viernes, octubre 31, 2014

Gobierno Edomex torturó a testigos y manipuló pruebas en caso #Tlatlaya para encubrir al Ejército: CNDH


El gobernador Eruviel Ávila felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa. 
Eruviel
(Foto: Cuartoscuro)




















El gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitida sobre este caso.
En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que  desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente.
El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Eruviel Ávila, felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.
El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”, dijo el mandatario estatal.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, el Ejército entregó a ministerios públicos estatales a tres presuntas víctimas de una banda de secuestradores, cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya. Sus nombres, así como los de otros testigos no fueron hechos públicos por razones seguridad.
Se trataba  de tres mujeres que relataron que fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios afirmaron que una persona calva, de alrededor de 35 años, les dijo que había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de secuestradores.
A dos de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, la postraron a jalones sobre el piso. El hombre calvo  pateó a una de ellas en los costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego la levantaron de los cabellos para ponerla de nuevo en una silla y lanzarle más preguntas.
Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron 30 minutos aproximadamente. Luego les advirtieron que no debían contar lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en un orfanato.
Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron que esa no era la verdad de los hechos.
Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316,  la CNDH dice lo siguiente:
No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega, la llama “mentirosa”, “que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado”.
Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar.  Ahí continuaron los interrogatorios.
Por separado las metieron a un baño, en donde tres hombres las golpearon de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de ellos les advirtió lo siguiente: “Aquí, hasta los muertos hablan”.
Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros.
Este testimonio fue plasmado por la CNDH en su página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice los siguiente:
“Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”,a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.
Entonces un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas que se inclinara.  Fue en ese momento cuando aceptaron firmar una declaración, sin saber qué contenía.
La CNDH  concluyó que estas violaciones a las garantías individuales sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que dos de estas mujeres terminaran en el penal federal de Tepic procesadas por delitos graves.
El 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la pared y murieron de uno  o dos disparos a la altura del pecho.
El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MVS preguntó al procurador mexiquense, Alejandro Gómez, qué explicación tenía ante lo publicado por la agencia AP en el sentido de que podría tratarse de un fusilamiento a manos del Ejército y no de un enfrentamiento como indicaba la versión oficial.
Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado  21 de mayo, aseguró que de las diligencias oficiales no había pruebas de que hubo una ejecución.
“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprendeindicio alguno que haga presuponer o que nos haga la pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento que usted hace referencia y se hace referencia en otros medios de comunicación”.
No obstante, la CNDH estableció que la procuraduría mexiquense actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una investigación científica de este tipo.
Además detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles armados ocurrió alrededor de las 6:00 horas, pero los especialistas de la procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas.
Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos tres cadáveresfueron movidos  de su posición original y se les colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual no fue detectado por la procuraduría mexiquense aún cuando esto era evidente en sus propias fotografías.
En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de las necropcias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los hechos.
También destaca, por ejemplo,  que las víctimas refirieron la presencia de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la procuraduría mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en manos de las autoridades.
La CNDH recibió mil 676 fotografías del lugar de los hechos y de las necropcias, pero en el caso de los cadáveres de cinco víctimas no se recibieron imágenes con detalle individual, sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona.
Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas a medios de comunicación. Para los investigadores de la Comisión esto significa que las autoridades de Servicios Periciales del Estado de México obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos.
Este miércoles, el gobernador Eruviel Ávila dijo que el gobierno del estado aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si aceptan o no la recomendación.
“Así que vamos a atender lo que marca la comisión nacional, lo que marca de ley, habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso, emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha recomendación”
De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada formalmente de la recomendación, aunque serán respetuosos de los tiempos y formas que establece la ley.
(Sebastián Barragán)

Las Madres de Plaza de Mayo exigen justicia para los normalistas

Nora Cortiñas expresó su solidaridad
Nunca más desaparecidos, gritaron las luchadoras argentinas en su tradicional protesta de los jueves
Foto
Las Madres de Plaza de Mayo lamentaron que en pleno siglo XXI, en una democracia, se repita la metodología infame y nazi. Muchos mexicanos participaron en la protestaFoto Tomás Trimbolí
Afp
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2014, p. 12
Decenas de mexicanos residentes en Argentina se sumaron este jueves a la ronda semanal de las Madres de Plaza de Mayo para reclamar por los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en el estado de Guerrero.
Repudiamos la masacre, la gran represión a los estudiantes en México y expresamos toda nuestra solidaridad. ¡Nunca más desaparecidos!, dijo Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. La veterana luchadora por los derechos humanos, cuyo hijo desapareció durante la dictadura en Argentina (1976-1984), lamentó que en pleno siglo XXI, en una democracia, se repita esta metodología infame y nazi.
Al término de la tradicional marcha de media hora (como cada jueves desde 1977) en la céntrica Plaza de Mayo, fueron leídos los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos; a cada nombre los asistentes respondían presente, mientras uno de ellos desplegaba una enorme bandera mexicana.
La nueva protesta en Buenos Aires se enmarcó en unas jornadas de lucha en México, un país donde, desde que empezó el combate militar contra el narcotráfico en 2006, hay oficialmente unas 22 mil personas no localizadas, además de los casos no denunciados por temor y las más de 80 mil personas asesinadas.
Las Madres de Plaza de Mayo son luchadoras emblemáticas en América Latina y son solidarias con nuestra lucha, dijo Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina.
Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, es el punto de quiebre, afirmó en referencia a la localidad donde los estudiantes desaparecidos estudiaban para convertirse en maestros.
Detrás de dos madres que llevaban una bandera que recuerda a los 30 mil desaparecidos de la dictadura argentina, los mexicanos portaban carteles con las consignas Vivos los llevaron, vivos los queremosAparición con vida de los 43 compañeros. “Tenemos un narcoestado, el narcotráfico está en las fibras del gobierno, hay una impunidad terrible y cualquiera desaparece”, denunció la mexicana Marisa Barbosa, de 27 años.

