viernes, agosto 31, 2007

Actividad por la libertad de lxs presxs de Atenco, Oaxaca y Chiapas

Sábado 1 de septiembre del 2007, de 12 al 18 horas. Local del SITUAM, Tlalpan 1032, metro Nativitas Virikota

(Para Kaos en la Red)

Actividad por la libertad de lxs presxs de Atenco, Oaxaca y Chiapas Exposición de Videos del II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo.

Difundir y dar a conocer al organización de los pueblos Zapatistas y vincular su lucha con la lucha de lxstrabajadorxs , de los explotadxs y oprimidxs del campo y la cuidad contra el sistema capitalista.

Objetivo:
Exposición fotográfica y de obras de presas políticas.
Proyección de videos realizados por el colectivo Kalpuli Ocelotra
Habrá venta de comida, de café orgánico zapatista, de artesanías y de videos del II Encuentro.

¡Alto a la represión, aldespojo y al desalojo de los indígenas, de los pueblos y de su territorio en Montes Azules, las comunidades zapatistas San Manuel y Buen Samaritano!

¡Por la liberación de los cerca de 40 presxs tomados como rehenes del Estado durante el violento desalojo ejecutado!

¡Por la libertad de lxs presxs de Atenco, Oaxaca, Chiapas y del país!

¡Por la organización anticapitalista de lxs trabajadorxs del campo y la ciudad., abajo y ala izquierda!

Sábado 1 de septiembre del 2007, de 12 al 18 horas. Local del SITUAM, Tlalpan 1032, metro Nativitas

Convocan: Frente de Trabajadores del IMSS, La `K Hormiga y Brigada Libertaria

Criminalización de la lucha social


Por: Indymedia México en: ago 31, 2007 [09:47]

La criminalización de la lucha social es una estrategia del Estado que no sólo implica la modificación y uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los luchadores sociales, también se manifiesta en otras medidas que —fuera de la ley— señalan, hostigan, persiguen, encarcelan, torturan y asesinan a quienes luchan por mejores condiciones de vida comparándolos con delincuentes y/o terroristas.Políticos, jueces, policías y periodistas, son los encargados del proceso de construcción social del criminal ante la opinión pública.En México el fascismo larvario infundido en el gobierno de Felipe Calderón continua reforzando las estrategias represivas comenzadas durante el último año de la administración de Vicente Fox. Un año después del "rescate de Atenco" los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusados de secuestro, fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión, entre otras medidas semejantes contra más luchadores sociales en otros estados del país.

miércoles, agosto 29, 2007

S.O.S. por l@s pres@s polític@s de Atenco


México, 28 de agosto de 2007.

A La Otra Campaña.
A todos los seres humanos honestos y solidarios de México, del mundo.


… lluvia y noche caen sobre el laberinto de calles, puentes y moradas que componen el ser y estar de esta, la ciudad monstruo, unos los pasos que la recorren se pierden en el divagar de la esperanza. Pasos que se pierden, esperanza que se renueva a cada tanto, una reflexión: nunca es suficiente lo que se hace, siempre queda un pendiente, siempre uno quisiera, por fin, romper las cadenas, derrumbar los muros, aplastar esa estúpida prisión de estúpidas rejas y estúpidos carceleros, rehacer la ley toda y ponerla a modo de que fuera justa, en fin, dar el paso definitivo hacia la libertad, nuestra libertad. Parece que la vida no alcanza y que los esfuerzos se diluyen en las manecillas del tiempo, parece que ellos, los poderosos, siempre serán poderoso e invencibles, parece que nuestro ideal siempre será utópico y romántico, parece que la historia del ser humano no es algo que se pueda escribir a cada tanto y que más bien es una sentencia eterna y brutal, parece, sí, parece, pero, ¿qué es eso que brilla allá, abajo y a la izquierda?…

S O S

POR NUESTR@S PRES@S POLÍTIC@S

Compañeras, compañeros, a más de un año de la brutal represión en contra del pueblo de San Salvador Atenco y de La Otra Campaña, y teniendo todavía a más de 25 compañeros secuestrados por el gobierno federal y estatal del Edo. de México, los amigos y familiares de l@s Pres@s Polític@s por el caso Atenco les hacemos un llamado urgente para apoyar económicamente los gastos que derivan del proceso judicial que el Sistema Político Mexicano sigue en contra de ellos.

El poder político y económico pretende darnos una lección, una advertencia: si piensan, si se organizan, si luchan, si son solidarios, si se definen como seres humanos, los vamos a golpear, a humillar, a matar. Ese es el mensaje que mandan, eso es lo que pretenden que entendamos, su apuesta es en el sentido de que vamos a detenernos, de que vamos a olvidar y a dejar de luchar por un mundo mejor.

Entendemos que la batalla por la libertad de l@s Pres@s Polític@s es solo uno de los caminos que es necesario recorrer para que la Democracia, la Libertad, y la Justicia en México sea una realidad; no sabemos ni podemos decir si es la más importante o la más urgente. Lo que si sabemos es que hoy, ahora, necesitamos nuevamente de tu apoyo, compañera, compañero, para solventar esta parte del proceso en que nos encontramos, ya que de los más de 60 libros que componen el expediente del caso, solo hemos podido obtener cerca de 40, ya que el costo de cada una de las copias es muy elevado, y bueno, entre todos los gastos que hay que hacer en este doloroso proceso, pues los fondos ya se terminaron. Compañero, compañera, gracias de antemano por el apoyo, por la difusión, por ser y estar a nuestro lado como lo que deporsi somos: COMPAÑEROS.

Vale pues, saludos muchos y que, en la construcción de esta, nuestra perversidad polimorfa, brille el “nosotros” en que hemos convertido el “yo” y el “ustedes” que éramos, muy antes, mucho.

Amigos y familiares de l@s Pres@s Polític@s por el caso Atenco.

Cuenta Banorte No. 05 15 32 50 32 a nombre de Rosalba Gómez (mamá de Mariana Selvas) y Begoña Lecumberri.
http://plantonsantiaguito.lunasexta.org/

p.d. ah, sí, también les recordamos que tanto en Santiaguito como en Texcoco los plantones que exigen la libertad de l@s Pres@s Polític@s se mantendrán hasta que todos y cada uno de nuestros compañeros salga en libertad. ¡Asiste, Acompáñalos, Apóyalos!

El Informe que esperan

¡Sí queremos Informe! Oaxaca, Atenco, Chiapas, Cananea, Minera San Xavier, Pasta de Conchos, impunidad de militares violadores, carestía, militarización, desempleo, desaparecidos, asesinatos diarios, chinogate, narcomenudeo, ASPAM, Ley del ISSSTE, elbazo, pederastas, fraude de Rivera Carrera a la iglesia San Juan Diego, prianismo, Zongolica, Michoacán, Coahuila, Culiacán, Sinaloa, feminicidios en Juárez, necrocombustibles, transgénicos, maíz acaparado Bimbo, aumento a la tortilla, calentamiento global, asesinatos de periodistas, desprecio a Amnistía Internacional, Lydia Cacho, góber precioso, campo abandonado, migración, muro, detenciones arbitrarias a extranjeros, maltrato a migrantres centroamericanos, tráfico de personas, ejércitos privados, industria bélica, Plan Puebla-Panamá, manzana azul, ave azul, paramilitares, kaibiles, tráfico de armas, tráfico de drogas, paraísos fiscales, desvíos presupuestales, monopolios, cancelación del presupuesto para la ONU, últimos avances en la investigación sobre gastritis y anemia.

Círculo de Estudio Lillith. Guadalupe Fernández Gascón, Luz María Acosta Rodríguez y Marco Arturo Calderas Osorio

lunes, agosto 27, 2007

Carta de América del Valle



A la opinión pública:


Quisiera externar mi agradecimiento a Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues en estos tiempos donde impera la represión contra el pueblo y el estado resucita la guerra sucia, todo esfuerzo en defensa de los derechos humanos son aliento y esperanza para todos los que luchamos por la libertad y la justicia.


La visita de ambos organismos internacionales, por un lado ratifica nuestras razones y toda la denuncia que no hemos dejado de hacer para la liberación de los presos políticos, la justicia a nuestros pueblos y el castigo que merecen los represores en el gobierno. Y por otro lado, pone al descubierto la desvergüenza que tiene el Estado, al negar y minimizar la represión que existe contra los luchadores sociales.


A la propia secretaria de AI, Irene Khan, le tocó conocer “un poco” de todo el despotismo y desprecio con que son tratados nuestros pueblos a la hora de exigir justicia. Irene Khan no sólo fue testigo del descaro de Ulises Ruiz y la indiferencia de Felipe Calderón para hablar de la ausencia de derechos humanos, sino también la parda y sumisa posición de la CNDH y la SCJN. Y aun faltan muchas cosas que deben saberse, por ejemplo, que después de que echamos abajo el megaproyecto aeroportuario, en Atenco se estableció una mesa de dialogo con el gobierno estatal y federal, de Montiel y Fox, respectivamente, donde firmaron un “Acuerdo político” en el que se comprometen a congelar las ordenes de aprehensión y todo tipo de represalias contra el pueblo y nuestra organización social. Sin embargo, de manera sistemática se fueron desentendiendo de sus compromisos y responsabilidades. Desde su llegada al gobierno mexiquense, Enrique Peña Nieto, en vez del dialogo recurrió a la prepotencia y nos fuimos encontrando con la confrontación que luego se hizo acompañar por la fuerza pública y provocaciones montadas, para pretextar y acusarnos de secuestradores y violentos.


