lunes, mayo 30, 2016

Trini Ramírez y Roco Pachukote en TeleSur

Trini Ramírez (Atenco) y Roko Pachukote hablan de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio por Telesur con Luis Hernández Navarro.


domingo, mayo 29, 2016

“Menos de un año de cárcel por cada uno de los niños muertos es una burla"



Los padres una de las víctimas del incendio en la guardería ABC rechazan la reciente sentencia de un juez federal mexicano y han elevado el caso a instancias internacionales




Casi siete años ha tardado la primera sentencia sobre el caso ABC, el incendio en una guardería de Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora, donde 49 niños murieron atrapados entre el fuego y una inmensa bola de negligencias e irregularidades que volvió a retratar la peor cara de México. José Francisco García y Patricia Duarte, los padres de una de las víctimas, sienten que aún no se ha hecho justicia. No están conformes con la absolución de algunos implicados –altos funcionarios y políticos ni con la duración de las penas, entre 20 y 29 años de cárcel: “menos de un año por cada uno de los niños muertos es una burla”
Su hijo de tres años murió ese mismo viernes cinco de junio de 2009, cuando un incendio en un almacén contiguo, un archivo de la Secretaría de Hacienda Estatal, se expandió a la guardería, que no contaba ni con las mínimas condiciones de seguridad. El fuego avanzó por el techo de lámina altamente inflamable y tóxico mientras los pequeños, de seis meses a cinco años de edad, dormían la siesta. No había extintores y las señales que indicaban la salida de incendios eran un trampantojo, simples letreros colocados en la pared que no conducían a ninguna parte. La guardería se convirtió en una cárcel en llamas.
Los servicios de emergencia no podían entrar y un vecino decidió a la desesperada empotrar su camioneta contra uno de los muros para poder sacar a los niños por el boquete. Los cuidadores consiguieron escapar salvando a unos pocos bebés. Casi un centenar de menores supervivientes quedaron marcados de por vida con pavorosas quemaduras. Cuando encontraron el cadáver del hijo de José y Patricia, más del 60% de su sangre era dióxido de carbono.
La sentencia de un juez federal ha castigado por homicidio culposo y lesiones a 19 de los eslabones que formaban la cadena de negligencias
La guardería dependía de la Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pero el servicio estaba externalizado a una empresa, un modelo de privatización a medias que se disparó durante aquellos años del gobierno panista de Felipe Calderón. “Hacer justicia sería que todas y cada una de las personas que tuvieron algún grado de responsabilidad con la muerte y lesiones de los niños reciban lo que le corresponde”, cuenta el padre en una sala del centro Prodh, la asociación de abogados que les asesora.
La sentencia de un juez federal ha castigado por homicidio culposo y lesiones a 19 de los eslabones que formaban la cadena de negligencias. Desde algunos responsables directos del centro –dos socios y el secretario del consejo de administración hasta dos funcionarios del IMMS –la jefa del departamento de guarderías y el delegado estatal de Sonora así como a los responsables de los servicios de seguridad –director de protección civil y el director de bomberos de Hermosillo que validaron y certificaron que el centro cumplía las normas debidas. Otras tres supervisoras de la zona han quedado libres al ganar amparos.
José y Patricia, que en estos años han logrado sobreponerse al golpe y han convertido su duelo en activismo, se preparan para una larga carrera judicial: “es un primer paso, pero vamos a seguir pidiendo que el delito sea doloso”. Llegarán las apelaciones y están convencidos de que al calificarse el delito como culposo –no hubo intencionalidad directa las fianzas serán reducidas y ninguno de los condenados pisará la cárcel en los próximos años.
De los 28 inculpados con que arrancó la instrucción, que ha ido incorporando las demandas particulares de muchos de los padres, el reguero de absoluciones ha sido una constante. “Durante todo el proceso la Fiscalía ha favorecido a los y las responsables de la tragedia”, sentencia la madre. Tan solo dos de los cuatro propietarios de la guardería han sido condenados. Una de ellas, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella es la prima de la Margarita Zavala, la actual candidata del PAN y la esposa del entonces presidente Calderón, con quien floreció el modelo de privatización de guarderías. En agosto de 2009 Altagracia recibió un auto de prisión formal, pero jamás pisó la cárcel. En noviembre de 2010 su caso fue sobreseído. Los padres apunta al manto de la impunidad y el nepotismo. “Hubo irregularidades desde un inicio en la apertura de la guardería, favorecidos por la impunidad y la corrupción. El negocio se levantó con un capital de 500.000 pesos y por uno de los cada 100 niños que tenía se llevaban 2.700 pesos al mes”
En su cruzada, que incluye una campaña para lograr una ley sobre guarderías, los padres han apelado también a las instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no ha respondido a su demanda donde piden que las responsabilidades políticas se eleven hasta el Gobernador de Sonora y el director del IMSS. “Que el Estado mexicano garantice que no se produzca otra tragedia de esa magnitud. Yo le confíe la vida de mi hijo al Estado y el Estado falló”, repite el padre.
Durante la entrevista, el segundo hijo de Jorge y Patricia ha estado correteando entre las piernas de sus padres. Nació cuatro años después de la tragedia. Se llama Amir Itze, una mezcla entre el árabe y el maya que significa príncipe guerrero regalo de Dios.

