domingo, mayo 30, 2010

Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de muerte - Revista PAPELES (España)


Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de muerte


Humberto Robles

Según los datos registrados, desde 1993 más de 600 niñas y mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, México. En 2009, 140 mujeres fueron masacradas. A este fenómeno se le conoce como “feminicidio”: el asesinato brutal y sistemático de mujeres, producto del crimen organizado y que pone bajo sospecha a las autoridades gubernamentales. Han sido 17 años de crímenes, de injusticias, de impunidad. La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa lucha por denunciar, prevenir y erradicar la violencia de género y esta guerra de baja intensidad contra las mujeres en Ciudad Juárez y el resto del país.
Artículo en pdf

sábado, mayo 29, 2010

Declaración sobre el perseguido político Adán Espinoza

Campaña Libertad y Justicia para Atenco

Campaña Nacional e Internacional
LIBERTAD y justicia para ATENCO

DECLARACIÓN DEL COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO SOBRE EL PERSEGUIDO POLITICO ADAN ESPINOZA

Ciudad de México, mayo 28 de 2010.

El 21 de mayo de 2010, el Juez Sexto de Distrito del Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, concedió a JESUS ADAN ESPINOZA ROJAS, la suspensión provisional en contra de la última orden de aprehensión que existe en su contra. El Juez federal impuso como garantía para otorgar la suspensión la cantidad de mil pesos.
JESUS ADAN ESPINOZA ROJAS es perseguido político desde el 4 de mayo de 2006, cuando tuvo que abandonar la localidad de San Salvador Atenco, en el contexto de la represión desatada por los gobiernos estatal y federal. A partir de esa fecha Jueces Penales del Fuero Común de Toluca y Texcoco, Estado de México, giraron en su contra cinco órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro equiparado, robo de vehículo, robo agravado, privación de la libertad y robo de expediente; con el paso de los años, mediante diversos juicios de amparo interpuestos por sus defensores legales, han quedado sin efecto cuatro órdenes de aprehensión quedando subsistente únicamente la orden de captura relativa al delito de robo de expediente, la cual está siendo analizada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, quien en fecha próxima emitirá su resolución sobre si dicho mandamiento de aprehensión ya prescribió.

Debido a que el delito por el cual le fue girada la orden de aprehensión no es considerado grave por la legislación penal del Estado de México, el Juez Federal determinó concederle la suspensión provisional, -la cual impide que JESUS ADAN ESPINOZA ROJAS, sea privado de su libertad-, dejando abierta la posibilidad de que abandone el encierro a que fue obligado ante la persecución implacable que en su contra emprendieron las autoridades estatales, pudiéndose nuevamente reinsertar a la vida comunitaria.

Servicios Legales e Investigación y Estudios JurídicosFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Comité Libertad y Justicia para Atenco
www.atencolibertadyjusticia.com

viernes, mayo 28, 2010

Atenco en la universidad







Escrito por: sonrics.

“Caminaste de frente y recibiste el apoyo de la gente, emitiste un ¡ya basta!, no sabes cuánto ya lo necesitaban, te llamaron transgresor del orden por no quedarte a ciegas, reviviste el viejo fuego aquí en la selva de concreto, reviviste el calor humano allá donde lo dan por muerto, hoy le canto al que persiguen al que no pueden callar, hoy le canto al que resiste tiempos muertos sin tranquilidad”
Los de Abajo.

Alrededor de las 13:45 horas a las espaldas de la rectoría en de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) dio inicio el evento “Una Goya por la libertad de los presos políticos de Atenco” convocado por la Coordinadora Universitaria por la Libertad de los Presos de Atenco y el Comité Libertad y Justicia por Atenco, que tenía como objetivo dar un paso más en la lucha por la excarcelación de los 12 presos políticos de San salvador Atenco que se encuentran detenidos injustamente desde mayo de 2006 en las cárceles mexicanas.

A pesar de que las autoridades de la UNAM trataron de impedir la realización del acto político-cultural, este se llevo a cabo y conto con la presencia de aproximadamente 500 personas solidarias con las causas sociales de México y el mundo, profesores, escritores, periodistas, músicos, defensores de derechos humanos y luchadores sociales subieron al templete para expresar su descontento social no solo por el caso Atenco, sino por la situación que se vive en el municipio autónomo de San Juan Copala, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y los presos políticos del país entre otros.

La primera en subir fue Trinidad Ramírez del FPDT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) quien denuncio el boicot de la rectoría de la UNAM al no dejar pasar el camión del grupo Los de Abajo que se solidarizo con el evento, para después agradecer la asistencia de los presentes, el abogado Juan de Dios Hernández señalo que todavía falta mucho para liberar a los presos y refiriéndose al boicot de la rectoría menciono que “ la policía de la UNAM solo son los esbirros de la policía externa”, el Doctor Adolfo Gilly comenzó su participación haciendo un homenaje al luchador social recién fallecido Higinio Muñoz, y dijo que “ahora el gobierno esta jodido porque pese a todo vamos a resistir” y también señalo que “si no hay justicia para todos, no hay justicia para nadie”, entre otras cosas afirmó que el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es una lucha entre cúpulas de poder.

El Mastuerzo puso el ritmo con su música de protesta que después conjugo con León Chávez Texeiro; David Cilia reportero de la revista Contralínea baleado en la caravana a San Juan Copala el pasado 27 de abril nos recordó que esta lucha no terminara hasta sacar a todos los compañeros presos políticos.

Los representantes del municipio autónomo de San Juan Copala Marcos Albino y Víctor Castillo informaron que la próxima caravana a Copala saldrá el 7 de junio a las 6pm y tendrá un costo de 350 pesos, se solicita llevar 2 fotos tamaño infantil a color, 2 copias de la credencial de elector y un numero de celular donde comunicarse, lo anterior se entregara en el campamento del MUTI (Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui Independiente) ubicado en el zócalo capitalino, además agradecieron la solidaridad hacia el municipio autónomo y se pronunciaron a favor de la lucha de Atenco y del SME, los últimos mencionaron que no levantaran la huelga de hambre hasta que se cumplan sus demandas.

Un breve análisis geoeconómico fue hecho por Guillermo Almeyra en el que condeno las políticas capitalistas en Italia, Rumania, E.U.A. y México que han llevado a la creación de Estados asesinos que utilizan practicas de exterminio como en Oaxaca o el Estado de México, además de señalar que “no luchamos por las conquistas del pasado, sino por las del futuro, ya que somos una gran falange de trabajadores a nivel mundial”.

La buena noticia llego a cargo de Damián Camacho del FPDT quien sorprendió a los asistentes dando a conocer que la orden de aprensión girada contra Adán Espinoza fue cancelada después cuatro años por el Poder Judicial Federal y solo se le fijo una multa de mil pesos, lo cual hace posible que salga de su exilio en el que actualmente se encuentra a raíz de los sucesos en Atenco en el 2006, al igual que América del Valle de quien se proyecto un video desde la clandestinidad provocada por la persecución del Estado Mexicano donde agradece la solidaridad que ha mostrado la gente con el pueblo de Atenco.

El comité 68 hizo mención de las luchas de antes y la continuidad con ellas, fue cuando Lengualerta hizo su aparición contagiando a los presentes con su hip hop consiente y revolucionario, el profesor Andrés Barreda hablo de las agresiones que ha sufrido la tierra y los pueblos con los proyectos urbanos alrededor de todo el Distrito Federal, a lo que él llama la urbanización salvaje donde antes del TLC (Tratado de Libre Comercio) existían 9000 centros comerciales y ahora hay alrededor de 30 000, menciono que la disputa por Copala también es una cuestión estratégica ya que alrededor de la zona existen 9 yacimientos de minerales.

