunicación nacionales e internacionales.
-  Reiteramos al Gobierno Federal que:
-   Atienda el emplazamiento a dialogo directo pues la invasión en nuestro territorio es ilegal y ha sido consentida y promovida por los tres niveles de gobierno.
-  Que deje de prolongar y agudizar un conflicto que él mismo ha generado al empecinarse en despojar a los pueblos para la construcción del aeropuerto de muerte.
-  Nuestros pueblos en asambleas abiertas están ejerciendo su derecho a organizarse y defender el bien común. 

¡LA TIERRA NO ESTÁ EN VENTA!
¡FUERA EJÉRCITO Y GRUPOS DE CHOQUE!
¡FUERA EMPRESAS INVASORAS!
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra


jueves, enero 26, 2017

Ayotzinapa y el ocultamiento de la verdad


Octavio Rodríguez Araujo
M
elitón Ortega, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ocultado información clave sobre el caso de Iguala, que no entregó datos a los padres de las víctimas ni al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el uso de camiones de pasajeros para el tráfico de drogas, pese a que ya había antecedentes de ello. Subrayó que las omisiones y los engaños por parte de las autoridades han sido la constante, (La Jornada, 24/1/17). En entrevista por separado, Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficina de investigación del caso Iguala, dijo a La Jornada ese mismo día que no tendría elementos para afirmar si hubo algún ocultamiento (de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa).
Dos versiones distintas. Una tercera opinión es la de David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con motivo de la presentación del libro de Carlos Beristain, ex miembro del GIEI, titulado El tiempo de Ayotzinapa. (Véase, 23/01/17). En esta página se pueden leer las apreciaciones de David, mi amigo, como lector del libro mencionado, como sacerdote jesuita, como rector de una universidad privada y prestigiada. Con el valor y la sensatez que lo han caracterizado desde joven, dijo: el de Ayotzinapa es un caso paradigmático porque permite comprender lo que ha pasado y está pasando en el país. Pero fue más lejos y nos invita a reflexionar con toda seriedad sobre las implicaciones de este caso paradigmático, y tres componentes que nos deja el caso: 1. Hay una alianza en la que colaboran una parte del Estado y el crimen organizado. 2. Se da una actuación criminal conjunta entre los agentes del Estado y del crimen organizado. 3. No se realiza una investigación sobre ese crimen cometido por agentes del Estado y criminales organizados. No investigar quiere decir que, o se desvía la investigación o se fabrican culpables, se exculpabiliza (sic) a los agentes del Estado y se recarga sobre sólo los criminales. No hay por tanto una impartición de justicia, y entonces viene la impunidad, esa que se convierte en el mensaje que está por debajo de estos componentes.”
De aquí que enfatizara que el costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014), es menor al precio que tendría que pagar si se conoce la verdad de los hechos.
¿Cuál sería ese costo? David Fernández lo dice o, si se prefiere, lo sugiere como para que sus lectores saquemos nuestras propias conclusiones: la alianza entre altos funcionarios públicos del Estado mexicano y el crimen organizado. Sólo esta hipótesis, sin necesidad de especulaciones, explica por qué a los encargados de la investigación sobre el caso de Ayotzinapa se les hizo bolas el engrudo y que, a la fecha, pese a las declaraciones de Higuera Bernal, sigan fluyendo verdades parciales y a medias que, ciertamente, apuntan a la impunidad y al ocultamiento.
Después de leer tantos libros sobre el narcotráfico en México, algunos verdaderos documentos de investigación, y de ver películas y series de televisión sobre el tema, personalmente no tengo duda de que desde hace años (si no décadas) ha existido complicidad entre agentes del Estado y criminales de altísimo nivel y muchísimo dinero (para ellos y para repartir). Desde el caso, comprobado, del general Gutiérrez Rebollo y del dinero que recibía de Amado Carrillo Fuentes (El señor de los cielos), hasta la fecha, ha habido registros de complicidades y de persecución de unos cárteles para beneficio de otros. Las fugas de El Chapo Guzmán serían otro ejemplo de dichas complicidades. Y si se sigue escarbando, se descubrirán más casos y aparecerán los presuntos implicados hasta quién sabe qué nivel de gobierno. El caso de Ayotzinapa (de Iguala en realidad) reveló, muy a pesar de los primeros investigadores de 2014, el famoso autobús cargado de droga para distribuirse en Chicago, Estados Unidos. Fue el GIEI, si no recuerdo mal, el grupo de investigadores que resaltó las inconsistencias sobre dicho autobús y la importancia del trasiego de heroína producida en el estado de Guerrero, producción que no podía pasar desapercibida para los gobiernos municipal, estatal y federal.
El rector de la Ibero, a mi juicio, tiene razón al decir: el costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014), es menor al precio que tendría que pagar si se conoce la verdad de los hechos. Esta verdad es la que queremos, por alto que sea el precio para los funcionarios públicos que tratan de ocultarla.

