miércoles, marzo 28, 2007

Carta de Norma Jímenez desde Santiaguito


Compañeras y compañeros:

Los asesinatos cometidos contra mujeres, ocurren a cada instante, en cualquier parte del mundo, tan comúnmente que pudiera parecer algo “normal”, más la “normalidad” nos ha sumido en la indiferencia lo que nos hace cómplices de la impunidad.

Lamentablemente no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua y toda la frontera norte del país, la discriminación y la violencia que se ejerce en contra de la mujer es ya un cotidiano; algunos dicen que forma parte de la cultura machista y misógina del país en el que vivimos, pero no se queda ahí, también es un instrumento del Estado para infundir miedo en toda aquella mujer que decida no quedarse callada.

Y podríamos hablar de muchos países con altos índices de asesinatos de mujeres, algunos lejanos como Alemania, Rumania, Reino Unido, Polonia, España, Italia, países más cercanos, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasil, y así llegamos a México. Aunque no necesitamos ir muy lejos si tenemos al estado de México, si tenemos Atenco (cabe mencionar que el dolor que se siente por nuestras asesinadas no conoce distancias).

Durante el traslado fuimos insultadas, acosadas, abusadas, violadas, en el caso particular de las mujeres, pues todas y todos fuimos golpeados sin descanso, aunque valdría la pena preguntarse: ¿por qué tomar a la mujer como botín de guerra?, la pregunta duele, y la respuesta nos genera rabia.

Ahora, después de tantos meses, no sólo duele la tortura y el encierro (pues seguimos presos 7 mujeres y 20 hombres en el penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, sin ninguna prueba en nuestra contra),lo que más nos duele es la impunidad, ese luto que se sumerge en nuestro pecho, acompañado de mucha rabia, por eso no dejamos de denunciar lo ocurrido.

Sí, fuimos abusadas sexualmente, fuimos violadas y seguimos siendo torturadas.

A las mujeres se nos ha enseñado que hay cosas que no se dicen, que cosas así le quitan su valor a la mujer, que debemos sentir vergüenza, quedarnos calladas y agachar la cabeza.

Desde el 4 de mayo, decidí como muchas otras compañeras que esto tenía que decirse, que tenía que saberse, que yo era valiosa por lo que soy y lo fuerte que puedo ser, que nunca voy a callarme ni sentiré vergüenza, que jamás voy a agachar la cabeza.

Entonces entendí que el luto que llevamos en el pecho nos ayuda para tener el coraje de denunciar lo que pasó, de exigir justicia y castigo a todos los que estuvieron involucrados en el operativo de Texcoco y Atenco y a aquellos que insisten en tenernos como rehenes, en esta prisión; que la justicia no nos la va a dar nadie, la justicia debe ser tomada por el pueblo.

Si su objetivo era callar nuestra voz, se equivocaron, nuestra voz es más fuerte que nunca, rompe muros y atraviesa rejas.

¡POR TODAS AQUELLAS QUE SI PUDIERON CALLAR!
¡POR TODAS AQUELLAS QUE SE CALLARON A LA FUERZA!
POR ELLAS...
QUE JUNTOS PODAMOS ROMPER CON LA NORMALIDAD!
QUE NO VOLVAMOS A SENTIR INDIFERENCIA!
QUE NUNCA, NUNCA VUELVA A EXISTIR UN LUGAR PARA LA IMPUNIDAD!

¡MUJER, ALZA TU VOZ HASTA CURARLE A LA JUSTICIA LA SORDERA!

Con todo el cariño…
Norma Jiménez Osorio.


¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!
Comité Norma Libre comitenormalibre(arroba)yahoo.com.mx

Nuevo auto de formal prisión a inculpados de Atenco

Recurrimos una vez más a El Correo Ilustrado para denunciar que el 22 de marzo el juez segundo penal de Santiaguito, Jaime Maldonado Salazar, gente de toda la confianza del procurador del estado de México, ha dictado otro auto de formal prisión sobre 30 detenidos del caso Atenco. Con este son cuatro autos de formal prisión: el 10 de mayo y el 31 de agosto de 2006, así como el 7 y el 22 de marzo de 2007, por los delitos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, sin poderlo sustentar desde el punto de vista jurídico; no motiva ni fundamenta dicho auto de formal prisión.

El juez federal en materia de amparo Willy Earl Vega Ramírez ha amparado a los detenidos de Atenco por lo anteriormente dicho, pero el señor Maldonado se empecina en dictar y dictar autos de formal prisión. ¿A qué se debe? Por un lado nuestros detenidos son inocentes de dichos cargos. Han demostrado que todos ellos estuvieron en sitios distintos al lugar donde supuestamente se cometieron dichos actos ilícitos, y por otro lado se está demostrando que es un juez de consigna.

¿Este es el tipo de justicia apegada al derecho? ¿Cuándo terminará este juego legaloide entre la justicia federal y la justicia estatal?

Familiares de presos políticos de Atenco.
Responsable: Rosalba Gómez Rivera

Pesar por la partida de compa zapatista

Participamos nuestra tristeza porque Petul Pedro Hernández Moreno, compa, hermano, maestro, guía, soñador y pintor de las Vírgenes zapatistas y retablos milagrosos que adornan nuestros espacios consentidos, emprendió ya su vuelo y nos deja huérfanos de sus colores, de sus sueños y significados.

K'olabal Petul: nos quedan en el corazón tus enseñanzas, tu amor. Gracias a tu traducción, empezamos a entender "la palabra verdadera". Gracias a tus colores, nos acercamos al mundo donde caben todos los mundos.

Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Roger Maldonado, María Luisa Toledo, Gela Ustaran, Marissa Kramsky, Mercedes Osuna, Manuel Pérez, Miriam Balderas, Francesca Guillén, Carmen Huete, Patricia Díaz, Estela García Ramírez, Rosario Zepeda, Doris Palvio y Maj-Britt Svendsen

martes, marzo 27, 2007

La Corte exhibe abusos del INM en el caso Atenco

Se violaron leyes para expulsar a extranjeros

JESUS ARANDA

En caso de deportación o expulsión de extranjeros del país, ordenada por la Secretaría de Gobernación o el Instituto Nacional de Migración (INM), procede la suspensión, a efecto de detener la salida del territorio nacional del afectado, hasta en tanto la autoridades fundamenten y motiven debidamente la razón de su actuación.