Rubén Albarran vocalista de Café Tacvba señalo la necesidad de no dejar de luchar por la libertad de los presos e hizo mención de la labor que lleva a cabo el Comité Libertad y justicia para Atenco para luego darle paso a la actuación musical de Los de Abajo quienes tocaron a pesar de los ataques de “auxilio UNAM” que obstruyeron el paso para colocar los instrumentos; sin embargo pasaron y Los de Abajo sacudieron al más de medio millar de personas que bailaron y corearon sin parar sus canciones, Odisea la vocalista señalo que el mundial de futbol solo es una distracción para el pueblo y dijo “ojala y la selección pierda en las narices de Calderón” a lo que los asistentes respondieron satisfactoriamente.

El evento fue finalizado con una nueva intervención del FPDT agradeciendo la gran respuesta de los universitarios a este evento, así como a los diferentes oradores y los músicos participantes, no sin antes mencionar que tenemos que estar al pendiente, por que en días próximos la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá una resolución en torno al caso Atenco donde podrían quedar asentada la libertad los presos políticos.

Trini San Juan Copala en CU

Entrevista con Ana Esther Ceceña - Javier Solórzano


ENTREVISTA CON: ANA ESTHER CECEÑA.
CARGO: INTEGRANTE DEL COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO. APARTIR DE AYER JUEVES ES INTEGRANTE DE LA RECIÉN CONFORMADA COORDINADORA UNIVERSITARIA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE ATENCO, ECONOMISTA. INVESTIGADORA DE LA UNAM Y COORDINADORA DEL OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA.
TEMA: EL DÍA DE AYER SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO “UNA GOYA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE ATENCO”, INICIANDO A LA 12:00 HRS EN EL “ESPEJO DE AGUA” ATRÁS DE RECTORÍA DE LA UNAM.

Un GOYA por la LIBERTAD 2010

UN GOYA POR LA LIBERTAD, CU.

Adán Espinoza gana el amparo que le concede su libertad

Adán Espinoza,
perseguido político de Atenco desde 2006,
gana el amparo que le concede su LIBERTAD

¡vamos avanzando!

¡Bienvenido Adán!

Una Goya por la Libertad

Con goyas y rock demandan la libertad para los 12 “presos políticos” de Atenco

La sociedad ha logrado que la Suprema Corte de Justicia atienda el caso: Adolfo Gilly


Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, durante el acto político en Ciudad Universitaria-Foto Cristina Rodríguez

Mariana Norandi
Periódico La Jornada

No una, sino varias goyas se entonaron ayer en Ciudad Universitaria para pedir la libertad de los “presos políticos” de Atenco a cuatro años de su encarcelamiento. Estudiantes, académicos, artistas y representantes de organizaciones sociales se dieron cita en las islas, ubicadas detrás de la torre de Rectoría, para realizar un mitin político y cantarle a la libertad.

Lo que empezó con un pronunciamiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, devino concierto del grupo de rock Los de Abajo, que hizo bailar a varios cientos de jóvenes al ritmo de ska.

Organizado por el FPDT, la Coordinadora Universitaria por la Libertad de los Presos de Atenco y el Comité Libertad y Justicia para Atenco, el acto tuvo como eje central un mitin en el que los oradores exigieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que estudia el caso Atenco, que se libere a los 12 “presos políticos” que se encuentran en presiones de alta seguridad.

Entre los asistentes se encontraban los actores Ofelia Medina, Daniel Giménez Cacho y Carmen Huete; el dramaturgo Humberto Robles, el historiador Adolfo Gilly, el politólogo Guillermo Almeyra, el periodista Luis Hernández Navarro, Leopoldo Ayala, del Comité 68; el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza; Trinidad Ramírez, del FPDT y esposa de Ignacio del Valle, uno de los detenidos en el penal del Altiplano, así como tres de los electricistas que mantienen una huelga de hambre en protesta por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, entre muchos más.

La parte musical corrió a cargo de Paco Barrios, El Mastuerzo; León Chávez Teixeiro, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, así como los raperos Lengualerta y Gabo Revueltas.

Previamente se dieron algunos roces entre organizadores y representantes de las autoridades de la UNAM, debido a que éstos impidieron que los jóvenes bajaran de sus vehículos los instrumentos y el sonido para el desarrollo del acto, argumentando “riesgos”. Según explicó Jaime Vázquez, de la Secretaría de Servicios a la Comunidad de la UNAM, desde el lunes se instaló una feria del libro frente al templete del mitin, y el desarrollo de un concierto de rock podría hacer del acto un evento masivo y provocar robos de libros.
Aunque con retraso, el mitin se inició a las 13:30 horas con la participación de Trinidad Ramírez, quien pidió la libertad de los presos de Atenco, justicia para las mujeres violadas durante la represión a ese poblado mexiquense y también para la familia de Alexis Benhumea, muerto por impacto de bala en esos hechos. Asimismo, pidió al rector de la UNAM, José Narro Robles, que reciba a una comitiva de FPDT para expresar su posición respecto al caso Atenco.

Por otro lado, esta organización informó que ayer el Poder Judicial del estado de México otorgó la suspensión de orden de aprehensión contrae Adán Espinosa Rojas, con lo cual obtiene su libertad.

Por su parte, el académico Adolfo Gilly dijo que el caso de San Salvador Atenco ha llegado a la SCJN gracias a las movilizaciones de la sociedad, que se ha preocupado por el restablecimiento de la justicia. Hizo un llamado a la comunidad estudiantil a movilizarse, a hacer debates en todas las facultades y no sólo en defensa de los “presos políticos” de Atenco, sino en defensa de la República, de la democracia, de los derechos sociales y políticos.

En este sentido, Gilly parafraseó al revolucionario uruguayo Raúl Sendic y dijo: “Si no hay justicia para todos, no hay justicia para nadie”.

A su vez, Guillermo Almeyra sostuvo que defender a los movimientos sociales y a los presos de Atenco es defender el futuro del país, “porque si no el aplastamiento no tendrá límite”.

En su turno, Martín Esparza comparó la represión sufrida en San Salvador Atenco con la ejercida contra los miembros del SME, y el sociólogo John Holloway envió un pronunciamiento en el que dijo que ya son muchos los que no aceptan esas sentencias a los presos, las violaciones a las mujeres, la matanza de jóvenes, las desigualdades sociales y un sistema capitalista que destruye.

El amparo a los presos de Atenco

Adolfo Gilly


Marcha de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otras organizaciones, el pasado día 4, en demanda de la liberación de los detenidos en mayo de 2006 en Atenco-Foto José Carlo González

Llevan ya cuatro años encarcelados en el penal de Molino de las Flores nueve presos de San Salvador Atenco. Cuatro años, así nomás porque sí. El mayor de ellos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, tiene 42 años. Es el único de esos nueve que pertenecía al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuando en aquel inicio de mayo de 2006 cayeron sobre la indefensa población de Atenco las fuerzas represivas de los gobiernos federal y del estado de México y golpearon, vejaron, violaron y mataron. Pero Inés Rodolfo no estaba en la calle: lo sacaron de su casa, a él y a su mujer, y allí también fueron los destrozos y los golpes.