La solidaridad hacia los floristas que venían siendo reprimidos por Nazario Gutierrez, presidente perredista de Texoco en turno, y nuestra mediación como gestores el 2 de mayo (un día antes de la refriega) logró un acuerdo para que los dejasen vender sus flores, así como el retiro de la fuerza pública que sitió su lugar de trabajo. Toda esta represión sistemática, incluyendo la traición al último acuerdo, fue parte de su “Operativo Atenco”, que desde luego no prepararon de la noche a la mañana. Esta verdad incomoda para el Estado, la saben también las instituciones oficiales a las que hemos acudido para denunciar (SCJN, CNDH, FEVIN, PGR, ONU), pero de las que –en el mejor de los casos- sólo se han limitado a “documentar”, entonces ¿qué instancia le queda al pueblo, para conseguir justicia? ¿Quién va a juzgar y castigar a los represores? ¿Existe una instancia oficial que tenga el suficiente valor y moral para hacerle frente a la impunidad? En México hay más de 500 presos políticos y también persecución política.


Nuestra hermana indígena, Magdalena García Durán, no es la única presa política en el país e igual que su caso, el de los demás presos de Atenco, han sido amañados bajo la consigna vengativa de Peña Nieto y ahora Felipe Calderón, para mantenerlos presos, a pesar de que se tienen todos los elementos legales que dan prueba de su inocencia. La sentencia de 67 años y medio a mi padre Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo y la negación del amparo que les corresponde por derecho, se suma a la evidente y cínica consigna vengativa del gobierno. Por lo anterior y con humildad, hago un llamado a los defensores de los derechos humanos, a los abogados democráticos, a los intelectuales y artistas comprometidos con el pueblo, a los maestros y estudiantes, a los distintos esfuerzos nacionales y a todo el pueblo de México, a pronunciarse a favor de la libertad de todos los presos políticos del país, el cese a la persecución política, contra la criminalización de la lucha social y trabajar juntos en la movilización social. De nuestra lucha y resistencia, de nuestra capacidad de unión ante la embestida del enemigo común, depende que vayamos ganando en la batalla.


Desde mi refugio, impuesto desde hace más de un año por la persecución política en mi contra, con firmeza, coraje y dignidad, tengo toda la disposición para seguir luchando a su lado hasta arrancar la libertad y la justicia que nos pertenece.

América Del Valle, perseguida política del Estado mexicano.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Reunión por la libertad de presos de Atenco, Oaxaca y Chiapas


Ante la agresión ejercida por cuerpos policiacos federales y estatales contra las comunidades zapatistas San Manuel y Buen Samaritano, asentadas en la zona de Montes Azules, consistentes en la detención violenta de alrededor de 40 hombres, mujeres y niños y la destrucción de sus viviendas, así como la amenaza de repetir este tipo de acciones contra otras comunidades, denuncia hecha por La junta de buen gobierno Hacia la Esperanza, exigimos la liberación de las personas que hasta la fecha permanecen detenidas, cese al hostigamiento, a la represión y a la militarización de las comunidades zapatistas y respeto a sus municipios autónomos.

Convocamos a adherentes a una reunión de la Coordinadora Contra la Represión, por la libertad de l@s pres@s políticos de Atenco, Oaxaca, Chiapas y del país, a realizarse de modo urgente, el próximo martes 28 de agosto a las 18 horas, en el auditorio Che Guevara de la UNAM.

Frente de Trabajad@res del IMSS, Coalición de Trabajador@s del STUNAM, Sector de Trabajadores, Colectivo La ‘K –Hormiga, Brigada Callejera, Comité de Lucha José Martí. Cubículo Carlos Marx (ENAH), Radio Ocupa, Plantón Molino de Flores, Colectivo Arte Nativo, Juan Solo, Alianza Rebelde Intergaláctica, adherentes en lo individual otralista@gmail.com

viernes, agosto 24, 2007

Exigen libertad a presos políticos

Toluca,Edo Mex, 24 de Agosto 2007 .-El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra demandó la libertad de los presos políticos de San Salvador Atenco y exigió la renuncia y cárcel para el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, mediante una campaña que incluye marchas de protesta y un plantón con mantas monumentales en el Monumento a la Revolución.
El movimiento recordó que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión, "mientras los violadores, asesinos y golpeadores en el gobierno de Peña Nieto, así como sus policías represoras siguen libres e impunes". Señalaron a Peña Nieto como el responsable de "toda esta barbarie contra nuestro pueblo, en cambio, luchadores sociales ejemplares de Atenco, como América del Valle, Adán Espinosa, David Pájaro, Bernardino, Martita y otros tantos se encuentran a salto de mata, perseguidos políticamente, con amenazas de encarcelarlos por su entrega en la lucha por la defensa de nuestra tierra y nuestros derechos".
Por todo ello, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra convocó al pueblo de México y a sus organizaciones sociales a apoyar la lucha por la libertad de todos los presos políticos del país y a que el pueblo mexiquense asista a la marcha que se realizará el próximo jueves 23 de agosto, a las 8 de la mañana, del kiosco de Texcoco al penal del Molino de las Flores.
Denunciaron que por el caso Atenco siguen 28 compañeros desde hace más de 15 meses encarcelados en los penales del Altiplano, Santiaguito y Molino de las Flores, de forma injusta, a pesar de que diversas organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y abogados han demostrado que son inocentes y que los verdaderos culpables son los policías que andan libres en las calles.
Exigieron la liberación inmediata e incondicional de todos y cada uno de los presos políticos a raíz de la represión del gobierno mexiquense del 3 y 4 de mayo del 2006. Rechazaron la inhumana e incoherente sentencia de 67 años de cárcel a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo y denunciaron que los jueces que dictaron dicha sentencia y los que ahora niegan el amparo contra ésta, son jueces de consigna. "Los procesos legales han sido tan absurdos e ilegales que en cuanto los abogados demuestran la inocencia de nuestros compañeros, los represores fincan sobre ellos nuevos cargos para imposibilitar su libertad".
Por todo ello, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra demandó castigo ejemplar a los represores, policías y funcionarios, en particular al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien merece su destitución.

miércoles, agosto 22, 2007

Exigen la liberación de líderes de Atenco al presidente del tribunal mexiquense

  • “No queremos que la sentencia se reduzca; demandamos que se revoque”: FPD
ISRAEL DAVILA (CORRESPONSAL)
Toluca, Mex., 21 de agosto. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco exigieron a los magistrados del Poder Judicial mexiquense revocar la sentencia de 67 años y medio de prisión que un juez de Toluca impuso a tres de sus dirigentes en mayo pasado por el delito de secuestro equiparado.

Los atenquenses aseguraron al presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJEM), José Castillo Ambriz, que no existen elementos jurídicos que acrediten la responsabilidad de sus compañeros en la conducta que se les atribuye, por lo que demandaron su liberación inmediata.

“No queremos que la sentencia se reduzca o se ratifique. Demandamos que se revoque y que Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo (presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano) sean puestos en libertad, porque son inocentes de los delitos que se les imputan”, aseguraron una y otra vez al magistrado presidente.

Los integrantes de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se encuentran a días de emitir su resolución final respecto a la sentencia que dictó en mayo pasado el juez primero penal de Toluca, José Alfredo Blas Hernández, de 67 años y medio de prisión contra los tres líderes del movimiento atenquense.

La abogada Bárbara Zamora no sólo cuestionó la cantidad de años que se impusieron de pena a sus clientes, sino la actuación del juez Blas Hernández, quien de manera irregular reabrió el proceso, cuando había dictado ya el cierre de instrucción.

En el encuentro, que duró alrededor de una hora, al que asistieron las esposas de Ignacio del Valle y Felipe Alvarez, Trinidad Ramírez y Catalina Hernández, respectivamente, los atenquenses exigieron al presidente del TSJEM que la resolución se dé de manera independiente y sin ningún tipo de presiones.

Bárbara Zamora, quien logró entrevistarse con uno de los magistrados encargados del caso, afirmó que pese a que el funcionario judicial le aseguró que actuará con independencia y sin presiones de ninguna índole, no se puede tener confianza en su dicho. “Por un lado dicen que son independientes y autónomos, pero en los hechos parece lo contrario”, indicó.

Caravana Multicolor x Atenco

Invitación para participar del viernes 24 al domingo 26 de AGOSTO en la
Caravana Multicolor



que se realizará en Atenco en solidaridad y en lucha por la Libertad de los Presos Políticos.

martes, agosto 21, 2007

Piden apoyo para presos de Atenco

Solicitamos apoyo para presos políticos detenidos en San Salvador Atenco en mayo del año pasado. Convocamos a asistir hoy a las nueve de la mañana a la Suprema Corte de Justicia en Toluca, donde se entregará la resolución a la apelación de la sentencia injusta de 67 años a luchadores sociales.