Así lo estableció ayer por unanimidad de votos el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, en la que quedó en evidencia la expulsión ilícita del país de ciudadanas extranjeras que estuvieron presentes en San Salvador Atenco, pese a que contaban con una suspensión para permanecer en el país hasta que se definiera su situación legal.

Los ministros precisaron que este criterio tiene que ver con la aplicación de la Ley General de Población, y no con el artículo 33 constitucional, que faculta al Presidente de la República a obligar que abandone el territorio nacional un extranjero considerado "indeseable".

En este sentido, el ministro Genaro Góngora Pimentel explicó que las autoridades administrativas que pretendan expulsar a un extranjero deben atenerse a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión de oficio para el peticionario, "al margen de las cuestiones de orden público e interés social".

Góngora reconoció que las autoridades migratorias no siempre cumplen con lo que establece la Constitución, y recordó el caso Atenco, en el que Cristina Valls, de nacionalidad chilena, y María Sostres, española, "fueron expulsadas por el simple hecho de estar presentes" en ese municipio el 4 de mayo de 2006. "Estas mujeres fueron expulsadas no obstante que el juez sexto de distrito en materia penal otorgó la suspensión para evitar su expulsión del territorio nacional, cuando llegó el actuario a notificar al INM que no podía expulsarlas hasta que se resolviera el juicio de amparo, los funcionarios migratorios las escondieron y dijeron que ya no se encontraban en el país, para evitar cumplir con la suspensión", según informó Sin Fronteras.

sábado, marzo 24, 2007

Piden congresistas de EU que México respete garantías básicas

Reclaman a Rice que Washington use acuerdos bilaterales

EMIR OLIVARES ALONSO

Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a la secretaria de Estado de ese país, Condoleezza Rice, en la que le exigen que con base en los acuerdos bilaterales -comerciales, migratorios y de seguridad- entre México y esa nación, urja al gobierno de Felipe Calderón a resarcir la "deplorable situación" de los derechos humanos en México.

Los demócratas Jan Schakowsky, Jim McGovern e Hidal Solís, así como el republicano Raúl Grijalva, piden a Rice "actuar rápidamente" para que el gobierno mexicano enfrente el empeoramiento de esa situación y asegure la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Los legisladores también hacen patente su preocupación por las "acciones opresivas y la militarización de la política civil bajo la administración de Felipe Calderón".

Debido a la "situación degenerante en el ámbito de los derechos humanos tan sólo del otro lado de nuestra frontera sur", los legisladores exhortan a Rice que solicite al mandatario mexicano investigar "seriamente" los asesinatos, maltratos, torturas, violación y acoso sexual cometidos por elementos policiacos en Guadalajara, Atenco y Oaxaca; además de que cumpla con las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos internacionales, como los comités de la ONU Contra la Tortura y para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres, en relación con esos casos.

Piden que Rice exija a Calderón presentar su plan de trabajo sobre la situación de los derechos humanos en el país; amén de que la policía y el Ejército mexicanos "dejen de practicar la tortura".

Otras de las peticiones de los congresistas es que se exija al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, garantizar una investigación "rápida e imparcial del asesinato de Brad Will y que se identifique y enjuicie a los responsables de su muerte, así como que se nombre un fiscal independiente con el poder de investigar y enjuiciar a los policías acusados de tortura, acoso sexual, maltrato, y asesinatos".

También exigen que Calderón tome las medidas necesarias para restablecer el estado de derecho y el pleno respeto a las garantías fundamentales en Oaxaca; y que garantice la integridad física, sicológica y el derecho al debido proceso de quienes aún están detenidos a raíz del conflicto en ese estado.

En la misiva advierten que en mayo de 2004, durante tercera cumbre de mandatarios de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, la policía detuvo a más de 100 manifestantes luego de un enfrentamiento. Agregan que pese a que la CNDH documentó 73 casos de detenciones ilegales, 55 casos de trato cruel y degradante, 73 detenidos incomunicados y 19 casos de tortura, el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, rechazó las recomendaciones presentadas y aún así hoy ocupa el cargo de secretario de Gobernación.

Critican que tras los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Medina Mora, rechazara las recomendaciones de la CNDH y ahora funja como procurador general de la República, luego de que se documentó que policías bajo su mando causaron la muerte de dos jóvenes, infligieran tratos crueles a 239 personas, violaran al menos a 26 mujeres y catearan de manera violenta y sin orden de registro decenas de hogares. Expresan que mientras varias personas siguen detenidas a casi un año de los hechos, "ningún policía ha sido procesado por las violaciones de derechos humanos que se cometieron".

En el caso de Oaxaca, aseguran los congresistas, policías y grupos paramilitares durante las administraciones de Vicente Fox y Ulises Ruiz, presidente y gobernador del estado, respectivamente, "mataron a 20 manifestantes y detuvieron a varias personas arbitrariamente, además de que torturaron, maltrataron y abusaron sexualmente de docenas de las personas detenidas".

Marchan campesinos para exigir la liberación de los presos de Atenco

Aseguran que los jueces retrasan los procesos; reclaman castigo a Fox y Peña Nieto

JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSAL

San Salvador Atenco, Méx., 23 de marzo. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco marcharon y cerraron la carretera federal Texcoco-Lechería para demandar a los gobiernos federal y estatal la liberación de sus 31 compañeros presos en los penales del Altiplano y Santiaguito.

Los campesinos denunciaron que a pesar de que prácticamente han ganado los procesos que se les siguen a sus compañeros, éstos no han sido resueltos y los jueces que llevan los casos han dilatado intencionalmente los juicios.