Los regímenes criminales deben ser rechazados y denunciados: Boff


Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Domingo 29 de mayo de 2016, p. 9
Luego de escuchar testimonios de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, defensores de migrantes y de la tierra, familiares de víctimas de feminicidio y luchadores de pueblos originarios, el teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff precisó que la sociedad se ha deshumanizado y ante esto debe ocurrir un cambio, porque “otro mundo es posible y necesario.
Son fenómenos que tienen origen en una sociedad que ha perdido sus raíces, su sentido humano, que no puede continuar, porque es demasiado bárbaro y sin piedad.
En un conversatorio organizado por el Observatorio Eclesial, Católicas por el Derecho a Decidir e Iglesias por la Paz, el ex sacerdote franciscano criticó a aquellos estados que no sólo se vuelven cómplices de violaciones a derechos humanos, sino que también son copartícipes en esos actos. Refirió que actualmente proliferan los estados criminales, represores y policiacos.
Un Estado que es cómplice de todo eso, que es coautor, tiene que ser criticado, rechazado y denunciado a escala mundial. Es un Estado criminal con autoridades cínicas que no tienen sentido humano, que no entienden el dolor del otro.
En referencia directa a México, indicó que la situación de violencia y atropello de los derechos humanos está afectando a todo un pueblo, a una nación, a las familias, y eso no puede ser. Que aparezca un Zapata o alguien que encabece un movimiento que renueve a un país tan rico en sus tradiciones, en su cultura y sus pueblos y tan afectado y humillado por acciones tan criminales.
Apuntó que la tragedia que viven cientos de familias con integrantes asesinados, desaparecidos, secuestrados y obligados a participar en el crimen organizado no debe ser olvidada ni normalizada ni dejada en la impunidad.
“Lo que podemos es nunca aceptar y no acostumbrarnos, ni dejar que el cinismo y la indiferencia tengan la última palabra (…) Hay que tener la esperanza y la fe de que Dios puede estar de nuestro lado para enjugar las lágrimas y consolar el corazón”. Subrayó que ante estos entornos adversos hay que rescatar la dignidad de las personas y confiar en que otro tipo de Estado es posible, que no sea un Estado criminal, sino uno que procure la fraternidad, la autonomía y la dignidad de las personas.
Boff dijo que es importante escuchar estas experiencias de viva voz para entender el profundo dolor que genera esta tragedia que está humillando al país.
Aquí se están sacrificando a tantas personas; no acabo de entender por qué tanta violencia, tantos desaparecidos, tantos muertos. Más que todo quiero mostrarles mi solidaridad. Recomendó nunca dejar solos a los afectados por la violencia y el atropello a las garantías, porque lo que viene del dolor no es solamente el dolor, es la soledad. Hay que estar juntos, de la mano, e indignarse contra las autoridades. Una indignación sagrada, porque la vida es sagrada.
Aseguró que si las autoridades apuestan al olvido ante la desaparición forzada, eso no ocurrirá, porque un hijo secuestrado no sale nunca del corazón de una madre. Va a buscarlo hasta el final del mundo para encontrarlo, para encontrar la verdad, lo que significa que a veces lo han matado.

sábado, mayo 28, 2016

Anuncian actividades por séptimo aniversario del incendio en ABC


Cristina Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2016, p. 12
Hermosillo, Son. El movimiento 5 de Junio anunció las actividades que llevará a cabo por el séptimo aniversario del incendio de la guardería ABC, en el que fallecieron 49 menores y casi 100 resultaron con secuelas. José Francisco García Quintana, padre del pequeño Andrés Alonso, fallecido en la tragedia, y vocero de la agrupación, anticipó que el sábado 4 de junio, a las 21 horas, comenzará la vigilia fuera de la estancia siniestrada. El domingo 5 de junio habrá una misa conmemorativa a las 10 horas en la iglesia San José, a dos kilómetros de la guardería, y a las 18 horas se iniciará la Marcha por la Justicia ABC desde la estancia hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. En la Ciudad de México se efectuará a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo, y en Mérida, Yucatán, habrá actividades artísticas y culturales en el parque Santiago.

viernes, mayo 27, 2016

Acción Urgente | Golpean a miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra


Acción Urgente

Golpean a miembro de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Agresor aparece en registros de Secretaría General de Gobierno

au: 6/2016
cdhzl
26 de mayo de 2016
Hechos
Tres días después de que un grupo de choque tomara el campamento del Cerro de Huatepec y de que un operativo policiaco de aproximadamente 300 elementos incursionara en las tierras de uso común del municipio de Atenco, hoy, entre las calles Chimalpopoca y la Calzada de los Gallos, fue golpeado, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, el miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Andrés Pineda, quien se dirigía a una cita en el Juzgado 12° de Distrito para continuar los trámites correspondientes al amparo 338/2016-II, que interpusieron los pobladores de Nexquipayac contra la realización de labores de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en sus tierras.
El individuo que agredió físicamente al defensor de la tierra vestía camisa a cuadros y pantalón gris, y es identificado por los defensores de la tierra del Frente de Pueblos como Filiberto Calette Rodríguez. Éste, después de golpear a Andrés Pineda, lo amenazó diciendo lo siguiente: “Ahorita te hago esto, pero la otra vez vengo para matarte. Al fin y al cabo, me protege el gobierno”. Es necesario mencionar que en los registros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, éste aparece adscrito a la Secretaría General de Gobierno como Auxiliar Administrativo.
El defensor Andrés Pineda presenta contusiones y una lesión en el oído izquierdo. Poco después de lo ocurrido, levantó una denuncia ante el Ministerio Público, con el número de noticia criminal 222230231816.
Antecedentes
Los defensores de la tierra de Nexquipayac, último salinero del Valle de México, forman parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Desde el año 2001 se opusieron al intento de expropiación de sus tierras para la edificación de un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en 2002 lograron derogar el decreto de expropiación de sus tierras ejidales, emitido por el expresidente Vicente Fox. También sufrieron una dura represión los días 3 y 4 de mayo de 2006, por la cual demandan ahora al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A raíz de que en 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, han tenido que resistir diversos intentos de construcción para dicho proyecto en sus tierras, a pesar de que, según las declaraciones de las autoridades, este proyecto no afectará las tierras ejidales del municipio de Atenco, en que se encuentra Nexquipayac. El día 23 de mayo de 2016, un grupo de 250 individuos que se manifestaban a favor de proyecto aeroportuario, tomaron el campamento que los miembros de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra mantenía en el Cerro de Huatepec, con el fin de proteger su territorio. Esa misma fecha, entraron a las tierras de uso común alrededor de 300 elementos tanto de la policía estatal como federal y cuerpos de la marina. Los compañeros continúan en resistencia, ahora en el Cerro de Tepetzinco.
Peticiones
Los miembros del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, ante el contexto de confrontación que se vive en los pueblos de Nexquipayac, San Salvador Atenco, Tocuila, Acuexcomac e Ixtapan, manifestamos nuestra preocupación por la integridad del compañero Andrés Pineda. Por esta razón, con base en los artículos 1, 2, 6, 7, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana de los Derechos Humanos, exigimos que el Estado mexicano brinde la más alta protección a Andrés Pineda y a quienes defienden la tierra en los municipios de Atenco y Texcoco.

Se solicita enviar llamamiento antes del 2 de junio de 2016 a:
Enrique Peña Nieto
Presidencia de la República
Tratamiento: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, cp 6600, México, D.F., México
Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)
Tratamiento: Sr. Secretario

Eruviel Ávila Villegas
Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro,
cp 5000, Toluca, Estado de México.
Fax: +52 722 27600046
Tratamiento: Sr. Gobernador

Con copia para:
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

atentamete
Gabriela Espejo,

Área de Documentación
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Insuficientes, 6 meses para el seguimiento del caso Iguala

  • Rechazan padres de los 43 propuesta del gobierno federal
  • Que la temporalidad sea indefinida o hasta concluir indagatoria, exigen
Foto
Frente a las instalaciones de la PGR, padres y familiares de los 43 exigieron la renuncia de Tomás Zerón de Lucio a la dirección de la Agencia de Investigación CriminalFoto Guillermo Sologuren
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de mayo de 2016, p. 13
Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron la propuesta del gobierno federal para que el mecanismo especial de seguimiento del caso Iguala sea de sólo seis meses; exigieron que tenga temporalidad indefinida o hasta concluir las investigaciones.
Voceros y abogados de los familiares advirtieron que es imposible admitir dicha propuesta, presentada hace unos días por el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que realizará dicho seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Es evidente que la investigación no durará seis meses, es muy complejo y faltan todavía muchas diligencias; además, ha quedado demostrado que México necesita de la supervisión y el escrutinio internacional, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia. Detrás de esta temporalidad muy corta está la intención gubernamental de dar carpetazo a las investigaciones y cerrar el caso, completaron los voceros Felipe de la Cruz y Melitón Ortega.
Este jueves, al cumplirse 20 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, los padres e integrantes de organizaciones solidarias realizaron una serie de movilizaciones. Primero, divididos en cuatro caravanas, recorrieron una veintena de embajadas, ubicadas casi todas en la zona de Polanco y Lomas de Chapultepec, para entregar un escrito y pedirles que en su agenda y diálogo bilateral con el gobierno mexicano sea incorporado el tema de los derechos humanos, especialmente lo referente a los 43 normalistas y los más de 26 mil desaparecidos en el país.
Por la tarde marcharon del Ángel de la Independencia a la Procuraduría General de la República (PGR), donde reiteraron su exigencia de que Tomás Zerón de Lucio sea separado de la dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como condición indispensable de credibilidad en las investigaciones del caso Iguala.
Esta exigencia se debe a las sospechas fundadas de que el funcionario de la PGR cometió serias irregularidades en la investigación; incluso habría sembrado evidencias en el basurero de Cocula y en el río San Juan, según se desprende del segundo informe del GIEI.
El pasado 17 de mayo, los padres de familia emplazaron a la titular de la PGR, Arely Gómez, para que en un plazo de 15 días separara del cargo a Tomás Zerón. La próxima reunión entre los padres y Arely Gómez será en los primeros días de junio.
Frente a la PGR, los padres señalaron a Tomás Zerón como uno de los responsables directos de que a 20 meses todavía estén en busca de sus hijos, de la verdad sobre los hechos en Iguala y de la justicia.
Tomás Zerón ha violado la ley, pisoteado la normativa y ha impedido que se conozca la verdad; no descansaremos hasta que este personaje salga de la PGR, dijo el abogado Rosales.