Los otros ocho tienen entre 23 y 32 años de edad. Son pobladores de Atenco o de los pueblos vecinos: artesanos, albañiles, trabajadores. No pertenecían a ninguna organización. Allá estaban porque allá vivían, como todos los atenquenses y sus vecinos. Se los llevaron entre los cientos de golpeados y apresados. Les tocó la mala suerte de que a ellos los dejaran en la cárcel, en virtud de un proceso plagado de fallas procesales y falsos testimonios copiados unos de otros, sustentado en una acusación: “secuestro equiparado”.

Esta figura penal significa que la retención por unos momentos de funcionarios municipales que querían impedir con prepotencia que los floristas vendieran, como siempre, sus flores en el mercado del lugar –retención con la cual, además, ninguno de estos presos tuvo nada que ver– se equipara a un secuestro, como el de Diego Fernández de Cevallos, por ejemplo, para no mencionar otros hechos siniestros de la marea criminal que azota a México y, desde el Presidente abajo, tiene a sus autoridades en la atonía y el desconcierto.

Tan se equipara, que los jueces de sentencia condenaron a los nueve presos de Molino de las Flores a 31 años y 11 meses de cárcel cada uno. Les fue mejor que a los otros tres apresados entonces, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, recluidos en la cárcel de alta seguridad del Altiplano. A Ignacio le echaron una condena de 112 años seis meses de cárcel, a Felipe y Héctor tan sólo 67 años seis meses a cada uno. Por qué, además, están en esa cárcel y no con los otros nueve, nadie aún lo ha explicado bien a bien.

* * *

Como cualquier jurista o cualquier persona sensata puede saber, utilizar el Código Penal de este modo significa vaciar de significado toda la legislación penal, si con tanto arbitrio ésta puede usarse según los casos y los dictados del poder; y a todo el edificio de procedimientos legales de la justicia, pensado para asegurar la aplicación equilibrada de aquella legislación.

El proceso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero pasado, en calidad de amparo directo. De la Suprema Corte depende ahora en este caso, como en el pasado en tantos otros, que sea restablecida la validez de la legislación penal; y que ésta no sea utilizada, como sucede tantas veces, como instrumento de la política, de la corrupción o del dinero.

En el clima de incertidumbre y miedo que vivimos todos en México; en este territorio sin ley donde estamos entre el fuego cruzado de narcos, militares, paramilitares y simples asaltantes solitarios, restablecer el imperio de la justicia en este caso que se ha vuelto ejemplar no sería poca cosa. No hará que se detenga la guerra; no hará aparecer al día siguiente a los desaparecidos de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y para qué seguir la lista; no podrá contener el proceso de delicuescencia de los poderes federales y estatales y de sus agencias del Ministerio Público; no hará temblar a Enrique Peña Nieto, que en Atenco ya se salió con la suya y tiene hoy otros casos truculentos por los cuales responder.
Haría simplemente algo muy sencillo: encender una luz de sensatez y equilibrio en alguno de los poderes del Estado; hacer comenzar a pensar que hay alguna puerta a la cual se puede tocar en demanda de justicia; hacer saber a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, a los litigantes, a los desamparados, que allá en algunos casos alguien vela y quiere resolver en justicia.

* * *

Todo esto que digo, lo sé, suena a ilusión azul o a inocencia jurídica ante la real y verdadera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no. Estoy diciendo que por algún lado es preciso dar pasos, aún pequeños, para detener la guerra interior de un aparato estatal descontrolado que creía que podía encarcelar, secuestrar, golpear, matar, sin que esa onda se le revirtiera y entrara como marea negra en la resolución de sus propios conflictos.

Si no entienden que el reciente secuestro entre ellos de uno de ellos es una tragedia de todos –incluidos los que abominan de la víctima–, es porque han perdido la noción elemental de que se ha llegado al punto en que, si no hay una norma de justicia al alcance de todos, la justicia no existe para nadie. Entonces es la violencia desnuda la que decide desde el menor conflicto entre escolares o entre vecinos, hasta el mayor entre quienes ejercen el poder político o detentan el económico.

Estuvimos el pasado 20 de mayo en el penal de Molino de las Flores, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, visitando a los presos de Atenco. En otra nota referiré nuestras conversaciones con ellos, sus esperanzas y sus opiniones; y nuestra entrevista a la salida con el director del penal y con el subdirector de Readaptación Social del gobierno del estado de México, licenciado Miguel Ángel Estrada Valdez, que a pedido nuestro tuvieron la atención de esperarnos las dos horas que duró la visita a los presos. Será bueno referir cómo éstos viven el encierro; y también nuestras solicitudes a los dos funcionarios.

Pero antes otra urgencia se impone: decir, insistir, repetir que, es cierto, el amparo y la libertad para los 12 presos de San Salvador Atenco no podrá reparar los cuatro años de su vida que les robaron en el encierro a ellos y a sus familias; pero podrá hacer cesar la flagrante injusticia de que son víctimas y dar validez ejemplar a esa figura única del sistema jurídico mexicano: el juicio de amparo.

Sería un mensaje de distensión y sensatez y, sobre todo, un acto de justicia. ¿Será?

miércoles, mayo 26, 2010

Una Goya por la Libertad - UNAM

Presentan recurso para liberar a los integrantes del FPDT

El derecho penal no puede resolver los conflictos sociales: ONG

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Luis Arriaga, director del centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el investigador Luis Daniel Vázquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), informaron que presentaron este martes dos recursos Amicus curiae en favor de tres integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otras nueve personas ajenas al movimiento. Todos fueron encuentran sentenciados por el delito de “secuestro equiparado”.

En conferencia de prensa, Arriaga y Vázquez expusieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la posibilidad de examinar la criminalización de la protesta social y pronunciarse sobre ello. El director del Centro Pro resaltó que “la protesta social que al examinarse en primera instancia implica considerarla como un derecho que opera como elemento integrador de otros derechos fundamentales –libertad de expresión, reunión, asociación y petición– y que configure una práctica democrática que permite la expresión de los grupos desaventajados en la vida pública.

El Pro Juárez, aseveró Arriaga, estima que el Estado “en ningún caso puede utilizar el derecho penal como forma de solución de los problemas sociales ni como mecanismo de relación frente a actores sociales cuya única posibilidad de incidir en la cuestión pública es la movilización y la acción colectiva”.

Arriaga sostuvo que es sumamente grave que el poder público impute a los integrantes del FPDT conductas delincuenciales ampliamente rechazadas por la sociedad como el delito de secuestro, porque en los hechos equipara actores políticos con criminales y vulnera principios fundamentales en materia de derechos humanos.
A su vez el investigador Daniel Vázquez, quien presentó este recurso a nombre de la comunidad de la maestría en derechos humanos y democracia de la Flacso, aseveró que la protesta social es un mecanismo a la mano de los grupos más vulnerables de la sociedad para exigir la satisfacción de sus necesidades y derechos básicos en un contexto de pobreza, desigualdad, inaccesibilidad al sistema de justicia y constante violación de sus derechos.

Resaltó que el artículo 259 del Código Penal del estado de México equipara como delito de secuestro “al que detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle un daño, sea aquella o a terceros para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza. Y la pena va de 30 a 60 años de prisión. Coincidió con el centro Pro en que la pena no es proporcional ya que a los secuestradores se les impone una pena de seis a 20 años, pero tiene atenuantes y en el caso del secuestro equiparado no hay ningunas con lo cual la autoridad criminaliza la protesta.