A las 11 horas un grupo de campesinos, encabezados por María Antonia Trinidad Ramírez, esposa del dirigente del FPDT Ignacio Del Valle, preso en el penal del Altiplano, partió desde la explanada de Atenco, caminó sobre los tres carriles de la carretera Texcoco-Lechería y durante casi tres horas interrumpió la circulación vehicular para después arribar al palacio municipal de Texcoco.

En el mitin que los manifestantes efectuaron allí, responsabilizaron al gobernador Enrique Peña Nieto de la muerte de Alexis Benhumea, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, a consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía durante la toma de Atenco, el 4 de mayo del año pasado.

"¡Estamos de pie, estamos de pie, ni un paso atrás!", gritaban por las calles de los pueblos de Atenco y Texcoco por donde pasaron. "Ya van más de 10 meses de la represión de la que fuimos objeto y de que asesinaron a Alexis y a Javier Cortés y no hay culpables. Queremos justicia", señalaron otros.

Doña Trini, quien el 25 de noviembre regresó a Atenco con un amparo tras haber salido de la comunidad durante varios meses por miedo a ser detenida, dijo que la marcha de hoy forma parte de las movilizaciones previas al primer aniversario del desalojo de la carretera Texcoco-Lechería y la toma de San Salvador Atenco, ocurridos el 3 y 4 de mayo pasado.

"Queremos que nuestros compañeros presos sean liberados, porque quienes deberían estar en la cárcel como autores intelectuales de la represión son el gobernador del estado de México, Enrique Peña, y el ex presidente Vicente Fox", dijo.

Marchan miembros de FPDT en demanda de la liberación de sus líderes
Javier Salinas, corresponsal

San Salvador Atenco, Méx. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco realizaron una marcha y bloqueo en la carretera federal Texcoco-Lechería para exigir al gobierno estatal la liberación de los 28 compañeros presos en el penal de Santiaguito y el Altiplano.

Encabezados por Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, preso en el penal del Altiplano, un grupo de unos 100 campesinos partió desde la explanada municipal de Atenco al filo de las 11 horas, con rumbo hacia la cabecera municipal de Texcoco.

Trinidad Ramírez sostuvo que reactivaron sus movilizaciones para ejercer presión debido a que a pesar que los procesos penales contra sus compañeros presos han sido irregulares y ganados por los atenquenses, no se les ha dejado en libertad.

Asimismo, denunció que para los próximos días harán movilizaciones permanentes que culminarán el 3 y 4 de mayo próximo, cuando se cumpla un año de la toma y represión por parte de la fuerza estatal y federal hacia los pobladores de Atenco.

viernes, marzo 23, 2007

Denuncia de acoso e intimidación


... exigimos al estado mexicano que detenga estos hechos de intimidación jurídica y de acoso psicológico, denunciamos ante los organismos de derechos humanos esta campaña en contra de los involucrados en el caso Atenco, e informamos a la sociedad civil nacional e internacional de los últimos acontecimientos en el proceso jurídico por la libertad de los presos de Atenco...

A la Sra. Louise Arbour, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al Dr. José Luis Soberanes Fernández, Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Al Lic. Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Al Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.
A SIPAZ.
A la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
A la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
A la Comisión Internacional de Juristas.
A Human Rights Watch.
A Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
A Brigadas Internacionales de Paz.
A Amnistía Internacional.
A la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México.
A la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
A Alejandro Carmona, director de Reclusorios del Edomex.
A la comisión Sexta del EZLN.
A tod@s l@s adherentes de la Otra Campaña.
A todos los organismos de Derechos Humanos.
Al pueblo de México, a los pueblos del mundo.


El pasado 7 de Marzo 17 compañeros presos en el penal de Santiaguito fueron notificados de que el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, había dictado un nuevo auto de formal prisión, el cual permitía su traslado al penal de Texcoco para un nuevo proceso jurídico, ese mismo día, el juez primero de distrito en materia de amparos y juicios civiles del estado de México, Willi Vega Ramírez, negó la competencia de Jaime Maldonado Salazar y anuló el auto de formal prisión y el traslado, lo cual fue notificado hasta el día de ayer, 22 de marzo, a nuestros compañeros presos. Denunciamos que actos como este forman parte de una campaña de acoso y tortura psicológica que el estado mexicano lleva a cabo en contra de los presos políticos por el caso Atenco, en contra de los familiares y amigos de ellos, y en contra del proceso jurídico para conseguir su libertad. Por medio de la presente exigimos al estado mexicano que detenga estos hechos de intimidación jurídica y de acoso psicológico, denunciamos ante los organismos de derechos humanos esta campaña en contra de los involucrados en el caso Atenco, e informamos a la sociedad civil nacional e internacional de los últimos acontecimientos en el proceso jurídico por la libertad de los presos de Atenco.

¡Libertad y justicia a los presos políticos!

Rosalba Gómez Rivera.
(mamá de Mariana Selvas y esposa del Guillermo Selvas)

miércoles, marzo 21, 2007

México, ejemplo de represión de la protesta social: Stavenhagen

Persisten las violaciones a los derechos de indígenas, dice

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 20 de marzo. México es un ejemplo de país con tendencia a la criminalización de la protesta social de los pueblos indígenas y a la represión por la fuerza pública, como se demuestra con los casos de Atenco, Oaxaca y Guerrero, informó el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

En los casos de Atenco y Oaxaca, la violenta represión del gobierno mexicano sigue impune, pues a pesar de que algunas de las personas detenidas fueron transportadas a cárceles lejanas sin apego a la ley, no se han investigado los delitos imputados ni se ha procedido contra los responsables de las violaciones.

En su sexto informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, Stavenhagen afirmó que ha recibido numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos, e indicó que la mayoría de estas violaciones ocurren cuando las comunidades y organizaciones indígenas intentan defender sus tierras, recursos naturales y territorios ancestrales.

El sociólogo mexicano admitió a La Jornada que, al término de su segundo y último mandato como relator, se encuentra "frustrado" por la persistencia de las violaciones que, además, se vuelven más variadas.

A pesar de que los cambios estructurales para incluir al indígena como objeto de derecho y de las reformas constitucionales en la materia, la situación no mejora y las recomendaciones que se han hecho no son efectivamente aplicadadas, añadió.