jueves, octubre 30, 2014

Desaparición forzada de personas

Juan de Dios Hernández Monge*
L
as ejecuciones extrajudiciales en Iguala y la desa­parición forzada de persona de 43 normalistas de Ayotzinapa han conmovido al mundo entero, pero eso no ha sido suficiente para que el gobierno realice el mínimo esfuerzo por procurar e impartir justicia: pretenden engañar al mundo entero y protegerse de la responsabilidad penal internacional en que han incurrido.
El 27 de septiembre, 43 estudiantes fueron ilegalmente detenidos por elementos represivos del Estado y llevados en vehículos oficiales a un lugar desconocido. A pesar de que fueron sustraídos y colocados fuera del amparo de la ley, el Estado mexicano sistemáticamente se ha negado a admitir que estamos frente a un delito de lesa humanidad y no ha informado a los familiares respecto de la suerte o paradero de los desaparecidos. Lo anterior implica que se encuentran reunidos los elementos del cuerpo del delito de desaparición forzada de persona, previsto en el artículo 7 i del Estatuto de Roma, que señala:
“Por ‘desaparición forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.”
En los delitos de lesa humanidad el perpetrador siempre es el Estado, por conducto de individuos que actúan en su nombre, es decir, cuentan con su aquiescencia; así ocurrió en este caso. Pero, no obstante que ante la prensa nacional e internacional el gobierno habla de desaparición, en la vía de los hechos el Consejo de la Judicatura Federal informó que, por los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, fueron consignados por la PGR, ante el juzgado primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, en la causa 100/2014, 24 policías municipales por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Vemos en esta conducta el modus operandi del Estado mexicano para evadir la acción de la justicia internacional y propiciar la impunidad de los autores materiales e intelectuales. Resulta claro que la impunidad garantizada sirve como caldo de cultivo para que los delitos de lesa humanidad sigan perpetrándose en todo el país.
Sin embargo, el artículo 21 constitucional dice que el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Nuestro país reconoció la jurisdicción de la CPI, de manera que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados en el ámbito internacional cuando, como ocurre en este caso, hay negativa para hacer la investigación correspondiente, deslindar responsabilidades y someter a los perpetradores materiales e intelectuales a la acción de la justicia. Además, si bien existe una ley del estado de Guerrero para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Persona, que establece la supletoriedad de los tratados internacionales en la materia (que en el presente caso está representado por el Estatuto de Roma), ésta no ha sido aplicada.
Es procedente invocar la competencia de la CPI toda vez que México es parte de ese tratado internacional, los crímenes que se denuncian los refiere el artículo 5 como de lesa humanidad y ocurrieron en el territorio nacional mexicano; se debe invocar la facultad del fiscal de la CPI para que inicie una investigación respecto de este crimen, pues no se ha enjuiciado a los responsables, y entre los delitos por los que los policías municipales están siendo procesados no están ni el de desaparición forzada de persona, ni ejecución extrajudicial, ni tortura. Han transcurrido ya más de 30 días desde que ocurrió el hecho, sin que se haya realizado investigación alguna.
Consideramos imprescindible pasar a una nueva etapa, generar una cultura de denuncia internacional que rompa el silencio histórico, que permita construir una memoria colectiva para el esclarecimiento de la verdad y, utilizando sus propios instrumentos, juzgue a los delincuentes de lesa humanidad. Debemos colocar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados, lo que abriría la posibilidad de romper el velo de impunidad, o cuando menos evidenciar la inoperancia y complicidad de todo el sistema jurídico.
Por la dimensión dantesca del escenario; porque no es suficiente visibilizar la tragedia; por el dolor de los deudos; porque no puede haber perdón ni olvido; porque los responsables deben ser castigados; porque es un imperativo ético luchar contra la impunidad, y porque es el Estado mexicano quien aparece como perpetrador de miles de crímenes de lesa humanidad, es que debemos denunciarlo ante el fiscal de la CPI. Esto sería apenas el inicio de una etapa inédita en la lucha social, que por primera vez confrontaría jurídicamente al Estado en el ámbito internacional.
Abogado de normalistas

Forced disappearance of persons



Juan de Dios Hernández Monge*

The extrajudicial executions in Iguala and the enforced disappearance of 43 students from Ayotzinapa has shaken the whole world, but that has not been enough for the government to make the minimum effort to procure and dispense justice: trying to deceive the whole world and to protect themselves from international criminal responsibility as they are incurred..

On September 27, 43 students were detained illegally by repressive elements of the State and they taken in official vehicles to a place known September 27, 43 students were detained illegally by repressive elements of the State and they taken in official vehicles to an unknown place. While they were abducted and placed outside the protection of the law, the Mexican State has systematically refused to admit that we are facing a crime against humanity and has not notified the relatives about the fate or whereabouts of the disappeared. The above implies that they are  elements of the body of a crime of enforced disappearance of person, laid down in article 7 of the Rome Statute, which states: "'Forced disappearance of persons means the arrest, detention or abduction of persons by a State or a political organization, or with its authorization, support or acquiescence, followed by a refusal to admit that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of leaving them outside the protection of the law for a prolonged period."