El Pro Juárez y Daniel Vázquez consideraron que la Corte puede resolver favorablemente los amparos directos interpuestos en favor de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, además de nueve personas y con ello podrían obtener su libertad, además de que la Corte debe considerar que las retenciones de servidores públicas no configuran secuestro.

Justicia y libertad para los presos de Atenco


Adolfo Gilly

Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.

Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.

A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.

Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.

Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.

El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.

Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llaman “gobernabilidad”, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.
***

La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.

Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.

La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.

Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.

***

La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.

Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.

Intervención del Municipio Autónomo de San Juan Copala en Evento de Atenco en CU

domingo, mayo 23, 2010

UNA GOYA POR LA LIBERTAD-INVITACIÓN



acto político en la universidad
por la libertad de los 12 presos políticos de Atenco
jueves 27 de mayo. a partir de las 12 hrs.
Explanada frente a la Biblioteca Central. Ciudad Universitaria


Participan: Adolfo Gilly (historiador), Ana Esther Ceceña (economista), Blanche Petrich (periodista), Guillermo Almeyra (politólogo), Ofelia Medina (actriz), Massimo Modonesi (historiador), Raúl Alvarez Garín (comité 68), Daniel Giménez Cacho (actor), Luis Hernández Navarro (periodista), Rhina Roux (politóloga), Francisco López Bárcenas (académico indígena), José Enrique González Ruiz (politólogo), Verónica Langer (actriz), Juan de Dios Hernández (abogado defensor de los presos políticos de Atenco), Hugo Aboites (doctor en educación) Agustín Rodríguez (Sindicato de Trabajadores de la UNAM), Camilo Pérez Bustillo (abogado, académico), María Atilano (activista, defensora de los derechos humanos), Nayar López Castellanos (politólogo), Julio Muñoz (CEICH), José María Calderón (CELA), Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz), Eduardo Correa (UACM), Margarita Muñoz, Erika Zamora, Begoña Lecumberri, Pablo Romo…
Mensajes a distancia de
Enrique Dussel (filósofo), Gilberto López y Rivas (antropólogo), John Holloway (sociólogo)
intervenciones musicales de:
Leticia Servín, Paco Barrios el Mastuerzo
Atlachinolli Sonidero: Moyenei y Roco Pachukote (Maldita Vecindad)
Los de Abajo
invitan:
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Coordinadora Universitaria por la libertad de los presos de Atenco
Comité Libertad y Justicia para Atenco

http://www.atencolibertadyjusticia.com/
Hace 4 años los habitantes de San Salvador Atenco y algunas organizaciones solidarias fueron víctimas de una brutal represión por parte del Gobierno del Estado de México de la que resultaron 47 mujeres detenidas, la mayoría de ellas abusadas sexualmente por la Policía Federal y 207 presos de los cuales 12 siguen bajo prisión, tres de ellos en un penal de máxima seguridad al lado de los más peligrosos narcotraficantes y secuestradores del país, purgando penas que van desde los 31 hasta los 112 años de cárcel.

Hace unas semanas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer las demandas de amparo Directo de éstos compañeros, lo que representa el último recurso legal para su liberación.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Comité Libertad y Justicia para Atenco han lanzado una alerta urgente a la sociedad civil nacional e internacional para reactivar la movilización en esta etapa crítica en la que se juega la libertad de los presos.

Desde la UNAM, algunas organizaciones y colectivos hemos venido discutiendo acciones que atiendan el llamado de los compañeros del frente y que contribuyan a fortalecer la exigencia a los ministros de la Suprema Corte para que resuelvan el caso a la brevedad y con apego a derecho, lo que no puede significar otra cosa que la liberación inmediata de todos los presos.

Por todo lo anterior hacemos a usted una atenta invitación al acto “Una Goya por la Libertad” que habrá de realizarse el próximo 27 de mayo de las 12 a las 16 horas en el “Espejo de Agua”, atrás de la Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria.

No se trata de un foro de análisis, sino de un acto político en el que habrá decenas de pronunciamientos, de tal manera que cada participante tendrá entre uno y dos minutos para pronunciarse por la libertad de los presos de Atenco; a lo largo del evento serán intercalados algunos números musicales.

Esperamos contar con su presencia.
Agradecemos su atención.
¡LIBERTAD YA A LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO!
Coordinación universitaria por la libertad de los presos de Atenco.
Comité Libertad y Justicia para Atenco

sábado, mayo 22, 2010

Piden a la Corte acelerar revisión del caso de 12 atenquenses presos

Sería una señal de calma ante la tensión que vive el país: Gilly

Junto con Julieta Egurrola y Giménez Cacho, el historiador visitó a 9 reos

Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada

Texcoco, Méx., 20 de mayo. El historiador Adolfo Gilly, así como los actores Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, integrantes del Comité de Libertad y Justicia para Atenco, llamaron a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a acelerar el proceso de revisión del amparo interpuesto por los 12 presos políticos de Atenco.

Este jueves, los tres activistas realizaron una visita a los nueve reos de Atenco recluidos en Molino de las Flores, en el municipio de Texcoco. Los otros tres están en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Gilly exigió la libertad de los 12 atenquenses que llevan cuatro años de encierro. Consideró que “sería una señal de calma ante el clima de tensión e inseguridad que se vive en el país”, ya que se trata de presos políticos.

“Ya les quitaron cuatro años de su vida; la Corte debe rectificar las acciones de injusticia cometidas contra los reos”, señaló.

En tanto, Julieta Egurrola y Giménez Cacho leyeron un comunicado en nombre del Comité de Libertad y Justicia para Atenco, que integran más de 30 músicos, religiosos, comunicadores, académicos, actores y actrices. También estuvieron presentes integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
“Al visitar a nueve de los presos políticos del caso Atenco, nuestra primera pregunta urgente es: ¿por qué Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no están junto a los otros reos? ¿Por qué no pueden sufrir su condena en un penal cercano a su domicilio?”, señalan en el documento.

Hace más de un año, este comité llamó a las autoridades a trasladar a los integrantes del FPDT que se encuentran en el Altiplano a un penal cercano a su comunidad, “para lo que interpusimos un recurso legal. Pero hasta ahora sólo existe el silencio de las autoridades”, dijeron.

Destacaron que los casos de los nueve presos de Molino de las Flores “representan la injusticia y la infamia. Simbolizan la corrupción y la manipulación del sistema de justicia, la utilización facciosa del derecho para favorecer intereses mezquinos.

“Salvo uno de los nueve, el resto está recluido sin haber estado vinculados directa o indirectamente al proceso de movilización social en San Salvador Atenco. Estos presos, mayoritariamente jóvenes, cometieron el delito de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado”, indicaron.

'Liberar a presos de Atenco calmaría al país'

Catedrático de la UNAM asegura que ante el clima de tensión e inseguridad excarcelarlos sería la mejor forma de actuar



Visita El catedrático Adolfo Gilly, los actores Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola, visitaron a los nueve integrantes del FPDT recluidos en el penal estatal Molino de Flores de Texcoco (Foto: Emilio Fernández )


Emilio Fernández | El Universal

El historiador Adolfo Gilly consideró que si los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco que aún permanecen recluidos desde mayo del 2006, son liberados "sería una señal de distensión y calma ante el clima de tensión e inseguridad que se vive en el país".

