martes, noviembre 25, 2008

25 de noviembre: Día de la NO violencia contra las mujeres y las niñas

En México, la violencia contra las mujeres continúa y va en aumento; estos son sólo algunos casos:

Desde 1993, según los datos reportados, han habido 544 mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, y alrededor de 600 desaparecidas. La mayoría de las mujeres asesinadas muestran señales de prolongadas torturas, violación y mutilaciones. Hasta la fecha no se ha resuelto satisfactoriamente ni uno de estos crímenes ni se han tomado acciones concretas para prevenir y erradicar este femicidio que se extiende alarmantemente a otras regiones del país. Para mayor información: http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.comhttp://www.rafiofem.net/

Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de derechos humanos, después de múltiples amenazas, fue asesinada en 2001. Hasta el momento no se ha detenido a los responsables de este homicidio y las autoridades insisten en que se trató de un “suicidio”. http://decadacontralaimpunidad.blogspot.com/ - www.espora.com/comitecerezo
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La brutal represión efectuada por parte de la policía al pueblo de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, dejó un saldo de cientos de detenidos, así como dos jóvenes asesinados. En el operativo, el botín de guerra fueron las mujeres, ya que 30 de ellas denunciaron haber sido violadas y atacadas sexualmente, entre ellas 4 extranjeras (1 chilena, 1 alemana y 2 españolas) que fueron expulsadas ilegalmente de México. Las recomendaciones nacionales e internacionales han sido ignoradas por los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y del espurio Felipe Calderón: Amnistía Internacional - El primer aniversario de San Salvador Atenco, ¿impunidad intocable? http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410182007 - Informe preliminar de la CCIODH http://cciodh.pangea.org/cuarta/informe_preliminar.htm - CNDH - Recomendación 38/2006 www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/recatenco/atenco.htm
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El 25 de febrero de 2007 fue violada tumultuariamente por militares la señora Ernestina Ascencio Rosario, una indígena de 73 años de edad, de la Sierra de la Zongolica en el estado de Veracruz. Al día siguiente, falleció en el hospital. El presidente espurio Felipe Calderón y la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) insisten en que murió por “anemia” y males “gastrointestinales”. Este es un caso más de muchas mujeres indígenas que han sido violadas por efectivos militares.

La periodista Lydia Cacho, quien a través de su libro “Los demonios del edén: le poder detrás de la pornografía infantil” denunció una red de pederastas, la cual involucra a ricos empresarios y miembros del gobierno, fue secuestrada, torturada psicológicamente y detenida ilegalmente por órdenes del gobernador de Puebla Mario Marín en complicidad con el “rey de la mezclilla” Kamel Nacif. Después de interponer una demanda, la Suprema Corte de (in) Justicia de México determinó que no habían sido violentadas las garantías individuales de la periodista, cuando los hechos demuestran todo lo contrario.

A la larga lista de crímenes impunes en México se suman los asesinatos de las periodistas triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista de la radio comunitaria Copala “La voz que rompe el silencio” acribilladas en 2008,
la violación y asesinato en Oaxaca de 2008 de la defensora de derechos humanos norteamericana Marcella Sali Grace,
el crimen del periodista Bradley Roland Will (Brad Will) documentalista, colaborador de la red Indymedia en Nueva York y en América Latina junto a otros 26 asesinados durante el conflicto de Oaxaca en 2006,
el asesinato del joven estudiante y activista social de 21 años Pável González,
los homicidios de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea en San Salvador Atenco,
los 65 mineros muertos en el desastre de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila en 2006,
así como las masacres de El Charco, de El Bosque, de Acteal, de Aguas Blancas.

Asimismo los genocidas de las matanzas de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968, y de “el halconazo”, 10 de junio de 1971, siguen libres y gozan de plena impunidad. Desde entonces, los familiares de los asesinados y desaparecidos durante la “guerra sucia” continúan exigiendo justicia.

A todo esto hay que sumar las desapariciones forzadas en 2007 de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, y en 2008 de Francisco Paredes Ruiz y Lauro Juárez

Informate: No seamos cómplices