In the crimes against humanity the perpetrator is always the State, through individuals who act on its behalf, i.e. with the acquiescence; this happened in this case. But, however that before the national and international media the government speaks of disappearance, in the track of the facts, the Council of the Federal Judiciary reported that, by the facts of the 26 and 27 September in Iguala, were appropriated by the PGR, before the first district court in federal criminal proceedings of Tamaulipas, in the cause 100/2014, 24 municipal police for the crime of organized crime and illegal deprivation of liberty in the form of kidnapping.

We see in this conduct the modus operandi of the Mexican State to evade the action of the international justice and promote impunity for the material and intellectual authors. It is clear that the guaranteed impunity serves as breeding ground for crimes against humanity continue to be perpetrated throughout the country. Nevertheless, the constitutional article 21 says that the Federal executive one will be able, with the approval of the Senate in every case, to recognize the jurisdiction of the International Penal Court (CPI). Our country recognized the jurisdiction of the ICC, so that crimes against humanity must be prosecuted in the international arena where, as in this case, negative for an investigation, determining responsibility and subjecting the material and intellectual perpetrators the course of justice. Furthermore, although there is a law of the state of Guerrero on the Prevention and Punishment Forced Disappearance of People, which establishes the supplementary use of international treaties on the matter (which in this case is represented by the Rome Statute), it has not been applied.

It is appropriate to invoke the jurisdiction of the ICC given that Mexico is part of this international treaty, denouncing the crimes referred to in Article 5 as crimes against humanity and occurred in Mexican territory; you must invoke the authority of the ICC Prosecutor to initiate an investigation into this crime has not been prosecuted for those responsible, and among the offenses for which the municipal police are being processed are neither forced disappearance of person or extrajudicial execution or torture. There has been no investigation more than 30 days after the event occurred.

We consider it essential to move to a new stage, creating a culture of international condemnation to break the historical silence, that can build a collective memory for the discovery of truth and using their own instruments, judge criminals against humanity. We must put the Mexican State in the dock, which would open the possibility of breaking the veil of impunity, or at least demonstrate the ineffectiveness and complicity of the entire legal system.

Considering the aspects of the situation, it is not enough visible tragedy; by the pain of the bereaved; because there can be no forgiveness or forgetfulness; that those responsible should be punished; because it is an ethical imperative to fight against impunity, and because the Mexican government who appears as a perpetrator of many crimes against humanity, is that we should report it to the ICC prosecutor. This would be just the beginning of an unprecedented period of social struggle, which for the first time legally confront the state in the international arena.


*Lawyer for the students


Traducción Jessica Budd

miércoles, octubre 29, 2014

Pronunciamiento de la Asamblea de la Comunidad Artística


29 de octubre 2014

Comisión de Difusión y Prensa

Pronunciamiento de la Asamblea de la Comunidad Artística, realizado el 29 de octubre de 2014 en el Teatro Orientación. México DF.

Nosotros trabajadores del arte y la cultura, nos congregamos de manera apartidista para manifestarnos como ciudadanas y ciudadanos en protesta, resistencia y acción permanente. Nos declaramos en desobediencia civil pacífica. 

En este momento y ante el Estado fallido como sociedad civil exigimos:

1. La presentación inmediata de los 43 normalistas desaparecidos, de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

2. La aprehensión y consignación de todos los responsables en los tres niveles de gobierno por su acción, omisión y aquiescencia en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Estos hechos no son un acontecimiento aislado, son parte de una violencia sistemática y fuera de control que gobierna nuestro país. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura son un crimen de lesa humanidad, por lo que el Estado Mexicano tiene que asumir su responsabilidad.

3. Pronunciamiento inmediato de los representantes institucionales de la cultura ante estos hechos y ante la situación de violencia insostenible que
está viviendo el país.!

4. Reparación del daño y la no repetición del hecho.

5. Alto a la criminalización de la protesta social. 

JUSTICIA, MEMORIA Y VERDAD.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

La Asamblea de la Comunidad Artística 
29 de Octubre 2014


domingo, octubre 26, 2014

"Regrésenlos" (discurso de Elena Poniatowska en el Zócalo)