Faltan tres meses más de audiencias públicas dentro de un proceso penal plagado de anomalías contra compañeros de la otra campaña por el caso Atenco, por lo que convocamos a marchar del panteón municipal de Texcoco al penal de Molino de Flores, el jueves 23 a las ocho de la mañana.
También solicitamos para los compañeros presos papel higiénico, toallas sanitarias, rastrillos, jabón de baño, detergente para ropa, tarjetas telefónicas, huevo (debe ser rojo, por reglamento del penal). Las personas que sostienen el plantón en Molino de Flores necesitan arroz, frijol, lenteja, pastas y alimentos enlatados.
Informes al 044 55 4017 7526, con Gabriela Hernández Chalte.

martes, agosto 14, 2007

Apoyo a presos de Atenco


El plantón afuera del penal Molino de Flores sigue, en defensa de nuestr@s compañer@s pres@s y asesinados en Atenco. Solicitamos ayuda al pueblo y a la otra campaña para recolectar granos, alimentos en lata, agua embotellada, huevo, leche, artículos de aseo personal, ropa de color claro y material de papelería.

plantonmolinodeflores(arroba)riseup.net.

Responsable: Jorge Castilla G.

Detenida en Atenco, única presa política en México: AI

Señala que no hay pruebas en su contra y exige pronta liberación

Liliana Alcántara
El Universal
Domingo 12 de agosto de 2007

COCOYOC, Mor.— Amnistía Internacional (AI) declaró “presa de conciencia” a Magdalena García Durán —detenida el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco— y exigió su liberación inmediata.

Destacó que, en este momento, ella es la única persona recluida por motivos políticos en México.
Irene Khan, secretaria general de AI, informó que en su visita de alto nivel a México pretendía visitar a García Durán en el Centro de Rehabilitación Social Molino de las Flores, en Texcoco, pero “no se me otorgó el permiso”.

García Durán es acusada del secuestro de seis policías durante el operativo policiaco ocurrido en mayo pasado en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México.

Los cerca de 500 delegados de AI en el mundo, que celebraron ayer la inauguración de la Reunión del Consejo Internacional, suscribieron una petición pública a las autoridades estatales y federales para exigir su liberación inmediata e incondicional.

Secretaria de la ONG envía misiva

Khan envió ayer una misiva a García Durán en la que le expresa: “No es justo que continúes detenida sin que haya prueba alguna que sustente tu supuesta participación en el secuestro de seis policías el 3 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, día en el que te encontrabas en otros municipios del estado de México haciendo una gira promocional de una feria indígena artesanal”.

Agregó que “la insistencia en mantenerte detenida, sin que haya argumento o evidencia alguna que pruebe tu participación en el secuestro, e ignorando los dos amparos que se otorgaron en tu favor, nos llevan a concluir que te encuentras detenida por motivos políticos”.

Confió en que la petición hecha por los delegados de 40 países del mundo “tengan un efecto pronto y positivo para que puedas reunirte con tus seis hijas y tu esposo”.

Exige Khan excarcelación de mazahua detenida en Atenco

"Estás presa por motivos políticos", le dice en una carta
  • Magdalena García Durán fue capturada en la represión de 2006
EMIR OLIVARES ALONSO
Yautepec, Mor., 11 de agosto. Existen motivos políticos por los que las autoridades mantienen presa a Magdalena García Durán, mazahua detenida durante la represión policiaca en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, pues no hay evidencias ni se ha demostrado que incurriera en los delitos de que se le acusa, señala Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en una carta enviada a la indígena, la cual se le hizo llegar este sábado al penal de Molino de las Flores, en Texcoco, donde se encuentra recluida.

En la misiva, Khan le expresa su solidaridad y le asegura que es la única persona en México considerada por AI como "presa de conciencia"; por ello, la secretaria del organismo de derechos humanos más importante del mundo llamó a las autoridades para su inmediata e incondicional liberación.

En respuesta a un documento que la indígena hizo llegar a Khan, ésta respondió que es injusto que continúe detenida, y lamentó que durante su reciente visita a México para verificar la situación de los derechos humanos no se le haya dado el permiso para visitar a García Durán.

"No es justo que sigas detenida sin que haya prueba alguna que sustente tu supuesta participación en el secuestro de seis policías el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, día en que te encontrabas en otros municipios del estado de México, haciendo una gira promocional de la Feria Indígena Artesanal.

"La insistencia en mantenerte detenida sin que haya argumento o evidencia alguna que pruebe tu participación en el secuestro e ignorando los dos amparos que se otorgaron en tu favor nos llevan a concluir que te encuentras presa por motivos políticos", expresa Khan en su carta.

García Durán fue capturada durante la toma policiaca de Atenco, y posteriormente recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, estado de México. Se le acusó de participar en el presunto secuestro de varios policías el 3 de mayo de 2006, pero su defensa jurídica ha demostrado que ese día se encontraba en otro lugar. También se le acusa de ataque a las vías generales de comunicación y medios de transporte.

"La demora y aparente falta de imparcialidad de procuradores y jueces que han participado en el proceso contra Magdalena García le han negado el derecho a un juicio justo, como está garantizado en el derecho internacional", considera AI.

Khan explica a la indígena que "cientos de miles" de integrantes de AI se han sumado a la petición pública a las autoridades mexicanas para exigir su liberación inmediata e incondicional. "Espero que esta petición pública tenga un efecto pronto y positivo para que puedas reunirte con tus seis hijas y tu esposo", refiere la dirigente de AI.

Es de recordar que gracias a la confirmación de un amparo, que consideraba al juez penal de Toluca como "incompetente" para conocer del caso de García Durán, su expediente fue remitido a un juzgado de Texcoco, y el pasado primero de mayo fue trasladada de Santiaguito al penal de Molino de las Flores, en Texcoco, en cumplimiento con ese amparo; sin embargo, AI criticó la demora de las autoridades judiciales mexicanas para dictar una resolución sobre el caso.

lunes, agosto 13, 2007

AI: México: Finaliza la visita de alto nivel de Amnistía Internacional. El presidente Calderón se compromete con los derechos humanos

(Ciudad de México) Amnistía Internacional concluyó el martes, 7 de agosto, su visita de alto nivel a México con una reunión entre el presidente Felipe Calderón e Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. Anteriormente, se habían celebrado reuniones con los ministros pertinentes, legisladores, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil, sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales del estado de Oaxaca.

Llamado mundial de AI contra abusos en México


Destaca los casos de detenidos en Oaxaca y Atenco

  • Alerta a sus delegados sobre el sistema nacional de justicia
EMIR OLIVARES ALONSO (ENVIADO)

Yautepec, Mor., 12 de agosto. Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a sus delegados en todo el mundo para que exijan que las autoridades mexicanas investiguen a fondo las "detenciones arbitrarias" y los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra activistas de los movimientos sociales de Oaxaca y San Salvador Atenco, estado de México.

Durante la 28 Reunión del Consejo Internacional de AI, efectuada en esta ciudad, en el que participaron más de 400 delegados -provenientes de 70 países- del organismo de derechos humanos más importante a escala global, se informó mediante un documento sobre los casos de Germán Mendoza Nube (parapléjico) y Ramiro Aragón, ambos detenidos en Oaxaca; de José Gregorio Arnulfo Pacheco (quien padece una enfermedad degenerativa que lo tiene en silla de ruedas), Bárbara Italia Méndez (quien fue violada sexualmente por policías) y Pedro Alvarado Delgado, aprehendidos por los hechos en San Salvador Atenco, y del indígena Ricardo Ucán Ceca, aprehendido en Yucatán acusado de asesinato y a quien no se le proporcionó intérprete durante el proceso judicial en su contra.

En sus llamamientos, AI exhorta a sus delegados a exigir a las autoridades mexicanas investigaciones "imparciales, exhaustivas y sin demora" sobre las detenciones y agresiones contra los activistas.

"Los siguientes casos de llamamiento ilustran la constante de violaciones a derechos humanos cometidas dentro del sistema de justicia penal y de seguridad pública en México", señala AI a sus delegados en el documento, y los remite al informe que presentó recientemente sobre el sistema de justicia penal mexicano.

AI subrayó que "en el sistema mexicano de justicia penal y de seguridad pública es común el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para extraer una 'confesión'. A la mayoría de los presuntos delincuentes se les niega el acceso a la asistencia y representación letrada adecuada en el momento de la detención, cuando más peligro corren de sufrir tortura e intimidación.

"Las autoridades -continúa el informe- desestiman o ignoran de forma sistemática las denuncias de malos tratos bajo custodia y, cuando hay denuncias de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recae sobre la víctima (...). Las personas sospechosas de haber cometido un delito a menudo son consideradas culpables hasta que se demuestra su inocencia", señaló AI. Lo cual va contra la presunción de inocencia, dijo.