Stavenhagen se refirió concretamente a los actos civiles de protesta con la participación de indígenas y no indígenas en Atenco y Oxaca en 2006, que fueron violenta y arbitrariamente reprimidos por el gobierno mexicano, con la violación a las garantías individuales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos -narró Stavenhagen a los miembros del consejo, presidido por el también mexicano Luis Alfonso de Alba- recibió mil 200 quejas y registró 20 fallecimientos, 350 personas detenidas y 370 lesionadas, y concluyó que las fuerzas policiacas utilizaron violencia reiterada y excesiva.

El relator se refirió además a los abusos y violaciones cometidos en contra de campesinos de Guerrero opuestos a la construcción de la presa La Parota, el proyecto que el Estado insiste en realizar en territorio indígena sin el consentimiento de la población, y si bien un tribunal instruyó al gobierno para que desista y resuelva el conflicto por vía de la negociación, las autoridades llevan adelante la apertura de caminos.

Deplora CNDH rechazo de funcionarios a recomendaciones

Por Agencias MARZO,20, 2007 (UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, consideró deplorable que servidores públicos rechacen recomendaciones del organismo, como en el caso de supuestas violaciones de garantías en San Salvador Atenco, estado de México.
Ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ombudsman nacional descartó que su informe anual de labores tenga el propósito "de señalar culpables ni dañar políticamente a ningún individuo".
En sesión solemne del alto tribunal dio a conocer que las dependencias con más recomendaciones durante el año pasado fueron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Soberanes Fernández dijo que con la negativa del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina-Mora, de aceptar la recomendación de la CNDH sobre el caso Atenco se sumaron a los agravios físicos y psicológicos de los pobladores la cancelación de la posibilidad de investigar las conductas de algunos elementos.
Durante el informe reiteró que la negativa de los funcionarios a aceptar las recomendaciones del organismos que preside "fomenta un clima de impunidad entre los servidores públicos", quienes pueden interpretar que puede existir "ausencia de investigación o castigo ante los actos de igual naturaleza".
Sin embargo, advirtió que ahora la SSP federal "tendrá que rendir cuentas ante este tribunal constitucional que decidió marcar los límites de la fuerza pública".
El ombudsman nacional felicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber ejercido la facultad de atracción en ese caso conforme al Artículo 97 párrafo II de la Constitución.
Manifestó que los defensores de los derechos humanos "cuentan con el apoyo invaluable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" y sostuvo que hoy los mexicanos "contamos con un poder judicial activo, y comprometido con las preocupaciones de nuestro tiempo".
Indicó que el alto tribunal ha hecho suyos los temas controversiales que enfrenta la sociedad mexicana "convirtiéndose así en una guía indispensable de la vida nacional", y recordó que las últimas semanas se han sentado en la corte criterios jurídicos de suma importancia para los derechos humanos."
En otro tiempo, en otro México, con mujeres y hombres menos comprometidos que ustedes, varios de estos temas jamás habrían llegado al pleno por criterios políticos o por falta de independencia", dijo Soberanes a los ministros de la Corte.
Por otra parte, calificó a 2006 como un "año negro para la prensa en México, pues los periodistas siguen siendo un grupo vulnerable a pesar de la creación de una Fiscalía Especial para investigar delitos en su contra, pues las denuncias tienen el rasgo común de todavía no haber sido resueltas".
De igual forma Soberanes destacó ante ministros, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consejeros de la Judicatura Federal, las denuncias que presentaron el año pasado dos agentes del Ministerio Público federal en su contra.
Consideró esa situación una persecución política por actos relacionados de forma directa con el ejercicio del ombudsman, conducta que, dijo, fue "tolerada y quizá auspiciada desde la jefatura de Estado".
Aseguró que en 2006 como resultado de "autoridades débiles y temerosas de usar las herramientas otorgadas por la ley", se debilitó al Estado lo que dejó a México "en una situación precaria".
Subrayó que los gobernantes no deben ser temerosos de usar su autoridad, pues de lo contrario generan vacíos además de que la "apatía oficial otorga a los grupos de presión al margen de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder".
Soberanes puntualizó que "cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política, acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia, y el Estado de derecho es tan sólido como el gobierno que lo hace cumplir.

Piden a Peña Nieto detener represión

El estado de México, uno de los que aportan mayor porcentaje al producto interno bruto de la nación, cuenta con grandes segmentos de población en extrema pobreza. En el esfuerzo por lograr una vivienda digna, escuelas de calidad para los niños, así como la articulación de relaciones de convivencia solidarias, la gente se organiza para sobrevivir con cierta dignidad en asociaciones civiles, las que en algunos casos realizan convenios de compraventa a plazos, con asambleas de ejidatarios igualmente pobres.


Unos y otros se ayudan en esta carrera contra la muerte. No se trata de ejidatarios confundidos por el Procede que venden en situaciones de penuria extrema a compañías inmobiliarias o trasnacionales abusadoras de la circunstancia, se trata de acuerdos entre iguales. Es el caso de la Asociación Civil Ricardo Flores Magón, donde los compañeros Hermenegildo Torres Cruz y Pablo Torres Hernández desempeñan una labor muy importante.


Estas formas no las entiende el gobierno de Peña Nieto, porque desde Atenco y antes de Atenco, es un gobierno que no mira hacia abajo.


Las últimas amenazas del gobierno mexiquense recibidas por Hermenegildo y Pablo, luchadores sociales de toda la vida, así como las detenciones arbitrarias de militantes de otra organización social el pasado domingo en el paraje de Lomas de San Vicente Chicoloapan: Nicolás Tolentino López, Cornelio Ortega y Laura Rubio, esta última programada para cirugía, forman parte de la ofensiva contra los movimientos populares, que sólo criminaliza la pobreza y sus formas de resistencia.


Exigimos de Peña Nieto el cese a la represión y la liberación de todas las presas y presos políticos del estado de México.