dom, 26 oct 2014 18:56
Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero reclamamos aquí en el centro del país, en la capital de México, la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta: “Regrésenlos”.
La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero es muy pobre pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suetercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todos son prendas de pobre.
Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos. Ya es hora de que seamos consultados. Ser consultado es un derecho político que demandamos desde hace mucho tiempo los habitantes de los 32 estados de la república. Somos miles los mexicanos que no nos sentimos representados, miles los mexicanos que queremos una democracia participativa, miles de mexicanos que levantamos la voz y pedimos ser tomados en cuenta en los asuntos públicos, sobre todo en los de trascendencia nacional como es nuestro futuro energético. Los grandes temas nos conciernen pero conciernen sobre todo a los jóvenes porque además de ser el futuro tienen que mantenerse vivos. Sin ellos simplemente no hay país. Así como se dice “Sin maíz no hay país”, sin los jóvenes no hay nada.
El pasado miércoles 23 de octubre en una marcha que NO convocó un solo partido, los ciudadanos se organizaron solos e inauguraron una protesta ejemplar, absolutamente fuera de serie. La marcha resultó cinco veces mayor que la consignada por los medios: 350 mil personas, un río de gente seguía entrando y abarrotaba las calles aledañas al zócalo de por si lleno a reventar. La multitud protestaba contra el crimen de Ayotzinapa, un crimen de lesa humanidad. Los estudiantes fueron cazados, sometidos a la tortura hasta la muerte, a la desaparición forzada, a ejecuciones arbitrarias y ahora los culpables quieren librarse de su responsabilidad acusando a los jóvenes y buscan criminalizarlos al querer ligarlos al cartel de “Los Rojos” o a “Guerreros Unidos”. No se vale desviar la investigación de los hechos y deslizar en conferencias de prensa que se trata de un enfrentamiento entre cárteles. Tampoco se vale implicar a los muchachos en grupos guerrilleros. El “caso Iguala” es una mancha atroz en la vida oficial y política de nuestro país ya de por sí hundida en el lodo.
El periodista París Martínez se preocupó por levantar con amigos y familiares perfiles de los estudiantes. Es justo, a pesar de que solo podamos hacerlo con unas cuantas líneas, que recordemos a cada uno y por eso les pido que después del nombre y la descripción de cada muchacho digamos todos al unísono: “Regrésenlo” así como en la Guardería ABC en Hermosillo cuando la muerte de 49 niños y 76 heridos, el 5 de junio de 2009 dijimos “Presente”, el nombre de cada niño.
1. Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años, de Omeapa delgado, de cara espigada, de ojos rasgados apodado “Coreano” camina 4 kilómetros de ida hasta la carretera para tomar el transporte y cuatro de regreso porque quiere ser maestro de primaria en su tierra Omeapa.
2. A Luis Ángel Abarca Carrillo, de 21 años, de la Costa Chica, de San Antonio, municipio de Cuautepec lo apodan Amiltzingo. Muy cariñoso, es miembro de la “Casa Activista” en la que los normalistas pueden inscribirse para recibir formación política. Allá adentro resuena el nombre de Lucio Cabañas. Los ricos de Guerrero consideran revoltosos a los normalistas porque el héroe al que buscan imitar es el guerrillero Lucio Cabañas que también fue maestro.
3. A Marco Antonio Gómez Molina, de 20 años apodado Tuntún de Tixtla le encantan las tocadas de rock, le gusta mucho “Saratoga”, “Extravaganza”, “Los Ángeles del Infierno”. También él es compañero que siempre hace reír de la Casa Activista.
4. A Saúl  Bruno García, de 18 años lo conocen como Chicharrón, y es “desmadroso”, es de los que trata de hacerte reír hasta donde más, muy bromista y amistoso. Es de Tecuanapa y le falta el dedo anular de la mano izquierda porque se lo mordió el molino cuando hacia la masa. Saúl Bruno García rapó a todos los de la “Casa Activista”. Un compañero tenía fotos del momento de la rapada en su celular, pero los policías se lo quitaron.
5. Jorge Antonio Tizapa Legideño, de Tixtla tiene 20 años –dice su mamá–, y tiene un hoyito en la mejilla izquierda. Le gusta trabajar en el campo sembrar granos y hortalizas porque nunca alcanzan los recursos del gobierno estatal para los 500 estudiantes.
6. Abel García Hernández, de Tecuanapa es un niño campesino de 19 años, tiene una mancha atrás de la oreja derecha, es flaquito y mide 1.62 de altura.
7. A Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, de 19 años lo bautizaron como “el Frijolito” y es de la Costa. Parlanchín, siempre está dispuesto a ayudar a las personas”. “El Frijolito” fue el primero en ponerse de pie para donar su sangre cuando la pidieron en Tixtla para un enfermo.
8. Adan Abraján de la Cruz, de 20 años, campesino, es del Barrio de El Fortín, en Tixtla, un pueblo que cuida la Policía Comunitaria. Es del equipo de futbol de los Pirotécnicos de El Fortín, sus amigos lo consideran buen futbolista…
9. Felipe Arnulfo Rosa, campesino es de un rancho del Municipio de Ayutla y tiene 20 años. Se cayó de espaldas siendo chiquito y tiene una cicatriz en la nuca.
10. A Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, lo bautizaron como “Pilas”, por inteligente. “No echa relajo, es sereno y razona mejor que otros, le gusta tener todo en su lugar”. Emiliano fue uno de los 20 alumnos de primer ingreso que, hace dos meses se inscribieron en la Casa Activista. Diez miembros de la Casa Activista se encuentran entre los 43 normalistas secuestrados el 26 de septiembre.
11. César Manuel González Hernández, de 19 años es de Huamantla, Tlaxcala, desmadroso, tiene el apodo de “Panotla”, pero también le dicen “Marinela”, porque una vez, en Jalisco, se llevó la camioneta de la empresa que hace pastelitos.