Hostigamiento en Atenco

Somos integrantes del Frente en Defensa de la Tierra, ejidatarios y originarios de San Cristóbal Nexquipayac, municipio de Atenco, y estamos en resistencia contra el gobierno federal y del estado de México en defensa de nuestras tierras. El 26 de mayo nuestro hermano Andrés Pineda fue interceptado por una camioneta de la cual bajaron varias personas, y en el pueblo de San Salvador Atenco intentó entrar otra vez la Policía Federal. A Andrés Pineda tres personas lo sujetaron y lo empezaron a golpear, diciéndole que si se seguía metiendo con el gobierno federal lo iban a matar. Andrés Pineda y Filemón Rojas han interpuesto amparos para defender las tierras y el territorio de Nexquipayac contra las invasiones y despojos que ha estado haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto en todas las comunidades de origen indígena del municipio de Atenco. No vamos a permitir que sigan introduciéndose en nuestro pueblo ni en el de San Salvador. No vamos a permitir que destruyan nuestros cerros sagrados. No al aeropuerto. No a los proyectos carreteros en nuestra tierra. No a los proyectos de muerte. No al hostigamiento permanente a los integrantes del Frente y a los que estamos en defensa de la vida, de la tierra y del agua.
Andrés Pineda, Felipe Álvarez, Filemón Rojas. Frente en Defensa de la Tierra

jueves, mayo 26, 2016

Niegan información de autobuses donde viajaron los 43

jue, 26 may 2016 14:24
Ciudad de México. Los representantes legales de la empresa Estrella Roja se negaron a proporcionar hoy la información que solicitaron los diputados integrantes de la Comisión Especial que indaga la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En una reunión privada, la abogada Susana Monterrubio Santana, incluso rechazó referirse al autobús 3278, que había sido tomado por 14 normalistas del que el Grupo Interdisciliplinario de Expertos Independientes (GIEI) se refirió como el quinto camión. El GIEI citó que éste y otros autobuses serían utilizados para el trasiego de droga para Estados Unidos.
Monterrubio Santana señaló que ese autobús es operado por Estrella Roja de Cuautla y que ella sólo representa a Estrella Roja del Sur, e insistió en que se trata de dos empresas distintas.
La representante legal incluso en un momento amagó con levantarse de la mesa. “Se están burlando de mí, les dijo a los diputados, que comenzaron a cuestionar las condiciones laborales de los choferes. Esto, después de que Monterrubio Santana afirmó que los estudiantes en Guerrero practican “el secuestro” de autobuses y ello afecta a los conductores que no reciben un salario ni prestaciones, y únicamente reciben ingresos “por ruta”.
La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía (PAN) había aceptado las condiciones que Estrella Roja puso para que la reunión se desarrollara en privado en la Cámara de Diputados, y aún así la abogada rechazó responder si antes del 26 de septiembre de 2014, los autobuses de la compañía habían sido tomados por estudiantes de Ayotzinapa o bien, si alguna de sus unidades han sido decomisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por estar relacionadas en investigaciones de delitos contra la salud.
La diputada Araceli Damián González (Morena) abandonó la reunión ante el tono en el que se dirigió a los legisladores la abogada de Estrella Roja. “Afirmó que no estaba obligada a darnos ninguna información y no pudimos siquiera preguntarle la información que vincula a esa empresa con el presunto traslado de droga a Estados Unidos”, dijo la legisladora.
Mientras, Murguía entregó a los diputados de la comisión especial un documento de trabajo que ofrece una relatoría de la agresión a los estudiantes. En ese texto la legisladora del PAN refirió que para la PGR no existen indicios para determinar alguna probable responsabilidad de ninguna autoridad estatal, federal o de otro ámbito, distinta a el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca o a su esposa María de los Ángeles Pineda, el ex director de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez y los policías municipales ya detenidos.