Por ello, el organismo internacional exhortó a sus delegados a pronunciarse por que en estos casos se desarrollen las investigaciones correspondientes por los actos de tortura, violencia física, sicológica y sexual (el caso de las mujeres atenquenses), para que los responsables sean sancionados conforme a derecho.

Asimismo, AI recomienda que a todos los agraviados se les repare el daño infligido conforme a la normativa internacional en derechos humanos, además de que expresen su preocupación por los actos de tortura, malos tratos, agresiones sexuales y procesamientos "aparentemente infundado" contra éstos y otros activistas en el país.

Exige Khan excarcelación de mazahua detenida en Atenco


"Estás presa por motivos políticos", le dice en una carta

  • Magdalena García Durán fue capturada en la represión de 2006
EMIR OLIVARES ALONSO

Yautepec, Mor., 11 de agosto. Existen motivos políticos por los que las autoridades mantienen presa a Magdalena García Durán, mazahua detenida durante la represión policiaca en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, pues no hay evidencias ni se ha demostrado que incurriera en los delitos de que se le acusa, señala Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en una carta enviada a la indígena, la cual se le hizo llegar este sábado al penal de Molino de las Flores, en Texcoco, donde se encuentra recluida.

En la misiva, Khan le expresa su solidaridad y le asegura que es la única persona en México considerada por AI como "presa de conciencia"; por ello, la secretaria del organismo de derechos humanos más importante del mundo llamó a las autoridades para su inmediata e incondicional liberación.

En respuesta a un documento que la indígena hizo llegar a Khan, ésta respondió que es injusto que continúe detenida, y lamentó que durante su reciente visita a México para verificar la situación de los derechos humanos no se le haya dado el permiso para visitar a García Durán.

"No es justo que sigas detenida sin que haya prueba alguna que sustente tu supuesta participación en el secuestro de seis policías el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, día en que te encontrabas en otros municipios del estado de México, haciendo una gira promocional de la Feria Indígena Artesanal.

"La insistencia en mantenerte detenida sin que haya argumento o evidencia alguna que pruebe tu participación en el secuestro e ignorando los dos amparos que se otorgaron en tu favor nos llevan a concluir que te encuentras presa por motivos políticos", expresa Khan en su carta.

García Durán fue capturada durante la toma policiaca de Atenco, y posteriormente recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, estado de México. Se le acusó de participar en el presunto secuestro de varios policías el 3 de mayo de 2006, pero su defensa jurídica ha demostrado que ese día se encontraba en otro lugar. También se le acusa de ataque a las vías generales de comunicación y medios de transporte.

"La demora y aparente falta de imparcialidad de procuradores y jueces que han participado en el proceso contra Magdalena García le han negado el derecho a un juicio justo, como está garantizado en el derecho internacional", considera AI.

Khan explica a la indígena que "cientos de miles" de integrantes de AI se han sumado a la petición pública a las autoridades mexicanas para exigir su liberación inmediata e incondicional. "Espero que esta petición pública tenga un efecto pronto y positivo para que puedas reunirte con tus seis hijas y tu esposo", refiere la dirigente de AI.

Es de recordar que gracias a la confirmación de un amparo, que consideraba al juez penal de Toluca como "incompetente" para conocer del caso de García Durán, su expediente fue remitido a un juzgado de Texcoco, y el pasado primero de mayo fue trasladada de Santiaguito al penal de Molino de las Flores, en Texcoco, en cumplimiento con ese amparo; sin embargo, AI criticó la demora de las autoridades judiciales mexicanas para dictar una resolución sobre el caso.

viernes, agosto 10, 2007

Aquí está nuestro puño sin rendir

9 de agosto, 2007. HACE 2O MINUTOS APROXIMADAMENTE DEJO DE EXISTIR LA MADRE DEL COMPAÑERO FELIPE ÁLVAREZ "finini" PRESO EN EL PENAL DE MÁXIMA TORTURA TERRORISTA DE ESTADO DEL ALTIPLANO.

FUE EL HERMANO DE NACHO HACE NO MUCHOS MESES, EL COMPAÑERO MIGUEL.

EN MEDIO DEL DOLOR LA LUZ DE LA ESPERANZA PERSISTE Y SE NIEGA A PERECER ANTE LOS ARQUITECTOS DE LA TENEBROSA NOCHE.

AQUI ESTA NUESTRO PUÑO SIN RENDIR,

AQUI HABITA NUESTRA FUERZA Y SU RAZON,

AQUI LATE PARA SIEMPRE EL PORVENIR

AQUI AVANZA EL QUE JAMAS SE SOMETIO

AQUI VAMOS COMPAÑEROS ENTRE USTEDES

CAMINANDO EN ESTA LUCHA Y EN SU VOZ...

LA BANDERA SOSTENIENDO FIRMEMENTE

Y EL PECHO FLORECIENDO UNA CANCION...

EL SEPELIO SERA MAÑANA EN LA COMUNIDAD DE NEXQUIPAYACA MEDIO DIA (10 de agosto)

HASTA SIEMPRE HERMANOS

PASE LO QUE PASE LA LUCHA DEBE CONTINUAR

PASE LO QUE PASE HEMOS APRENDIDO A NO ODIAR SINO ASEGUIR AMANDO LA VIDA.

UN ABRAZO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE.

VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS POR SU LIBERACION!

Cayo Vicente, cantor libertario

jueves, agosto 09, 2007

El presidente de la CIDH se reúne con líderes de la APPO y atenquenses presos

"Expresaron preocupación por la forma en que se desarrollan sus procesos judiciales"
ISRAEL DAVILA, ANGELES MARISCAL
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, se entrevistó ayer con los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), encarcelados en el penal de máxima seguridad del Altilplano, antes La Palma, en el estado de México, para recabar información del conflicto que desde hace más de un año existe en aquella entidad.

La visita al penal de máxima seguridad se dio minutos antes de que Florentín Meléndez viajara a Oaxaca para continuar con su investigación sobre el conflicto y las constantes violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto integrantes de la APPO e integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El presidente de la CIDH pudo constatar las condiciones de reclusión a las que son sometidos Flavio y Horacio Sosa, quienes insisten en ser trasladados a un penal estatal, por no tener acusaciones en su contra por delitos del fuero federal.

La entrevista con los hermanos Sosa Villavicencio no duró más de hora y media y, a decir del presidente de la CIDH, los detenidos no externaron queja de malos tratos y tortura de las autoridades penitenciarias.

"Lo que sí nos expresaron -dijo- es la preocupación que tienen sobre la forma en que se desarrollan los procesos judiciales que les instruyen, y reiteraron que estos se sustentan en acusaciones falsas".

Antes de ingresar al Altiplano, Florentín Meléndez también visitó a los 11 presos en el penal estatal de Santiaguito, detenidos en los operativos policiacos de San Salvador Atenco, el año pasado.

Ahí, Meléndez pudo dialogar con los 10 hombres recluidos por estos hechos y la única mujer presa en este lugar, por los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Al igual que en el caso de los hermanos Sosa Villavicencio, los detenidos por los hechos de Atenco se quejaron por las irregularidades con las que se desarrolla el proceso judicial que se les instruye por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación.

"Estas entrevistas sobre los casos de Atenco y Oaxaca nos fueron muy útiles, más porque pudimos recabar información y opiniones de los hechos de primera mano. Con estos elementos y los que se recaben en un futuro con autoridades, podremos hacer un comunicado valorativo, donde se externen recomendaciones, sobre todo a las autoridades involucradas en ambos hechos".

Entre jueves, viernes y sábado se tienen contempladas reuniones con integrantes de la APPO, con maestros de la sección 22, con organizaciones sociales de Oaxaca, así como una entrevista con el gobernador Ulises Ruiz y todo su gabinete. Además se visitarán prisiones donde permanecen detenidos miembros del movimiento social.

En Chiapas, el también relator para México sobre Personas Privadas de la Libertad se reunió con integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), que presentó ante la CIDH un informe sobre la práctica de la tortura y detenciones arbitrarias en el estado, en el cual señala que esas actividades, y las del arraigo, se aplican sistemáticamente.

El reporte, que se presentó durante una reunión entre Florentín Meléndez e Itzel Silva, abogada del CDHFBC, refiere que esas actividades son "focos alarmantes de la violación a derechos fundamentales en el estado".

Amnesty no entiende - El Fisgón


miércoles, agosto 08, 2007

Su política, esquizofrénica: AI

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, y Rupert Knox, representante del organismo para México, durante la conferencia de prensa tras su encuentro en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón. Señaló la promotora de derechos humanos que la verdadera prueba de fuego para el gobierno mexicano será poner fin a la impunidad FOTO José Carlo González

"Esquizofrénica" política mexicana en derechos humanos: Khan

En lo internacional México es "campeón" en la promoción de garantías, pero en lo interno persisten violaciones, sostiene

EMIR OLIVARES ALONSO

La política en materia de derechos humanos del gobierno mexicano es "esquizofrénica", pues mientras en el ámbito internacional México es "un campeón" en la promoción de esas garantías, en lo interno se continúan violando los derechos humanos de la población, reiteró Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI).