Con dos protestas, padres recuerdan hoy a desaparecidos


José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de enero de 2017, p. 12
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán hoy por la mañana un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y por la tarde una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, al cumplirse 28 meses de los hechos de Iguala.
Las acciones, que forman parte de la 28 Acción Global por Ayotzinapa y México, se centran en la exigencia de conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos desde los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a manos de agentes policiacos e integrantes del crimen organizado.
Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de familia, quienes llegaron desde ayer a la Ciudad de México, señaló que siguen firmes en su lucha por encontrar a los estudiantes y que exigirán a la PGR una investigación seria en contra de los funcionarios de la dependencia acusados de entorpecer las investigaciones e incluso de sembrar evidencias en el proceso, en clara referencia a Tomás Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y hoy secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
La convocatoria incluye acciones contra de las reformas estructurales, el gasolinazo y el encarecimiento de la vida. El mitin se hará a las 10 de la mañana, y la marcha está convocada para las 16 horas.
Trascendió que en los próximos días hará una visita de carácter técnico al país personal del mecanismo de seguimiento para el caso Iguala, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

martes, enero 24, 2017

Denuncia el FPDT despojo de tierras ejidales en Atenco

Acusan a constructora de violar suspensión
Decenas de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recorrieron los parajes Xalapango y El Paraíso, en San Salvador Atenco, estado de México, y denunciaron la invasión de más de 500 hectáreas para la construcción de la autopista Texcoco-PirámidesFoto Javier Salinas
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 24 de enero de 2017, p. 25
San Salvador Atenco, Méx.
Campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunciaron el despojo de más de 500 hectáreas de cultivo de los parajes Xalapango y El Paraíso, en el ejido de Atenco, por el grupo empresarial que edifica el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual ya cercó los terrenos para hacer los accesos y la autopista Texcoco-Pirámides.
Unos 200 ejidatarios recorrieron los parajes para exigir la salida de los trabajadores de las empresas Copsa y Pinfra, quienes entraron a los terrenos custodiados por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal.
Además, unos 300 individuos, presuntamente contratados por el ex comisario ejidal Andrés Ruiz Méndez protegieron la maquinaria y encararon a los integrantes del FPDT, con quienes estuvieron a punto de enfrentarse.
Los comuneros se congregaron ayer en la mañana en la plaza principal de Atenco y se trasladaron al paraje El Paraíso.
Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza, líderes del FPDT, denunciaron que el grupo aeroportuario instaló la malla en el paraje Xalapango y los despojó de 300 hectáreas que no acordaron ceder.
Acusaron al ex comisario de entregar en forma ilegal los terrenos al grupo aeroportuario, que se los apropió, a pesar de que está por resolverse un juicio de amparo en el cual se les otorgó la suspensión definitiva para que sus tierras sean respetadas.
Explicaron que también pretenden despojarlos de 200 hectáreas de El Paraíso, de donde la tarde del domingo sacaron una tanqueta del Ejército que resguardaba a los trabajadores que construían accesos al NAICM y la autopista Texcoco-Pirámides.
Los comuneros corroboraron que en Xalapango se colocó malla ciclónica para delimitar las obras del aeropuerto, y demandaron a la constructora detener los trabajos y salir de sus tierras.
Fabián Calderón, gerente consultivo del grupo, respondió que la obra no se detendrá y que los empresarios ya tienen la posesión de los terrenos; no obstante, reconoció que los tribunales no han decidido sobre el destino de los predios.
Más tarde el grupo de campesinos se dirigió a la explanada principal de Atenco y después de las 16 horas bloqueó la carretera federal Texcoco-Lechería, a fin de que se suspendan las obras.

