Mujeres las más afectadas por operativos policíacos y militares
Por Lourdes Godínez Leal
México, 17 dic 08 (CIMAC).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteró su preocupación de que no se tome en cuenta la perspectiva de género ni en los planes nacionales de seguridad, ni en los informes que se hacen al respecto en nuestro país, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentado en días pasados, siendo que las mujeres resultan las más afectadas por los operativos policíacos y militares al convertirse “en botín de guerra”.
Así lo señaló para Cimacnoticias Yuriria Rodríguez Estrada, integrante del OCNF, quien criticó la ausencia de la perspectiva de género en el Segundo informe sobre seguridad pública presentado por el Ombudsman nacional José Luis Soberanes, quien de manera general, hace un recuento de las violaciones cometidas contra los derechos humanos de la población, invisibilizando lo que sucede con las mujeres.
La seguridad pública, dijo Rodríguez, también atañe a las mujeres quienes deben tener el derecho de caminar por las calles libres de violencia, de sentirse protegidas por los cuerpos de seguridad en lugar de ser agredidas por éstos.
Los casos de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y abusadas sexualmente por policías de los tres órdenes de gobierno y de las 34 adolescentes que sufrieron abuso sexual a manos también de policías durante los operativos de la discoteca News Divine el 20 de junio de este año, son un ejemplo de lo anterior.
Ya en la presentación de su informe sobre feminicidio en noviembre de este año, el OCNF observaba cómo la militarización en el país para combatir el narcotráfico, ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mujeres y la multiplicación de la impunidad.
Situación que ha sido posible, en gran medida, se dijo entonces, “por la actitud de la CNDH, que con laxas recomendaciones ha permitido la evasión de responsabilidades de militares acusados de abusos contra mujeres”.
En diversas ocasiones, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos se han pronunciado contra esta lucha contra el crimen organizado, pues atenta contra los derechos humanos.
En cuestión de género, han insistido y evidenciado, cómo las mujeres, niñas y niños, entre otros, son los más vulnerables a los efectos de esta lucha.
MUJERES, LAS MÁS AFECTADAS
En octubre de este año, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denunció en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que el Estado mexicano y la administración de Felipe Calderón ha militarizado la seguridad pública “justificando” una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, donde los grupos más afectados por los militares han sido las mujeres, indígenas y migrantes.
En un informe titulado Impactos de las políticas de seguridad pública en los derechos humanos, las ONG mexicanas expusieron ante la CIDH cómo los operativos policíacos y militares implementados desde que inició esta administración han disparado la violación a los derechos humanos.
Denunciaron cómo Felipe Calderón continúa utilizando al Ejército mexicano para contener los movimientos sociales, lo que se ha traducido en violaciones sexuales contra las mujeres, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
ABUSOS DE MILITARES
Tan sólo de 2007 al primer semestre de este año, según un recuento hecho por el Prodh, ha documentado 50 casos de abusos por parte de militares en diferentes estados de la República, la mayoría, dijo, contra mujeres, comunidades indígenas y migrantes.
Pero para Soberanes Fernández, esta otra guerra contra las mujeres por parte de los cuerpos policíacos y las fuerzas armadas no existe y por lo tanto no merece documentarse, y menos aún, se castiga.
El Ombudsman nacional habla en su segundo informe de seguridad de impunidad, de una necesidad de replantear la estrategia de seguridad pública llevada a cabo a la fecha por Calderón Hinojosa, hace un recuento de las ejecuciones en el país.
Y habla de la violación a derechos humanos incluyendo la tortura, pero deja del lado la tortura sexual, cometida en mayor medida contra mujeres durante los despliegues policiacos y militares que continuarán engrosando la fila de peticiones ante la CIDH, ante la falta de justicia en nuestro país.
Por Lourdes Godínez Leal
México, 17 dic 08 (CIMAC).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteró su preocupación de que no se tome en cuenta la perspectiva de género ni en los planes nacionales de seguridad, ni en los informes que se hacen al respecto en nuestro país, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentado en días pasados, siendo que las mujeres resultan las más afectadas por los operativos policíacos y militares al convertirse “en botín de guerra”.
Así lo señaló para Cimacnoticias Yuriria Rodríguez Estrada, integrante del OCNF, quien criticó la ausencia de la perspectiva de género en el Segundo informe sobre seguridad pública presentado por el Ombudsman nacional José Luis Soberanes, quien de manera general, hace un recuento de las violaciones cometidas contra los derechos humanos de la población, invisibilizando lo que sucede con las mujeres.
La seguridad pública, dijo Rodríguez, también atañe a las mujeres quienes deben tener el derecho de caminar por las calles libres de violencia, de sentirse protegidas por los cuerpos de seguridad en lugar de ser agredidas por éstos.
Los casos de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y abusadas sexualmente por policías de los tres órdenes de gobierno y de las 34 adolescentes que sufrieron abuso sexual a manos también de policías durante los operativos de la discoteca News Divine el 20 de junio de este año, son un ejemplo de lo anterior.
Ya en la presentación de su informe sobre feminicidio en noviembre de este año, el OCNF observaba cómo la militarización en el país para combatir el narcotráfico, ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mujeres y la multiplicación de la impunidad.
Situación que ha sido posible, en gran medida, se dijo entonces, “por la actitud de la CNDH, que con laxas recomendaciones ha permitido la evasión de responsabilidades de militares acusados de abusos contra mujeres”.
En diversas ocasiones, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos se han pronunciado contra esta lucha contra el crimen organizado, pues atenta contra los derechos humanos.
En cuestión de género, han insistido y evidenciado, cómo las mujeres, niñas y niños, entre otros, son los más vulnerables a los efectos de esta lucha.
MUJERES, LAS MÁS AFECTADAS
En octubre de este año, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denunció en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que el Estado mexicano y la administración de Felipe Calderón ha militarizado la seguridad pública “justificando” una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, donde los grupos más afectados por los militares han sido las mujeres, indígenas y migrantes.
En un informe titulado Impactos de las políticas de seguridad pública en los derechos humanos, las ONG mexicanas expusieron ante la CIDH cómo los operativos policíacos y militares implementados desde que inició esta administración han disparado la violación a los derechos humanos.
Denunciaron cómo Felipe Calderón continúa utilizando al Ejército mexicano para contener los movimientos sociales, lo que se ha traducido en violaciones sexuales contra las mujeres, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
ABUSOS DE MILITARES
Tan sólo de 2007 al primer semestre de este año, según un recuento hecho por el Prodh, ha documentado 50 casos de abusos por parte de militares en diferentes estados de la República, la mayoría, dijo, contra mujeres, comunidades indígenas y migrantes.
Pero para Soberanes Fernández, esta otra guerra contra las mujeres por parte de los cuerpos policíacos y las fuerzas armadas no existe y por lo tanto no merece documentarse, y menos aún, se castiga.
El Ombudsman nacional habla en su segundo informe de seguridad de impunidad, de una necesidad de replantear la estrategia de seguridad pública llevada a cabo a la fecha por Calderón Hinojosa, hace un recuento de las ejecuciones en el país.
Y habla de la violación a derechos humanos incluyendo la tortura, pero deja del lado la tortura sexual, cometida en mayor medida contra mujeres durante los despliegues policiacos y militares que continuarán engrosando la fila de peticiones ante la CIDH, ante la falta de justicia en nuestro país.
08/LGL/VRI/CV