En una larga conferencia de prensa con la que concluyó su visita de trabajo a México, y después de reunirse con Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos, Khan señaló que "la prueba verdadera" para la actual administración federal acerca de las garantías fundamentales, será poner fin a la impunidad que prevalece en México, establecer un sistema adecuado de rendición de cuentas para policías y agentes del Ministerio Público e incluir en la Constitución las garantías de los derechos humanos plasmados en tratados internacionales.

Subrayó que tras su visita comprobó que en México persisten violaciones a las garantías fundamentales, como tortura, malos tratos, detención arbitraria, juicios injustos y violencia contra grupos vulnerables, incluidas mujeres e indígenas.

Destacó que México debe jugar un papel aún más importante en el ámbito internacional al promover desde el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la erradicación de la pena de muerte a escala mundial, con lo que no sólo ayudaría a 54 mexicanos sentenciados a la penal capital en Estados Unidos, sino a la abolición de esa práctica en el mundo.

Señaló que casos como los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, y las represiones en Oaxaca y Atenco, son una muestra del "vacío" que existe entre la habilidad y voluntad de los gobiernos estatales para investigar los hechos, por lo que la administración federal debe intervenir, dejando claro cómo su participación ayudará a combatir la impunidad ante las violaciones a derechos humanos.

"El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos, independientemente de en qué estado del país vivan. Una lotería en ese sentido es inaceptable, y Oaxaca es un ejemplo claro de ello", subrayó la secretaria general de la organización internacional más importante en materia de garantías individuales.

"El compromiso de Felipe Calderón con los derechos humanos será puesto a prueba por su voluntad de tomar acción decisiva para romper el ciclo de impunidad que ha persistido en situaciones como Oaxaca y Atenco", aseveró Khan.

El caso Oaxaca

La secretaria general de AI, quien estuvo en México más de una semana con el propósito de cerciorarse de la situación de las garantías fundamentales, sostuvo que tras su reunión con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, está segura de que éste y su administración no resolverán el conflicto en la entidad, ni harán frente a las violaciones de derechos humanos que se han presentado ni combatirán la impunidad que se presenta a raíz del conflicto social.

"Puedo decir claramente que no tenemos confianza en que (las autoridades oaxaqueñas) vayan a hacerle frente a la impunidad y a las violaciones a derechos humanos", sentenció. Por esta razón, hizo un llamado al gobierno federal para que intervenga en el caso.

Señaló que Calderón reconoció que sí existe impunidad en el conflicto oaxaqueño y en la situación de las garantías fundamentales en otros estados del país, pero que le es difícil actuar e intervenir por el federalismo; lo cual, consideró Khan, es sólo "jugar a las escondidillas", con lo que no se puede dar "una respuesta contundente a la situación de los derechos humanos". Informó que hizo un llamado a Calderón para que garantice que no se presente más impunidad en Oaxaca.

Jugar a las escondidillas

Khan agregó que el federalismo no debe ser pretexto para no intervenir en los problemas: "Lo que vemos es que están jugando a las escondidillas con el federalismo, los gobiernos federales y estatales se esconden unos detrás de otros, y esto proporciona un pretexto, por ello la garantía de los derechos humanos no puede ser una lotería que dependa de en qué estado vivan los mexicanos".

Aseguró que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya atraído las investigaciones sobre Oaxaca y Atenco es un paso adecuado, pero manifestó que aun con ello los gobiernos federal y estatales no están exentos de su responsabilidad para poner ante la justicia a los implicados en crímenes contra la ciudadanía.

Irene Khan manifestó ante Calderón que la estrategia del sistema de justicia y seguridad pública debe estar basada en el apego y garantía de los derechos humanos, pues la actual propuesta sobre esas temáticas no incluyen tres puntos principales:

Primero, no existen mecanismos independientes e imparciales de rendición de cuentas para policías y agentes del Ministerio Público, los cuales permitirían, dijo, garantizar que el poder con que éstos cuentan no sea excesivo; el segundo punto ausente es que no se garantiza que los procedimientos judiciales se apeguen "de manera efectiva" a los derechos de defensa, lo que sería "la mejor manera de prevenir errores en la justicia, garantizar los derechos tanto de aquellos de los que se sospecha como de los que acusan, y así lograr que aquellos que son culpables sean castigados adecuadamente, con lo que se obtendría justicia para las víctimas de crimen".

El tercer punto es que debe analizarse la supervisión judicial de policías y agentes del Ministerio Público para prevenir prácticas abusivas, como la tortura y malos tratos a los sospechosos de cometer algún delito durante el proceso de investigación. Khan señaló que el jefe del Ejecutivo federal coincidió con estos puntos y prometió que analizaría la propuesta.

Acerca de las labores de militares en tareas de seguridad pública, la secretaria general de AI manifestó que estas prácticas propician que se incrementen las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que tendrían que basarse en lineamientos de las policías internacionales.

Asimismo, subrayó que cualquier abuso a las garantías ciudadanas cometido por elementos castrenses debe ser investigado por la justicia civil y no por la militar, moción con la que, señaló, coincidió Felipe Calderón durante el encuentro con la secretaria general de AI.

Finalmente, aseguró que Amnistía Internacional continuará pendiente del trabajo de México en materia de derechos humanos y de temas que le preocupan, como algunas iniciativas que analiza el Congreso de la Unión, por lo que no esperarán al final del sexenio para entregar una boleta de calificaciones al Estado mexicano y al titular del Ejecutivo. "Estaremos analizando cómo responde Calderón, éste fue el primer acercamiento, que es un buen comienzo", concluyó.

Irene Khan - Helguera


SCJN evalúa no proponer sanciones a mandatarios

El proyecto de los ministros Aguirre y Valls se discutirá en reunión privada
Carlos Avilés
El Universal
Miércoles 08 de agosto de 2007
La Suprema Corte analiza una propuesta que busca evitar que el máximo tribunal del país recomiende que se le finquen responsabilidades de tipo penal, político, civil o administrativo a funcionarios que se compruebe que incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales en los casos de la periodista Lydia Cacho y de los enfrentamientos registrados en Atenco y en el estado de Oaxaca.

El proyecto, elaborado por los ministros Sergio Aguirre y Sergio Valls, durante las pasadas vacaciones de julio, busca que la Corte sólo emitia un informe en el que se diga si hubo o no violaciones graves, pero sin recomendar ningún tipo de castigo para los responsables de los hechos.

El pleno de la Corte acordó cancelar la sesión pública del jueves próximo para discutir en privado la propuesta de Aguirre y Valls, pues se espera que ésta genere una fuerte discusión entre sus colegas.

De aprobarse la medida impulsada por Aguirre y Valls, el primer beneficiado sería el gobernador de Puebla, Mario Marín, porque la Corte procedería a modificar, de inmediato, el informe que presentó el ministro Juan Silva Meza, en junio pasado, porque en dicho documento se le recomienda al Congreso y a otras autoridades fincar responsabilidades contra Mario Marín y funcionarios estatales que, según sus investigaciones, incurrieron en violaciones graves en el caso de la periodista Lydia Cacho.

La comisión investigadora que encabezó el ministro Juan Silva Meza comprobó que Mario Marín operó y dirigió a un grupo de funcionarios con la intención de detener de manera irregular a la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, por haber denunciado en su libro Los demonios del Edén al empresario textilero Kamel Nacif como protector del pederasta Jean Succar Kuri.

Sin embargo, el pleno de la Corte aplazó desde junio el análisis de este caso hasta que Sergio Aguirre y Sergio Valls elaboraran un proyecto de acuerdo, con las reglas conforme a las cuales las comisiones designadas por la Corte deben llevar a cabo las investigaciones de hechos en los que se presume la existencia de violaciones graves de derechos fundamentales.

Aguirre y Valls elaboraron el proyecto durante el periodo de receso y lo entregaron al pleno de la Corte en sesión privada el lunes pasado.

En el artículo 26 de dicho proyecto se establece que “en ningún caso los informes (que elaboren las comisiones de investigación) podrán señalar responsables materiales, intelectuales o copartícipes de violaciones, ni indicar o fijar a autoridades u órganos del Estado, línea alguna que deban seguir para perseguir o sancionar los hechos correspondientes”.

Según la propuesta, el informe que rinda la comisión investigadora de los casos Puebla, Atenco y Oaxaca, y de los asuntos futuros que se presenten, sólo debe describir los hechos y comprobar la existencia de violaciones graves a las garantías, sin señalar a los responsables.

Aunque el documento está destinado a regular las investigaciones futuras de la Corte, en su segundo transitorio se propone que las investigaciones del caso Puebla se turnen a otro ministro para que éste revise cuanto hizo la comisión encabezada por Silva Meza para que corrija y deseche los elementos de la indagatoria no apegados al nuevo reglamento.

La propuesta de Aguirre y Valls se encamina a permitirle al gobernador Mario Marín el acceso al informe que elaboró Silva Meza para que pueda presentar los argumentos y pruebas que considere pertinentes para desvirtuar lo dicho en su contra. Además de que también deja, a discrecionalidad del nuevo ministro, decidir si le entrega al gobernador copia de todas las pruebas recabadas en su contra.