miércoles, mayo 25, 2016

Piden unión a ONG para repeler ataque del gobierno

Exigen destitución de Zerón de Lucio
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de mayo de 2016, p. 13
Chilpancingo, Gro.
Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, pidió a las organizaciones no gubernamentales (ONG) unirse para enfrentar la embestida del Estado mexicano en contra de los movimientos sociales.
En conferencia de prensa que ofreció este martes, acompañado por dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, exigió a la procuradora general de la República, Arely Gómez, la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, compromiso que hicimos con la procuradora. Vamos a esperar hasta el primero de junio.
Ortega consideró que el cese de Tomás Zerón es la única manera de seguir caminando y sentarnos a dialogar para poder lograr avances con la Procuraduría General de la República (PGR).
De igual forma, exigió a la PGR que dé a conocer el sitio en que se encuentran los teléfonos celulares que llevaban los estudiantes el día de su desaparición.
Como ustedes saben, (el hoy ex procurador general Jesús) Murillo Karam había señalado en 2015 que los celulares habían sido quemados el 26 de septiembre (de 2014), pero hoy los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes afirmaron que al menos siete aparatos estuvieron activos.
Ortega también demandó a la dependencia explicar por qué hubo policías federales y municipales de Huitzuco en el palacio de justicia de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. De igual forma, la tortura a 17 detenidos para crear la verdad histórica de Murillo Karam, de que la delincuencia organizada asesinó e incineró a los normalistas.

martes, mayo 24, 2016

Otra agresión más contra el pueblo de Atenco; expulsan y golpean a defensores e instalan malla y postes en 150 hectáreas

Por:  / 24 mayo, 2016
aeropuertoatenco
(24 de mayo, 2016).-  Por ayer se reportó que los elementos de la fuerza pública, en esta ocasión los policías federales y el cuerpo de Guardias de Seguridad del Estado de México tomaron el control de los terrenos de ejidales Atenco y Nexquipayac para resguardar a los trabajadores que participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
El despojo se dio con los elementos de seguridad acompañados por alrededor de 250 ejidatarios que están vinculados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes golpearon y expulsaron a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco quien instaló un plantón desde abril pasado en el cerro de Huatepec para proteger sus tierras.
Los integrantes del FPDT denunciaron que la ocupación de los elementos de seguridad como el ingreso de los trabajadores del NAICM viola el amparo que otorgó el juez noveno de distrito, el cual protege sus tierras de cualquier tipo de labor para la construcción del aeropuerto.
El día de ayer los trabajadores colocaron en más de 150 hectáreas postres de concreto y malla ciclónica y fueron acompañados por Humberto Pérez Piedra, coordinador del Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien aseguró que el gobierno de Peña ya había hecho la negociación y pagó los terrenos.
Por su parte los defensores y defensoras de Atenco anunciaron que seguirán defendiendo sus tierras y el operativo se suma a una más de las agresiones en su contra, pero no por ello se van a dejar intimidar.

Irrumpen Policía Federal y grupos de choque en Atenco



POR  ,
ATENCO, Edomex. (apro).- Elementos de las fuerzas federales irrumpieron esta mañana en terrenos de San Cristóbal Nexquipayac, los cuales se encuentran en litigio por la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICIM), para el resguardo de cuadrillas de trabajadores que tienen por encomienda construir la barda perimetral de la terminal aérea.
Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), advirtió que el ingreso de estas personas “viola flagrantemente un amparo que nos protege a distintas comunidades del despojo que el gobierno insiste en perpetrar en contra nuestra… Es parte de la zona que no tiene qué afectarse, hay un proceso legal, están violentando la ley”.
“Estos trabajadores están entrando a tierras de uso común del ejido de Nexquipayac que fueron adquiridas de manera fraudulenta por la Conagua, valiéndose de la intimidación, la ilegalidad y el engaño”, acusó el FPDT.

Del Valle Medina aclaró que no todos los ejidatarios de la zona han vendido sus terrenos porque prevalecen algunos pobladores en desacuerdo.
Además, calificó esta acción como una estrategia de provocación en la que los ejidatarios que se oponen al proyecto no van a caer.
“Ellos están diseñando una estrategia de enfrentamiento. No nos hemos acercado, nos vamos a mantener en el campamento del cerro de Tepetzingo –localizado a una distancia aproximada de un kilómetro–. Seguiremos defendiendo la tierra, enérgicos, pero con una actitud de no enfrentamiento”, aclaró.
Los elementos policiacos, refirió, se están auxiliando por integrantes del comisariado ejidal, “coludidos con el gobierno y los empresarios, que se han vuelto títeres y obedientes de este proyecto”, así como por grupos de choque identificados con el Movimiento Antorchista, y con el sobrevuelo de helicópteros.
Las cuadrillas, acusaron los inconformes, son comandadas por el comisariado ejidal Bulmaro Álvarez y por el presidente del Consejo de Vigilancia Antonio Guillén, quienes también tomaron el campamento de vigilancia del FPDT montado sobre el cerro Huatepec.
El pasado 12 de abril una tanqueta del Ejército ingresó a tierras de Tocuila para resguardar a funcionarios de la Conagua, y el 27 de ese mismo mes a trabajadores de la autopista.
Derivado de la oposición de los ejidatarios a estos trabajos, la constructora Cypsa Vise promovió en su contra las denuncias 322180830034716 y 322180055415 por el delito de obstrucción de los trabajos, pero Ignacio del Valle enfatizó que, en todo caso, quienes deben denunciar la invasión de tierras son los vecinos.