El que PGR haya ocultado información del caso Iguala ‘‘no es error’’: Ortega

  • Tiene el propósito de cerrar en definitiva las indagatorias, dice el padre de un normalista
  • ‘‘Las omisiones y los engaños por parte de la dependencia han sido la constante’’, advierte
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Martes 24 de enero de 2017, p. 11
El ocultamiento de información clave sobre el caso Iguala, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) no es nuevo ni se trata de un ‘‘error’’, sino forma parte de una actitud reiterada cuyo propósito es el cierre definitivo de las investigaciones, afirmó Melitón Ortega, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Luego de que ayer La Jornada dio a conocer que la PGR no entregó datos a los padres de las víctimas ni al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el uso de camiones de pasajeros para el tráfico de drogas, pese a que ya había antecedentes de ello, Ortega subrayó que las omisiones y los ‘‘engaños’’ por parte de las autoridades han sido la constante.
‘‘Nuestra queja siempre ha sido que desde el inicio le pedimos a la PGR que investigue, que nos dé información clara, verídica, responsable, pero los compromisos que se han hecho se rompen’’, lamentó.
En ese sentido, el ocultamiento de información sobre el uso de autobuses para el trasiego de heroína o sobre la existencia de Gonzalo Martín Souza Neves, supuesto líder de Guerreros unidos, no es un caso aislado.
‘‘No es solamente eso, sino también lo de Tomás Zerón (ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a quien los padres acusan de alterar la escena en donde los normalistas supuestamente fueron asesinados y quemados) y lo del quinto autobús (tomado por los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 y que al parecer transportaba drogas)’’, recalcó.
‘‘Los padres de familia estamos indignados, estamos con ese coraje, porque la finalidad que hoy percibimos del gobierno es que nunca se esclarezca el caso. Lo que pretenden es cerrarlo.’’
Luego de afirmar que la gestión de Raúl Cervantes al frente de la PGR ha sido ‘‘aún más pasiva’’ que la de sus antecesores, Melitón Ortega –padre de Mauricio Ortega, uno de los normalistas desaparecidos– consideró que la supuesta falta de coordinación dentro de la procuraduría no es un error.
‘‘Hay una intención clara de ocultar, de no dar a conocer a otras instancias que hay informaciones importantes. Eso no es falta de coordinación; no es posible que nos digan hoy eso de que fue por error o porque se les pasó algo importante. No vamos a creer en esas palabras’’, enfatizó.
Para avanzar en las indagatorias y llegar a la verdad, el padre de familia consideró de vital importancia que el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI retome el asunto del tráfico de drogas a través de camiones de pasajeros.
‘‘Ellos son la esperanza para nosotros, porque tenemos la confianza de que así podamos encontrar el paradero de los estudiantes’’, recalcó.