Ana Colchero, Ana María Vera Smith, Aurora Domenech, Oralba Castillo Nájera y Margarita Langthaler

martes, marzo 20, 2007

Justicia, lo único que pide la familia Benhumea

En días pasados se publicó en La Jornada, que el gobierno del estado de México extendió un cheque a la familia de Alexis Benhumea. De lo anterior quiero comentar que todo lo que ahí menciona el gobierno del estado de México es falso. Y que no recibimos ni recibiremos nada del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ellos quieren lavar sus manos llenas de sangre. Los de arriba y la clase política luchan por poder y dinero. Nosotros por justicia y libertad.

Atentamente.
Miguel A. Benhumea

Temen por el traslado de l@s pres@s


Plantón de Santiaguito informa:

Considerando las agresiones de que fueron objeto nuestros compañeros cuando fueron llevados de Atenco al Penal de Santiaguito y, cuyos casos seguirán en el Penal de Texcoco, tememos sean amedrentados durante el traslado, que éste puede hacerse con alguna ruta indirecta ocupando más tiempo del considerado para esa distancia y que puedan volver a ser golpeados durante el mismo.

Por tales razones, el Plantón de Santiaguito pide estar alerta para cuando ocurra éste traslado y que se les acompañe con algunos vehículos que puedan seguirlos y verificar que no sea desviado el transporte en el que se les lleve; así mismo, se espera sean recibidos por más compañeros que puedan acudir a las afueras del Penal de Texcoco, tanto para confirmar su llegada y que ellos vean que no están solos, como para comunicar alguna situación que pueda presentarse.

El Plantón de Santiaguito avisará en su momento cuando se realice el traslado de nuestros compañeros, por lo que pedimos a quienes cuenten con los recursos y tiempo necesario para ésta acción estén alertas.

El Plantón de Santiaguito se mantiene por la libertad de los compañeros que en él continuarán.

Almoloya de Juárez, Edo. de México, 18 de marzo del 2007

Marcha 23 de marzo, 4pm

Marcha viernes 23 de Marzo a las 4 de la tarde
del ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA,
PASANDO POR GOBERNACIÓN.

Bajo los siguientes ejes:

Repudio a las vejaciones contra las mujeres en Atencoy Oaxaca.
Libertad absoluta e incondicional de los Presos Políticos de Atenco, Oaxaca y de todo el país.
¡Fuera Ulises Ruiz!
¡Alto a las detenciones y procesos penales contra activistas universitarios!

Convocan: Comité de Familiares y amigos de los presos políticos del D.F en Oaxaca; Comité de Familiares de los presos políticos en Miahuatlán Oaxaca; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra- Atenco (FPDT-Atenco); Frente de Apoyo a los Pueblos de Oaxaca (FAPO); y EstudiantesUniversitarios

martes, marzo 13, 2007

Protesta de defensores de derechos humanos de la UNAM

Reprobamos los ataques en contra Raúl Vera, obispo del pueblo, por su proceder profético.

Los estudiantes genios de la UNAM que tienen en mente los derechos humanos de primera y segunda generaciones deben tener empleos en áreas sustanciales de la economía y de beneficio social y no en la PFP, es nuestra reflexión.

Libertad a los presos políticos de San Salvador Atenco y de la APPO en Oaxaca.

Respecto de la iniciativa de ley "catear, espiar y detener", que se debatirá en la Cámara de Diputados y en el Senado, les pedimos se haga hincapié que no sean detenidos luchadores sociales y defensores de derechos humanos y evitar el "usted disculpe".

Que no quede impune la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascensio Rosario del municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, violada por presuntos militares. No al hostigamiento de indígenas en Chiapas.

Protestamos por la agresión de la PFP a los diputados del PRD Juan Hugo de la Rosa, Adriana Díaz Contreras, Camerino Eleazar Márques y Martha Angélica Bernardino Rojas.

Promotores y defensores de derechos humanos del STUNAM: Francisco Castro Meléndez, Alicia Andrade Rodríguez, Pedro Hernández, Ana María Solares Basaldúa, Catalina Alvarado Vera, Carmen Sosa García, Juan Manuel Zurroza, Felipe López López y Mariano Flores

domingo, marzo 11, 2007

“Las mujeres no somos botín de guerra”, gritan a Calderón


Marchan miles este 8 de marzo

México DF, 8 marzo 07 (CIMAC).- “¡Las mujeres no somos botín de guerra!”, gritaron miles de mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en reclamo por la militarización del país y las violaciones cometidas por miembros del ejército y las policías a lo largo y ancho de la República.

En una marcha permeada por la indignación ante las violaciones sufridas por mujeres en Atenco, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Chiapas y Veracruz, pero sobre todo por la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades, el contingente recorrió esta tarde del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

Las manifestantes exigieron también la libertad de las presas políticas de Atenco y Oaxaca, quienes han denunciado reiteradamente el trato inhumano y la violación sexual que cometieron contra ellas elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Las mujeres marcharon acompañadas por estudiantes de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), representantes de las organizaciones sociales de Atenco y Oaxaca, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Sección 200 del Sindicato de Mineros y del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Organizadas en contingentes de diversas corrientes del movimiento feminista y de mujeres, como el de Católicas por el Derecho a Decidir, Salud Integral para la Mujer (Sipam), así como feministas independientes, exigieron también libertad de conciencia, igualdad de género para poner fin a la pobreza y respeto a los derechos reproductivos de las mujeres.

Entre los contingentes iba también la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien a sus 80 años continúa participando en la lucha por el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos, así como la periodista y feminista Sara Lovera, entre otras.

Durante el mitin que tuvo lugar al finalizar el recorrido, Elvira Martínez, viuda del minero José Vladimir, muerto en el derrumbe de Pasta de Conchos junto con otros 61 trabajadores, pidió castigo a los culpables de la tragedia que, dijo, no fue un accidente, sino el resultado de la negligencia e irresponsabilidad de los dueños de Minera México y de las autoridades, principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno del estado y el Ejecutivo Federal.

Debido a su ambición y omisiones, dijo Martínez, muchas mujeres y casi cien niños padecemos la ausencia de nuestros esposos, nuestros compañeros, nuestros hijos y nuestros padres. Así es como el gobierno de Calderón cuida y respeta a las familias.

