viernes, mayo 30, 2008

CNDH: sin credibilidad ni autoridad moral

Aunque el gobierno federal se empeña en convencer a la opinión pública de que está comprometido con “el imperio de la ley”, el más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) advierte lo contrario: que, en materia de derechos humanos, la administración calderonista no ha mostrado tal compromiso y que actúa con incongruencia al pretender dar lecciones, en el exterior, de un respeto a las garantías individuales que en México no se practica. El documento coloca al de nuestro país entre los gobiernos que deben pedir perdón por sus fracasos en el ámbito de los derechos humanos y establece que en el curso del año pasado persistieron en el territorio nacional la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las garantías procesales necesarias; destaca el “abismo” “entre las promesas y la realidad” y advierte, asimismo, la persistencia de la impunidad por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por las atrocidades represivas perpetradas por fuerzas policiales estatales y municipales ante los conflictos de San Salvador Atenco, estado de México, y Oaxaca, y señala que los gobiernos de esas tres entidades “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía”.

La situación de catástrofe por la falta de observancia gubernamental a los derechos básicos tiene múltiples expresiones, y una de las más agudas es la alarmante pérdida de credibilidad y de autoridad moral experimentada por la actual presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual parece más dedicada a defenderse de señalamientos críticos que a procurar la vigencia de las garantías individuales. El comportamiento errático y obsecuente de esa institución ha quedado de manifiesto, en particular, frente a los atropellos cometidos en Atenco y Oaxaca, y en la escandalosa colaboración del titular de la CNDH, José Luis Soberanes, en la construcción de una verdad oficial exculpatoria en el caso de Ernestina Ascensión Rosario, anciana indígena a la que, de acuerdo con los informes iniciales, violaron y asesinaron soldados en activo, por más que la causa de su muerte haya sido descrita por Felipe Calderón como “gastritis no atendida” y como “anemia aguda” por Soberanes.

A los señalamientos desfavorables a la CNDH formulados por organismos humanitarios nacionales se agregó, en febrero pasado, un documento de Human Rights Watch (HRW) titulado La CNDH de México: una evaluación crítica. Tal reporte fue respaldado por Amerigo Incalcaterra, hasta hace poco representante en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), lo que suscitó la animadversión de Soberanes. Con ese telón de fondo, el funcionario internacional fue removido de México, y a falta de una explicación clara por parte de la dependencia de la ONU, proliferaron los señalamientos –verosímiles, por lo demás– de que la remoción respondía a presiones del gobierno mexicano. Sin embargo, no satisfecho con la salida de Incalcaterra, Soberanes ha porfiado en involucrarse en una agria polémica con el ACNUDH.
La autoridad moral y la credibilidad son instrumentos principales para cualquier organismo –gubernamental o no– de promoción y defensa de los derechos humanos. En el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tales atributos han sido severamente lesionados por su titular, el cual parece cada vez más proclive al denuesto y al exceso verbal, y no precisamente contra quienes violan las garantías individuales, sino contra quienes critican el deplorable desempeño de la institucionalidad nacional –la CNDH incluida– ante tales violaciones. Y es que, en un contexto caracterizado por el incremento de la inseguridad, de la impunidad y de los atropellos oficiales contra la ciudadanía, esa instancia no ha logrado escapar a la descomposición, el deterioro y la pérdida de autoridad moral que afectan a los principales organismos del Estado: la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros; y no debe omitirse que, en todos los casos, el alarmante deterioro ha sido inducido desde el interior de tales instituciones, e incluso desde sus posiciones de máxima responsabilidad.

jueves, mayo 29, 2008

Informe 2008 de Amnistía Internacional


El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI


■ Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma
■ Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño

Emir Olivares Alonso

Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”.

Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.

En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.

“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.

Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.

El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.

En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.

“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.

Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.

Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.

En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.

Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.

Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

Con información de Fabiola Martínez

El gobierno federal “no tiene presos políticos”, responde Mouriño al EPR


■ No se ha acreditado vínculo de ese grupo armado con las FARC, dice el titular de Gobernación

Fabiola Martínez

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno del presidente Felipe Calderón “no tiene” presos políticos, no ha cometido delitos de desapariciones forzadas ni de lesa humanidad.

En referencia a las afirmaciones del Ejército Popular Revolucionario (EPR) respecto de que sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituyen casos de “desapariciones forzadas”, el funcionario indicó que es “absolutamente falso”.
En entrevista respondió que hasta el momento “no está acreditado” el supuesto de la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio mexicano o una liga de este grupo con el EPR.

Mouriño dijo ayer en entrevista que el gobierno federal continuará dispuesto a dialogar con el EPR, pero “preferimos avanzar con pasos seguros”.

El secretario de Gobernación fue entrevistado al término de la ceremonia de izamiento y abanderamiento, realizada en el patio central de Gobernación.

México tiene una deuda pendiente con los derechos humanos: AI


La presidenta de esta organización en México, Liliana Velázquez, señaló que nuestro gobierno le debe una disculpa a los ciudadanos por seis décadas de incumplimiento en la materia.

México, DF. Amnistía Internacional (AI) consideró que el gobierno de México tiene una deuda pendiente con la defensa y protección de las garantías individuales, consideró la presidenta de la organización internacional en México, Liliana Velázquez Ramírez.

Al presentar hoy miércoles el informe anual 2008 sobre "El estado de los derechos humanos en el mundo" y revisar la situación que priva en nuestro país, la activista señaló que nuestro gobierno le debe una disculpa a los ciudadanos por las seis décadas de incumplimiento en la materia.

Por lo anterior, solicitó “al gobierno mexicano, en todos sus ámbitos, que formule un nuevo compromiso de emprender acciones concretas”.

Velázquez formuló la misma solicitud a los mandatarios locales: “Se necesita un nuevo liderazgo cohesivo y colectivo en materia de derechos humanos por parte de los gobiernos estatales, que deben unirse, dejar de formular promesas y tomar medidas concretas”.
Advirtió que “este informe da cuenta de la creciente impaciencia también de la población ante la negativa de los gobiernos a impartir igualdad y justicia”.

Explicó que los temas pendientes en agenda son las violaciones en Atenco, los sucesos en el conflicto de Oaxaca y la falta de aplicación de justicia en los abusos cometidos por militares en casos como el de la indígena Ernestina Ascencio, de Zongolica, Veracruz.

Velázquez manifestó que “AI reitera su preocupación” respecto del uso del Ejército en la seguridad pública, y sostuvo que “el uso de los militares en este contexto no es una respuesta a largo plazo, y ya son 18 meses”.

Agregó que llevar a los militares responsables de violaciones a derechos humanos ante la justicia en tribunales civiles debe ser una prioridad de rendición de cuentas.

“Es esencial que se invierta en la reforma eficaz de las instituciones civiles como la policía y los ministerios públicos, y en este momento no sabemos dónde están los avances en esas áreas”, señaló.

En cuanto a la Iniciativa Mérida, aseveró que “en casos como esta iniciativa, AI solicita a todos los gobiernos involucrados que tomen medidas para garantizar que la asistencia internacional no resulte en violaciones a derechos humanos y que se impongan mecanismos de monitoreo para garantizar esto”.

(Con información de Radio Red)

México fracasa en derechos humanos: Amnistía Internacional


  1. Amnistía Internacional reprobó a México en la lucha por los Derechos Humanos.
  2. AI: México es uno de los 81 países del orbe donde todavía se inflige tortura y uno de los 77 donde se restringe la libertad de expresión

  3. Amnistía Internacional (AI) señaló que México es uno de los países que ha fracasado en el respeto y defensa de los derechos humanos, por lo que el Gobierno debe disculparse y efectuar acciones concretas, en lugar de sólo formular promesas

    CIUDAD DE MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) señaló que México es uno de los países que ha fracasado en el respeto y defensa de los derechos humanos, por lo que el Gobierno debe disculparse y efectuar acciones concretas, en lugar de sólo formular promesas.

Según el informe 2008 sobre “El estado de los derechos humanos en el mundo”, México es uno de los 81 países del orbe donde todavía se inflige tortura y uno de los 77 donde se restringe la libertad de expresión.

Liliana Velázquez, presidenta de AI en México, indicó que las autoridades del Estado de México, Oaxaca y Chihuahua “le deben una disculpa a los ciudadanos” por la impunidad que prevalece en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas en estas entidades relacionadas con abusos por la policía y los asesinatos de mujeres.

En relación con los operativos militares, la representante de esta Organización No Gubernamental señaló que aunque la situación de inseguridad es seria, el Gobierno debe priorizar la reforma al sistema de justicia. Indicó que es deber del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos pero no a costa del respeto a los derechos humanos.