"Ya les quitaron cuatro años de su vida, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe de rectificar las acciones de injusticia que se han cometido en contra de los presos", indicó el también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este jueves miembros del Comité de Libertad y Justicia para Atenco, entre ellos Adolfo Gilly, los actores Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola, visitaron a los nueve integrantes del FPDT recluidos en el penal estatal Molino de Flores de Texcoco.

Durante el encuentro de dos horas que sostuvieron en el reclusorio con los campesinos y floricultores detenidos luego de los hechos violentos del 3 y 4 de mayo del 2006, los miembros del comité lo alentaron para no claudicar a pesar de los maltratos que han recibido desde su detención.

Gilly, Egurrola y Giménez Cacho, solicitaron a la SCJN acelerar el proceso de revisión del amparo de los 12 presos políticos de Atenco, tres de los cuales se encuentran en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, son considerados por el gobierno federal como "presos peligrosos".

En un comunicado que leyeron al salir del penal expusieron la postura del Comité de Libertad que está conformado por más de 300 músicos, actores, actrices, periodistas, académicos y al que se han sumado más de 300 organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

"Al visitar a nueve de los presos políticos del caso Atenco, nuestra primer pregunta urgente es ¿por qué Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no están junto a los otros presos?, ¿porqué no pueden sufrir su condena en un penal cercano a su domicilio? Hace ya más de un año este Comité llamó a las autoridades a trasladar a los presos que se encuentran en el Altiplano a un penal cercano a sus familias e interpusimos un recurso legal para que la Secretaría de Seguridad Pública trasladara a los presos del Altiplano. Sobre ambas solicitudes sólo existe el silencio de las autoridades", acusaron.

Los casos de los nueve presos del penal Molino de las Flores, denunciaron, representan la injusticia y la infamia. Simboliza la corrupción y la manipulación del sistema de justicia, la utilización facciosa del derecho para favorecer intereses mezquinos.

"Salvo uno de los 9 presos, el resto se encuentran presos sin haber estado vinculados directa o indirectamente al proceso de movilización social en San Salvador Atenco. Estos presos mayoritariamente jóvenes cometieron el delito de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus condiciones carcelarias reflejan hacinamiento, falta de lugares con condiciones para dormir, falta de agua y alimentación suficiente, tratos denigrantes a familiares, escasez de medicamentos", manifestaron.

"Sabemos que las violaciones procesales, la debilidad de pruebas y la información recabada hasta ahora sobre sus casos son contundentes para demostrar la inocencia de todos ellos. Llamamos a la Suprema Corte de Justicia a liberar a los presos políticos de Molino de las Flores", exigieron.

En México exigen liberación de presos de Atenco

miércoles, mayo 19, 2010

CONVOCATORIA A LA P R E N S A

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Campaña Libertad y Justicia para Atenco

Invitamos a su prestigiado medio de comunicación a cubrir:

La visita a los presos políticos de San Salvador Atenco recluidos injustamente en el Penal de Molino de Flores, Edo. De México que el jueves 20 de mayo realizaran las personalidades:

Daniel Giménez Cacho (Actor), Julieta Egurrola (Actriz), Adolfo Gilly (Académico)

La visita es un actividad en el Marco de la “Campaña Libertad y Justicia para Atenco” que busca la liberación de los 12 presos políticos que fueron detenidos durante la represión policiaca del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco Edo. de México, y tiene como objetivo expresarles apoyo y verificar las condiciones carcelarias y de derechos humanos en las que se encuentran.

En el Penal de Molino de la Flores se encuentran recluidos 9 presos todos ellos con sentencias de 31 años de prisión. Actualmente el caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que durante este periodo de sesiones emita un dictamen que modifique la actual situación en la que se encuentran los presos.

La visita se realizará el jueves 20 de mayo a las 11:00hrs. Al finalizar la visita se dará a conocer el posicionamiento político. El Penal se encuentra en: San Miguel Tleaxpan. Se puede llegar por la autopista rápida a Texcoco, se toma el nuevo Periférico, al finalizar Chapíngo se toma la salida a Molino de la Flores y esa calle desemboca al penal.

Llamar a los teléfonos: 55 23 04 92 (Serapaz) ó al 04455 13 41 98 49 (Laura Salas), 04455 43 41 63 66 (Víctor García Zapata) o escribir al correo: atenconacional@gmail.com. Página web: http://www.atencolibertadyjusticia.com/

Atte.

Comisión de prensa de la Campaña Libertad y Justicia para Atenco
Organizaciones y personalidades

COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO
Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Adolfo Gilly académico, Ricardo Rocha periodista, Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Comité Eureka, Adriana Roel actriz, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacvba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Gilberto López y Rivas antropólogo, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Carlos Fazio, académico, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Guillermo Almeyra académico, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices, Madres y esposas de los presos políticos de Atenco, Red nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos; Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica; Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), La Voladora Radio.

Agencia de noticias independientes NOTICALLI, Asamblea General de Trabajadores, Asociación México Cannabis, Auditorio Che Guevara, Brigada Callejera de Apoyo a la mujer “Elisa Martínez” A. C., Brújula Roja, Centro Cultural Infantil “El Aleph, CGH Ho-Chi Min, Círculo de familias diversas, Colectivo Ciudadano Zapatista, Colectivo Conciencia Social, Colectivo de Telefonistas Zapatistas, Colectivo Estudiantil Izquierda del Derecho, Colectivo Estudiantil Metropolitano, Colectivo Estudiantil 2 de octubre, Colectivo Ideas Libertarias, Colectivo Mixnda, Colectivo Revolucionario Estudiantil 10 de Junio UAM Xochimilco, Colectivo Zona Norte, Comité Civil Ollin Mexica, Comité de Lucha UAM Xochimilco, Comité Ollin México, Comité de Solidaridad Atenco-La Merced, Comité Eureka, Comité Unidad y Acción por la Libertad de los Presos de Atenco, Contraluz, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE Sección IX y X, Ediciones La Social, Enlace, Comunicación y Capacitación, Frente de Pueblos del Anáhuac, Frente estudiantil Xochimilco, Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Frente Nacional Contra la Represión, Hoja Obrera, Intercongregacional Justicia, Paz y Vida, Irreverente Teatro, jóvenes en resistencia alternativa, Lak´-Hormiga, Movimiento de universitarios Rechazados de la Educación Superior, MLP, Organización y Resistencia, Proyecto Esperanza DF, Red de Solidaridad México-Colombia, Red Mexicana de Trabajadores Sexuales “Ángeles en busca de libertad”, Secretariado Intercontinental Cristiano de Solidaridad con América Latina Oscar Arnulfo Romero, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato de Trabajadores y Académicos de a Universidad Autónoma de Chapingo, Taller Efecto Mariposa.

Casos: Valentina e Inés

Caso: Valentina Rosendo Cantú

Valentina Rosendo Cantú nació el 14 de febrero de 1985 en la comunidad me´phaa (tlapaneca) de Caxitepec, municipio de Acatepec, ubicado en la región de la Montaña de Guerrero, México.
Valentina es la hermana mayor de 10 hijos.
Como ocurre con la mayoría de las niñas indígenas, Valentina aprendió, a realizar labores relacionadas con la crianza de animales.
Estudio la primaria en Caxitepec y parte de la escuela secundaria en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. No obstante, regresó a su comunidad ante la enfermedad de su madre.
El 23 de noviembre de 2000, seis meses después de su regreso a su comunidad, Valentina contrajo matrimonio con Fidel Bernardino Sierra, originario de Barranca Bejuco, comunidad a la que se mudó.
Dos años después de su matrimonio Valentina Rosendo fue violada. En ese entonces era madre de una niña de tres meses de edad.
Aunque al momento de los hechos Valentina sabía muy poco leer, escribir y entender en español, su expresión en esta lengua le ha sido muy difícil.