Habló también Ana María Robles, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, quien recordó que 7 mujeres aún están presas en el penal de Santiaguito, como respuesta del gobierno a su decisión de levantar la voz, unirse y defender sus derechos.

“Ellas fueron violadas, golpeadas y torturadas por la policía, pero aún así, dicen, no nos van a callar, a pesar de estar encerradas”, afirmó Ana María, que estuvo también presa junto con ellas.

JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE ATENCO

Poco antes de la marcha, organizaciones sociales exigieron a la fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim), acelerar el proceso y consignar a los responsables de la violación y tortura de las mujeres de Atenco.

En rueda de prensa, celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que desde mayo de 2006 ha participado como coadyuvante en la investigación que está por concluir, Luisa Pérez, abogada del organismo, señaló que la fiscalía cuenta con elementos suficientes para consignar al menos 5 denuncias ante un juez federal.

Existen pruebas para demostrar la tortura física, psicológica y sexual contra estas mujeres, afirmó, y los peritajes que realizaron de manera independiente peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), lo constatan.

En este sentido, Ricardo Lowe, del CCTI, pidió no minimizar los resultados realizados por peritos independientes, pues cumplen con los requisitos internacionales.

La abogada del Prodh dijo que “las probables ataduras que pudiera tener la Fiscalía para realizar la investigación deberá resolverlas porque existe un compromiso de la fiscal con las mujeres de Atenco.

“Se supone que es una fiscalía con perspectiva de género, que se dice sensible a la violencia que padecen las mujeres, esperamos que sea imparcial y que asuma el compromiso que adquirió con las mujeres de Atenco”, advirtió la activista.

Es evidente, señalaron los del CCTI, que las autoridades del Estado de México no ofrecerán una investigación imparcial, por lo que reiteraron su exigencia para que la Fevim, que tiene más herramientas para proporcionar justicia a las mujeres y sus familiares, actúe de inmediato.

Luisa Pérez recordó que desde el 17 de mayo de 2006, 14 días después de los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, 14 mujeres ratificaron su denuncia por la tortura física, sexual y psicológica por parte de policías federales y estatales.

La activista y defensora de derechos humanos recordó que el gobierno mexicano cuenta con dos recomendaciones internacionales. La primera del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) y la segunda del Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

CON LAS PRUEBAS EN LA MANO

Luisa Pérez insistió en que ya se ha acreditado la participación de autoridades federales en los operativos, pero ha sido evidente la falta de condiciones de imparcialidad y de voluntad de las autoridades locales para investigar los hechos denunciados y existen certificados médicos y fotografías que demuestran la tortura.

“En cuanto a la probable responsabilidad penal, se encuentran identificados los grupos policiales que participaron en los operativos, con base en el trabajo de documentación realizado por la CNDH, así como la autoría intelectual que públicamente manifestaron las autoridades estatales”. Las evidencias, dijo, están para proceder con la consignación por el delito de tortura.

En tanto, Trinidad Ramírez, madre de América del Valle y esposa de Ignacio del Valle, quien se encuentra recluido en un penal de alta seguridad de Santiaguito, dijo que el gobierno estatal pretende reparar los agravios con dinero. “Es una estupidez, cuando es más que sabido que lo sucedido en Atenco es una venganza política”, consideró.

A nombre del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), pidió castigo a los responsables, liberación de las y los presos y que se retiren las órdenes de aprehensión que todavía hay contra algunos pobladores de Atenco.

De los procesos iniciados en contra de las 217 personas detenidas durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, a la fecha 114 siguen enfrentando un juicio, mientras que 31 siguen detenidos en penales de máxima seguridad, de la Palma y Santiaguito, entre los que todavía se encuentran 7 mujeres.

DÉCALOGO DE BUENOS DESEOS

Y en la Ciudad de México, el jefe de gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubón, firmó el Decálogo Por la Equidad de Género, documento que consta de diez compromisos a favor de los derechos de las mujeres pues, dijo, “dista mucho camino por recorrer para llegar a la situación de equidad que quisiéramos tener”.

En los primeros cinco compromisos del Decálogo, dijo, tienen que ver la posición del gobierno de la Ciudad de pensar para las mujeres: capacitación en materia de políticas públicas con perspectiva de género para el personal del gobierno de la ciudad; cumplimiento de los compromisos adquiridos con distintos organismos en pro de la equidad; rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances y obstáculos en el proceso de la incorporación de la perspectiva de género; asignación del presupuesto con perspectiva de género, que permita llevar a cabo los programas y acciones para elevar la calidad de vida de las mujeres, pues aún no existe.

Asimismo, impulsar acciones permanentes al interior de cada dependencia; avanzar en el desarrollo de acciones que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia, la creación de condiciones para el disfrute de un medio ambiente y desarrollo sustentable para elevar el nivel de vida de las mujeres, impulsar una cultura de equidad entre los géneros, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y fortalecer la participación política de las mujeres y el ejercicio pleno de su ciudadanía.

La ciudad, dijo Ebrard, tiene que cambiar, pues la realidad de las mujeres se ha modificado desde hace 40 años. Por ejemplo, los horarios de las escuelas de educación básica están pensadas para madres que no trabajan, cuando en la ciudad el 22 por ciento de los hogares están a cargo de una mujer que labora dentro y fuera del hogar, y 33 por ciento de la población económicamente activa son mujeres.

El gobierno de la ciudad garantizará “a trabajo igual haya salario igual, porque no es así”, en la relación entre los géneros “hay muchas diferencias”.

Trabajará también, concluyó, para combatir la violencia familiar mediante una política pública e integral, ya que este es un problema de salud pública.

APORTACIÓN DE “MANO DURA”

Mientras tanto, en Los Pinos, convencido de que el endurecimiento de los castigos es el camino para terminar con los crímenes y delitos, Felipe Calderón firmó hoy, Día Internacional de la Mujer, tres iniciativas para reformar el Código Penal Federal, en un intento por ser congruente con los reclamos que mujeres y hombres de todo el país hacen al gobierno federal exigiendo acciones gubernamentales para eliminar toda forma de violencia en contra de las mujeres.

