La primera sesión del análisis se enfrascó en debate sobre la muerte de un joven en el conflicto
El esclarecimiento de la muerte de uno de los dos jóvenes que falleció a consecuencia de los enfrentamientos registrados en 2006, en la comunidad de San Salvador Atenco, dividió la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al entrar a la revisión de los hechos que se registraron el primer día de los enfrentamientos, el 3 de mayo de 2006, el ministro Genaro Góngora Pimentel expresó su desacuerdo con la conclusión a la que llegó su compañero, José de Jesús Gudiño, al determinar que no era posible saber si los policías que participaron en los operativos fueron los que dispararon en contra de Javier Cortés, uno de los dos jóvenes que murieron en estos hechos.
En opinión de Góngora en la investigación que se realizó sí se encontraron suficientes elementos para considerar que la bala .38 especial que causó la muerte de Javier Cortés fue disparada por policías, porque este tipo de balas era el que traían 105 elementos y porque la trayectoria del proyectil correspondía al lugar en que se encontraban los uniformados.
Los ministros Margarita Luna Ramos y Sergio Aguirre Anguiano refutaron la idea de Góngora de que a las autoridades les correspondía probar que no habían sido policías los que habían disparado la bala que mató al joven.
Aguirre recordó que ese día un conflicto de ocho floristas se vio rebasado por la intervención de “un grupo beligerante” —en alusión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que encabezaba Ignacio del Valle—, que provocó un pandemónium. Porque, agregó, ese grupo beligerante, armado con cañones, cohetes, machetes, palos y piedras, secuestró a varios policías.
Por este motivo, para concluir su intervención, Aguirre se preguntó y se respondió: “¿Cómo se puede atribuir a la policía la muerte de ese muchacho? ¡Qué barbaridad!”.
Posteriormente otros ministros emitieron sus opiniones sobre lo que aconteció ese día, pero debido a que cada uno se pronunció sobre otros temas a revisión, el esclarecimiento de la muerte quedó pendiente para la sesión de mañana.
El pleno del máximo tribunal continuará este martes con la revisión del caso Atenco y se espera que las sesiones en torno al mismo se extiendan al resto de la semana.
Durante el primer día de discusiones sobre este caso, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo presentó un dictámen en el que concluye que en los enfrentamientos registrados en la comunidad de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, sí se registraron violaciones graves de garantías.
Como se había anunciado en las últimas semanas, Gudiño Pelayo presentó un dictamen ante el pleno de la Corte en el que reconstruyó, paso por paso, los hechos ocurridos los días de los enfrentamientos, y en el que dio a conocer que no se encontraron elementos para suponer que alguna autoridad hubiera ordenado golpear, dañar o vejar a los manifestantes y detenidos.
Pero que sí hallaron elementos que permiten considerar que, una vez que se dieron los enfrentamientos y las detenciones, la violencia fue permitida y alentada por los mandos de la policía que estaban al frente de los operativos y de los que no se dieron a conocer sus nombres.
Durante la sesión pública Gudiño relató las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, al trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia que detectó en el caso Atenco.
En el caso del derecho a la vida, aseguró, este “fue violado en perjuicio de los dos jóvenes que fallecieron, (pero) no obstante lo lamentable de estos decesos, los elementos de prueba recabados no permiten imputarlos a persona alguna”.
Y, a manera de conclusión, aseguró que en las agresiones influyeron tanto las deficiencias en la formación de los policías como la carencia de leyes y reglas en torno al uso de la fuerza pública, por lo que propuso que la Corte emita una serie de criterios para regular y establecer límites al uso de la fuerza pública.