Hechos


El día 16 de febrero de 2002, aproximadamente a las dos de la tarde, Valentina Rosendo Cantú salió de su casa de Barranca Bejuco, Guerrero, para dirigirse a un arroyo a lavar su ropa, el cual se encontraba como a 200 metros de su casa, en un área totalmente despoblada. Ese día, Valentina dejó a su hija -de tres meses de edad- al cuidado de su cuñada.
Después de haber lavado su ropa por una hora, Valentina se estaba enjuagando el pelo y se disponía a bañarse en el arroyo, cuando llegaron 8 soldados del Ejército mexicano. Los militares aparecieron por el camino que se dirige a la comunidad de Caxitepec y traían amarrado, como detenido o prisionero, a una persona.
Dos de los militares se acercaron a Valentina mientras que los otros la rodearon, quedando ella, sola, en medio de todos. Estos dos soldados comenzaron a interrogarla insistentemente y con violencia verbal. Le preguntaron que dónde estaban “los encapuchados”, a lo que ella contestó que no sabía quiénes eran, por lo que uno de ellos le apuntó con su arma, amenazando con que dispararía, mientras le decía “[¡] qué no eres de Barranca Bejuco [!]”; respondiendo Valentina que era de Caxitepec. Entonces, el otro soldado le enseñó una fotografía de una persona, al tiempo que continuaba el interrogatorio sobre si conocía al hombre de la foto; ella volvió a responder que no. Enseguida el mismo militar le mostró un papel que contenía una lista de nombres y le nombró a once personas que, según ellos, vivían en la comunidad de Barranca Bejuco, y le hizo la misma pregunta. Valentina insistió en contestar que no conocía a esas personas por temor a que le hicieran algo.
Ante la falta de respuestas positivas por parte de Valentina, el militar que le estaba apuntando la golpeó con el arma en el estómago y ella cayó al piso boca arriba sobre unas piedras. Al tratar de incorporarse uno de los militares la agarró de los cabellos y de manera violenta le dijo “cómo que no sabes, que no eres de Barranca Bejuco” y la amenazaron diciéndole que si no les decía quienes eran los encapuchados la matarían a ella y a todas las personas de la comunidad de Barranca Bejuco.
Los dos militares se abalanzaron sobre la mujer me´phaa. A plena vista del resto de los soldados y del civil que se encontraba con ellos, hirieron a Valentina en la cara; luego, le quitaron su ropa y uno de ellos la violó. Después, el otro militar que la había estado interrogando también procedió a violarla.
Según documentos oficiales del Ejército, para el día de los hechos, el 41° Batallón de Infantería del Ejército Mexicano se encontraba realizando actividades en dos Bases de Operaciones cercanas a la comunidad de Barranca Bejuco, llamadas “RÍOS” y “FIGUEROA”.
La Base de Operaciones “RÍOS” se encontraba ubicada en las inmediaciones de la comunidad de Mexcaltepec, Municipio de Acatepec, Guerrero, la cual se encuentra a dos hora y media aproximadamente de la comunidad de Caxitepec y a una hora de la comunidad de Barranca Bejuco.


Hechos posteriores a la agresión


Inmediatamente después de haber sido violada, Valentina sintió mucho dolor en el vientre y presentaba sangre al orinar, por lo que decidió ir a visitar a un doctor para ser atendida. Así el 18 de febrero de 2002, Valentina Rosendo y su esposo caminaron por una hora para ir al centro de salud de Caxitepec, la cual era la más cercana de su casa.
El médico que la recibió, al contarle Valentina lo que le había sucedido, se negó a brindarle atención diciéndole que no quería problemas con los militares. Fidel le insistió que la atendiera porque se sentía muy mal, por lo que el doctor le dio algunas pastillas para el dolor.
Días después y una vez que consiguieron dinero para hacer el viaje hasta Ayutla que Valentina Rosendo se restableció parcialmente, ella y su esposo, con su hija literalmente a cuestas, caminaron durante casi 8 horas para ir al Hospital General de ese lugar. Pero Valentina no fue atendida porque no contaba con una cita previa. Le dijeron que regresara otro día por lo que la familia tuvo que quedarse esa noche en Ayutla.
Al día siguiente, 26 de febrero, Valentina y Fidel regresaron al hospital donde fue atendida por una médico general. La doctora realizó la revisión y sólo refirió haber detectado un traumatismo en abdomen.