Señaló que el Gobierno mexicano debe tener liderazgo en derechos humanos. “Se necesita un nuevo liderazgo cohesivo y colectivo por parte de los gobiernos estatales, dejar de formular promesas y tomar medidas concretas”.

Entre los casos pendientes, AI mencionó los crímenes cometidos durante el movimiento estudiantil de 1968 y la “guerra sucia” de los años 70; las desapariciones de los dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; la represión policíaca en San Salvador Atenco y el caso de la periodista Lydia Cacho.

FRASES:

"El uso de los militares no debe ser a largo plazo y ya han transcurrido 18 meses desde que intervino el Ejército

México sigue esperando que se manifieste el liderazgo del Presidente Felipe Calderón en materia de derechos humanos"

Liliana Velázquez, Presidenta de Amnistía Internacional en México.

miércoles, mayo 28, 2008

Agresiones contra compañera presa en El Molino de las Flores


A la Otra Campaña:
A los medios de comunicación:

De manera alarmante se han acrecentado las agresiones a la compañera Patricia Romero Hernández, presa política en el penal de Molino de Flores desde hace más de dos años por los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco, Edomex, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Hace tres semanas hicimos la denuncia sobre la amenaza directa que hizo el subdirector del penal por órdenes del director Irineo Monroy Dávila a la compañera Paty, en el sentido de que "él tenía línea y podía sembrarle algo" para alargar su sentencia, así como ser agredida por una custodia de nombre Guadalupe ALIAS "lupona" y por internas mandadas por él. Ahora ya han pasado a los hechos y la compañera es constantemente hostigada y agredida por ellas. Hay que agregar que cualquier interna que la acompañe sufre igualmente las agresiones con el objetivo de que Patricia esté lo más aislada posible. Responsabilizamos al director del penal de las agresiones que sufre nuestra compañera.

Presos Políticos, ¡Libertad!
Contra la agresión a las comunidades zapatistas.

Plantón Molino de Flores.

martes, mayo 27, 2008

Rechaza magistrado de la Corte que se haya desdeñado muerte de joven en Atenco

■ No se entrevistó a familiares, pues sólo se recurrió a testigos, dice

Alfredo Méndez
El magistrado federal Alejandro Sosa Ortiz, uno de los tres integrantes de la comisión especial designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar los hechos violentos contra el pueblo de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, aseguró que el caso de la muerte de Alexis Benhumea, el joven que falleció a consecuencia de que un proyectil de gas lacrimógeno impactó su cabeza durante el operativo policiaco de esos días, fue “parte importante” de la indagatoria que realizaron los juzgadores durante más de un año.

En entrevista con La Jornada, el impartidor de justicia no quiso responder el motivo por el cual la comisión no buscó a los familiares de Alexis con el propósito de tomar sus testimonios, y se limitó a decir que “se tomaron las declaraciones únicamente de las personas que fueron testigos de los hechos que estábamos investigando”.

La semana pasada, Miguel Ángel Benhumea, hermano de Alexis, denunció a este diario que la comisión de la Corte no los llamó como testigos durante los meses que tres magistrados federales estuvieron en Atenco realizando las pesquisas.

El mayor de los hermanos Benhumea agregó que el lunes de la semana pasada fue recibido por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, a quien solicitó que el máximo tribunal del país no permita la impunidad ni solape a los responsables de la represión.

“Que la Suprema Corte no sea un medio de impunidad para lavar las manos del gobernador (Enrique) Peña Nieto, de Eduardo Medina Mora y de Wilfrido Robledo, quienes son los principales responsables de la muerte de mi hermano”, dijo Miguel Ángel Benhumea a Genaro Góngora, el único de los 11 ministros que ha recibido a familiares de una de las dos víctimas mortales de la acción policiaca.

Diversas instancias internacionales –indicó Miguel Benhumea hace unos días al ex presidente de la Corte–, como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos ya se han pronunciado respecto de las múltiples violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de las más de 200 personas detenidas y heridas durante los operativos.

Ante esta denuncia de que la comisión investigadora en ningún momento los buscó en Atenco, el magistrado Alejandro Sosa se sostuvo durante la entrevista en su dicho de que él y sus compañeros platicaron “con todas las personas que fueron testigos” de los hechos violentos, y por ahora “no podemos hacer nada más en ese trabajo de investigación, porque el informe ya lo entregamos a la Corte”.

domingo, mayo 25, 2008

Atenco: resistencia a prueba de impunidad

Tras años de digna y rebelde lucha contra planes neoliberales, corporaciones multinacionales y gobiernos de todas las tendencias...

Tras años de digna y rebelde lucha, con 3 muertos, decenas de compañeras violadas, torturas, cárcel, deportaciones ilegales, prófugas y prófugos, giras internacionales de difusión, hostigamientos...

Tras años de manipulación en los medios de comunicación comerciales...

Tras años de complicidad y coordinación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial...

Tras estos años, Atenco sigue luchando por la vida, por el territorio y contra la impunidad...

A dos años de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 publicamos como apoyo explícito:

http://www.cgt.org.es/spip.php?article877

Exhibición de documental

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos visitó Chiapas, Oaxaca y Atenco, documentando la grave violación de derechos humanos en estos lugares, además de muchos otros casos en lo individual, presentando un informe detallado de los casos.
Este domingo 25, en el jardín Hidalgo a las 20 horas presentaremos el video documental.
Brigada Sembrando Dignidad, integrantes de la Red MYCZ. Ricardo Ruiz.

sábado, mayo 24, 2008

Solidaridad con Lucha Castro


El pasado miércoles 14 de mayo fue amenazada de muerte en dos ocasiones la abogada defensora de los derechos humanos Lucha Castro. Ella es coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. y es conocida nacional e internacionalmente por sus denuncias de los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua y por su trabajo con familiares de las víctimas.
Defiende además jurídicamente algunos casos de violencia contra mujeres. Estas amenazas se dan en el contexto de la ofensiva del Gobierno Federal contra los luchadores sociales en el Estado de Chihuahua y de la guerra entre las mafias (con la presencia del ejército mexicano) por el control de las plazas de ese estado. La abogada se ha pronunciado por la salida del ejército de Chihuahua.
Ante estos hechos exigimos: Que cese cualquier hostigamiento a luchadores sociales y aquell@s que denuncian los feminicidios en ese estado, que dé las garantías necesarias para evitar una acción a todas luces lamentable, cuyas consecuencias serían muy graves, y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Lucha Castro.

Atentamente,

Mujeres sin Miedo: Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Francesca Guillén, Beatriz Zalce, Giovanna Cavasola, Mercedes Hernández, Humberto Robles, Frente Nacional contra la Represión, Lourdes González, Comité Cerezo México, Jesús Ochoa y Plácido, Colectivo Los Ángeles, Colecivo ContraImpunidad de Uruguay (Natalia Castelgrande, Ana de León y Andrea Caraballo), Grupo de Tecnología Alternativa SC, Aidee Velasco Arenas, Luisa Huertas, Jana Raluy, Gabriel Porras, Alejandra Liceaga, Matín Hardy, Frente Nacional de Mujeres Rosa Luxemburgo (Mireya Rodríguez Corona, José Cruz Luna, Marlene Juárez Rodríguez), Raymundo Velázquez Flores y la Liga Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata LARZES (Guerrero)

Sexto informe de la CCIODH


Miguel Concha

Con respeto y delicadeza, y con el fin de recoger observaciones y críticas, si las hubiere, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) entregó el pasado jueves en la ciudad de México, primeramente a las víctimas y sus familiares, y luego a las organizaciones civiles y a la prensa, el sexto informe de su visita a México.

Acompañó su entrega con la copia de un material audiovisual que de manera impactante contrasta los testimonios individuales y colectivos de éstas con las versiones irresponsables, mentirosas y cínicas de las autoridades, o de quienes han sido parte de ellas.

Tiene programado hacer lo mismo el 25 de mayo en San Cristóbal de las Casas y el primero de junio en Oaxaca, antes de que sus integrantes regresen a sus países de origen el 8 de junio, para empezar a realizar su entrega a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al Parlamento Europeo, al presidente del Parlamento de Catalunya, a los congresos de los diputados de España, Alemania, Francia e Italia, así como a la sociedad civil del viejo continente.

El 7 de junio tiene prevista una rueda de prensa y un acto público en esta ciudad, con el fin de dar a conocer públicamente las impresiones sobre esta visita, y confrontar sus conclusiones y recomendaciones con las víctimas y sus organizaciones.