12. Jorge Alvarez Nava, “el Chabelo” de 19 años es del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, tiene una cicatriz en el ojo derecho y es tranquilo. Nunca alburea a nadie, nunca dice una grosería y su paciencia hace que nunca le falte al respeto a nadie. Es uno de los más sensibles de la Casa Activista... Sus padres aguardan en la cancha deportiva de la Normal de Ayotzinapa y se abrazan al hablar de él.
13. José Eduardo Bartolo, Tlatempa, de 17 años es de Tixtla, estudiante de primer año de la Normal Rural. Su padre es albañil de oficio y espera que su hijo sea profesionista.
14. Israel  Jacinto Lugardo, de 19 años es de Atoyac, y sus amigos lo apodan “Chukyto”. Su mamá sostiene un cartel con el rostro de su hijo y lo exhibe ante los automovilistas, durante la toma de la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol. “Él es medio robusto, tiene una cicatriz en la cabeza. Su piel es morena clara, su nariz media chata. Es un buen muchacho, se vino con mucha ilusión a estudiar.
15. Antonio Santana Maestro, apodado Copy porque habla muy bien en público, es reconocido en la Casa del Activista a la que acuden los otros jóvenes. El Copy toca la guitarra, también le gustan los videojuegos, juega con el PSP… pero lo que más le encanta, es la lectura…”
16. Christian Tomás Colón Garnica, de 18 años de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Su papá viajo desde su tierra apenas se denunció el rapto de los 43 jóvenes normalistas. “Yo soy jornalero, gano 600 pesos semanal, máximo, y eso cuando hay, porque a veces no hay trabajo. Mi muchacho quiere ser maestro esa es la profesión que él quiere, pero lo frenaron, lo detuvieron… ¡¿Qué vamos a hacer?!”
17. A Luis Ángel Francisco Arzola, de 20 años, sus compañeros normalistas lo conocen como “Cochilandia”, pero nadie sabe por qué. Llegó con el apodo. Es un chavo serio, trabajador, y aquí lo estamos esperando y queremos que él sepa que no vamos a parar hasta encontrarlo”.
18. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, de Apango, municipio Mártir de Cuilapa  tiene 23 años, y sus compañeros consideran que el “ya es grande”. Ellos tienen entre 17 y 20 años. En su pueblo, Apango, era peluquero para salir adelante. Es un chavo bajito, “chido” según sus cuates porque los apoya, da consejos, da todo a cambio de nada. Cuidaba a sus papás y a sus hermanos. Vino a la Normal en el mismo asiento del autobús con un compañero “pero empezaron los balazos y desafortunadamente él corrió para un lado y yo para otro, a él lo arrestaron los policías de Iguala, yo logré escapar, pero desde entonces no lo encuentro…”
19. Benjamín Ascencio Bautista, de 19 años, a quién le dicen “comelón” porque un día se acabó solo todas las galletas en una mesa durante una conferencia es originario de Chilapa. Antes de ingresar a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa  fue educador comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Se prepara a voluntarios para alfabetizar en poblaciones marginadas, aisladas, rurales e indígenas de todo el país.
20. Alexander Mora Venancia, de 19 años y proveniente de “El Pericón”, municipio de Tecuanapa, Guerrero, nadie le podía quitar la idea de ser maestro. Le gusta dar clases. Primero ayudó en el campo pero quiso estudiar… “Y yo le exijo –dice su padre- a la autoridad que haga su trabajo como debe ser, que no tape a los culpables de la masacre que cometieron los policías de Iguala y su presidente municipal. Así como vivos se los llevaron, quiero que vivos los regresen…”
21. Leonel Castro Abarca, campesino de la comunidad de “El Magueyito”, municipio de Tecuanapa, no tiene apodo y para sus amigos “es una persona seria, pero con sentido del humor. Sueña con ser maestro, para sacar a su gente adelante.
22. Everardo Rodríguez Bello, de 21 años es originario de Omeapa. Lo conocen como El “Shaggy” porque se parece al de Scooby Doo. Técnico en mecánica automotriz desde el CONALEP se enoja mucho con la desigualdad sobre todo cuando se trata de comida: si a ti te dan seis tortillas y a él cinco, protesta.”
23. Doriam González Parral, de Xalpatláhuac, Guerrero tiene 19 años. Es chaparrito y “se ve como un niñito”, “y por eso le dicen “Kínder”. Causa mucha gracia cuando echa relajo.  Tiene un hermano en la Normal… Los hermanos entraron juntos, es notoria su fraternidad y los dos fueron secuestrados juntos…”
24. Jorge Luis González Parral de 21 años, es el hermano mayor de Doriam, el Kínder, es un compañero serio que ha trabajado en diferentes taquerías y aunque le gustaba quería progresar y escogió ser maestro igual que Kinder su hermano. Su apodo es “Charra” porque tiene una cicatriz en la pierna como si se la hubiera hecho con una charrasca…”
25. Marcial Pablo Baranda,de 20 años habla una lengua indígena y quiere ser maestro bilingüe al lado de otros maestros bilingües que vienen de pueblos todavía más pobres. Es bajito, buena onda,  primo de Jorge Luis y Doriam y sus amigos lo apodan “Magallón”, porque su familia tiene un grupo musical tropical con ese nombre que canta canciones de su tierra la Costa Chica. Se la pasa cantando cumbias y toca la trompeta y las tarolas.
26. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, de Xalpatláhuac, también es de la banda de los Kínder, a él le dicen “Chivo” y es serio y aunque se lleva bien con todos casi no echa desmadre…”
27. A Abelardo Vásquez Peniten, originario de Atliaca, Guerrero, le gusta el futbol. En un partido hace poco metió muchos goles… Nunca echa desmadre, se da a respetar porque nunca le falta al respeto a nadie ni anda criticando. Además del futbol le encanta estudiar porque agarra un libro y agarra otro y otro, y otro.”
28. A Cutberto  Ortíz Ramos de Atoyac le dicen “El Kománder” porque tiene cierto parecido con el cantante de corridos norteños. Tiene una mirada muy fuerte, es robusto, alto, amigable, responde de buena manera. En los campos de cultivo de la escuela le echa ganas… Y le encanta contar un chiste de Bob Esponja, se ríe e imita a la perfección la risa de Bob Esponja…”