Acciones legales


Aún cuando el 16 de febrero Valentina y su esposo pidieron el apoyo de las autoridades comunitarias. La Asamblea comunitaria acordó que todos los hombres de la comunidad se refugiarían en el monte ante la amenaza de los militares. Así lo hicieron durante dos días y al frente quedaron las mujeres y niños.
Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales, el día 26 de febrero Valentina viajó a Ayutla de los Libres para solicitar el apoyo de la OIPMT (Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos), esta organización se fraccionó en 2002 para una mejor atención a cada pueblo y de ahí surgió la actual Organiziación del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)
Como otros vecinos de Barranca Bejuco el esposo de Valentina pertenecía a la OIPMT y fue esta organización la que en un primer momento le brindó su apoyo y decidieron presentar la queja por las violaciones sexuales que sufrió Valentina Rosendo ante organismos de derechos humanos.
El día 26 de febrero de 2002 Valentina Rosendo y Fidel Bernardino presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la que se abrió el expediente 2002/597-4. Por su parte, el día 7 de marzo de ese año, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero dio apertura a la queja no. CODDEHUM-VG/065/2002/-II.
Paralelamente, el día 6 de marzo, unos soldados acudieron al domicilio donde Valentina vivía con sus suegros, y de manera intimidatoria le tomaron su declaración, sin que mediara aviso o notificación previa.
Inmediatamente después, el Visitador General de la CODDEHUM acudió a las oficinas de la OIPMT en Ayutla de los Libres, donde se encontraba Valentina Rosendo y su esposo Fidel consiguiendo levantar su testimonio. Así mismo el médico de la CODDEHUM certificó que la menor Valentina Rosendo presentaba lesiones físicas externas en la parte inferior del párpado y que manifestaba dolor al caminar, debido al golpe que le ocasionaron en el vientre. En ese acto tomaron fotografías y audio de las entrevistas.
Finalmente, el Visitador General acompañó a Valentina Rosendo y a su esposo a presentar denuncia formal ante el Ministerio Público del Distrito Judicial de Allende, donde pudo documentar las irregularidades en que incurrió la autoridad al recibir la denuncia y el trato discriminatorio que se le dio a la víctima.
A pesar de que el agente del Ministerio Público se dio cuenta que Valentina Rosendo Cantú al momento de rendir su declaración no hablaba ni entendía a la perfección el español por hablar la lengua Me`Phaá (Tlapaneco), no le designó perito traductor y se limitó a hacer constar que en aquellas palabras que la denunciante no entendía fue apoyada improvisadamente por su esposo Fidel Bernardino Sierra.
Fue a finales de abril cuando del 2002 cuando la OIPMT, viaja a Tlapa y pide al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan su apoyo jurídico. Es en ese entonces cuando la organización asume la defensa legal de Valentina.
Mas tarde y sin que la investigación reportara avances, el 16 de mayo de 2002, la titular del Ministerio Público del fuero común especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Morelos, declinó la competencia a favor del fuero militar al considerar que
Valentina Rosendo no fue notificada de la declinación de competencia, por eso el 6 de junio de 2002, una vez que tuvo conocimiento de dicha resolución, interpuso -a través de sus representantes- un recurso de amparo radicado bajo el número 603/2002-III, ante el Primer Juzgado de Distrito con residencia en Chilpancingo, Guerrero por el que impugnaba la competencia militar para la investigación de los hechos.
Seis años después que el Ministerio Público del fuero común había remitido las investigaciones por incompetencia a favor del fuero militar, el día 15 de mayo del 2008, se volvió a dar apertura a las investigaciones en el fuero civil, como resultado de la reiterada denuncia de Valentina que para ese entonces ya había llegado hasta la CIDH.
El día 16 de mayo de 2008, el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, solicitó al Procurador General de la República (PGR) su colaboración para practicar: a) la ampliación de la declaración ministerial de la Valentina Rosendo, y b) designar perito en materia de retrato hablado.
En respuesta, el 27 de agosto de 2008, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (en adelante FEVIMTRA), al recibir dicha solicitud, ordenó se designara perito en materia de retrato hablado y en psicología a efecto de realizar las diligencias en colaboración. El 2 de septiembre de 2008 el Ministerio Público adscrito a la FEVIMTRA citó a Valentina para que realizara ambas diligencias el día 10 de septiembre de 2008.
Fue hasta el día 1° de junio de 2009 que la Fiscalía Especializada se declaró competente para conocer del caso y por ende se comprobó que la investigación había sido abierta para la investigación de civiles.
Amenazas e intimidaciones para que se desista de su demanda.
La presentación de la denuncia de la violación sexual contra Valentina Rosendo dio inicio a una cadena de actos en contra de la vida e integridad de la víctima y su familia. Sin embargo, éstas se agudizaron en el marco del sometimiento del caso a la Corte Interamericana; de la identificación plena de los responsables; de la nueva remisión del caso al fuero castrense; y de la agudización de las agresiones en contra de la OPIM y Tlachinollan.
El 17 de noviembre de 2009, Valentina Rosendo Cantú interpuso queja por el delito de amenazas en contra de quien resulte responsable, por la que se inició la averiguación previa GRO/SC/125/2009. Durante varios días, Valentina fue fotografiada y hostigada por una persona durante diversas actividades que realiza durante el día, lo que implicó el seguimiento de sus movimientos.
El día 11 diciembre del 2009, siendo aproximadamente las 18:00, personas no identificadas intentaron secuestrar a la hija de Valentina, de 8 años edad, a la salida de su escuela. Por lo anterior, dentro de la averiguación previa GRO/SC/125/2009, se incorporaron los nuevos hechos delictivos en agravio de Valentina y de su hija, por los delitos de Amenazas, Robo, Sustracción de Menores o Incapaces y Robo de Infantes
Asimismo, el 20 de enero de 2010, Valentina informó que cuando llegó su papá de visita al lugar donde antes residía, le informó que una persona, quien a su vez es parte de una familia de Caxitepec que informalmente colabora con el Ejército en la región, hizo una visita a María Cantú García, madre de Valentina, para decirle que tanto su hija Valentina como su padre, Victoriano Rosendo, corrían un grave riesgo “porque los están buscando para matarlos”.
Por todo lo anterior, el 2 de febrero de 2010, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas provisionales para ella y su hija, pues estando en puertas la audiencia pública del caso, es fundado y lógico temer que se consumen las amenazas de modo irreparable.


Medidas de reparación:


Dentro de las medidas de reparación que estaría planteando Valentina ante la Corte Interamericana están las siguientes:

Una indemnización justa para ella y sus familiares, así como que se les proporcione el tratamiento médico y psicológico que puedan requerir como resultado de las violaciones cometidas en su contra.
La investigación, juzgamiento y sanción por parte de autoridades civiles de las violaciones cometidas contra Valentina Rosendo Cantú.
La reforma del marco normativo mexicano en materia de fuero militar.
La publicación de la eventual sentencia emitida por la Corte Interamericana. A efecto de que se conozca la verdad.
Un acto público de desagravio y reconocimiento de responsabilidad. El Estado debe ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a sus familiares


Información adicional

Caso Inés Fernández Ortega.


“Es muy triste saber que no va a haber justicia” (Inés)


El 22 de marzo del 2002, Inés de preparaba agua fresca en su casa -ubicaba en Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, acompañada de cuatro de sus hijos –de 3,4, 5 y 9 años-, cuando aparecieron en la puerta 11 soldados. Tres de ellos entraron por la fuerza y le preguntaron por su marido. Mientras la apuntaban en el pecho con un arma, la cuestionaban acerca de la procedencia de los trozos de carne que Inés secaba en el patio. Ellos aseguraban que era robada. Inés no respondió porque no habla español. Su silencio enfureció a los soldados y enseguida la violaron. Sus hijos atemorizados huyeron a casa de su abuela en busca de ayuda.


Cuando los soldados se marchaban e Inés cerraba la puerta de su casa, alcanzó a ver cómo los militares se robaban la carne que representaba el alimento de ella y su familia. Inés y su esposo denunciaron los hechos ante las autoridades civiles, para que los responsables fueran castigados, pero hasta hoy su caso permanece en la impunidad. No obstante Inés sigue albergando la esperanza de que algún día pueda ver la justicia.


Por la falta de acceso a la justicia Inés también acudió ante el Sistema Interamericano y su caso fue ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 15 de abril del 2010. Aún cuando la delegación del Estado mexicano reconoció que extravío las pruebas espermáticas que le practicaron a Inés, negó que hayan sido los militares quienes la violaron. No obstante, los jueces criticaron a los representantes de México esa conclusión pues aún no ha sido cerrada la investigación.


La defensa legal de Inés prevé que la sentencia de la Corte Interamericana esté lista para noviembre o diciembre de este año.


Cronología de hechos

22 de marzo de 2002: Soldados del Ejército mexicano allanan el domicilio de Inés Fernández y la violan sexualmente.
23 de marzo de 2002: Inés Fernández presenta una queja formal por violaciones de sus derechos ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado de Guerrero, la cual la remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
24 de marzo de 2002: Inés Fernández interpone queja ante el Ministerio Público del Fuero Común del distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero.
25 de marzo de 2002: Médicos le practican estudios a Inés Fernández y obtienen pruebas espermáticas de la violación sexual. Las pruebas e “pierden” extrañamente.
17 de mayo de 2002: El Agente titular del Ministerio Público del Fuero Común se declara incompetente y remite el caso al Ministerio Público Militar.
9 de febrero de 2003: Inés Fernández interpone recurso de amparo para atraer su denuncia a la justicia civil, pero no prospera.
28 de noviembre de 2003: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la recomendación 48/2003, dirigida al secretario de la Defensa Nacional y al gobernador del estado de Guerrero para que integre la averiguación del caso e investigue las omisiones en las que ha incurrido el Ministerio Público Militar.
14 de junio de 2004: Inés Fernández denuncia el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
21 de octubre de 2006: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admite el caso.
4 de septiembre de 2007: La CIDH emite medidas cautelares a Inés Fernández y su esposo, ante el riesgo y amenazas que enfrentan
12 de octubre de 2007: Inés asiste a una audiencia pública ante la CIDH. en Washington D.C.
10 de febrero de 2008: Lorenzo Fernández, hermano de Inés, aparece muerto y con visibles huellas de tortura.
30 de noviembre de 2008: La CIDH publica un Informe de Fondo sobre el caso de Inés Fernández.
9 de abril de 2009: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emite medidas provisionales para Inés Fernández, así como para otros 106 defensores de derechos humanos en Guerrero.
7 de mayo de 2009: El caso de Inés Fernández es turnado a la CoIDH.
15 de abril de 2010: La CoIDH celebrará la audiencia del caso de Inés Fernández como parte de sus sesiones itinerantes en Lima, Perú.