La sexta visita a México, se realizó entre el 30 de enero y el 20 de febrero, y tuvo como objetivo principal verificar el cumplimiento de las recomendaciones de sus anteriores visitas a Chiapas (seis veces), Oaxaca y San Salvador Atenco. En ella participaron 52 personas de nueve países (Francia, Estado Español, Italia, Suecia, Austria, Portugal, Alemania, Suiza y Estados Unidos), entre abogados especializados en derechos humanos, académicos, así como representantes de organizaciones civiles y de cooperación internacional, y se llevaron a cabo 291 entrevistas a 611 personas.

El informe, que consta de 484 páginas y un cuadernillo de 32 fotos, y fue editado gracias al apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo de la Generalitat de Catalunya (4 mil ejemplares), consta de tres partes, cada una reservada a las regiones que desde hace 10 años viene visitando la CCIODH: Chiapas, Oaxaca y Atenco.

Como siempre lo ha hecho en todos sus informes, y esto la distingue de los informes de otras organizaciones públicas y privadas, la CCIODH no únicamente considera los casos individuales de violación a los derechos humanos, sino también los colectivos, y teniendo en cuenta, como ahora se hace, de manera integral e interdependiente los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, los enmarca cada vez con mayor claridad y precisión analítica en el contexto histórico en que se producen y en los conflictos sociales que originan.

De allí la profundidad de sus conclusiones y lo pertinente de sus recomendaciones particulares al final de cada una de las partes de su informe, que van dirigidas no únicamente a cambios estructurales de naturaleza cultural y jurídica, sino también de índole social y económica, lo cual contrasta, en el mejor de los casos, con la visión administrativa y legalista estrecha y anacrónica de nuestras autoridades.

Teniendo en cuenta todo el conjunto de testimonios recogidos durante su sexta y anteriores visitas, muchos de los cuales son reportados con fidelidad en el informe, así como su interpretación con la metodología interdisciplinar señalada, al final la CCIODH ratifica las conclusiones y recomendaciones generales que dio a conocer el 20 de febrero de este año. De entre ellas destaco por su importancia la siguiente: “Los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situación más general, caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y común a las distintas autoridades federales, estatales, y en algunos casos municipales. Dicho modelo de actuación puede ser entendido como una auténtica política de Estado; así lo afirmamos a partir de la coincidencia y verosimilitud de la gran cantidad de testimonios recibidos.

“Frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y de satisfacción de las necesidades más esenciales, las autoridades tratan de asegurar el contexto social más propicio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal, basado en el despojo, la privatización y la mercantilización de recursos básicos, como la tierra, el agua o la biodiversidad.

“Con tal objetivo, por un lado se instrumentan políticas encaminadas al debilitamiento del tejido social, por medio de la división de las comunidades indígenas y campesinas, y el hostigamiento a las organizaciones sociales más reivindicativas.

“Por otro lado y de modo complementario se llevan a cabo de manera generalizada detenciones arbitrarias a miembros de los movimientos sociales, y en ocasiones a sus familiares, por el mero hecho de serlo.”

A ello se debe la continuidad en el empleo de la tortura o malos tratos, la imputación de cargos falsos, la invención de leyes ambiguas de excepción, la criminalización de la protesta social, el abuso de la prisión preventiva, etcétera. Por ello, entre otras cosas, la CCIODH pide con urgencia “desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política”.

Boletín de prensa nº 20 de la VI visita de la CCIODH


Rueda de prensa. Inicio de la actividad en el DF

En el día de hoy, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos ha presentado su sexto informe junto con el documental sobre la visita efectuada el pasado mes de febrero.

En rueda de prensa celebrada en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, los ponentes Iñaki García, Ana Herreras, Roger Rovira y Laura Carlsen, han expuesto el resultado del trabajo de recogida de información y análisis de la situación en Chiapas, Oaxaca y Atenco, elaborado tras efectuar 275 entrevistas a 612 personas y reflejado en un informe de 482 páginas y un documental de una hora de duración.

Se han valorado positivamente los diferentes avances en materia de Derechos Humanos, comoson la liberación de numerosos presos en Chiapas y de Flavio Sosa y David Venegas en Oaxaca. Asimismo, se ha insistido en la necesidad de liberar a los numerosos presos políticos que continúan injustamente recluidos y se ha mostrado la preocupación por la inexistencia de condenas firmes por los homicidios documentados en Oaxaca y Atenco, así como por las violaciones sexuales. Se ha realizado especial hincapié en la preocupante e inaceptable continuidad de la práctica de la desaparición forzada de personas, recordando a Edmundo Reyes y Raymundo Ribera (también conocido como Gabriel Cruz), militantes del EPR, y a las hermanas triquis Virginia y Daniela Ortiz. Se ha destacado la aparición del cadáver de Lauro Juárez el pasado 3 de marzo, quien permanecía desaparecido desde el 30 de diciembre pasado y tras haber declarado la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca que se le había visto con vida.

Se ha hecho entrega de los mismos a las personas que dieron su testimonio, así como a los periodistas presentes, entre ellos Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, y Rosa Neli Urrutia, madre de Héctor Galindo, ambos presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano junto a Felipe Alvarez, y a los cuales la CCIODH espera poder visitar tras haberlo intentado en anteriores ocasiones. También recibieron el informe Pedro Alvarado, Magdalena Gómez Durán y Jorge Oliveras, ex presos en el penal de Santiaguito, Estela García Ramírez, esposa de Celerino Jiménez, asesinado el 24 de abril de 1997, Jorge Albino, del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca y Martha Pérez, perseguida tras la represión en Atenco.

También han estado presentes en el acto y han recogido el informe Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, Luis Hernández, de La Jornada, Tania Ramírez, de HIJOS, Ana María Sánchez, de la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros.

La Comisión permanecerá en el país hasta el día 7 de junio, viajando a Chiapas el próximo sábado para realizar la entrega del informe tanto a las instituciones como a las personas que dieron su testimonio, incluyendo las diferentes visitas a los penales que visitamos en febrero. El sábado 31 de mayo se iniciarán las labores en la Ciudad de Oaxaca, con la intención de visitar el penal de Ixcotel, el Consejo Tutelar de Menores de Oaxaca y realizar diferentes actos públicos y entrevistas institucionales. El domingo día 1 de junio se realizará una rueda de prensa en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en el Centro Histórico, y hasta el martes se permanecerá en la entidad, para iniciar las labores de entrega en el DF y el Estado de México el miércoles 4 de junio.

Se solicitará nuevamente el ingreso a los penales de Molino de Flores y del Altiplano, así como las respectivas entrevistas con las autoridades federales y del Estado de México. Se realizarán diferentes actos públicos para efectuar la entrega de nuestro trabajo a las personas que dieron su testimonio. La visita se cerrará el sábado 7 de junio con una rueda de prensa antes de regresar a nuestros respectivos países.

Aprovechamos el presente boletín para invitar a la rueda de prensa que se efectuará el próximo domingo a las 12 horas en el Auditorio “M. José Rojas” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), sita en la calle Crescencio Rosas esquina con Niños Héroes, en la Colonia Centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

México, D.F. a 23 de mayo de 2008

Atentamente,
Comisión de Prensa de la CCIODH

Informe CCIODH

Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Han pasado tres presidentes de México desde que la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) realizó su primer recorrido por este país, y si algo queda claro es que los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón siguen impunes. Los responsables de asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas andan sueltos, mientras se castiga severamente a luchadores sociales con sentencias hasta de 67 años de prisión, como es el caso de los tres presos políticos de Atenco: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, a quienes intentará visitar la comisión esta semana en la cárcel de alta seguridad del Altiplano (se les ha negado cinco veces).