29. Bernardo Flores Alcaraz, campesino, tiene 21 años y en su pecho un lunar como una manita de gato… Tiene mucha ilusión de ser maestro y de ayudar a los niños y a los señores adultos que no saben leer ni escribir. En el campo hay mucha gente rezagada en educación y su ilusión es enseñarles…Los 43 normalistas salieron a recabar fondos para hacer sus prácticas, no se vale que les trunquen su vida y los dejen tirados en su sangre…
30. Jesús Jovany Rodriguez Tlatempa de Tixtla apodado el Churro de 21 años es el mayor de cuatro hermanos y “el único apoyo de su mamá” según su prima quien marchó durante cinco horas manteniendo en alto una pancarta con su retrato. Lo invitaron a la jornada de boteo del 26 de septiembre. Es un muchacho sumamente noble que mantiene a una sobrina de un año porque su hermana es mamá soltera y funge como figura paterna. Su prima reclama con furia su presentación así como pide justicia para los muchachos de Tlatlaya en el estado de México que son muchos.
31. Mauricio Ortega Valerio de Matlalapa o Matlinalpa cerca de “La Montaña” 18 años es apodado “Espinosa” porque cuando lo raparon – tradición en la Normal de Ayotzinapa para los alumnos de primer ingreso– le salió cierto parecido con Espinosa Paz, el cantante.
32. A Martín Getsemany Sánchez García de Zumpango, de 20 años, a quién le gusta jugar futbol y le va al Cruz Azul, toda su familia lo busca. Tiene ocho hermanos y durante la marcha del miércoles 22 en Chilpancingo, sus familiares llevaron una manta con su fotografía.
33. Magdaleno Rubén Lauro Villegas de 19 años, conocido como El Magda, es un compa tranquilo y noble que estudia para convertirse en maestro bilingüe, para para dar clases a los niños indígenas que no hablan español…”
34. Giovanni Galindo Guerrero de 20 años conocido como el Espáider, “porque es flaquito y tiene su propio estilo para correr y brincar como si se estuviera colgando de las telarañas igual que el “Hombre Araña”…”
35. A José Luis Luna Torres de 20 años de Amilzingo, Morelos, sus cuates le dicen Pato, porque se parece al Pato Donald y tiene voz de pato. Es serio, tranquilo, siempre te habla bien, es buena onda, pero es callado y no echa mucho desmadre.
36. Julio Cesar López Patolzin de 25 años de Tixtla “no tiene apodo. Le dicen simplemente “El Julio”. Es buena onda el bato pero calladito, no echa mucho relajo, solo se lleva con unos pocos pero siempre es agradable…”
37. A Jonás Trujillo González de la Costa Grande del Ticuí municipio de Atoyác de Álvarez le dicen Beni porque su hermano también está en la Normal de Ayotzinapa pero en segundo año y él se llama Benito… Por lo tanto ellos son los Benis… Es alto, gordito y se lleva muy bien con su hermano. Los dos son muy parecidos, aunque el menor es más alto y más clarito de piel…”
38. A Miguel Ángel Hernández Martínez, de 27 años lo apodan “Botita” porque a su hermano mayor quien también estudia en la Normal le dicen “El Bota” y a él , en automático, le pusieron “el Botita” aunque es de estatura media y gordo, nada desmadroso, siempre amigable, sano, no pesado: No es alburero, es buena onda de echar la mano, pendiente de los demás, un chavo muy solidario con todos, que en la clase le explica al profe y le hace el paro…”
39. Christian Alfonso Rodríguez de 21 años, de Tixtla anhela ser maestro y le gusta la danza folclórica. “A él le dicen “Hugo” porque siempre usa playeras de Hugo Boss. Su primo en la marcha del miércoles 22 se quedó ronco de tanto explicar: “No solo es mi primo, es mi amigo… es una persona muy aplicada, muy dedicada al estudio y a la danza y es injusto que alguien que se entregue y se esfuerce de ese modo, sufra consecuencias trágicas a manos del gobierno…”
40. José Ángel Navarrete González de 18 años comparte una habitación dentro de la Normal con otros dos jóvenes, en la que no hay un solo mueble, ni siquiera camas, sólo pliegos raídos de hule espuma.
41. A Carlos Iván Ramírez Villarreal de 20 años le dicen “El Diablito” La verdad es que es bueno, no se mete con nadie, tranquilo, quiere ser alguien pero en buena onda, no payaso pues…”
42. José Ángel Campos Cantor de 33 años de Tixtla es el de mayor edad de los 43 normalistas desaparecidos. Aunque mayor nunca abusa de los demás, al contrario, apoya en todo, es amigo de todos…”
43. A Israel Caballero Sánchez originario de Atliaca, un pueblito a la mitad del camino entre Tixtla y Apango le dicen “Aguirrito” por gordito. Está preparándose para ser maestro en comunidades indígenas y cuando sus compas le dicen Aguirrito protesta: “No sean cabrones, no me pongan esa chinga…”
Ayotzinapa está destrozado. México está destrozado. Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa conservan los tenis rotos de sus compañeros, su ropa, hasta los cartones que les sirven de cama. Esperan su regreso a pesar de que al extraordinario sacerdote Alejandro Solalinde, protector de los migrantes que ahora mismo celebra misa en Ayotzinapa, varios testigos le dijeron que los estudiantes habían sido asesinados, desmembrados y tirados a una fosa a la que le prendieron fuego. No hay respuesta suficiente entre crimen tan grande. La foto del estudiante del estado de México Julio César Mondragón al que le sacaron los ojos circula en Internet, su rostro desollado. Estamos ante una catástrofe nacional. En cinco estados hay protestas en apoyo a los 43 desaparecidos. México se desangra. La comunidad internacional está escandalizada y considera que México es ahora el país sin guerra más peligroso para los jóvenes. Jóvenes mutilados, jóvenes sin cuerpo, jóvenes asesinados. En el mundo entero resuena la indignación. La madre del estudiante de Guadalajara Ricardo Esparza que asistió al Cervantino de Guanajuato dijo que agradecía recibir el cuerpo muerto de su hijo para llevarle flores. ¿No resulta monstruosa su conformidad? O como se pregunta Gloria Muñoz Ramírez. “¿Hasta dónde ha llegado el terror implantado por el gobierno en el seno de la sociedad?” Frente al terror solo queda la unión de un pueblo que se levanta y grita como lo ha hecho durante días: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