Organizaciones que acompañan a Inés y Valentina


En su lucha por acceder a la justicia Inés y Valentina han sido acompañadas por organizaciones de derechos humanos como la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que tiene se sede en Guerrero y recientemente CEJIL que tiene sus oficinas en Costa Rica.


OPIM
La Organización del pueblo Indígena Me phaa (OPIM) nació en 2002 para defender los derechos colectivos y culturales de su pueblo en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero. Ya desde 1998, sus miembros realizaban trabajo de defensa de derechos humanos en el seno de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT).

Uno de los primeros casos que defendieron fue la defensa de 14 hombres indígenas de la comunidad de El Camalote, que fueron esterilizados de manera forzada en 1998. Caso que ameritó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la reparación de daños, que fue incumplida.


En 2002, cuando Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército, la OPIM también asumió el acompañamiento de su defensa.


Por su trabajo con los pueblos y su exigencia de justicia, los miembros de la OPIM han sufrido múltiples violaciones a sus derechos humanos y han sido criminalizados hasta el punto de que en abril de 2007, el juez de primera instancia con sede en Ayutla libró 15 órdenes de aprehensión por presunta sospecha de ejecución de un informante del Ejército. A día de hoy, once poseen un amparo y sólo uno de ellos continúa en la cárcel: Raúl Hernández, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI).


Por la situación de riesgo y amenaza en que viven, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) les dictó medidas provisionales el 9 de abril de 2009 a 107 defensores de la OPIm y Tlachinollan.


TLACHINOLLAN
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es una organización no gubernamental que acompaña desde hace 16 años a los pueblos Naua, Me´Phaa (tlapanecos), Na Savi (mixtecos) y Nn´anncue (amuzgos) y mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, en su lucha por la justicia y por el pleno respeto a sus derechos humanos.


Con su trabajo, Tlachinollan busca lograr la dignidad y la justicia para los pueblos Nahua, Na savi, Me’phaa, Ñomdaa y Mestizos, trabajando por la vigencia y el respeto pleno de los derechos humanos.


Asimismo promueve y defiende, desde la diversidad cultural, los derechos de los pueblos Nahua, Na savi, Me’phaa, Ñomdaa y Mestizos de la Costa-Montaña de Guerrero para construir conjuntamente caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de sus derechos humanos.


CEJIL
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional es una organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericanos de Derechos Humanos.


CEJIL fue fundado en 1991 por destacados defensores de derechos humanos en América Latina con el propósito de asegurar un mayor acceso al Sistema Interamericano para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Desde su programa de defensa. CEJIL fue la primera organización en ofrecer un servicio gratuito, especializado en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.

lunes, mayo 17, 2010

Emplaza CIDH a gobierno mexicano entregar alegato sobre Atenco


El Estado había pedido una prórroga, pero ésta ya se venció, lo que muestra su desdén por proteger los derechos humanos, señaló el organismo.

Víctor Ballinas

México, DF. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro informó ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emplazó en diciembre del año pasado al gobierno mexicano para que presente sus argumentaciones por el caso de las mujeres violadas y torturadas en San Salvador Atenco.

“El Estado mexicano pidió una prórroga, que ya se venció, y el organismo internacional manifestó que no hubo respuesta gubernamental” lo cual es una muestra del desdén de este gobierno por cumplir y proteger los derechos humanos.

En conferencia de prensa en el ProDh, también se informó que la embajada de México en Francia entregó a funcionarios de ese país un informe “calumnioso donde dice que macheteros bloquearon la carretera Texcoco-Lechería en 2006”.

Asimismo también ese informe refiere que una mujer fue condenada por el delito de secuestro, lo cual es una mentira, ya que ninguna mujer fue condenada.

jueves, mayo 13, 2010

NO a la impunidad

Información tergiversada en Milenio

Les enviamos esta nota que salió el día de hoy publicada en MILENIO, creeemos que lejos de ayudar se tergiversó la información, por las siguientes razones:

1. No se han iniciado los 4 procesos a que hace referencia la diputada;
2. No existen 6 procesos en total actualmente abiertos en contra de Ignacio, Felipe y Héctor;
3. Consideramos que da mayor certeza que se encuentren los amparos directos en la SCJ, y la opinión de la diputada acerca de que ven con preocupación que se encuentre en la SCJ el asunto de atenco debe ser entendido como una opinión personal y no de la campaña;
4. Ignacio y Felipe nunca han sido amenazados por otros internos del altiplano;
5. Además que reiteradamente equívoca los conceptos jurídicos, lo que puede confundir a las personas.

Esta es la nota

Se manifiestan pobladores de Atenco en la SCJN

Exigen liberación de líderes populares

Informan que aún se encuentran presos a raíz de los hechos de mayo de 2006

El Financiero en línea

México, 11 de mayo.- Pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, se manifestaron al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir la liberación de los tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se encuentran presos a raíz de los hechos de mayo de 2006.

Los habitantes de la comunidad mexiquense, que estuvieron acompañados de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) bloquearon la avenida Pino Suárez en su intersección con la Plaza de la Constitución, donde llevaron a cabo un mitin.

Los quejosos pidieron al máximo tribunal del país que declare inconstitucionales las sentencias de 67 años de prisión, impuestas a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, por el delito de secuestro equiparado, tema que está en puerta para su análisis por parte de los ministros.

La Primera Sala de la Corte atrajo los amparos promovidos por los activistas, debido a que consideró de importancia y trascendencia definir los límites de las medidas de presión social para que las autoridades cumplan con peticiones, así como de la libertad de expresión.

Los líderes del FPDT fueron acusados de secuestro equiparado por el gobierno del Estado de México, luego de que retuvieron a funcionarios locales para exigir la liberación de uno de sus integrantes, así como para instalar mesas de diálogo con el gobierno del estado.

Por su parte, integrantes del SME pidieron a los ministros del máximo tribunal del país revisar con detenimiento el amparo que promovieron en contra de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), luego de que el recurso está en revisión a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los agremiados solicitaron a la Corte la facultad de atracción del amparo, una vez que la jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata determinó negó la protección a los electricistas en contra de la extinción, en diciembre del año pasado.

No obstante, al no estar legitimados para promover el recurso, la Corte desechó la solicitud, sin embargo la propia PGR pidió a la Corte revisar el juicio para que determine si se confirma, modifica o revierte la sentencia de la juez Coutiño, que estableció que los trabajadores no pueden establecer un procedimiento de defensa contra la extinción de LFC. (Con información de Notimex/CFE)