lunes, enero 23, 2017

PGR ocultó el trasiego de droga en autobuses

Caso Ayotzinapa
Antes del ataque a normalistas detuvo con cargamento a líder de Guerreros unidos
El quinto autobús, línea de investigación que no ha sido agotada por las autoridades federales para dar con el paradero de los normalistas 
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2017, p. 4
Aunque ya tenía conocimiento de que integrantes del cártel Guerreros unidos usaban autobuses para traficar drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) ocultó esos datos a especialistas internacionales que sugirieron explorar dicha línea de investigación en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señalamientos de padres de los normalistas y documentos oficiales de los que La Jornada tiene copia refieren la falta de entrega de información relacionada con antecedentes del tráfico de heroína en camiones de pasajeros.
El antecedente del cual no se dio información a familiares de los normalistas ocurrió el 10 de julio de 2014, en un operativo conjunto del Ejército y la PGR, realizado en Puebla, cuando fueron detenidos Gonzalo Martín Souza Neves y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, en posesión de unos 250 mil dólares en efectivo, tres vehículos y 24 kilos de cocaína, aunque investigaciones posteriores demostraron que se trataba de heroína.
En esa ocasión, la Secretaría de Gobernación informó, mediante el boletín 351/14 –publicado el mismo día de la captura–, que Souza Neves había tomado el mando del grupo delictivo a partir de la detención de Mario Casarrubias Salgado, el 29 de abril de ese año, quedando a cargo del trasiego de droga a través de compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros (sic).
La utilización de autobuses para el trasiego de narcóticos no era nueva. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad en ese entonces, Monte Alejandro Rubido, señaló en conferencia de prensa el 30 de abril de 2014 que Mario Casarrubias realizaba tales traslados mediante tráileres con fruta y autobuses.
El tema vuelve a aparecer en el auto de formal prisión dictado a Souza y Bahena, donde se detalla que este último fue descubierto en flagrancia, ya que al momento de su detención introdujo un paquete a la parte posterior de un autobús de la compañía Guelaguetza Tours Inc, cuya sede está en Chicago, Illinois.
Además, en su declaración, Bahena –alias El Chapatín– aseguró que trabajaba para Souza Neves –El Uruguayo–por estar amenazado, e indicó que ocultaba droga y dinero en el autobús porque así trabajaba Guerreros unidos.
No hay información
Pese a que todos esos antecedentes fueron consignados de manera oficial, unos meses después la PGR no los proporcionó cuando le fueron requeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar la indagatoria del caso Ayotzinapa.
El 8 de enero de 2015, por ejemplo, la PGR emitió el oficio 263/2015 en respuesta a una solicitud de información sobre los antecedentes, estructura, líderes y células de Guerreros unidos, e indicó que únicamente localizó datos según los cuales el grupo delincuencial fue formado en 2011 por integrantes de La familia michoacana y los Beltrán Leyva, y opera en los estados de México, Morelos y Guerrero. Además, menciona como uno de sus líderes a Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, detenido en 2012.
Aunque ese documento incluye un esquema mucho más completo de la estructura del grupo, el nombre de Souza Neves no aparece en ninguna categoría, ni siquiera en la de Detenidos o fallecidos, y no hace referencia al tema de los autobuses.
Asimismo, en el oficio 0402/2015, emitido el 8 de febrero de ese año, la Policía Federal incluye otro esquema de Guerreros unidos donde tampoco se consigna la existencia de Souza Neves.
Esta misma falta de datos sobre el detenido o de la utilización de autobuses para traficar drogas puede notarse en los oficios 4800/2015, del 9 de marzo de 2015; el 3417/2015, del 14 de abril; el 9540/2015, del 13 de mayo, y el 137107/2015, del 14 de julio, todos elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la PGR.
En enero y marzo de 2016, la procuraduría dio a conocer dos documentos más sobre el tema, pero en esta ocasión todos los datos al respecto aparecen testados (reservados).
Al presentar en junio de 2016 su informe final sobre el caso Ayotzinapa –conocido como el libro blanco–, la PGR señaló en la página 164: respecto de la versión de que el citado autobús (en referencia a uno de los que tomaron los normalistas antes de ser atacados) podría haber sido utilizado para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, hasta el momento no se encontraron evidencias que sustentaran esa hipótesis.
El hecho de que ninguno de los datos sobre los autobuses le haya sido notificado al GIEI ni se incluyera en las indagatorias del caso Ayotzinapa motivó que los padres de los estudiantes desaparecidos enviaran un documento de denuncia a la PGR, entregado el 23 de diciembre de 2016.
En la misiva –de la cual este diario tiene una copia–, los familiares se quejaron también de que la PGR omitió decir que Souza Neves estaba mencionado con el alias de El Uruguayo en una libreta que se le decomisó a Sidronio Casarrubias, uno de los supuestos involucrados en la desaparición de los jóvenes.
En ese mismo cuaderno, presuntamente Casarrubias también tenía anotados los nombres y teléfonos de Omar Hamid García Harfuch, entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal en Guerrero, y Leonardo Vázquez, secretario de seguridad pública de esa entidad.
El no mencionar esos datos ni a los padres ni al GIEI podría indicar que no ha habido buena fe de la PGR y es más grave aún porque se trata de información de especial relevancia, considerando que una de las hipótesis que los expertos recomendaron seguir para explicar el ataque contra los estudiantes era que éstos tomaron autobuses usados por el crimen organizado para traficar droga, señala la carta elaborada por padres de los normalistas.
En efecto, los integrantes del GIEI pidieron al gobierno de México que no descartara en la indagatoria la existencia de un quinto autobús, que el 26 de septiembre de 2014 fue tomado en Iguala por normalistas, pero no fue atacado.
Frente a la insistencia del GIEI en que dicha línea de investigación debía agotarse, la respuesta del gobierno federal ha sido siempre que no cuenta con antecedentes de que se emplearan autobuses para el trasiego de narcóticos, lo cual significa que la PGR ocultó información de manera deliberada a los especialistas mientras estuvieron en México, subrayaron los padres en su carta.
Además, cuando el grupo de expertos solicitó en varias ocasiones que se le diera información sobre la estructura de Guerreros unidos, en ningún organigrama aparece el nombre de Souza Neves o su alias de El Uruguayo, a pesar de que el gobierno lo identificó como uno de los supuestos líderes del grupo criminal y sucesor de Mario Casarrubias.