viernes, octubre 24, 2014

Crisis in Mexico: The Disappearance of the Forty-Three


BY 



The disappearance of forty-three students from the Ayotzinapa Normal School has aroused horror, indignation, and protest throughout Mexico.

CREDIT PHOTOGRAPH BY OMAR TORRES / AFP / GETTY

Every morning, the newspapers in Mexico City announce how many days it has been since forty-three students from the Ayotzinapa Normal School disappeared while in Iguala, Guerrero. On Friday, the number—twenty-eight days—was accompanied by an announcement that the governor of Guerrero state, Ángel Aguirre Rivero, had finally resigned after weeks of outrage over the violence and lawlessness that marked his tenure.

The disappearance of the forty-three has aroused horror, indignation, and protest throughout Mexico and all over the world. An air of sadness, disgust, fear and foreboding hangs over Mexico City, where I live, like the unseasonably cold, gray, drizzly weather we’ve been having. This is usually a festive time of year, with the Day of the Dead holidays approaching, but it’s impossible to feel lighthearted. As one friend put it, the government’s cardboard theatre has fallen away, exposing Mexico’s horrifying truths.


The journalists John Gibler (the author of the book “To Die in Mexico”) and Marcela Turati (who has been reporting on the disappearance in the weekly magazine Proceso and elsewhere) have provided the most complete reports of what happened in Iguala on the night of September 26th. “Scores of uniformed municipal police and a handful of masked men dressed in black shot and killed six people, wounded more than twenty, and rounded up and detained forty-three students in a series of attacks carried out at multiple points and lasting more than three hours,” Gibler wrote to me in an e-mail. “At no point did state police, federal police, or the army intercede. The forty-three students taken into police custody are now ‘disappeared.’ ” On September 27th*, the body of another student turned up. His eyes were torn out and the facial skin was ripped away from his skull: the signature of a Mexican organized-crime assassination.

The Ayotzinapa Normal School trains people to become teachers in the state’s poorest rural schools. The students, who are in their late teens and early twenties, tend to come from poor, indigenous campesino families. They are often the brightest kids from their communities. According to Gibler, six hundred people applied to the class that included the students who disappeared, and only a hundred and forty were accepted. To become a teacher is seen as a step up from the life of a peasant farmer, but also as a way for those chosen to be socially useful in their impoverished communities. When Gibler and Turati went to visit the Ayotzinapa School in early October, only twenty-two students were left. In addition to the forty-three missing classmates, many others had been taken home by frightened parents.

Fifteen of the students Gibler and Turati met there had been present on the night of the violence. They told the journalists how much they’d been looking forward to that Friday, the first day they’d been allowed to visit their families since the beginning of the semester, a month before. They said they’d then been told that they would have to go on Saturday instead, because there was going to be an “action.” Mexico’s rural teachers colleges have a long tradition of leftist activism, but this would be the first “actividad de lucha” for most of these youths. They were to block a highway to solicit travel funds for the annual October 2nd march in Mexico City, which commemorates the 1968 massacre of student protestors in the Tlatelolco Plaza by the Partido Revolucionario Institucional (PRI) government of Díaz Ordaz. In keeping with protest traditions, they would temporarily commandeer busses from private bus lines for the trip to Mexico City.

That Friday, the students left in two busses, but needed two more, which is how they ended up in the small city of Iguala. They didn’t know that the politically ambitious wife of Iguala’s mayor, José Luis Abarca, was giving a speech that evening. They also didn’t know that her brother, known as “El Molón,” was reputedly a leader of the narco-trafficking gang Guerreros Unidos, which, with the mayor, ruled over Iguala. The mayor and his wife have since been implicated in ordering that the students be massacred; they are both now on the run as fugitives.

According to Gibler’s account, on the night that the students disappeared Mayor Abarca sat next to the colonel in charge of the army base in Iguala. “The army colonel’s presence next to Abarca a few hours before the attack, and the army’s absence on the streets during and after the attack seem to me both linked and disturbingly suspect,” Gibler wrote. Subsequently detained municipal police have confessed that they and masked gunmen opened fire on the students twice, in at least two separate sustained attacks, and then turned the students over to sicarios from Guerreros Unidos. Guerreros Unidos has been hanging narco banners in Iguala that bear a chilling threat: if the twenty-two detained police are not freed, the narcos will murder innocents and release the names of the politicians who have supported their violent, criminal acts.


With Mayor Abarca and his wife on the run, we may never find out exactly why the Ayotzinapa Normal School students were so viciously targeted. Was it because they upset the mayor’s wife on the evening of her big speech? Was it an act of political repression against leftist student activists (who are overtly despised by the state’s political class and by the army), and thus also a threat directed against all leftists and activists? Those are among the possible motives mentioned in the media and by experts. But Mexicans know from experience that the motives behind acts of narco-state violence are often bewildering and senseless. What matters is that such acts happen because the groups responsible—both the narcos and the police and politicians who are allied with them and protect them—know that they can get away with almost anything.

The federal authorities and community groups searching for the missing students have turned up a multitude of clandestine graves, including one holding the remains of twenty-eight badly charred, recently slain bodies. But after the first round of DNA testing, authorities announced that the corpses were not those of the students. The sheer number of newly discovered graves seems to confirm what many journalists, human-rights workers, and others have long claimed: that since 2006—when, at the behest of the U.S., President Felipe Calderón, of the right-wing Partido Acción Nacional (PAN), militarized the fight against Mexico’s drug cartels, a policy continued by the current president, Enrique Peña Nieto—seventy thousand Mexicans have been killed and some twenty-seven thousand disappeared, effectively turning the whole country into a “narco grave.” Sixteen thousand Mexicans were killed in the violence of the narco war in 2013.