FPDT denuncia incursión ilegal en territorios en resistencia

Ciudad de México, 24 de mayo de 2016. A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunció la incursión ilegal de trabajadores del Grupo Aeroportuario al territorio de Nexquiyapac con la intensión de trazar la barda perimetral del pretendido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Los trabajadores llegaron acompañados de alrededor de 200 elementos de la Marina, Policía Federal, estatal y municipal.
Los integrantes del Frente señalan que el perímetro del Lago de Texcoco es también parte del territorio de los pueblos, pese a que el gobierno lo llame zona federal, y por lo tanto esta incursión viola los amparos interpuestos por los pueblos afectados por dicha obra.
La población de Nexquiyapac se ubica en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, por lo que los integrantes del Frente reconocen estas incursiones como actos de provocación ante la tensa situación que se vive en la zona y advierten el riesgo inminente de criminalización y represión de quienes se oponen a la construcción del aeropuerto.
El FPDT advirtió que hay intentos por dividir y confrontar a los pueblos afectados a partir del ofrecimiento de empleo en las próximas obras a los pobladores. En el comunicado se detalla que a dicha incursión acudieron representantes ejidales de los núcleos de Ixtapan, Nexquipayac, Atenco, La Colonia Francisco I. Madero y Tocuila acompañados de personas reconocidas como “integrantes de grupo de golpeadores conformado principalmente por gente afín al PRI”.
Ante esta situación, el FPDT exige el retiro de todo tipo de cuerpo policíaco militar, federal y Marina de sus territorios, el respeto del derecho a la libre determinación de los pueblos y con ello la cancelación del NAICM. 

Comunicado del FPDT Atenco ante nueva incursión ilegal en nuestras comunidades


LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
Denunciamos que el día de hoy lunes 23 de mayo, alrededor de las 8 de la mañana, ingresaron de manera ilegal al territorio de Nexquipayac trabajadores del grupo aeroportuario escoltados por más de 200 elementos de la Policía Federal, Marina, estatal y municipal. Esto con la intención de trazar la barda perimetral del Aeropuerto que pretende imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, violando de manera flagrante los amparos interpuestos por los pueblos afectados que manifestamos nuestro total rechazo a esta obra de muerte, además de las afectaciones al ecosistema de la Ribera del ex-lago de Texcoco.
En esta nueva incursión ilegal también estuvieron los representantes ejidales de los núcleos de Ixtapan, Nexquipayac, Atenco, La Colonia Francisco I. Madero y Tocuila quienes sin consultar a sus asambleas ni a sus respectivos pueblos originarios dieron consentimiento para que esta avanzada del despojo se llevara a cabo.
Denunciamos también la presencia del grupo de golpeadores conformado principalmente por gente afín al PRI, los mismos que participaron en la destrucción del mural de Atenco, símbolo de la lucha y la defensa de la tierra, de igual modo en la asamblea ejidal del 1º de junio de 2014 y en el tribunal Agrario de Texcoco, todos ellos comandados por Andrés Ruíz Méndez quien funge como presidente municipal de Atenco y al mismo tiempo como Comisariado de facto del núcleo ejidal de Atenco y Alejandro Santiago López alias “el oaxaco”.
Estas incursiones ilegales son actos de provocación que el gobierno está montando para atizar los ánimos y justificar la reprensión en contra de las comunidades e integrantes que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Con estas acciones se reitera la mentira de Enrique Peña Nieto que desde que vuelve a imponer y reactiva la construcción del aeropuerto en septiembre de 2014, donde aseguraba que no iba a tocar nuestras tierras. Sin embargo el perímetro del lago de Texcoco que hoy llaman zona federal también es parte de nuestro territorio el cual ya están devastando.
La utilización de trabajadores para las obras del aeropuerto proviene de nuestros propios pueblos haciendo de esto una táctica para dividir y confrontarnos entre nosotros mismos, cosa que hemos señalado y rechazado tajantemente.
Ante esta situación hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como primera instancia, y también a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales tanto independientes como oficiales para que se manifiesten por el respeto a la vida, la de los que la estamos defendiendo y la salvaguarda de nuestro territorio.
Exigimos la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el respeto a la voluntad de nuestros pueblos que ejercen el derecho a la libre determinación.
Exigimos que se retiren todo tipo de cuerpo policíaco militar, federal, y Marina, de nuestros territorios. 
Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal del agravio que siguen prolongando para nuestra vida comunitaria y que nuevamente nos ponen en riesgo para ser criminalizados y reprimidos siendo estos los primeros en atropellar nuestros derechos humanos.
Convocamos a los medios de comunicación nacionales e internacionales a asistir mañana martes 24 de mayo a las 10:30 de la mañana en la plaza central de la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac para dirigirnos, posteriormente al Cerro de Tepetzingo donde se desarrollará la Conferencia de Prensa.
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡Zapata Vive la lucha sigue!
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

lunes, mayo 23, 2016

ALERTA: Ingresan trabajadores acompañados de grupos de choque a Nexquipayac, Atenco