En el caso de las investigaciones en marcha sobre los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el proyecto propone que los comisionados acaten las nuevas reglas que se fijen para llevar a cabo las indagatorias.

En el caso de Oaxaca se plantea que una vez aprobadas las nuevas reglas se deberá nombrar a la comisión que investigue los hechos violentos registrados durante 2006.

martes, agosto 07, 2007

CICR visita a detenidos de Oaxaca y Atenco


Natalia Gómez Quintero
El Universal
Martes 07 de agosto de 2007

Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional la Cruz Roja informó que su organismo visita regularmente a las personas detenidas a raíz de las tensiones sociales en el estado de Oaxaca y en Atenco, estado de México, con la finalidad de seguir de cerca el trato dado a los detenidos y sus condiciones de vida.

Kellenberger descartó instalar una delegación permanente en esas zonas para monitorear de cerca los derechos humanos que privan en esos estados, como lo hizo en su momento en Chiapas, tras la aparición de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994.

El presidente del CICR destacó que el gobierno mexicano ha avanzado en cuanto a la integración del derecho internacional humanitario en los manuales y cursos que imparte a las fuerzas armadas; sin embargo, señaló que aún se requiere mayor trabajo para integrar las legislaciones internacionales al ámbito nacional.

Kellenberger participará en una conferencia regional sobre derecho internacional humanitario.

El gobierno federal debe intervenir en el conflicto de Oaxaca, asegura la CIDH

Comienza mañana recorrido por la entidad para verificar violaciones denunciadas

EMIR OLIVARES ALONSO

Familiares de José Jiménez, una de las primeras víctimas del conflicto oaxaqueño que inició el año pasado, exigen justicia Foto: Blanca Hernández

El gobierno federal debe atender el conflicto de Oaxaca, en el que desde hace más de un año se vive un clima de "violencia, bastante intolerancia y falta de entendimiento", lo que resulta preocupante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el presidente de ese organismo internacional, Florentín Meléndez.
A su llegada a territorio mexicano para realizar una gira de trabajo, el también relator para México indicó que la delegación de la CIDH verificará la actuación de las autoridades locales y federales en torno al conflicto oaxaqueño.

"Entendemos, hasta donde estamos informados, que el problema de Oaxaca es estructural y de marginación social muy profunda que amerita la atención no sólo del gobierno del estado, sino también del federal", subrayó.

Refirió que tras los reportes que la CIDH ha recibido sobre la situación en Oaxaca y las violaciones a los derechos humanos en contra de la ciudadanía, la situación en el estado resulta "preocupante", por lo que deben respetarse en el marco de la legalidad las garantías individuales de los oaxaqueños.

"El año pasado era preocupante, era notoria (la violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Ulises Ruiz); las noticias evidenciaban hechos muy graves: mucha violencia, bastante intolerancia, falta de entendimiento. Este año no hemos recibido en la misma magnitud las informaciones que el año pasado, (por lo que) esperamos que esto tienda a la calma, a la normalidad constitucional y que haya respeto en definitiva por los derechos del pueblo de Oaxaca y que se cumpla el marco de la legalidad cuando la autoridad tenga que ejercer su imperio y su poder frente a la población".

Insistió en que el objetivo de la misión enviada por la CIDH, la cual él mismo encabeza, será verificar lo que pasa en Oaxaca desde que inició el conflicto hace más de un año, y analizar cómo han reaccionado las autoridades "para acompañarles en un proceso que es de los mexicanos y tiene que ser resuelto por los mismos".

La CIDH también manifestó su preocupación por los hechos suscitados el pasado 16 de julio cerca del cerro del Fortín, y por el "atentado dinamitero" en una tienda comercial de la entidad que se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario (EPR), pues "eso va contra el restablecimiento de la normalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos de Oaxaca".

La delegación internacional estará en esa entidad desde este miércoles y hasta el próximo sábado, donde se entrevistarán con autoridades locales, víctimas de violaciones a las garantías fundamentales, líderes sociales, del magisterio e indígenas, activistas e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). "Venimos a escuchar a las partes; (posteriormente) vamos a emitir un informe con recomendaciones".

Meléndez señaló que hoy será recibido por el presidente Felipe Calderón, "con quien trataremos temas de interés para la CIDH". Asimismo, refirió que el reporte de dos integrantes del EPR desaparecidos en Oaxaca es de interés para el organismo internacional, por lo que no descartó solicitar información al respecto. Y subrayó que el Estado mexicano está obligado a cumplir con los informes y recomendaciones hechos por el organismo internacional, el cual ha emitido varios exhortos a México sobre diversas violaciones a las garantías fundamentales, como el caso Aguas Blancas, de los cuales ninguno se ha cumplido en su totalidad.

Meléndez se reunió ayer con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien le informó sobre las investigaciones que ese organismo ha realizado sobre Oaxaca. En el encuentro, el ombudsman subrayó la pasividad gubernamental y las acciones desproporcionadas de algunas autoridades que generaron un ambiente en que la ciudadanía se vio atrapada por la violencia política, sin que se le otorgara la seguridad, que es el deber primario de cualquier Estado.

Asimismo, le hizo saber que acreditó la violación de los derechos a la libertad de reunión; a la libertad personal, por detención arbitraria y retención ilegal; a la integridad y seguridad personal, por afectaciones a la integridad física y por actos de tortura; a la propiedad y posesión, por ataques a la propiedad privada; a las libertades de expresión y derecho a la información; a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación en la procuración de justicia, por irregular integración de averiguaciones previas, por falta de motivación y fundamentación jurídica, por incomunicación y por insuficiente protección de personas, y a la vida, por parte de autoridades federales.

Soberanes resaltó ante Meléndez que tanto los manifestantes como los servidores públicos "atentaron contra la sociedad oaxaqueña, pues lastimaron muy especialmente el desarrollo de los niños y jóvenes estudiantes. Se causó daño irreparable a los escolares, pues nadie les podrá regresar ese tiempo de clases que perdieron por un conflicto en el que sólo fueron víctimas y jamás una parte interesada".

Otro de los temas que interesa analizar a la CIDH en su visita a nuestro país es la situación de los detenidos a raíz de la toma policiaca a San Salvador Atenco los 3 y 4 de mayo de 2006, en especial la de las mujeres, muchas de ellas agredidas y violadas sexualmente por policías, así como la condición en la que están las personas detenidas por el conflicto en Oaxaca y en diversas cárceles del país.

El presidente de la CIDH subrayó que los derechos humanos en el país son un proceso de los mexicanos que tiene que ser resuelto y atendido por los mismos, aunque consideró que México es de "alta prioridad" para ese órgano internacional, "especialmente por la cooperación al sistema interamericano".

Preocupa a CIDH intolerancia y violencia en Oaxaca

Florentín Meléndez verificará la actuación de las autoridades sobre conflicto en la entidad.

México, DF. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, aseguró que desde hace más de un año en Oaxaca se vive un clima de violencia, bastante intolerancia y falta de entendimiento, lo que resulta preocupante para ese organismo internacional.

A su llegada a territorio mexicano, el también relator para México indicó que la delegación de la CIDH verificará la actuación de las autoridades locales y federales en torno al conflicto oaxaqueño.

Indicó que también les interesa conocer la situación de los presos, en particular de las mujeres, a raíz de la toma policíaca de San Salvador Atenco.

Abundó que los derechos humanos en el país son un proceso de los mexicanos y que tiene que ser resuelto por los mexicanos, aunque consideró que México es una prioridad para la CIDH.

Por la tarde, Meléndez se reunirá con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y a las siete de la noche dictará una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

lunes, agosto 06, 2007

Derechos humanoides - Hernández


Calderón y Ruiz, inhabilitados moralmente por tribunal popular

Existen indicios suficientes para juzgarlos por delitos de lesa humanidad, fallo en el Zócalo
  • Víctimas de violaciones a derechos humanos también presentaron pruebas contra otros funcionarios
EMIR OLIVARES ALONSO


Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, líder preso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, y la actriz Ofelia Medina, en el juicio popular realizado en el Zócalo capitalino Foto: María Luisa Severiano

Existen "indicios preponderantes y suficientes, así como fuertes presunciones legales y humanas" para procesar a Felipe Calderón, Ulises Ruiz y otros funcionarios y gobernadores por haber cometido violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sentenció el tribunal popular nacional, conformado por intelectuales, artistas, activistas y líderes sociales "ante la inutilidad y parcialidad" de los órganos de procuración e impartición de justicia mexicanos.

Luego de dos días de sesión en el Zócalo de la ciudad de México, los integrantes de dicho órgano popular determinaron que los funcionarios referidos serán "inhabilitados moralmente para realizar cualquier acto o declaración en nombre de México", y les exigieron permanecer en el país "en calidad de arraigados", a fin de que respondan a las acusaciones por delitos que diversos sectores ciudadanos han formulado ante la instancia popular.