Integrantes de la CCIODH están en México para presentar su sexto informe, correspondiente a la visita de observación que realizaron en febrero pasado. Junto al detallado documento de 482 páginas, difunden también un documental de una hora que contiene parte de las 612 entrevistas que realizaron a 275 personas de Chiapas, Oaxaca y Atenco. Se trata de un video que no deja lugar a la respiración. Los testimonios de la represión son desgarradores y reveladores de la extrema violencia institucional que se vive en México.
Cuando la comisión visite Chiapas para entregar el informe, se encontrará con nuevos y preocupantes ataques contra los pueblos zapatistas, quienes tan sólo en una semana fueron agredidos en las comunidades de San Jerónimo Tulijá, en la región norte del estado; en Zinacantán, en Los Altos, y en la zona de Morelia (donde permanecen hospitalizados seis bases de apoyo). Se encontrará también con las falsas promesas del gobernador Juan Sabines, quien se había comprometido a liberar a los dos zapatistas que fueron trasladados de una prisión en Tabasco a otra en Yajalón, Chiapas. Están enfermos, han permanecido injustamente tras las rejas durante 12 años y hoy son rehenes del gobernador.
Los observadores de derechos humanos estarán también en Oaxaca, donde permanecen tras las rejas cuatro presos políticos, en un ambiente en el que, como hace dos años, el magisterio ha vuelto a tomar las calles de la entidad, pues su lucha sigue vigente. Asimismo, podrán comprobar que continúan en el penal de Molino de Flores 16 personas, y tres en la cárcel del Altiplano, todos por los sucesos de Atenco.
Y, en medio de todo esto, la construcción de la autonomía en los pueblos zapatistas, el empecinamiento de los campesinos de Atenco, la solidaridad de la otra campaña, el activismo de la lucha popular de Oaxaca, donde, por supuesto, no se ha dicho la última palabra.

viernes, mayo 23, 2008

Extremadamente crítica la situación de los derechos humanos en México: CCIODH

■ El gobierno federal es plenamente responsable de la crisis, dice en un informe
■ Los casos de Chiapas, Oaxaca y Atenco, reflejos de la tolerancia a los abusos de autoridades

Emir Olivares Alonso


Miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, durante el informe que brindaron sobre su sexta visita a México Foto: Humberto González

La situación de las garantías básicas en México “es extremadamente crítica”, independientemente del ámbito al que afecten la magnitud de las vulneraciones, y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en “plenamente responsable” de esas violaciones, asegura la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).

Al presentar su informe final sobre su sexta visita a México –que realizó del 30 de enero al 20 de febrero de 2008 y en los que analizó los casos de Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco– la organización internacional, conformada por activistas de varios países, sobre todo de Europa, concluye que la impunidad y la falta de justicia son constantes y no existe voluntad para corregir esos errores por parte de las autoridades, por lo que ellas son “la principal causa de que los abusos de poder se generalicen”.

La organización no gubernamental afirma que se comprobó que durante la actual administración federal “no se ha a avanzado sustancialmente” en las recomendaciones que sobre esos tres casos emitió en su debido momento; además de que se siguen produciendo nuevas violaciones a las garantías fundamentales.

“Más allá de declaraciones, intenciones y de determinados gestos diplomáticos, la CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal un verdadero interés en situar el pleno respeto de los derechos humanos como prioridad de su acción de gobierno”.

Considera que Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican un patrón de comportamiento continuado y común en las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que “puede ser entendido como una auténtica política de Estado” con el objetivo de debilitar el tejido social.

Una de las prácticas más comunes, asegura, son las detenciones arbitrarias de los miembros de movimientos sociales, quienes habitualmente son “sometidos a tortura y malos tratos”. Señala que para justificar las aprehensiones se falsifican pruebas de delitos como sedición, ataques a las vías de comunicación, secuestro, asociación delictuosa, e inclusive robo, agresiones sexuales y homicidio.

“La lógica de estos mecanismos es la de criminalizar a los miembros de movimientos sociales, evitando además que puedan ser considerados presos políticos”.

En torno a Atenco, considera que “la impunidad ampara a los responsables de torturas y abusos sexuales, siendo necesario recordar el especial ensañamiento y brutalidad contra las mujeres detenidas”.

Sobre Oaxaca concluye que la situación de las garantías fundamentales en la entidad se caracteriza por tres factores “de extrema gravedad”: ausencia de respuesta política y jurídica a las graves violaciones a derechos humanos en el marco de la represión de 2006; continuidad en el hostigamiento contra integrantes de la APPO; y la “sofisticación” de las tácticas de hostigamiento sobre los movimientos sociales.

En torno a la matanza de Acteal, Chiapas –hechos que originaron la primer visita de la comisión al país hace diez años– afirma que la impunidad continúa y que la creación por parte del gobierno estatal de una fiscalía especial para el caso “no ha logrado ningún avance significativo al respecto”. Además, la situación del estado “sigue marcada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión”.

Desplazamientos, desapariciones forzadas y tortura, práctica del gobierno actual


Señala VI Informe de Comisión Civil Internacional

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF, 22 mayo 08 (CIMAC).- Impunidad y falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en los hechos de Atenco, Oaxaca y Chiapas continúan siendo la constante en México, pese a las recomendaciones que en varias ocasiones ha emitido la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), instancia que hoy en conferencia de prensa definió la situación de los derechos humanos en nuestro de país como “extremadamente crítica”.

El sexto informe de la CCIODH, producto de su sexta visita a México en febrero de este año, fue presentado este mediodía a los medios de comunicación y en él se señala que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura es una práctica del gobierno actual, situación que compara con la “guerra sucia” de la década de los setenta.

Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión, instancia que surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal, en Chiapas, reconoció que pese a “avances” como la excarcelación de las y los presos de Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas no han sido suficientes.

Para el activista, el hecho de que no haya procesados (responsables) en los casos de las 26 violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006, por policías de los tres órdenes de gobierno y en los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano para con los derechos humanos.

“No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos”, tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, aseveró.

Además, Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos de España, enfatizó que hay “un cuestionamiento” internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio.

“Sí, entendemos que está presente en la opinión pública y que sería bueno que el gobierno mexicano diera una muestra de voluntad más firme en este sentido y atender estos casos”, enfatizó.

Luego de reconocer la “falta de capacidad” de la justicia mexicana, cuestionó su “independencia” y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.

Al preguntarle acerca del alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas en los anteriores informes, los cuales no han sido considerados a “profundidad” por el gobierno federal, enfatizó.

El sexto informe de la CCIODH, presentado hoy a los medios de comunicación, será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los gobiernos estatales de Chiapas y Estado de México.

EL INFORME

La CCIODH surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal en Chiapas, que originaron la primer visita de esta organización a México en 1998, y está integrada por más de 200 personas de alrededor de 12 países.

En las conclusiones y recomendaciones del informe, derivadas de su sexta visita a México en febrero de este año y producto de 275 entrevistas a 612 personas la CCIODH, se responsabiliza al panista Felipe Calderón de violaciones a los derechos humanos y de falta de respuestas concretas.

En el documento, se denuncian que no hay avances sustanciales en los casos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, donde lejos de tomarse medidas para frenar las violaciones de derechos humanos, éstas continúan, pues no se toman medidas serias contra los principales responsables ni respecto a las razones que han originado los conflictos.

Durante 2007, señala el informe, se acrecentó el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y las cárceles se han llenado de presos políticos y de conciencia.

Como en informes anteriores se reitera que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, son ejemplo de una situación muy general caracterizada por un patrón de comportamiento que se ha convertido en una política de Estado para reprimir a los movimientos sociales en México.

También destaca “la apuesta” de Calderón de utilizar al Ejército mexicano en su “estrategia” para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y en el control de fronteras, así como la presencia de grupos paramilitares y parapoliciales en comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca.

La CCIODH ha señalado que resulta preocupante que se continúe tratando de “justificar” la presencia del Ejército bajo el argumento de los conflictos intercomunitarios, como ocurrió con la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinadas 47 personas, en su mayoría mujeres y niñas.

El informe critica las reformas al sistema de justicia penal impulsadas por el gobierno de Calderón, ya que señala “suponen la legalización” de prácticas atentatorias contra los derechos humanos, pero en especial manifiesta su preocupación por el delito de “instigación a la violencia”.

Como parte de las recomendaciones, la CCIODH exhorta a hacer una revisión a fondo del sistema y nombramiento así como el tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y nacional de derechos humanos con el fin de conseguir una “confianza” a la labor que desempeñan. “Actualmente muy desacreditada”, enfatiza.

Finalmente, pide las siguientes reparaciones: moral, emocional de las personas afectadas, del daño comunitario, económico, legal, social e histórico en nuestro país.

08/LGL/CV

jueves, mayo 22, 2008

La masacre de Atenco

  • No se olvida

A inicios de mayo del 2006, los campesinos de Atenco blandieron sus machetes y repelieron en cinco ocasiones a más de 500 efectivos estatales y federales.


Policías del Estado de México intentaron desalojar a floricultores de la calle en Texcoco con gases. Foto: Eduardo Verdugo

Alrededor de 800 habitantes del pueblo ubicado en el Valle de México sacaron a relucir petardos, palos, piedras, bombas molotov y siete cañones de pólvora repletos de grava, tornillos y herramienta, con los cuales consiguieron hacer fracasar a las Fuerzas de Acción y Reacción del Estado de México y a la Policía Federal Preventiva.