Ayotzinapa y la rectificación ineludible


D
ocumentos oficiales de los que La Jornada tiene copia prueban que la Procuraduría General de la República (PGR) retuvo información relacionada con el tráfico de estupefacientes en camiones de pasajeros por organizaciones del crimen organizado, pieza clave en el caso Ayotzinapa. Dichos documentos dan cuenta de la detención, en julio de 2014, de Gonzalo Martín Souza Neves, El Uruguayo, y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, así como de un boletín emitido el mismo día de la captura en el cual se asentaba que Souza Neves coordinaba el trasiego de drogas en compartimentos ocultos en autobuses.
Cabe destacar que la verdad histórica sostenida por la PGR, a la fecha, se basa en buena medida en las declaraciones del presunto culpable Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil. De acuerdo con la versión obtenida por la procuraduría y después impugnada por las alegaciones de tortura presentadas por el declarante, era sólo un rumor que la organización delictiva usara camiones de pasajeros para mover droga, lo cual se contradice con los documentos con que cuenta este diario y con declaraciones de Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad en ese entonces.
Al respecto, el médico y sicólogo vasco Carlos Beristain, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó en entrevista con este diario que la suma de incapacidades de la PGR en la conducción del caso Ayotzinapa, y en particular el ocultamiento de información referido, ameritan una investigación profunda, pues podrían indicar la existencia de dolo por las autoridades.
Martín Beristain fue uno de los miembros del grupo formado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en el esclarecimiento de los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, durante la cual fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas, seis personas murieron asesinadas, y dos estudiantes recibieron heridas de gravedad.
A partir de su experiencia, expuso que los integrantes del GIEI nunca recibieron los documentos existentes sobre el traslado de heroína en camiones de pasajeros, pese a que los solicitaron de manera reiterada, e incluso emplazaron a la PGR para que pidiera esos datos al gobierno de Estados Unidos.
Así, las nuevas pruebas abonan a la serie de investigaciones que han desmentido de manera rotunda el relato según el cual los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron asesinados e incinerados aquella misma noche en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado. La suma de evidencias recuerda también el absurdo e inexplicable afán por sostener en sus puntos esenciales esa historia a lo largo de tres periodos diferentes de la procuraduría: el de Jesús Murillo Karam, artífice de la versión oficial, y los de sus sucesores Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade.
No queda sino conceder la razón al médico Beristain cuando afirma que, de persistir la falta de resolución a las múltiples irregularidades del caso, la desaparición de los 43 normalistas se hará una herida más sangrienta para México.
Las autoridades deben rectificar más de dos años de una actuación errática, irresponsable e incluso cruel que ha magnificado el repudio social y el descrédito institucional. Una explicación autocrítica de semejante incapacidad y falta de voluntad y, desde luego, la localización de los desaparecidos y el esclarecimiento pleno de las circunstancias de su desaparición son condiciones ineludibles para cerrar la herida y devolver una credibilidad mínima a las instancias de procuración de justicia y al conjunto de las dependencias gubernamentales.

"Si no se resuelven las irregularidades en indagatorias, el tema irá a otras instancias"