A las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos en defensa de la tierra
Al pueblo de México en general
Por este conducto queremos hacer de su conocimiento que en este momento, siendo las 11:45 horas del lunes 23 de mayo de 2016, están ingresando cuadrillas de trabajadores a la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atenco, Estado de México, para intentar construir la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México (NAICM). Deseamos enfatizar que estos trabajadores están entrando a tierras de uso común del ejido de Nexquipayac que fueron adquiridas de manera fraudulenta por la CONAGUA, valiéndose de la intimidación, la ilegalidad y el engaño; además, recalcamos que el ingreso de estas personas viola flagrantemente un amparo que nos protege a distintas comunidades del despojo que el gobierno insiste en perpetrar en contra nuestra.
Debido al rechazo explícito del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) a estos intentos de despojo, en estos momentos la estrategia gubernamental está siendo que los trabajadores entren a nuestro pueblo “resguardados” por un grupo de individuos de la misma comunidad de Nexquipayac que han sido engañados y comprados por el gobierno federal, mismos que pretenden ser conformados hoy como grupos de choque para confrontar a quienes en estos momentos estamos resitiendo el despojo de nuestras tierras y la construcción del NAICM. Señalamos también que estos grupos están siendo dirigidos por el actual presidente del comisariado ejidal, Bulmaro Álvarez, títere corrupto y cómplice del gobierno federal en la fraudulenta compra-venta de tierras en nuestra comunidad.

Ante estos hechos, los integrantes del FPDT manifiestamos que continuamos firmes y en pie de lucha, que no caeremos en provocaciones y convocamos a  las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo de México en general a mantenerse atentos a los acontecimientos. Hacemos responsble al gobierno federal y a sus cuerpos de seguridad de cualquier enfrentamiento que pueda ocurrir en nuestra comunidad.

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!
¡NO AL AEROPUERTO EN NUESTRAS TIERRAS!
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, PUEBLO DE NEXQUIPAYAC
San Cristóbal Nexquipayac, Atenco, a 23 de mayo de 2016.

“No hay una bolita de cristal” para saber qué ocurrió con los 43 de Ayotzinapa: Peña en ‘La Jornada’

Hay "ciertas hipótesis que ha apuntado la PGR de lo que pudo haber pasado", refirió. 
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Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

El presidente Enrique Peña Nietoaseguró que no hay “bolita de cristal” que revele lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala tras un ataque por parte de policías durante el 26 y 27 de septiembre 2014.

“El único empeño del gobierno es esclarecer y apoyar la petición de la sociedad en general y de los padres a conocer qué pasó. No hay una bolita de cristal que nos pudiera regresar en el tiempo y saber exactamente con precisión qué ocurrió. Hay indicios, una investigación y elementos que te llevan a conclusiones. Si no a éstas, por lo menos aciertas hipótesis que ha apuntado la PGR de lo que pudo haber pasado“, dijo en entrevista para La Jornada

–¿El caso Ayotzinapa quedará como la gran deuda de su gobierno?-, le preguntó al mandatario la periodista Rosa Elvira Vargas.

“Estamos dispuestos a llegar al esclarecimiento en lo que permita toda la investigación, quizá una de las pocas (en México) con tal nivel de profundidad, de recursos humanos, materiales y financieros del Estado dedicados a la misma. Nunca he logrado entender una cosa: cuándo pasó el gobierno a ser señalado, si lo único que quiso fue atraer un asunto ocurrido en una entidad, Guerrero”, comentó Peña.

“El gobierno (federal) intervino para esclarecer y apoyar la investigación de qué había ocurrido, dónde estaban, cuál había sido el paradero de los jóvenes desaparecidos, en una obligación del Estado de cómo vamos en coadyuvancia y, eventualmente, en sustitución de la autoridad competente a hacer esta investigación. Y así fue como la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo ese asunto”, abundó.

“El nivel de apertura del gobierno en este ánimo es tal, que abrimos el espacio para que viniera un órgano de coadyuvancia (CIDH) en esa tarea. Pregunto: ¿cuándo pasamos a ser señalados como implicados, culpables? Es una barbaridad sólo pensar ese tema. O sea, querer participar para ayudar a esclarecer, a ser señalados con cierto grado de responsabilidad por lo ocurrido ahí. Me parece un tanto absurda esa transición”, reflexionó.

Peña Nieto reconoció que “no ha sido una investigación fácil” la del caso Ayotzinapa, e incluso la comparó con la del magnicidio del candidato Luis Donaldo Colosio.

–¿Confía en que su gobierno llegará al esclarecimiento total?

–No voy a acelerar más allá la investigación. Creo que debe seguir todo un proceso. Espero, es mi deseo, que en este gobierno se pueda concluir. Sería lo deseable. Pero es un tiempo que no me toca definirlo, sino a la parte investigadora, a la PGR, que además, lo he reiterado, es la autoridad y tiene la responsabilidad y obligación en términos de ley-, concluyó sobre el tema.

