lunes, septiembre 14, 2015

Los 43 de Iguala, herida abierta / Víctor Flores Olea

lun, 14 sep 2015 09:04
La tesis reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que no calcinaron a los cadáveres en el basurero de Cocula, modifica radicalmente la versión oficial proporcionada por el anterior Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el de la famosa “verdad histórica”, que no resistió las más simples observaciones llevadas a cabo con real espíritu científico y no con el simple propósito de responder a no sabemos que intereses inconfesables. En todo caso, sin duda el evento ha sido uno de los factores determinantes de la caída libre de la confianza ciudadana en Enrique Peña Nieto.
Pero la “corrección” de la CIDH, que no sólo se refiere a la calcinación de los cuerpos a cielo abierto como modus operandi de los asesinatos, sino a otros aspectos de la investigación, siendo tal vez el más relevante el del “quinto” camión que habrían abordado los estudiantes de Ayotzinapa, sin conocer que ese vehículo probablemente estaba cargada de droga para una entrega en la zona de Chicago, lo cual explicaría la violencia asesina que ejercieron contra los estudiantes las pandillas de maleantes responsables y sus cómplices oficiales. En efecto, ninguno de los dos podía darse el lujo de perder un valiosísimo cargamento por la circunstancia de una protesta estudiantil. Pero aquí lo dejamos ahora en espera de una verdad más consistente como la esperan los padres de los estudiantes desaparecidos, la sociedad mexicana y sin duda sectores importantes de la opinión mundial.
El hecho abrumador es que vivimos en México una inseguridad rampante que puede ponerse en movimiento por las razones más increíbles, y que invaden también al país las complicidades más inaceptables. En este caso, que ha conmovido las fibras sensibles de muchos mexicanos, debe reconocerse que si hay un horizonte de verdad al que aun se pueda llegar, lo cual se debe en buena medida a la admirable persistencia de los padres de los desaparecidos, que no han dejado ni dejarán que el asunto se esfume en la bruma de lo desconocido y de las mentiras de que es capaz aun nuestra burocracia (y, a lo que parece, cualquier burocracia en el mundo). La lucha es pues por un poco de decencia y de verdad de nuestros gobernantes, más allá de los discursos engolados que se pronuncian todos los días.
Un asesinato masivo que, con mucha probabilidad, se estuviera ya olvidando políticamente y que, si no es así, se debe a la decisión admirable de los padres de los desaparecidos y no a la decisión y voluntad del gobierno. En verdad, es el arrojo de un conjunto de ciudadanos lo que nos aproxima a descubrir no sólo la mecánica del terrible asesinato sino las fechorías, ilícitos y complicidades que están en el fondo de la cuestión.
Debe reconocerse que la situación política y económica que vive actualmente México, junto a la presión social que también se ha destapado, obliga a las altas autoridades a doblar ligeramente las manos y permitir, por ejemplo, la presencia prolongada en el país de los expertos de la CIDH, con conclusiones e interpretaciones que no sólo corrigen sino que a veces niegan rotundamente las conclusiones a que habían llegado antes las `”autoridades” mexicanas. Esa “permisibilidad” ha sido amplia y nos habla de la insistencia y valentía permanente de una parte importante de la sociedad mexicana, y al hecho no excepcional, para quienes conocen y han tratado al personaje, de que desde su más alta magistratura esté dispuesto a reconocer el Presidente “algunos” errores “hasta encontrar la verdad”.
Todo esto habría que tomarlo en cuenta, incluso en otro terreno, en el educativo, en que el nuevo Secretario de Educación Pública se decidió a reconocer públicamente que la Reforma Educativa, al revés de su predecesor, contiene inevitablemente, además del aspecto estrictamente pedagógico, elementos administrativos, políticos, laborales, etc. Reconocimiento, hay que decirlo, que para empezar, no ha caído mal ni ha sido rechazado por la más general opinión pública. Entonces, después de todo, ¿algunos de los cambios recientes en el gabinete de Peña Nieto han sido positivos para el país y rebasan el ámbito puramente burocrático? Aun se necesita tiempo para verlo.
En todo caso, si la lumbre le ha estado llegando a los aparejos políticos ¿podrá Peña Nieto mantener este muy relativo principio de apertura? Debe reconocerse, en todo caso, que hay próximas otras decisiones de alcance nacional en que se podrá ver más claramente el rumbo decidido. Por ejemplo, en el caso de la sucesión a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿prevalecerá la idea de que Peña Nieto impondrá a alguno de sus amigos o preferencias? Si fuera así, no debería asombrarnos que hubiera explosiones de diferentes dimensiones en el principal Centro de Estudios del país, desde luego en perjuicio del mismo Peña Nieto.
Hasta el momento en estos casi tres años de gobierno, la Presidencia no ha mostrado una especial sensibilidad política. ¿En adelante será capaz de hacerlo? El caso límite de Ayontzinapa podría ser una muestra decisiva de que ganaría más poniéndose del lado del pueblo que de las oligarquías. Sus compromisos e ideología ¿le permitirán mínimamente tales libertades? En todo caso, muchos opinan que debería probar mínimamente situarse más allá del flanco de sus creencias y convicciones, de su ideología ¿Será posible aun, o es pedirle peras al olmo?
Decíamos que el caso de Ayontzinapa es límite por su horror y por la difusión también internacional que ha merecido. ¿Podrá resolverlo el Presidente de la República, o viviremos otra vez, a estas alturas, otro malla de mentiras y promesas incumplidas que seguirán comprometiendo al país a niveles inimaginables?
Ya lo veremos.