vie, 05 dic 2014 13:31
Santiago de Chile. El sociólogo y escritor chileno Laurence Maxwell, quien estuvo detenido durante 10 días en México tras las marchas por los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala, reveló hoy viernes que sus carceleros amenazaron con "trozarlo en pedazos".
"La parte más grave que pasamos fue el traslado desde la Seido (policía especializada) a la cárcel de Veracruz, que es una prisión de alta seguridad", rememoró el también documentalista.
"Todo el viaje, que duró tres horas y media, fue de apremios, amenazas y golpes", evocó Maxwell en una conferencia de prensa en Chile, país al que volvió esta semana.
"Nos hicieron viajar con la cabeza entre las piernas, esposados y todo el tiempo nos estuvieron amenazando. Llegaron a decirnos 'los vamos a llevar a Ayotzinapa y los vamos a trozar en pedacitos, los vamos a quemar'", detalló.
Maxwell, encarcelado junto a otros diez manifestantes, agradeció las gestiones del gobierno de Michelle Bachelet en favor de su liberación.
Sobre lo mismo, apuntó que todo el proceso vivido por él en México fue "irregular".
"Se imaginarán la cantidad de películas que nos pasamos, todo lo que se nos pasó por la cabeza de lo que nos podía ocurrir. Nos llevaban en una camioneta civil, sin marcas ni logos", describió.
"Estábamos en un régimen de aislamiento dentro de la cárcel, escasamente teníamos contacto con el exterior", revivió.
Por todo ello, admitió que evalúa interponer una demanda contra el Estado mexicano por torturas. "Una demanda de esa naturaleza no es colectiva, sino que es individual, pero sería interesante de que todos los que sufrimos este proceso participáramos de esa demanda", sostuvo.
El chileno, que reside en México desde hace seis años, donde cursa un doctorado en Literatura, fue detenido el 20 de noviembre tras una protesta en ciudad de México.
El día de los arrestos unas 30 mil personas marcharon hacia la plaza del Zócalo para exigir justicia y la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos desde hace dos meses, en un hecho que involucra a policías, autoridades municipales y un grupo criminal.
Hubo en total 31 arrestos, pero sólo 11 permanecieron detenidos bajo cargos federales. Un juez finalmente los liberó por falta de pruebas el sábado pasado