(Entrevista completa en La Jornada)

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala

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as graves irregularidades co­­metidas por el jefe de la Agencia de Investigación Cri­minal (AIC), Tomás Zerón, en su casi furtiva presencia en el río San Juan, no fueron las únicas. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo identifica como la fuente original de la quinta versión sobre el destino final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El 7 de septiembre de 2015, al día siguiente del primer informe del GIEI donde los expertos expresaron su convicción de que en las condiciones señaladas por los presuntos inculpados resultaba imposible que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Tomás Zerón afirmó: Nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron quemados un grupo importante, sin poder afirmar, que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes (ver informe final del GIEI, página 252).
La afirmación venía a contradecir lo que el propio Zerón había dicho en enero de ese año, cuando informó públicamente de la detención de Felipe Ro­dríguez Salgado, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros unidos, quien, dijo, habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Dichas declaraciones, aduce el GIEI, supusieron un cambio en la práctica en la versión oficial hasta entonces mantenida y se venía a sumar a otras cuatro ya existentes: a) la referida a Pueblo Viejo; b) la casa de seguridad; c) la versión de Los peques, y d) el basurero de Cocula.
Según el informe del GIEI, a partir del 7 de septiembre de 2015, en distintas reuniones con autoridades de la Procuraduría General de la República, altos funcionarios de la institución comenzaron a decir que nadie había hablado de números. A su vez, esa nueva versión sostenida por Zerón, según la cual un número menor de estudiantes había sido asesinado e incinerado en Cocula, no había sido expresada hasta ese momento en ninguna de las declaraciones rendidas por los presuntos miembros de Guerreros unidos y era inconsistente con lo señalado por los supuestos perpetradores que declararon haber participado en los hechos.
A su vez, la PGR consideraba que los estudiantes incinerados en Cocula eran 43, hasta el punto de encargar una pericia sobre el número de personas que podría transportar la camioneta blanca de tres toneladas que según dos de los inculpados, Jonathan Osorio y Miguel Landa, se había utilizado para trasladar a los estudiantes. Para concluir que sí cabían 43 personas, la PGR ubicó en la camioneta a un número igual de miembros de la Agencia de Investigación Criminal.
El 17 de septiembre de 2015, 11 días después de que el GIEI advirtiera sobre una quinta versión y a 10 de que Zerón modificara la versión de los hechos, fue capturado Gildardo López Astudillo, quien en una primera declaración en presencia de un funcionario del GIEI y un abogado de los familiares de los 43 desaparecidos, no reconoció ninguna participación en Guerreros unidos. Horas después, ya sin la presencia de éstos, el imputado Gil modificó su versión: los estudiantes habían sido separados en dos grupos, unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho de un supuesto líder del grupo criminal donde los cocina y se hacen agua. Nadie le preguntó en qué consistía ese proceso ni dónde estaba el rancho…
Al respecto, señala el GIEI: “Ese hecho muestra un problema que se ha dado a lo largo de la investigación (…) La autoridad parece dar credibilidad a nuevas versiones, sin claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de la investigación y frente a otras declaraciones tomadas hasta entonces. Si esos hechos fueran ciertos, entonces las cinco declaraciones anteriores en las que se basaba la teoría del basurero no tendrían valor. Nuevamente son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas, yendo éstas a avalar dicha versión, dado que en algunos informes periciales se observa un fuerte sesgo confirmatorio” (ver informe, pág. 255).
En una entrevista con miembros del GIEI, Gildardo López indicó que le fue señalado qué declarar y que a cambio podría salir en libertad en un futuro. Agregó que dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había equivocado se volvía a grabar. Si bien el GIEI asienta en su informe que no tiene elementos para dar credibilidad o no a ese relato, consigna que El Gil es una de las personas con indicios de haber sido sometida a torturas.
Según el testimonio entregado a Naciones Unidas por otro imputado (Agustín García), nunca hizo una confesión espontánea de su parte y en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 hubo un montajeorquestado por Tomás Zerón y funcionarios de la PGR. Adujo que en todo momento fue amenazado y coaccionado por los miembros de la Marina que lo detuvieron y torturaron; fue obligado a memorizar datos y nombres para incluirlos después en su confesión, y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir.
Sus dichos contrastan con las declaraciones de Tomás Zerón el 27 de abril de 2016, cuando afirmó que en su diligencia en el río San Juan todo fue legal y conforme a derecho, y que incluso Agustín García los había guiado voluntariamente al lugar donde después, presuntamente, fue sembrada la bolsa con algún resto óseo de Alexander Mora.
Prácticas muy comunes en México, la siembra de evidencias y la tortura a los detenidos fueron dos de los temas rechazados por Zerón ante los señalamientos del GIEI. Un día después de la presentación pública donde el titular de la Agencia de Investigación Criminal negó tales hechos, la PGR dio vista a la visitaduría general para indagar su actuación y la de otros funcionarios. Tomás Zerón debió ser cesado de su cargo de inmediato, pero se dice que cuenta con poderosos padrinos y protectores en Los Pinos, entre ellos el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el propio Enrique Peña Nieto.