■ Se pretende ocultar la responsabilidad de algunos acusados, afirma el Centro Prodh
Mariana Norandi
De “inexacta” calificaron organizaciones de derechos humanos la respuesta que el gobierno mexicano remitió a Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional de España, quien debe decidir sobre la admisión de la querella por tortura que sufrió la española Cristina Valls Fernández durante los hechos violentos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
“Con el documento se pretende ocultar la responsabilidad de algunos de los acusados, entre ellos Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, y Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, quien al momento de los hechos era titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal”, manifestó Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Obstáculos a la justicia
La organización que presentó la querella en el caso Valls, Women’s Link Worldwide, y el Centro Prodh, acompañante en el caso de 11 mujeres torturadas y abusadas sexualmente en Atenco, afirmaron que los argumentos que presentó el gobierno mexicano a la Audiencia Nacional intentan obstaculizar la justicia, tanto en México como en España.
“La respuesta mexicana señala que desde abril de 2007 se suprimió la prohibición de regresar a México que pesaba sobre Cristina Valls desde su expulsión, sin el debido proceso, con lo cual se le impidió denunciar la tortura y violencia sexual que había padecido. Sin embargo, ni la interesada ni su abogada mexicana, Elba Coria, de la organización Sin Fronteras, fueron notificadas de tal cambio”, expresó Arriaga.
En cuanto a lo concerniente a las 11 mujeres mexicanas, agregó, tampoco se ha logrado justicia, por lo que se ha pedido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que acepte el caso en donde se demanda al Estado mexicano por violar los derechos humanos.