Tras cuatro horas de infructuosos empeños por romper el bloqueo convocado en defensa de un grupo de nahuas que venden flores en Texcoco, los policías huyeron de Atenco, mientras sus mandos operativos, desesperados, trataban de impedirlo.

Luego de la retirada policiaca, se comenzó a ver el saldo de la batalla: un joven de 14 años de edad muerto a causa de una bala de sal o un petardo, 10 pobladores lesionados –dos de ellos por arma de fuego–, 34 efectivos heridos y cuatro policías hechos prisioneros en el auditorio Emiliano Zapata de esta localidad.

Fue alrededor de la una de la tarde cuando el contingente policiaco acudió hasta los alrededores del poblado. Tras estacionarse 20 minutos, los centenares de efectivos comenzaron a caminar al kilómetro 27 de la vía, en dirección al paro que realizaban los campesinos que, como antecedente curricular, habían logrado impedir la construcción del nuevo aeropuerto del Valle de México.

La mayoría de los efectivos iban armados con gases lacrimógenos, escopetas de sal, macana y escudos de protección. Por lo menos cuatro de los jefes policiacos fueron observados con pistolas de grueso calibre. Antes de que llegaran hasta el retén, los ejidatarios se abalanzaron sobre ellos con petardos y piedras, consiguiendo repelerlos por primera vez.

Esta situación se repitió otras dos ocasiones a lo largo de una hora. La cuarta vez, sin embargo, registró la caída del joven Javier Cervantes Santiago o Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, lo cual, al ser conocido por los pobladores, desató la ira contra un efectivo que se había caído durante la retirada oficial. A pesar de que ya estaba inconsciente, éste fue pateado en la cabeza y en el abdomen por un grupo de pobladores.

Otro policía corrió la misma suerte. Relegado del grupo mayoritario, fue alcanzado y golpeado hasta quedar inconsciente. Luego de unos minutos, sus compañeros acudieron a rescatarlo, pero el daño ya estaba hecho.

Para el quinto y último intento, los elementos fueron trenzados con una doble embestida. Además de la franja de campesinos del kilómetro 27, otro grupo de “macheteros” apareció por la entrada sur de la localidad, lo cual provocó que los policías –superados en número– corrieran perseguidos por los manifestantes.

El operativo de rescate a los policías retenidos resultó en cientos de detenidos, pero en el celo excesivo por restaurar la paz a San Salvador Atenco se registraron abusos a los derechos humanos. Se documentaron numerosas denuncias de tortura y violaciones a hombres y mujeres por parte de las autoridades, así como la muerte de un joven por haber sido golpeado de lleno por una bomba de gas lacrimógeno.

Al terminar la violencia, llegó la hora de señalar culpables. Se acusó de su orquestración al subcomandante Marcos, quien se encontraba en su gira de La Otra Campaña y apoyó la resistencia de los macheteros; los campesinos, que los atenquenses no reconocían como representativos del pueblo, quienes recurrieron a la justicia del machete; y las autoridades, incapaces de contener de manera pacífica a los manifestantes. Pese a que a dos años de los hechos para muchos es sólo un episodio aislado de eventos que se salieron de control, para muchos otros el recuerdo sigue vivo y sus secuelas la siguen experimentando en carne propia.

miércoles, mayo 21, 2008

La familia Benhumea demanda que no quede impune la represión en Atenco


■ Fue recibida durante 12 minutos por el ministro Góngora Pimentel

Alfredo Méndez

La familia de Alexis Benhumea, el joven que murió a consecuencia de un proyectil de gas lacrimógeno que impactó su cabeza durante el operativo policiaco contra el pueblo de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, solicitó ante un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el máximo tribunal no permita la impunidad ni solape a los responsables de la represión.

“Que la Suprema Corte no sea un medio de impunidad para lavar las manos del gobernador (Enrique) Peña Nieto, de Eduardo Medina Mora y de Wilfrido Robledo, quienes son los principales responsables de la muerte de mi hermano”, señaló el pasado lunes Miguel Ángel Benhumea a Genaro David Góngora Pimentel, el único de los 11 ministros que ha recibido a familiares de una de las dos bajas mortales de la acción policiaca.

Diversas instancias internacionales –indicó Miguel Benhumea al ex presidente de la SCJN–, como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos ya se han pronunciado respecto de las múltiples violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de las más de 200 personas detenidas y heridas durante los operativos.

Incluso, le advirtió al ministro Góngora, en Europa, específicamente en España y Francia, se formó un colectivo denominado Alexis Benhumea, por lo que si la SCJN llegara a emitir un informe que exonere a los funcionarios responsables de la “acción represiva”, cuando los magistrados mexicanos salgan al extranjero “seguro estoy que serían recriminados por éste y otros colectivos”.

En entrevista con La Jornada, el hermano mayor de Alexis indicó que aunque Góngora los atendió sólo 12 minutos, ha sido el único de los ministros que los ha recibido, pese a que ellos tienen muchos datos y testimonios que aportar a la comisión investigadora de la SCJN.

martes, mayo 20, 2008

Invitación a homenaje a Ollin Alexis Benhumea


-LES INVITAMOS A TODOS LOS DE ABAJO DE IZQUIERDA Y ANTICAPITALISTAS

AL ACTO POLITICO CULTURAL EN HOMENAJE A " OLLIN ALEXIS BEHUMEA"
-QUE SE EFECTUARA EN LA FACULTAD DE ECONOMIA EL JUEVES 22 DE MAYO A LAS 11.00 AM- EN EL AUDITORIO HO CHI MIN- HOMENAJE ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y MAGISTERIAL DE ESTA FACULTAD- EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU ASESINATO POR EL ESTADO MEXICANO- "ALEXIS VIVE, LA LUCHA SIGUE"- CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES

- ASAMBLEA EN CONTRA DE LA REPRESIÓN Y POR LA LUCHA SOCIAL

Acción por las mujeres de Atenco


La acción por las mujeres de Atenco coordinada desde nuestra sección contó al final con la colecta de casi 5 mil firmas de más de 45 países en formato de cartas, postales, mensajes de texto sms, y firmas electrónicas recabadas a través de nuestro portal de acciones electrónicas: http://alzatuvoz.org/

¡Sigue apoyando nuestra acciones! ¡Alza tu voz de nuevo!

Ingresa a la página http://alzatuvoz.org/ donde ahora encontrarás una ciberacción para promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales… ¡estamos muy cerca de lograr un mecanismo efectivo para hacerlos realidad!

La acción seguirá alojada en http://alzatuvoz.org/atenco y los correos ahora serán redirigidos directamente al Procurador.

Agradecemos todo tu apoyo, y tus mensajes. Todo el material ha sido entregado al Procurador General, y en cuanto tengamos respuesta les mantendremos informados.

lunes, mayo 19, 2008

Prevén proxima sentencia a atenquenses


René Ramón, corresponsal

San Salvador Atenco, Méx., 17 de mayo. El Colectivo de Abogados Zapatistas informó que en breve se tiene que dictar sentencia contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) procesados tras la incursión policiaca de mayo de 2006, pues concluyó del desahogo de pruebas en el penal estatal Molino de Flores (Texcoco).

Juan de Dios Hernández Monge, en nombre del colectivo, informó que la defensa confía en obtener una sentencia absolutoria, porque el Ministerio Público no aportó al juez, “ninguna prueba de cargo nueva de las que tuvo para dictar el auto de formal prisión”.

El abogado, recordó que a raíz de los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo, donde más de 3 mil policías irrumpieron en Atenco, el colectivo inició la defensa de 104 de los 207 detenidos.

Precisó que a dos años de los hechos se logró la libertad de 98 por ciento de los procesados, pues 101 salieron absueltos.

Aún hay 16 integrantes del FPDT presos: tres en el penal de máxima seguridad del Altiplano y fueron sentenciados a 67 años de prisión (Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo); el resto está en el penal estatal Molino de Flores.

Apoya el FPDT reclamo de Cristina Valls por Atenco


Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal)

San Salvador Atenco, Méx., 16 de mayo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, junto con Viviana Waisman y Paloma Soria –de Women’s Link Worldwide–, abogadas de la ciudadana española Cristina Valls, quien fue torturada en mayo de 2006 en este municipio, exigieron al gobierno de Felipe Calderón que responda al informe requerido por la Audiencia Nacional española.

Las abogadas manifestaron que esperan que “el gobierno mexicano no bloquee la denuncia e investigación y que dé la información de lo que está ocurriendo, para investigar de manera apropiada los graves hechos que ocurrieron”.