Caso Ayotzinapa
  • La suma de incapacidades de la procuraduría habla de dolo: Carlos Beristain
  • Información del traslado de estupefacientes nunca se puso a disposición del GIEI, insiste
Especialista señala que si no se avanza adecuadamente en la investigación, la desaparición de los normalistas se volverá una herida más sangrienta. En la imagen, trabajo de equipo forense en el basurero de Cocula, donde a decir de las autoridades fueron incinerados los estudiantes de la normal rural de AyotzinapaFoto Jesús Villaseca
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2017, p. 5
La suma de incapacidades de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, en particular el ocultamiento de datos sobre el uso de autobuses para traficar drogas, podrían hablar de dolo de las autoridades, lo cual debe investigarse a profundidad, afirmó Carlos Beristain, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El especialista advirtió que si las irregularidades de la indagatoria no se resuelven, la desaparición de los normalistas se volverá una herida más sangrienta y el tema podría llegar a otras instancias.
En entrevista con La Jornada, el médico y sicólogo vasco constató que al GIEI nunca se le entregó información sobre el tráfico de estupefacientes a través de camiones de pasajeros ni sobre la detención de Gonzalo Martín Souza Neves, El Uruguayo, a pesar de que la solicitaron reiteradamente e incluso llamaron a la PGR a que le pidiera esos datos al gobierno de Estados Unidos.
Esa información estaba en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no se puso a disposición del nuevo equipo que se encargó del caso. Queda en un lugar del cual nadie más tiene ningún control, lo cual muestra que se fragmenta la investigación, lamentó Beristain.
Al preguntarle cómo interpreta estos hechos, el especialista consideró que cuando las incapacidades se suman, muestran que podría haber dolo. ¿Por parte de quién?, ¿A qué nivel de profundidad? Es una cosa que tiene que investigarse.
Si estos puntos no se esclarecen, alertó, sería la peor noticia para México, porque eso no va a hacer más que aumentar el dolor de los familiares. Esa herida abierta se va a hacer más sangrante, más profunda. Y también va a suponer para México que el caso siga permanentemente abierto y llegue a otras instancias, cuando hay elementos suficientes para evitar que todo eso ocurra.

EU ya tenía antecedentes del tráfico

Caso Ayotzinapa
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2017, p. 4
Los indicios sobre el uso de autobuses para el trasiego de droga hacia Estados Unidos fueron analizados también por las autoridades de ese país.
El 8 de diciembre de 2014 la fiscal federal para Illinois, Nicole M. Kim, solicitó a un juez autorizar el registro de inmuebles, vehículos y computadoras de Pablo Vega, señalado como líder de Guerreros unidos en Chicago.
De acuerdo con el primer informe de actividades del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la petición de la fiscal estuvo basada en una serie de escuchas telefónicas que se realizaron durante 2014 a supuestos miembros del grupo criminal.
En una de las grabaciones, dos personas hablan de que los autobuses se utilizaban para mover droga de México a Chicago, gracias a un compartimento especial, e incluso se dan instrucciones de limpiar los vehículos o se advierte que uno de ellos fue interceptado en la frontera.
Cuando el GIEI solicitó en septiembre de 2015 indagar más al respecto, autoridades mexicanas enviaron una solicitud de información al gobierno estadunidense, pero ésta era muy general y no específica sobre el caso de Chicago, subrayaron los especialistas en su segundo informe de actividades.
Debido a ello, el Departamento de Justicia respondió que “la búsqueda sobre Guerreros unidos es demasiado amplia para poder asistir apropiadamente”. La petición fue elaborada y rechazada nuevamente en febrero de 2016.
En abril de ese año la Procuraduría General de la República informó que ya había iniciado el trámite de asistencia jurídica con Washington. Pero al cometer errores de procedimiento –calificados por el GIEI de incomprensibles–, la línea de investigación de los autobuses no se incluyó en la indagatoria.

Con versión de inculpado, autoridades descartaron línea de investigación

Caso Ayotzinapa
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2017, p. 5
Para descartar el uso de autobuses de pasajeros en el trasiego de drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó el testimonio de uno de los detenidos, a quien se atribuye el supuesto asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su posterior incineración, pero que denunció haber sido torturado para arrancarle confesiones inculpatorias.
Gildardo López Astudillo, alias El cabo Gil, es señalado por autoridades como uno de los líderes de Guerreros unidos, y su detención ocurrió el 17 de septiembre de 2015.
En su declaración ministerial aceptó haber dado la orden de detener, asesinar y destruir los restos de los estudiantes, lo que sustenta en buena medida la versión del entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam sobre los hechos, conocida como la verdad histórica.
Sin embargo, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) solicitó a la PGR que investigara la hipótesis de que la agresión a los normalistas se debía a que tomaron autobuses usados para transportar estupefacientes, El cabo Gil amplió su declaración.
En sus nuevos dichos –de los cuales este diario tiene una copia– aseguró: por lo que hace al rumor de que la organización mueve o movía la droga en los camiones, eso no es cierto. Yo nunca supe.
No obstante, el médico vasco Carlos Beristain, ex integrante del GIEI, denunció en su libro El tiempo de Ayotzinapa que López Astudillo admitió haber sido torturado para inculparse por la agresión a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Un informe de la PGR indica que el acusado tenía el tímpano roto y la otra oreja enrojecida luego de haber sido interrogado, lo que podría indicar que fue víctima de una forma de tortura conocida como el teléfono, que consiste en golpear las orejas del detenido con las palmas abiertas para causarle un trauma sonoro agudo, precisó Beristain.