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; escritores, como Carlos Fazio; las actrices Ofelia Medina y Jesusa Rodríguez; representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y líderes de organismos defensores de derechos humanos, entre otros actores, conformaron el tribunal, la procuraduría y el jurado popular para analizar elementos, pruebas y testimonios presentados por víctimas de violaciones a las garantías fundamentales en distintos lugares, como Atenco, Oaxaca y Pasta de Conchos, y emitir una sentencia al respecto.

Peña Nieto, Mario Marín y Creel, entre los señalados

Tras analizar las pruebas y con base en la máxima de que "todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", y en apego al artículo 39 de la Constitución, los ciudadanos concluyeron que existen elementos suficientes para señalar como presuntos responsables "de delitos lesa humanidad", en agravio de la sociedad mexicana, no sólo a Calderón y al mandatario oaxaqueño, sino también a los gobernadores del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Puebla, Mario Marín; a los legisladores Santiago Creel y Diódoro Carrasco; al ex procurador de Justicia Rafael Macedo de la Concha; a los secretarios de Defensa, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; al ex presidente Vicente Fox, al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a otros funcionarios.

Asimismo, señalaron como responsables de agravios contra los derechos humanos de los habitantes de Oaxaca, del estado de México y de otras entidades del país a elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes mediante jurisprudencia permitieron el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas, lo que vulnera diversos acuerdos internacionales que "México está obligado a cumplir".

El tribunal de justicia popular subrayó que el Estado mexicano "se ha olvidado de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y ha generado una política de criminalización de las luchas sociales, persecución, hostigamiento, represión brutal, hasta la tortura, el asesinato político y la desaparición forzada, con lo que violenta las garantías individuales del pueblo".

Ante ello, continúa el manifiesto, se ha permitido el abandono, la incapacidad y la complicidad para que estos agravios permanezcan en la impunidad, situación de la que culparon a los tres poderes de la Unión.

Entre los delitos que la ciudadanía atribuye a los funcionarios mencionados destacan ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, aplicación de la tortura -en particular en Atenco y Oaxaca, "donde se infligieron dolor y sufrimiento físico y sicológico grave, tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos y ciudadanos, con objeto de que dejen de participar en la movilización social"-, lesiones, violación sexual, ejercicio indebido de la función pública y los que resulten.

Al concluir su primera sesión pública, realizada el pasado viernes y ayer, el jurado popular estableció que debido a que los acusados no comparecieron y con objeto de no dejarlos en estado de indefensión, se les designará un defensor para que a su nombre alegue y ofrezca pruebas de descargo.

Los trabajos de este órgano popular continuarán para determinar si los acusados son responsables de los delitos de que se les acusa, por lo que la próxima sesión se realizará en San Salvador Atenco, mientras que la procuraduría de justicia popular continuará recabando elementos probatorios de todas las comunidades o personas a quienes les hayan sido vulneradas sus garantías fundamentales, por lo que invitaron a quien desee realizar una denuncia a enviarla a la dirección electrónica juiciopopularnacional@gmail.com.

domingo, agosto 05, 2007

Tras el federalismo, oculta Calderón la impunidad estatal

Entrevista a IRENE KHAN, SECRETARIA GENERAL DE AMNISTIA INTERNACIONAL

  • Los juzgados civiles deben atender quejas contra militares

Utilizar al Ejército en el combate al narcotráfico sólo demuestra la ineficacia de los cuerpos policiacos... México necesita mejorar su sistema, pero lo principal de una estrategia de seguridad pública es el respeto a los derechos humanos

VICTOR BALLINAS

sábado, agosto 04, 2007

Se encuentran defensoras de garantías

La senadora Rosario Ibarra de Piedra, tenaz promotora de los derechos humanos y activa denunciante de los abusos cometidos durante la guerra sucia, da la bienvenida en San Lázaro a la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, quien ayer se reunió con legisladores, a los cuales planteó la necesidad de reformar la Carta Magna para que ésta sea congruente con los numerosos tratados internacionales que México ha firmado. Entre sus propuestas destaca la de elevar a rango constitucional el principio de presunción de inocencia, para que no se carguen culpas a personas que solamente son sospechosas de haber cometido algún delito, sin que se haya comprobado fehacientemente su responsabilidad FOTO Carlos Ramos Mamahua

Juicio popular nacional contra Ulises Ruiz

Tres instancias analizarán casos de Oaxaca, Atenco, Juárez, Sicartsa y La Parota
  • El acto, protesta contra la impunidad; no se respetan garantías de afectados, dice la APPO
EMIR OLIVARES ALONSO

Las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina, en el juicio popular contra Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, iniciado ayer en el Zócalo capitalino Foto: Iván Méndez /Cuartoscuro

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) empezaron un nuevo juicio político popular nacional contra el mandatario del estado, Ulises Ruiz Ortiz, con el propósito de que éste sea el punto de inicio de la unidad entre los diversos referentes del país que luchan contra el neoliberalismo y la impunidad, como La otra campaña, el movimiento oaxaqueño, el Diálogo Nacional y la Convención Nacional Democrática.

El acto, iniciado en el Zócalo de la ciudad de México y que culminará hoy, se realiza debido a que el sistema de justicia establecido en el país no garantiza una defensa imparcial "a las víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos, quienes al denunciar las transgresiones son perseguidas, hostigadas, amenazadas y hasta asesinadas, debido a la impunidad que prevalece en México", aseguró Cástulo López, de la Comisión de Prensa de la APPO.

Durante el acto se conformaron tres instancias que analizarán la situación y responsabilidad de quienes han vulnerado las garantías fundamentales, no sólo en Oaxaca, sino también en San Salvador Atenco, Pasta de Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros.

Dichas instancias son: una procuraduría popular, que se encargará de recopilar las pruebas y testimonios contra los "delincuentes de lesa humanidad"; un jurado popular, que analizará los elementos recabados, y un tribunal popular, que emitirá la resolución final contra los responsables.

A estas actividades se incorporaron personalidades como el escritor y analista Carlos Fazio; las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina; el abogado de la mayoría de los detenidos en Atenco, Juan de Dios Hernández; el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el ex presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía, José Dávalos, entre otros.

El portavoz de la APPO señaló que ante la necesidad de justicia existente en la sociedad mexicana por la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y la represión de los movimientos sociales, "es urgente que el pueblo genere organismos como el jurado popular, que tiene sustento en el artículo 39 de la Constitución". Subrayó que uno de los casos que más ilustran el exceso de las autoridades contra la población es el de Oaxaca, "que no sólo indigna al país, sino al mundo, porque aún está en el poder quien ha masacrado y asesinado a los oaxaqueños".

Cástulo López señaló que en una primera etapa -la de ayer- se retomaron los testimonios de víctimas de las "represiones" en Atenco, La Parota, Pasta de Conchos y otros lugares, por lo que el análisis e investigación de esta instancia social continuará abierto para que quienes deseen denunciar violaciones a las garantías fundamentales puedan hacerlo.

Indicó que luego de la revisión de dichos elementos, las personalidades que conforman las tres instancias del juicio popular nacional emitirán una sentencia para señalar desde el ámbito civil a quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad.

Agregó que el trabajo del juzgado popular será "itinerante", debido a que recorrerá varios puntos del país para recabar elementos y pruebas de esas violaciones, y con ello tener "pruebas de sustento" para que los casos se presenten ante diversas instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien aceptó que para dar el paso en el ámbito internacional deben agotarse las instancias internas de justicia, consideró que con la impunidad que prevalece en México muchos de estos casos serán analizados en los órganos mundiales.

Hoy, el jurado popular culminará sus actividades con una resolución preliminar, además de que emitirá un pronunciamiento por el caso de Emeterio Merino Cruz, a quien quieren dar de alta de un hospital de Oaxaca, a pesar de estar grave tras la golpiza que le propinaron policías el pasado 16 de julio en el estado de Oaxaca.

Contra Ulises

Miembros de la APPO, intelectuales, abogados y artistas iniciaron ayer en el Zócalo un juicio popular contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien imputan graves violaciones a los derechos humanos. En la capital del estado, mientras tanto, el EPR sostuvo que el mandatario pretende legitimarse mediante los comicios de mañana, por los cuales se renovará el Congreso local FOTO Iván Méndez / Cuartoscuro
E. OLIVARES Y O. VELEZ
Más información:

Verificará la CIDH situación de derechos en México

Encabezados por el presidente del órgano, expertos se reunirán con víctimas y autoridades
EMIR OLIVARES ALONSO
Una alta representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por el presidente de ese organismo, Florentín Meléndez, llegará este lunes a México para analizar la situación de los derechos humanos en Oaxaca a raíz del conflicto social en la entidad, el cual estalló hace más de un año, y verificar la situación de las personas privadas de su libertad.

Debido a la preocupación generalizada por la situación de las garantías fundamentales en México y en el contexto de la visita de trabajo de este organismo internacional -que se realiza a invitación del gobierno mexicano-, se organizarán actividades promocionales del sistema interamericano de derechos humanos y se discutirán temas como el método para generar un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y la violencia contra la mujer.