Este viernes, las abogadas acudieron a San Salvador Atenco para entrevistarse con integrantes del FPDT y recabar testimonios sobre la represión ocurrida en 2006.

En el auditorio, informaron sobre el curso del proceso judicial iniciado por Cristina Valls, ante el juez Fernando Grande-Marlaska, del tercer juzgado de la audiencia española.

“El objetivo de Cristina es que el proceso que empezó en España apoye la búsqueda de justicia en México; está claro lo que quiere: que se reconozca que hubo violación, tortura y que no fue un hecho aislado”.

Los integrantes del FPDT se sumaron a la petición de que el gobierno federal no bloquee la investigación de la audiencia española y rinda un informe claro sobre la represión.

jueves, mayo 15, 2008

Marcha por el segundo aniversario del ataque a San Salvador


Repudiamos liberación de criminal en Oaxaca


Quienes suscribimos la presente manifestamos nuestra más profunda indignación y repudio contra el Poder Judicial del estado de Oaxaca, particularmente por la actuación de los magistrados Mario Vargas García, Juan de Jesús Vásquez Urdiales y Alejandro Enrique Figueroa, que integran la primera sala penal y que otorgaron la libertad al delincuente Lucio Esteban Vásquez Ramírez, ex presidente municipal de San Agustín Loxicha, quien salió libre el 11 de abril pasado. Vázquez había sido detenido el 3 de octubre de 2001 y sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato del campesino Celerino Jiménez Almaraz, quien fue ultimado el 23 de abril de 1997, cuando Vázquez era agente de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE).
Manifestamos nuestra preocupación por la integridad física y sicológica de nuestra compañera Estela García Ramírez, quien fuera la esposa de Celerino Jiménez Almaraz y quien llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Edilberto Bautista Díaz, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Arturo Ramos, María Luisa Moncayo, Guadalupe Linares, Carmen Huete, Francesca Guillén, Giovana Cavasola, Beatriz Zalce y Humberto Robles, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Comité Cerezo, Red Solidaria Década contra la Impunidad, Lourdes González, Jesús Ochoa y Plácido, H.I.J.O.S. México, Colectivo ContraImpunidad (Uruguay), Grupo de Tecnología Alternativa SC, Dra. Josefina Mena-Abraham, Alex Flores (Canadá), Sonia Equihua, Natalia Pérez Turner, Fausto Pro, Kátsica Betsabé Mayoral Landa

Peña Nieto, orgulloso del caso Atenco


Silvia Chávez González (Corresponsal)

Atizapán de Zaragoza, Méx., 14 de mayo. El gobernador Enrique Peña Nieto rechazó que la represión en San Salvador Atenco ocurrida hace dos años sea un “lastre” para su gobierno, destacó que “es un punto para nosotros” y advirtió que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social. En respuesta a las críticas internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas la carta enviada por 96 diputados estadunidenses, el político priísta dijo que “sigue la misma voluntad y disposición” de su gobierno para aclarar los hechos. Insistió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investiga el caso y el estado de México ha contribuido a la entrega de cuanta información se ha solicitado.

En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó de nueva cuenta a la Presidencia de la República entregar la información relativa al caso Atenco, así como toda aquella que tenga en su poder sobre el conflicto magisterial de Oaxaca, ocurrido entre 2006 y 2007.

La resolución favorece una petición realizada por La Jornada. En ella se instruye a esa entidad del Ejecutivo federal a que realice una búsqueda “exhaustiva” no sólo en todas las áreas que la integran, sino también en el archivo de concentración para entregar la información al peticionario en un lapso de 10 días a partir de que ese instituto realice la notificación de ley.

Además ordenó a la Procuraduría General de la República la entrega de versiones públicas de las averiguaciones previas concluidas contra Carlos Ahumada Kurtz, entre ellas la 1361/DDF/04, integrada por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

Con información de Elizabeth Velasco

Atenco: ni pago de daño ni cárcel a policía autor de “acto libidinoso”


Prodh apelará sentencia con base en peritajes de CNDH

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 15 mayo 08 (CIMAC).- El policía del Estado de México Doroteo Blas Marcelo, quien obligó a una de las mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco a realizarle sexo oral, sentenciado recientemente por el delito de “actos libidinosos” a tres años dos meses y siete días de prisión y al pago de una multa por mil 877 pesos, fue absuelto de reparar el daño a su víctima y podría obtener la suspensión condicional de su condena.

Informó lo anterior, en entrevista con Cimacnoticias, Diana Martínez Medrano y Jacqueline Sáenz abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) --coadyuvante en el caso ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra)-- quienes señalaron que con el pago de una caución por 6 mil 549.40 pesos (adicional a los mil 877 de la primera sentencia), Doroteo Blas Marcelo, no pisará la cárcel.

Jacqueline Sáenz explicó que como la sentencia, dictada el 2 de mayo por el Juez primero penal de Tenango del Valle en el Estado de México, Tomás Santana Malváez, es menor a cinco años, Blas Marcelo puede obtener la suspensión condicional de la condena, según establece en su Artículo 71 el Código Penal del Estado de México, además de pagar las cantidades fijadas que en total suman 8 mil 426.40 pesos.

ABSUELTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO

Las abogadas del Prodh Medrano Martínez y Jacqueline Sáenz consideraron grave que dentro de la sentencia emitida por el juez Tomás Santana Malváez contra Blas Marcelo, no se le obligó a reparar el daño a la víctima, quien además lo identificó como su agresor, por lo que anunció que el Prodh apelará la sentencia.

Sáenz señaló que debido a la mala integración del expediente, el Ministerio Público consideró que no había elementos suficientes que demostraran que tendría que hacerse una reparación del daño a la víctima.

Diana Martínez Medrano agregó que con base en los peritajes realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que acreditaron la existencia de violación sexual en 26 casos, se exigirá la reparación del daño para la víctima de Doroteo Blas, en una segunda instancia para lo cual, buscarán un acercamiento con los magistrados que la conforman.

Y advirtió que de no obtener buenos resultados, buscarán el amparo a nivel federal.

Según Jacqueline Sáenz, se ha hecho caso omiso a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que exigen la reparación del daño a las víctimas, así como al Artículo 20 constitucional apartado B, párrafo cuarto, referente a la reparación del daño.

Mientras que Martínez Medrano consideró “muy preocupante” que a la fecha la Fevimtra no se haya pronunciado al respecto ni haya atraído las “investigaciones” que se realizan en el Estado de México, donde se están dejando en libertad “por la mala integración de la averiguación previa” a los policías acusados de violar a las mujeres detenidas, que no han encontrado justicia ni a nivel estatal ni federal.

Cabe recordar que en días pasados Amnistía Internacional sección Estados Unidos, instó a legisladores del Congreso estadounidense a “llamar la atención” del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para que concluyan las investigaciones por abuso y violación sexual cometidas contra las 26 mujeres detenidas durante los operativos de Atenco.

Al respecto, 96 congresistas de Estados Unidos encabezados por los legisladores demócratas Hilda Solís, activista también contra el feminicidio en Ciudad Juárez, y James McGovern enviaron una misiva a los dos funcionarios estatal y federal donde les piden una investigación imparcial del caso para transferir la jurisdicción del mismo y a Medina Mora, acatar las recomendaciones que en su momento rechazara, de la CNDH.

08/LGL/GG/CV

miércoles, mayo 14, 2008

Casi 100 legisladores de EU exigen que no queden impunes los abusos en el Edomex

■ En una carta demandan que la PGR atraiga las pesquisas

David Brooks (Corresponsal)


Nueva York, 13 de mayo. Unos 96 representantes federales estadunidenses enviaron una carta al procurador general de México, Eduardo Medina Mora, y al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, para manifestar su preocupación y solicitar que se tomen medidas para resolver los casos de abuso de derechos humanos contra mujeres detenidas por fuerzas de seguridad en San Salvador Atenco, hace dos años.


La carta firmada por legisladores de ambos partidos y promovida por la representante Hilda L. Solís y su colega James McGovern solicita que la jurisdicción sobre las investigación de los delitos cometidos contra 26 mujeres detenidas que han presentado denuncias formales, sea trasladada a la Procuraduría General de la República (PGR), que se acaten las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que se formulen cargos contra los responsables.

La misiva dirigida al procurador general Eduardo Medina Mora y al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto subraya que pese a que ya se cumplieron dos años del incidente, “ninguno de los oficiales de la policía ha sido demandado por el abuso físico y la violencia sexual sufrida por la señorita (Bárbara Italia) Méndez y las otras mujeres. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos asisten a varias de estas mujeres con representación legal y con protección contra amenazas”.