miércoles, enero 18, 2017

Falta voluntad al gobierno para avanzar en el caso Iguala y dialogar con las víctimas

  • Sin estos elementos no habrá investigación adecuada y creíble, señala Carlos Beristain
  • Ex miembro del grupo de expertos de la CIDH, presenta el libro El tiempo de Ayotzinapa
Carlos Martín Beristain, Juan Villoro y Luis Hernández Navarro, durante la presentación del libro El tiempo de Ayotzinapa, en el Museo de Memoria y ToleranciaFoto Yazmín Ortega Cortés
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de enero de 2017, p. 13
En el gobierno mexicano ha faltado voluntad política para avanzar en las investigaciones del caso Iguala y para retomar puentes de diálogo y confianza con las víctimas, aseguró Carlos Martín Beristain, quien fue uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entrevistado luego de presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa, advirtió que sin estos elementos no habrá una investigación adecuada y creíble que satisfaga a las víctimas y a la sociedad en general.
Además, señaló que el reciente reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR), ael cual el gobierno ha negado validez jurídica, pero en el que se revela una larga lista de irregularidades y viola ciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de investigación, ratifica las conclusiones presentadas por el GIEI en su último informe, en abril de 2016.
El libro narra, desde la propia vivencia del autor, múltiples hechos ocurridos en el grupo de expertos. Son vivencias que se relatan, de situaciones que no caben en el lenguaje que se utiliza en la elaboración de los informes que se presentaron, dijo Beristain.
De hecho, el texto empieza con la narración de la llamada telefónica que le hace la CIDH el 28 de diciembre de 2014, proponiéndole que sea uno de los expertos que posteriormente integrarían el GIEI, el cual tuvo dos mandatos de seis meses para coadyuvar con el gobierno mexicano en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En la presentación, realizada en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia –recinto que resultó rebasado–, el autor señala que otras historias se escribieron desde el dolor y la relación que se tuvo con los padres de familia.
El autor aclara que en el libro no hay nada nuevo de lo que ya se encuentra en los informes del GIEI, pero que contiene historias escritas desde el dolor de los padres de familia. La presentación formal del libro estuvo a cargo de Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de Opinión de La Jornada;el escritor y periodista Juan Villoro, y la académica Denise Dresser.

domingo, enero 15, 2017

Ayotzinapa eje de movimientos sociales, dice la ANP


Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 15 de enero de 2017, p. 10
Chilpancingo, Gro.
Unos 300 delegados de 50 organizaciones aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordaron ayer articular los movimientos sociales sobre dos ejes centrales: la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y el rechazo a los incrementos de las gasolinas.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que los asistentes discutieron y analizaron cómo enfrentar unidos y organizados la embestida gubernamental contra el pueblo, la cual ha provocado descontento y aumentos en productos de la canasta básica.
Y cómo engarzarla con la lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
Por lo que este domingo en la Ciudad de México, precisó, se llevará a cabo un primer proceso de articulación que permita organizar los movimientos sociales del campo con los de la ciudad, será la primera actividad para definir los trabajos de coordinación y que ya no haya luchas aisladas, expresó.
Adelantó que la primera acción acordada en la ANP iniciará este 15 de enero y concluirá el próximo 26 con la realización de la quinta Convención Nacional Popular, a efectuarse en la capital del país.

martes, enero 10, 2017

Bours, probable responsable en caso ABC


Cristina Gómez Lima, corresponsal

Hermosillo, Son. El ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo (2003-2009), será integrado por la Procuraduría General de la República en el catálogo de probables responsables del incendio en la Guardería ABC el pasado 5 de junio de 2009, esto por orden del Juez de Control que lleva el caso jurídico contra los responsables de la muerte de 49 bebés y más de 70 que resultaron heridos.
En conferencia de prensa, el abogado de Grupo Manos Unidad por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, aseguró en el último peritaje a las ruinas de la estancia infantil no se pudo sostener la hipótesis de que el incendio inició por el sobrecalentamiento en el Sistema de enfriamiento de la bodega de la Secretaría de Hacienda.