En un documento que la CIDH envió a diversos organismos mexicanos de defensa y promoción de las garantías fundamentales, el órgano -parte de la Organización de Estados Americanos- informó que estará en el país del 6 al 11 de agosto para verificar la situación de los derechos humanos en México, para lo que se reunirá con altas esferas del gobierno y con representantes de la sociedad civil.

Del 6 al 8 de agosto, Florentín Meléndez, también relator para México sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, realizará diversos trabajos en el Distrito Federal, y el miércoles 8 irá a Oaxaca, donde se entrevistará con autoridades locales y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En esa ciudad visitará varios penales y escuchará testimonios de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de otras personas que han visto vulneradas sus garantías a raíz del conflicto social en ese estado, que empezó en mayo de 2006 y se agravó un mes después, con el intento de desalojo de los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del zócalo oaxaqueño, por la administración de Ulises Ruiz.

En compañía de Mario López Garelli y Leonardo Hidaka, especialistas del órgano internacional, el presidente de la CIDH también prevé visitar los penales federal de máxima seguridad del Altiplano y Santiaguito, ambos en Almoloya de Juárez, estado de México, donde se encuentran recluidas personas detenidas durante la toma violenta de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, por fuerzas federales y estatales.

Asimismo, representantes de diversas organizaciones no gubernamentales señalaron que el lunes por la tarde Meléndez participará en una conferencia magistral sobre el sistema interamericano de derechos humanos y las personas privadas de la libertad, que se celebrará en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En el documento emitido por el organismo de la OEA se agradece la colaboración tanto de las autoridades mexicanas como de los organismos de la sociedad civil para la preparación de la visita, misma que se retrasó un mes debido a que en julio pasado hubo periodo de sesiones en el seno de la comisión, en su sede en Washington.

La visita más reciente de la CIDH a México fue en abril pasado, donde se abordaron temas como la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, el caso de Atenco y Oaxaca, entre otros. Fue en ese contexto que se aseguró que habría una nueva visita este año, anunciada para el mes pasado, pero que se vio retrasada por la agenda del organismo.

Por parte del gobierno federal, representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, entre otros, serán quienes se reúnan con los relatores internacionales.

Por la sociedad civil, serán la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Red Solidaria Década contra la Impunidad, entre otros organismos.

viernes, agosto 03, 2007

Jurado popular cita a acusados

Con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno", y en el artículo 20, fracción VI: "Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado por una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación".


Esta H. Procuraduría Popular Nacional cita a comparecer y declarar lo que a su derecho corresponda a los ciudadanos Ulises Ruiz Ortiz, Francisco Ramírez Acuña, Guillermo Galván Galván, Eduardo Medina Mora, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada, al Juicio Popular Nacional, los día 3 y 4 de agosto de 2007 a las 10 horas, en el Zócalo de la ciudad de México, para que respondan de las imputaciones que se presumen por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas, tortura, lesiones, homicidio, delincuencia organizada y terrorismo. Todos estos delitos previstos en el Código Penal Federal vigente, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, y leyes internacionales de observancia obligatoria en México.

Se les apercibe que de no comparecer ante esta H. Procuraduría Popular Nacional, para realizar su defensa o enviar algún defensor, el H. Tribunal Popular Nacional les designará un defensor en su nombre.

Procuraduría Popular Nacional, Rosario Ibarra de Piedra, Ofelia Medina, Jesusa Rodríguez, Irasema Martínez, Mireya Rodríguez Corona, Patricia Pérez Acosta, José Enrique González Ruiz, Manuel Fuentes Muñiz, Fausto Trejo, Adrián Ramírez López y Jorge Ramos Avilés

Critican justicia mexicana


Amnistía Internacional asegura que hay poco avance en derechos humano

Gardenia Mendoza Aguilar
Corresponsal de La Opinión 2 de agosto de 2007

MÉXICO, D.F.— La indígena mazahua Magdalena García salió de su casa en San Antonio, Estado de México, el 4 de mayo de 2006, para vender chicharrones y frutas y nunca más regresó: fue detenida por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) acusada de secuestro.

Magdalena se había enterado por televisión que habría bloqueos de carreteras cercanas a la vecina población de San Salvador Atenco —a 42 kilómetros del Distrito Federal— por parte de floricultores que exigían su reubicación en la vía pública y creyó que ahí haría buena venta.

Apenas había desempacado su mercancía cuando llegó la policía a desalojar. Ella se refugió en la camioneta de unos amigos desde donde divisó los helicópteros, gases lacrimógenos, golpes con toletes, carros acelerados, frenos, gritos y piedras que caían por todas partes hasta que un uniformado la jaló de las trenzas para detenerla.

"Está en la cárcel sin argumentos", dice Alfredo Cruz, esposo y padre de los seis hijos de Magdalena. "Ella no secuestró a los policías que los manifestantes usaron como rehenes. Ella era vendedora ambulante".

El caso de Magdalena y otras 12 denuncias de violaciones a los derechos humanos en México fueron presentados ayer por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, como historias concretas "del fracaso del Estado por proteger a quienes más lo necesitan".

Khan encabeza una delegación de alto nivel que analiza la situación del país en materia de derechos humanos desde el pasado 31 de julio y hasta el 7 de agosto. Es la tercera visita de la secretaria desde que asumió el cargo en 2001 y la primera con el gobierno de Felipe Calderón.

"México promueve en el exterior el respeto a los derechos humanos, pero no lo hace en casa… es una decepcionante porque en la mayoría de los casos están involucradas las autoridades", destacó Khan durante una rueda de prensa en la que se hizo acompañar por víctimas del sistema judicial y político.

"El gobierno no está haciendo justicia y está fracasando principalmente con los grupos más marginados como indígenas, pobres y niños", agregó la secretaria quien es la primera mujer, musulmana y asiática que dirige la organización.

Los daños a las garantías individuales que recopiló AI abarcan detenciones arbitrarias bajo incomunicación, torturas, malos tratos, negación del acceso a juicios justos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, acusaciones falsas y asesinatos.

Patricia Cervantes da fe de la falta de apoyo del Estado para resolver el secuestro, violación y asesinato en 2003 de su hija Neyra Azucena, de 20 años, que trabajaba en una tienda de ropa mientras estudiaba en la universidad para graduarse como química forense en la ciudad fronteriza de Chihuahua.

"Llevan cinco años con la investigación y en cada cambio de gobierno vuelven a llamar a todos los testigos para que repitan lo mismo, como si no existiera un archivo o lo hubieran extraviado", denuncia Cervantes.

Pocos días después del crimen, el Ministerio Público acusó al primo de Neyra de ser el asesino, a pesar de que éste se encontraba en Chiapas cuando murió la muchacha. Volvió a Chihuahua para apoyar en la búsqueda.

"A mi sobrino lo detuvieron y lo obligaron a confesar que había sido el autor intelectual", señala Cervantes. "Yo sabía que no era cierto e hice todo lo posible por sacarlo de la cárcel. Lo liberaron tres años después por falta de pruebas".

Otro de los casos que AI considera clave en la lista de arbitrariedades es el de Alicia de los Ríos, hija de una mujer con el mismo nombre que fue integrante del grupo guerrillero comunista Liga 23 de Septiembre y que desapareció en 1978 durante una confrontación con las fuerzas federales de seguridad.

El gobierno había lanzado una campaña de persecución en contra de los guerrilleros después de que en 1973 asesinaran a los empresarios mexicanos Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren y secuestraran al cónsul británico Duncan Williams.

Alicia presentó una queja ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para buscar a su madre, sin embargo, el caso quedó en el aire cuando dicha instancia desapareció a finales del año pasado.

"Esto es una muestra de que pueden transcurrir muchos años de impunidad en agravio de cualquier persona sin que pase nada", comenta Rupert Knox, investigador de AI en México.

Las denuncias de Valentina Rosendo e Inés Fernández dos indígenas de Tlalpa, en el sureño estado de Guerrero, que fueron violadas por militares del Ejército van por ese camino.

Su abogada, Obtilia Eugenio, de la Organización del Pueblo Indígena Tlalpeco (OPIT) fue amenazada de muerte. El gobierno le brinda protección, pero AI considera que es limitada: "Su seguridad es motivo de preocupación".

De igual forma, la organización ve con temor la parcialidad en algunos de los juicios como el de Diego Arcos, un promotor de salud y líder de la comunidad Nuevo Tila, Chiapas, en la frontera sur, acusado de participar en el asesinato de cuatro personas y la desaparición de otras tantas por un conflicto de tierras en el pueblo de Viejo Velasco, en el mismo estado.

La comunidad fue atacada en noviembre de 2006 por 200 hombres armados. Un día después Arcos visitó a los afectados en un acto de solidaridad como buen vecino, pero ya no había nadie. La policía lo detuvo como único sospechoso en el lugar y desde entonces está tras las rejas.

En resumen: algunas de las víctimas de abusos como Lydia Cacho, periodista independiente que fue detenida por el gobernador de Puebla, Mario Marín, después de denunciar una red de pornografía infantil, consideran que en los avances en derechos humanos, hay mucha simulación.

Irene Khan se comprometió a llevar personalmente todas las quejas a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los próximos días.