In a recent opinion piece, Alejandro Paéz Varela, the founding director of SinEmbargo.com, perhaps Mexico most influential digital news site, wrote, “Marches, protests, rage. International condemnation: the country which, according to the cover of Time magazine, was being ‘saved’ by Enrique Peña Nieto and his reforms is now, on second look, seen as one of savage and corrupt officials.” On Tuesday, I met Paéz for coffee at a Starbucks near his offices. “Congress just passed its annual budget, which is always a big story—the proposals, the negotiations, the votes—but this year it isn’t even front-page news,” Paéz said. “I can’t tell you if the education budget went up or down.” Paéz, like all of us, has been consumed by the tragedy of the missing students, but also by the resulting political repercussions and machinations. That drama, centered in Mexico City, seems to be providing new evidence of the lack of connection between the country’s politicians and their abandoned and often terrified constituencies. Protests in Guerrero and elsewhere have focussed on demanding the resignation of Governor Aguirre. In Chilpancingo, the state capital, protestors nearly burned the Governor’s Palace to the ground. Aguirre, from 1996-99, was the PRI governor of Guerrero, “leaving behind,” according to Proceso magazine, “among other things, a gaggle of murdered PRD party members.” The PRD (Partido de la Revolución Democrática) though founded as an outgrowth of the PRI, has, in its rare, best moments, provided a functional leftist opposition over the last two decades to the PRI and the right-wing PAN.

There’s another question going around Mexico City: Is the government withholding what it knows about the missing students’ whereabouts for political reasons? Father Alejandro Solalinde, Mexico’s most prominent voice on human-rights, was recently interviewed by the television journalist Carmen Aristegui. In the interview, Solalinde argued that it was cruel to encourage the families of the students to hope that they might still be alive. He said that he knew they were dead, because people—including one man who, he insisted, had witnessed what had happened to the students—had come to him to tell him what they knew. He said the students, some of them wounded, had been marched up into the jungle-covered hills, and forced to dig their own graves. Then they were executed. But some of them were still alive when, along with the bodies of their dead companions, they were soaked with diesel, laid over wood, and set on fire. Under a barrage of questioning from Aristegui, the priest, his voice tight with anguish, insisted on the credibility of his sources. Solalinde believes that the authorities lied and that the grave holding twenty-eight badly burned bodies did indeed contain the students.

“What causes less damage to the system?” Solalinde asked. “To say they [the students] were burned, with everything that implies? Or say they’re disappeared and that they don’t know what happened. The second has less impact, and is less incriminating, but it’s more painful for the families to keep them hoping. “ Solalinde said he had an appointment the next day to share his information with federal investigators. “I am going to tell them what I think of this government,” he said, “which is so corrupt, so dishonest, that they’ve become a true threat to the people of their own country. I am going to tell them that instead of defending us, instead of accompanying us and looking for justice, they’ve become a threat and a danger to the citizenry.”


* * *

Mexico City feels different these days. Its usual vibrancy has been muted, and not only because of the missing students of Ayotzinapa. Paéz tells me that when he walked the city streets on the night of September 16th, which is Mexican Independence Day, he was struck by how quiet things were. “It’s not just our intuition that senses that people are feeling down since Peña Nieto took office,” Paéz said. “Check out the indexes of consumer confidence: month after month it’s been plummeting.” Back in the days of the Calderón government, he said, people living in Mexico City felt insulated from the horrors and violence of the narco war. “Ciudad Juarez, you’d say, that all seems so far away. But now it feels like it can happen here, too.”

But the very day that Paéz and I spoke would end up providing some hope that maybe all was not lost in Mexico. Protests and marches took place throughout the country that day. Here in Mexico City, students from the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) blocked traffic at several points around the city, and there were several marches, including a night march down Avenida Reforma. Huge marches are being organized for next week, including one in Mexico City on Tuesday. Even conservatives in the Catholic Church hierarchy and the business sector are joining the protests. The national outcry has had a swift result: Governor Aguirre’s political support crumbled almost overnight, forcing his resignation on Thursday.

This morning’s lead editorial on SinEmbargo.com reflected on the meaning of the protests: “The political parties and their members, the majority of whom have been living high for decades off the earnings of all Mexicans, today are nothing in the face of a society that, organized and very hasta la madre [has had it up to the mother, i.e. totally fed-up] with them, can turn things around and impose an agenda on them … The tragedy of Ayotzinapa pains all of Mexico…. However, this pain and grief is providing Mexican society with an extraordinary lesson: you can protest peacefully, you will be listened to if there is unity and if you don’t radicalize your demands, then you can force politicians to do their work and make them pay for their corruption.”

In the warning against radical demands I heard Paéz’s characteristic caution. And he is right: Mexico’s struggle against political corruption and rampant organized-crime violence it breeds can’t be co-opted by any one ideology or party or movement. The popular hashtag slogan “We are all Ayotzinapa” really does have to mean all of us, both in Mexico and outside it. The civic movement that has begun must be sustained. Perhaps when the Mexican congress has finally been cleansed as legislatures were in Colombia and Italy, where sustained civic pressure led to sweeping dismissals and criminal prosecutions of corrupt legislators—why should it possible for those countries and not for Mexico?—Mexico, with a fresh start, can renew its passionate and necessary ideological arguments with the possibility of translating those discussions into honestly administered policies and reforms.

*Correction: An earlier version of this post stated that the body was found three days after the kidnappings.