La misiva concluye que “respetuosamente pedimos que oficialmente transfieran la jurisdicción sobre las investigaciones de estos crímenes cometidos contra Bárbara Italia Méndez y las otras mujeres detenidas en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 al fiscal general…”

La carta está firmada por 96 representantes federales, más de la cuarta parte del total en la Cámara, e incluye a influyentes figuras como Howard Berman, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros (y quien hoy presentó la Iniciativa Mérida ante la cámara baja); el republicano Dan Burton; Barney Frank, Charles Rangel, Henry Waxman, George Miller y Eliot Engel (miembros del liderazgo demócrata de la cámara y/o presidentes de comités y subcomités claves); figuras liberales de alto perfil como Maxine Waters, Sheila Jackson Lee y el recién ex precandidato presidencial Dennis Kucinich, además de legisladores latinos que suelen ser defensores de México, como Solís, Xavier Becerra, Raúl Grijalva, Luis Gutiérrez, Ed Pastor y Nydia Velásquez.

Legisladores de EU exigen a Calderón aclarar caso Atenco


j. jesús esquivel

* Reclaman castigo para quienes violaron a 26 mujeres en mayo del 2006

Washington, 13 de mayo (apro).- Un grupo de 96 legisladores federales estadunidenses exigió al gobierno de Felipe Calderón esclarecer el caso Atenco y castigar a quienes torturaron y violaron a 26 mujeres durante los incidentes violentos desatados en ese municipio mexiquense en mayo de 2006.

Encabezados por los demócratas Hilda Solís, de California, y James McGovern, de Massachussets, los legisladores enviaron una misiva a Eduardo Medina Mora, procurador general de la Republica, en la que le expresaron su preocupación por la impunidad prevaleciente en el caso de las mujeres de San Salvador Atenco.

“Hasta hoy, estas graves denuncias sólo han resultado en cargos menores en el ámbito estatal en contra de algunos de los policías implicados, y no ha habido cargos en contra de funcionarios acusados de negligencia”, sostuvo la congresista Solís, quien se ha destacado por su preocupación por los casos de abusos a mujeres en México, especialmente en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los 96 legisladores señalaron que las 26 mujeres víctimas de tortura y violación, fueron asaltadas por miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante los incidentes del 3 y 4 de mayo de 2006. “Específicamente, les pedimos que oficialmente transfieran la jurisdicción sobre la investigación de los abusos sexuales y otros abusos a las mujeres durante estas operaciones”.

Además, instaron al titular de la PGR a “asegurarse de que la evidencia reunida por cualquier investigación federal que se haya asumido hasta ahora, sea usada para identificar y presentar cargos en contra de los responsables”.

En la carta remitida desde el Capitolio, los legisladores también instaron a una “investigación imparcial sobre este asunto, según las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.

Además, exhortaron a Medina Mora a acatar las recomendaciones emitidas por la CNDH en los casos de asalto sexual o de otro tipo de abusos y se garanticen unas investigaciones eficaces e imparciales de la violencia sexual y física sufrida por las 26 mujeres.

“Es un esfuerzo para que la policía se haga responsable por sus crímenes”, remata la misiva dirigida a Medina Mora.

Presidencia insiste en negar documentos


Elizabeth Velasco C.

La Presidencia de la República volvió a declarar la “inexistencia” de documentos vinculados con el caso Atenco, ante una nueva petición de información, a pesar de que en octubre pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva de esos expedientes que el ex mandatario Vicente Fox dijo que daría a conocer en su biblioteca personal, recientemente inaugurada.

Inclusive, en 2007, el IFAI pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que iniciara una auditoría para investigar si algún documento oficial pudo haber sido sustraído de los archivos de la Presidencia, y verificar si entre los cerca de 5 millones de documentos que sobre su gestión Fox mandó a digitalizar para llevarlos a su centro en Guanajuato, existe información susceptible de ser clasificada o reservada o que contenga datos personales.

El IFAI inclusive advirtió a la Presidencia que serían sancionados los funcionarios que obstruyan el acceso a dicha información, ya que el propio ex mandatario aseguró contar con los documentos del caso Atenco y del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, los cuales no obstante han sido negados de manera ordinaria por esa entidad, tanto en el anterior como en el actual sexenio.

Ante la importancia de ese caso, el pleno del IFAI debatirá de nueva cuenta sobre el asunto, luego que la Presidencia negó tener documentos de los acontecimientos, operativos y sucesos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, así como oficios, órdenes o cualquier documento de las instrucciones que dio el ex mandatario para que la Policía Federal Preventiva realizará las acciones correspondientes.

Demanda UE respeto a derechos humanos


Agencia Reforma

Distrito Federal— La Unión Europea apoya los esfuerzos del gobierno mexicano contra el narcotráfico, siempre y cuando se enmarquen en una política de respeto a los derechos humanos, manifestó ayer el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

“Es muy importante luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado; por supuesto, la Unión Europea apoya los esfuerzos de las autoridades mexicanas. Es esencial que esta lucha se pueda hacer en el pleno respeto de los derechos humanos, en el principio del Estado de derecho, si no, hay un problema de legitimidad.

“Nosotros nunca podemos perder la razón cuando defendemos nuestros valores, tenemos que atacar el narcotráfico y el crimen organizado, pero esta lucha se debe hacer en pleno respeto para los derechos humanos en nuestras sociedades”, dijo el funcionario ante diplomáticos y estudiantes del ITAM

Al dictar la conferencia “Unión Europea y América Latina: Retos y Oportunidades”, Durao Barroso dijo que México es una de las potencias emergentes en el mundo que ha tenido avances en la consolidación de la democracia, en la promoción de los derechos humanos, en abrirse comercialmente y en modernizar su economía.

Sin embargo, destacó que la relación entre la Unión Europea y México podría dar más frutos.

“Todavía hay cosas que podemos hacer para aprovechar plenamente todo el potencial implícito del acuerdo global (que firmaron México y la UE en 1997)”, expresó el ex ministro portugués.

Al referirse a América Latina como región, el presidente de la Comisión Europea se dijo preocupado por las posiciones nacionalistas de algunos países, sin citar un caso específico.

“Me parece ver en algunos países latinoamericanos un neonacionalismo populista que es muy negativo desde el punto de vista del desarrollo político y cultural de la modernidad”, indicó.

Exigen respuesta por caso Atenco— El organismo internacional Women’s Link Worldwide (WLW) demandó al gobierno mexicano que responda a la petición de un juez español sobre la querella que se inició por el delito de tortura en contra de la española Cristina Valls en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006.

“En el caso de Cristina Valls, ninguna persona ha resultado ni ha sido juzgada, indultada o absuelta por la tortura, incluida la agresión sexual y la violación que ella sufrió cuando fue detenida en San Salvador Atenco”, indicó Paloma Soria, abogada de WLW. La querella fue presentada ante la Audiencia Nacional (en España) el pasado 23 de enero por esta organización.

El 3 de marzo, el juez español Fernando Grande-Marlaska solicitó que las autoridades mexicanas le informaran sobre los procesos judiciales abiertos por estos hechos, así como la situación procesal y migratoria de Valls, quien luego de su detención fue expulsada del país. Sin embargo, el gobierno mexicano sigue sin dar respuesta al juez.

“La querella que presentamos es por tortura, y está basada en el principio de la jurisdicción universal, una legislación de España que permite que ciertos delitos graves, como la tortura, sean investigados y juzgados por un tribunal, aunque los hechos hayan ocurrido fuera de territorio nacional”, explicó Viviana Waisman, presidenta del organismo.

Paloma Soria dijo que WLW tiene la confianza en que México responderá a la petición del juez, pues reconoce el principio de justicia universal.

Atenco resiste


Conferencias Atenco resiste y defiende la tierra a dos años de la represión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
A realizarse en el plantel Del Valle el miércoles 14 a las 17 horas con la presencia de Trini, del FPDT, Cayo Vicente y su música, Luis Arriaga del Centro Pro y la doctora Alicia Hernández Zamora de la UACM, y en el plantel Iztapalapa el viernes 16 a la misma hora nos acompañará nuevamente Trini, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la maestra Gabriela Barrueta Ruiz, de la UACM.
Plantel Del Valle, San Lorenzo 290, col. Del Valle (cerca Metro Zapata). Plantel Iztapalapa, Ermita Iztapalapa s/n, col. Lomas de Zaragoza (ex Cárcel de Mujeres).

