El operativo fue coordinado por altos mandos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la PFP
■ El documento no hace referencia a presuntos responsables de los hechos ocurridos en 2006
Jesús Aranda
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia manifestó hace tiempo que el fallo de la Corte no tendrá efecto penal contra los responsables Foto: Yazmín Ortega Cortés
La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó ayer la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y acreditó la “posible violación grave” de garantías individuales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva (PFP)” en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos personas y la detención de 207, de las cuales “solamente nueve resultaron ilesas”.
El informe, elaborado por los magistrados Sergio González Bernabé y Jorge Mario Pardo Rebolledo, destaca que el 4 de mayo de ese año policías estatales y federales, “atendiendo el plan trazado”, desbloquearon la carretera Texcoco-Lechería y marcharon hacia el centro de San Salvador Atenco, en donde “varios elementos policiales, sin control, agredieron a muchos manifestantes que aparentemente no oponían resistencia”.
El escrito hace una relación de los hechos que se suscitaron cuando, el 3 de mayo de 2006, locatarios del mercado Belisario Domínguez bloquearon la carretera Texcoco-Lechería en protesta porque no los dejaron instalar sus puestos, lo que provocó una serie de enfrentamientos, destacando el ocurrido en la calle Manuel González de Texcoco, donde los policías entraron al domicilio en que estaban los floristas y “lanzaron gases lacrimógenos y los sacaron del lugar con golpes de toletes, puños y pies”. También se da cuenta de que muchas personas detenidas fueron trasladadas en camionetas, “unas encima de otras, sobre charcos de sangre, mientras eran agredidas, pues a pesar de encontrarse sometidas, eran golpeadas con toletes, con los pies e inclusive los policías caminaban sobre ellas”, dice el informe. El documento que servirá de base para que Gudiño Pelayo elabore el dictamen no hace referencia a presuntos responsables civiles, penales, administrativos o políticos de los hechos, como tampoco menciona aspectos relacionados con la eventual reparación de la violación de garantías.
Los magistrados aseguraron en el documento que, después de haber entrevistado a 10 importantes funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, entre ellos el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; a 227 agentes policiacos y de migración y a 45 atenquenses que fueron detenidos, estaban en condiciones de responder a las preguntas que dieron origen a la formación de la comisión: “¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?”
Sin embargo, las respuestas son “confidenciales” y sólo fueron entregadas al ministro instructor para que valore la información y, en su momento, lo plasme en el dictamen que conozca el pleno.