De acuerdo con un boletín emitido por la oficina de comunicación de la Presidencia, una de las iniciativas propone “incrementar las penas contra el secuestro, contemplando la posibilidad de dictar prisión de 30 años hasta prisión vitalicia a quien secuestre o prive ilegalmente de la libertad a mujeres, ancianos o niños”.

Otra, “para incrementar la pena prevista para castigar la violencia intrafamiliar extendiendo la pena de uno a seis años de prisión y la pérdida del derecho de pensión alimenticia”.

Y otra más “para que se establezca prisión vitalicia o cadena perpetua para los secuestradores que mutilen o asesinen a sus víctimas”.

Calderón también giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que este mismo año duplique las casas de atención a víctimas de violencia familiar.

Anunció que con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federales del Instituto Nacional de Desarrollo Social se fortalecerá la red de albergues para dar apoyo médico y psicológico, así como protección y asesoría legal a las víctimas de maltrato.

En el mismo acto, “los tres Poderes de la Unión, así como gobernadores y alcaldes, firmaron el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se comprometen a promover acciones afirmativas para fomentar una vida sin violencia ni discriminación y una auténtica cultura de la igualdad”, dice el boletín.

Los firmantes del acuerdo se comprometieron a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como una prioridad nacional; establecer un compromiso firme e inequívoco para dar cumplimiento a las leyes y acuerdos internacionales que garantizan una vida libre de violencia; orientar estrategias para eliminar la discriminación y fomentar el trato igual para mujeres y hombres en los ámbitos público y privado; asumir el principio de igualdad como eje rector de los planes y acciones de todos los órdenes de gobierno; e impulsar que todos los sectores del Estado y de la sociedad se adhieran a este mecanismo, entre otros puntos.

En el acto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, hizo un llamado al Poder Judicial para que utilice la perspectiva de género como herramienta indispensable en la gran responsabilidad de administrar y procurar justicia y precisó que su afán será transversalizar la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales, ejecutar el Programa para la Igualdad de Oportunidades y coordinar el Sistema Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En ese sentido, Felipe Calderón exhortó a los gobernadores y congresos de los estados para que den cumplimiento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Pero mientras eso sucede, miembros del Ejército Mexicano, encargado por Calderón de brindar seguridad a las y los mexicanos en un ambicioso programa de seguridad pública, enfrentan dos procesos penales, acusados de la violación sexual de 13 mujeres en Castaños, Coahuila, y de la violación y homicidio de una mujer de 73 años, en Zongolica, Veracruz, sin que hasta el momento la justicia llegue para ellas.

Con información de Guadalupe Cruz, Lourdes Godínez e Hypatia Velasco.

07/GC/ LG/ HV/GG/CV

Urgen organizaciones sociales a la Fevim a consignar a policías por violencia en Atenco

  • La fiscalia especial cuenta con elementos suficientes, aseguran
  • De no hacerlo, su actuación sería juzgada por instancias internacionales, advierten
  • Anuncian marcha desde ese municipio a la ciudad de México, el 4 de mayo, para recordar primer aniversario
EMIR OLIVARES ALONSO
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) cuenta con elementos suficientes para consignar ante un juez federal la investigación de la tortura sexual, física y sicológica perpetrada por elementos policiacos en contra de 14 mujeres detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco, por lo que de no hacerlo en breve, su actuación sería juzgada por diversas instancias internacionales que han recomendado que esos delitos no queden impunes, aseguraron varias organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, indicaron que ante la serie de pruebas con las que ya cuenta la Fevim, "ahora depende de la voluntad política que se combata la impunidad y se reparen los daños".

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Luisa Pérez, abogada del Centro Prodh y quien conoce las denuncias interpuestas ante la Fevim, explicó que la defensa legal de las mujeres ultrajadas ha aportado elementos suficientes para acreditar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de los hechos de tortura en contra de las detenidas durante el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco.

La abogada advirtió que el pasado 17 de mayo se presentó la denuncia formal ante la fiscalía, encabezada por Alicia Elena Pérez Duarte, por tortura física, sicológica y sexual que cuerpos policiacos propinaron a las detenidas. Querella que posteriormente fue ratificada por 14 mujeres.
Asimismo, dijo que también se presentaron certificados de inspecciones médicas realizadas a las denunciantes en mayo de 2006, tanto por los médicos legistas del penal de Santiaguito -al que fueron conducidas las detenidas y en el que siete de ellas siguen presas- como por personal de la Fevim; además de certificados de lesiones y fotografías realizadas por los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Para acreditar el delito de tortura, subrayó, también se presentaron ante la Fevim los peritajes basados en el Protocolo de Estambul que realizaron tanto el CCTI como la CNDH, ambos con conclusiones semejantes: las mujeres "fueron víctimas de tortura física, sexual y sicológica".

Es de destacar que en noviembre de 2006 el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a las autoridades mexicanas que si en el caso de Atenco los actos de maltrato resultan documentados por médicos independientes en apego al Protocolo de Estambul, "este examen será considerado como prueba plena en el juicio"; sin embargo, pese a ese exhorto internacional -denunciaron los conferencistas- la Fevim insiste en realizar nuevos peritajes, lo cual provocaría "estrés y retraumatización" a las víctimas, porque recordarían y volverían a padecer la situación que vivieron.

Luisa Pérez denunció que la Secretaría de Seguridad Pública federal ha negado la información de qué elementos de la Policía Federal Preventiva participaron en el operativo, argumentando que es "información reservada", por lo que existe el riesgo que el juez federal remita el caso a la justicia estatal. Sin embargo, confió en que el juzgador de la federación "sea imparcial" y sancione a los culpables de vulnerar los derechos humanos de las agraviadas.