Redoblan esfuerzos en España para enjuiciar a policías que violaron mujeres en Atenco

■ En caso de que el proceso prospere se beneficiará a mexicanas que esperan justicia
■ Abogadas europeas desean que se realicen acciones similares a los juicios contra Pinochet y Cavallo

Blanche Petrich


Viviana Waisman, Bárbara Italia, Paloma Soria y Jacqueline Sáenz ofrecieron una conferencia de prensa y subrayaron que la Audiencia Nacional de España lleva dos meses esperando que las autoridades mexicanas le informen sobre el curso de los procesos judiciales abiertos por el caso Atenco Foto: Jesús Villaseca

La querella de la catalana Cristina Valls ante la Audiencia Nacional de España contra policías y autoridades federales y estatales mexicanas que participaron en mayo de 2006 en la ocupación de San Salvador Atenco “es importante también para las 11 mexicanas que tenemos un proceso similar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; nos da esperanzas de que, pese a que hasta ahora la justicia mexicana no ha sido eficaz, podremos romper la impunidad que protege a nuestros violadores”, señaló ayer en conferencia de prensa Italia Méndez, quien además de víctima es ahora testigo en el juicio que entabló en Madrid una de sus compañeras de infortunio.

Las representantes legales de Cristina Valls, Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, y Paloma Soria, abogada querellante en este caso, exigieron por su parte que el gobierno mexicano responda a la petición hecha hace ya dos meses y medio por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre el curso de los procesos judiciales abiertos por el caso Atenco y sobre la situación procesal y migratoria de la querellante. La catalana, detenida y torturada junto con seis extranjeros más el 4 de mayo de 2006, fue expulsada del país con todo el grupo a pesar de contar con un amparo.

Imposibilitada de demandar a sus agresores en México, por su expulsión, Valls inició un proceso judicial el 25 de enero contra 140 personas –funcionarios de todos los niveles, policías, custodios y agentes de migración– ante el tercer juzgado de la Audiencia española, en la que está pendiente su aceptación. Antes de resolver si da entrada al caso, el juez Grande-Marlaska solicitó al gobierno mexicano información sobre el estado del curso legal del caso Atenco y la expulsión de la querellante. La petición fue presentada el 3 de marzo. Hasta ahora el Estado mexicano no ha respondido.

“La información que pueda proporcionar el gobierno mexicano –explicó Waisman– tiene importancia para el proceso, pero la aceptación del caso por parte de la Audiencia Nacional no depende de ella.”

Paloma Soria, defensora de Cristina Valls, expresó su confianza de que la Audiencia española ejercerá su jurisdicción bajo el principio de la justicia universal, que le da facultades de intervenir en casos de extrema gravedad –como lo es este caso de tortura– con independencia de dónde se haya cometido la violación al derecho humanitario. Citó los antecedentes del juicio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el torturador de la Armada argentina Ricardo Miguel Cavallo. Este último fue detenido y extraditado a España por petición de la misma Audiencia, “con lo que México reconoció la extraterritorialidad de la justicia universal.”

Al mismo tiempo, 11 mexicanas, de las 47 mujeres que fueron detenidas en Atenco, torturadas y agredidas sexualmente, recurrieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Jaqueline Sáenz, del Centro Agustín Pro que representa legalmente a las 11, señaló que se recurrió al sistema interamericano porque “en México no prosperó la vía penal. Los recursos internos, tanto a escala federal como estatal, no fueron efectivos. Hubo negligencia en la investigación, hostigamiento a las víctimas y se aseguró la protección e impunidad de los agresores. Sólo uno, de todos los que participaron en la tortura colectiva, fue sancionado con una pena que no mereció cárcel.”

Explicó que la CIDH, al dar entrada al procedimiento de las mujeres violadas en Atenco, dio por agotada la vía judicial en el país, aunque el caso todavía esté pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia. Pero aun si la Corte validara las denuncias de las víctimas sobre uso excesivo de fuerza, brutalidad y tortura sexual, “su fallo puede ser bueno como memoria histórica, pero nada más. Al no tratarse de un fallo del cual puedan desprenderse órdenes de aprehensión ni reparación del daño, este proceso no satisface la necesidad de justicia de las víctimas”.

martes, mayo 13, 2008

Atenco: funcionarios podrían ser sancionados por torturar mujeres


Si Audiencia Española acepta denuncia de Cristina Valls

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 13 mayo 08 (CIMAC).- Si las investigaciones que realiza el juez de la Audiencia Española, Fernando Grande Marlaska, demuestran que la ciudadana española Cristina Valls –violada por uniformados durante los operativos policíacos en Atenco y expulsada de México por cinco años— no ha tenido acceso a la justicia, al igual que el resto de mujeres violadas en los mismos hechos, el caso tendría amplias posibilidades de ser aceptada por dicha Audiencia.

Así lo señalaron en conferencia de prensa integrantes de la organización civil Women’s Link Worldwide, luego de hacer un llamado al Gobierno de México para que responda a la petición de información que le hiciera el 3 de marzo el magistrado Grande Marlaska sobre los procesos que se han abierto en México para investigar las violaciones contra las mujeres de Atenco, incluida la española Cristina Valls.

En su primer día de visita a nuestro país, Paloma Soria, de Women’s Link y abogada de Cristina Valls en este proceso, enfatizó que el argumento central de la querella interpuesta el 25 de enero en la Audiencia española contra 140 funcionarios mexicanos es el uso de la agresión sexual y la violación como método de tortura contra las mujeres.

Entre estos funcionarios se encuentran los de la Policía Federal Preventiva, de la Policía del Estado de México, de la Policía Municipal de Atenco y Texcoco, personal del penal de Santiaguito, del Instituto Nacional de Migración así como los autores materiales e intelectuales de todo el operativo desplegado en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.

JUSTICIA SIN FRONTERAS

“Buscamos que se acepte en los tribunales nacionales que la violación se usa como una forma de tortura,” argumentó Soria. Dijo también que la querella interpuesta se basa en el principio de justicia universal y recordó que México ha reconocido la extraterritorialidad de la justicia española al citar como ejemplo el caso del ex dictador argentino Ricardo Cavallo, en el cual México reconoció este principio al colaborar con la extradición a España de Cavallo, a petición de la Audiencia Española.

La abogada precisó que desde 2005 España cuenta con un principio de justicia universal absoluto, el cual supone que no se necesita más que un requisito para que la Audiencia Nacional se declare competente para conocer los crímenes de persecución internacional.

Lo único que se requiere es que ninguna persona haya sido absuelta, indultada o juzgada por los mismos hechos por los que se pide justicia ante la Audiencia y en el caso de Cristina Valls ninguna persona ha cumplido los requisitos anteriores, dijo.

En la conferencia, Bárbara Italia Méndez, detenida y violada durante los operativos de 2006, quien actualmente sigue en proceso pese a su liberación y fungirá como testigo de Cristina Valls en la Audiencia, confió en que será a través del ámbito internacional donde las mujeres mexicanas y extranjeras accedan a la justicia, convencida de que en México hay impunidad.

FUNCIONARIOS ANTE LA AUDIENCIA

Jacqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), diferenció las dimensiones de lo que pasará con el caso de las 11 mujeres que interpusieron demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el de Cristina Valls en la Audiencia Nacional Española.

Para la activista y defensora de derechos humanos, lo que se hizo ante la CIDH fue interponer una demanda contra el Estado mexicano porque su sistema y sus agentes estatales no han sido los adecuados para responder al llamado de justicia que hacen las mujeres, mientras que en la Audiencia Española se interpuso una querella penal que se seguirá contra personas individualmente identificadas.

Mientras la CIDH hará recomendaciones al Estado mexicano para reparar integralmente el daño a las víctimas, la Audiencia Española podría sancionar a los funcionarios, de encontrarlos responsables del delito que investiga.

CNDH Y SCJN, RECURSOS NO IDÓNEOS

Interrogada por los medios sobre la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los hechos de Atenco, Sáenz precisó que ni las realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son el recurso idóneo para que las mujeres que fueron violadas por policías accedan a la justicia.

En el caso de la CNDH, dijo, emite recomendaciones que la mayoría de las instancias no cumple y en cuanto a la SCJN, no puede señalar responsables ni puede hacer la reparación del daño.

“Su trabajo será muy bueno como una memoria histórica de decir que ocurrieron violaciones pero no es el recurso idóneo para las víctimas ni para alcanzar una sanción de los responsables”, dijo Jacqueline Sáenz.

Durante su visita a México, las integrantes de Women’s link se entrevistarán con las diputadas Ruth Zavaleta y Marina Arvizu, así como con la senadora Rosario Ibarra y algunas ONG. El sábado estarán en un plantón en el penal Molino de las Flores.

08/LGL/GG