A 10 meses de los hechos en Atenco, aún hay 31 personas recluidas: tres en el penal El Altiplano, 27 en Santiaguito (siete son mujeres), y uno más en el penal del Molino de las Flores, en Texcoco.
Por su parte, Trinidad Ramírez, del FPDT, informó que esa agrupación realizará diferentes movilizaciones para recordar a las autoridades que el caso aún permanece en la impunidad. Dijo que el próximo 11 de marzo se realizará un acto político y cultural en Atenco; el 3 de mayo habrá más actividades y el 4 de ese mes -al conmemorarse el primer aniversario de los hechos violentos- realizarán una marcha desde ese municipio hasta la ciudad de México.

jueves, marzo 08, 2007

Impunes, la mayoría de abusos policiacos contra mujeres: AI

ARMANDO G. TEJEDA , KYRA NUÑEZ CORRESPONSALES

Madrid, 7 de marzo. México se encuentra entre los países con mayor grado de impunidad y complicidad de los gobiernos frente a los abusos de agentes policiales o militares contra las mujeres; esto es sólo comparable a lo que ocurre en países como Congo, Colombia, Sudán y Nigeria, afirmó en Madrid Amnistía Internacional (AI) en su informe Ni abusos de poder ni impunidad, elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este jueves.

AI presentó en esta capital una lista de vejaciones y agresiones contra ese sector que aún no se han podido resolver por la vía judicial, como los asesinatos de Ciudad Juárez, las violaciones sufridas por indígenas de la comunidad tlapaneca por parte de miembros del Ejército Mexicano o las agresiones que perpetraron agentes policiales durante el conflicto de San Salvador Atenco.

Lo más preocupante es que "las mujeres que piden responsabilidad al Estado por actos de violencia sexual cometidos por agentes estatales se enfrentan a una atención médica deficiente, exámenes forenses inadecuados y a un sistema judicial que no ofrece garantías de obtener resultados favorables. "Si los responsables de estos abusos son militares, la rendición de cuentas es inexistente", afirmó la vocera Eva Suárez-Llanos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos también se refirió a la ausencia de un sistema judicial criminal en México y Guatemala, lo cual "contribuye a la continuación de actos de violencia contra las mujeres. Su forma débil de actuar ha fomentado una cultura de impunidad que consecuentemente envía un mensaje de que es aceptable agredir, violar y asesinar mujeres", apuntó.

Pero la violencia contra la mujer se mantiene impune "en todos los continentes, países y culturas", porque frecuentemente es disimulada o tácitamente aprobada, dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

En un mensaje por el 8 de marzo, señaló que la violencia "causa un daño devastador en la vida de las mujeres, en sus familias y en la sociedad", reportaron especialistas.

De su lado, el Consejo de Seguridad de la ONU pugnó por el fin de la impunidad de la violencia contra las mujeres en conflictos armados, en una resolución no vinculante que expresa su preocupación por acciones concretas como asesinato, mutilación, agresión sexual, secuestro y prostitución.

En Ginebra, en el campo laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que nunca antes en la historia del empleo ha habido tantas mujeres económicamente activas, aunque aún sufren disparidad de estatuto, inseguridad laboral, así como desigualdad salarial y educativa.

En 2006, el número de mujeres en el mercado laboral -que tienen trabajo o lo buscan- llegó a la cifra sin precedentes de mil 200 millones de un total de 2 mil 900 millones de empleados en el mundo, un 22.7 por ciento más que en 1996. Pero al mismo tiempo, cada vez hay más mujeres sin trabajo, cifra que llega a 81.8 millones.

Las trabajadoras tienen más probabilidades de estar desempleadas y las afortunadas que cuentan con uno reciben un salario 90 veces menor que el de un hombre.

miércoles, marzo 07, 2007

Voces por la igualdad de género en la Red

Mujeres del Sur que explican sus realidades en blogs y vídeos, campañas online a favor de la equidad de género, materiales didácticos para educar en igualdad… son algunas de las propuestas para este Día Internacional de la Mujer.

Silvia Torralba / Redacción (08/03/2007)


La realidad del Sur explicada por mujeres del SurDe todos los campamentos de refugiados saharauis que hay en el desierto argelino el de Dajla es el más alejado. Precisamente desde allí, un grupo de mujeres mantiene un blog en el que reflexiona sobre la igual de género en los campos de refugiados y hablan de la importancia de formarse. A miles de kilómetros, en la mexicana Ciudad Juárez, una ex trabajadora de maquila se posiciona contra la discriminación y la violencia, mientras que a muy poca distancia mujeres sin miedo aprovechan los recursos de la Red para apoyar a las personas que aún permanecen detenidas por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006.


El plantón de Santiaguito: Diez meses de resistencia



La lucha es contra el olvido, dice adherente a la Sexta.
Todavía 31 pesos políticos de Atenco y la Otra Campaña.
Siete son mujeres, tres hombres en La Palma y uno en Texcoco.
El compromiso es seguir hasta que salgan todos.
Amenaza de desalojo reactivó visitas de colectivos.


Javier Hernández Alpízar, Aabrón, Zapateando.


martes, marzo 06, 2007

La Otra – apoyo directo a l@s compas

Hay una página en donde puedes escribir un mensaje a nuestr@s pres@s politic@s detenid@s en Atenco: www.geocities.com/cartas_para/la_libertad.html

Se encuentre informacion reciente de:

1) el caso de l@s pres@s politic@s de Atenco, y protestas en contra de Calderon, y pro Oaxaca human rights (abajo de la pagina, marcado por una cajita roja que dice " reciente info").

2) una denuncia de l@s pres@s politic@s de Atenco detenid@s en Penal de Santiaguito (abajo de la pagina, marcado por una cajita roja que dice "una denuncia ").

3) y una carta escrita desde Ignacio del Valle (a un lado del nombre de Ignacio, marcado por una cajita negro que dice " otro").

Si mandas un mensaje o una carta o a la direccion de correo electronico cartas.para.la.libertad@gmail.com lo vamos a entregarla a l@s pres@s.

Cada carta o mensaje que mandas a ell@s ayuda en presionar al mal gobierno, además de que ayuda a l@s pres@s de saber de el apoyo de afuera del prisión.